Rolando Mamani Becario (Bolivia) Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad
Introducción Qué es paraestatalidad? Capital social y paraestatalidad Paraestatalidad en tres territorios municipales El caso del municipio indígena de Jesús de Machaca El caso del municipio de El Alto El caso del municipio de La Paz
La construcción parcial, fragmentada y contingente de la autoridad estatal boliviana hace que comunidades y pueblos indígenas, ONG, juntas vecinales, cooperación internacional, iglesias, sindicatos y terratenientes gocen de "cualidades" semi-estatales. Muchas organizaciones asumen funciones y atribuciones tradicionalmente reservadas para el Estado nacional (PNUD, 2007)
La paraestatalidad suele estar asociada a la existencia de estados dentro del propio Estado, como grupos de poder que parcelan parte de la soberanía estatal en razón de la consecución de sus propios intereses. Lo que se busca mostrar es la presencia de dinámicas paraestatales que tienen que ver con formas de producción de capital social, que encierran dinámicas de negociación entre sujetos sociales y el Estado, y representan formas de resignificación de las nociones de seguridad pública y administración de justicia.
La finalidad de la investigación era la identificación de dinámicas de estructuración de formas paraestatales de gestión de seguridad pública y la administración de justicia en Bolivia, para ello se buscó caracterizar estos procesos, identificar a los actores más relevantes y, por último, describir las valoraciones de las personas que habitan en estos territorios sobre estos modelos. Se pudieron identificar tres territorios donde se desarrollan (en mayor o menor medida) estos modelos, estos son los municipios de Jesús de Machaca, El Alto y La Paz.
Un desafío certero por parte de agentes intraestatales a dos principios sustanciales que hacen al Estado moderno, los cuales son: el sometimiento de ciudadanos/as al sistema jurídico formalmente reconocido y ( ) el monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado (Santillan, 2008). Lo paraestatal también suele hacer referencia a la presencia de relaciones, hasta cierto punto clandestinas, dentro del Estado entre espacios de poder formales y facciones informales e influyentes, donde estos últimos realizan actividades distantes de la legalidad instituida. (Briscoe, 2008)
La paraestatalidad alude a la incapacidad del Estado de cubrir con su infraestructura toda su extensión territorial, de esta manera son los agentes paraestatales los responsables de llenar estos vacíos. Estos vacíos de autoridad estatal son asumidos de facto por diversos actores; sin embargo, esto no implica necesariamente el desplazamiento absoluto del Estado en estos territorios. En muchos aspectos se presentan formas de convivencia negociadas entre la autoridad estatal y los actores paraestatales lo cual también se puede entender como una forma diferente de ejercicio de autoridad en los huecos estatales (PNUD, 2007)
Capital social viene a ser la confianza, las normas de reciprocidad y las redes sociales que tejen las personas. Estas son las dimensiones constitutivas del capital social materializadas en lo que Putnam denomina comunidad cívica. (Putnam, 2002)
Las normas de reciprocidad que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los miembros de la comunidad. Las formas de reciprocidad especificas guardan una proporcionalidad en cuanto formas y tiempo entre los valores cedidos y/o adquiridos. Las formas de reciprocidad generales donde la relación no es necesariamente proporcional ni en cuanto a formas ni a tiempos (Putnam, 1993).
Formal Informal Vinculante (superadhesivo) Tiende puentes (superlubricante) Capital social Denso Tenue Hacia adentro Hacia afuera (Ramírez, 2005)
La población que habita en el Departamento de La Paz es el 28.4% del total nacional. La población de los municipios de La Paz y El Alto represente el 61.4% de la población del Departamento de La Paz. La población del municipio indígena de Jesús de Machaca es del 0.6% de la población departamental (INE, 2001)
En el Departamento de La Paz en el año 2005 se registraron 10.731 delitos y para el año 2010 esta cifra subió a 15.206 casos. Estas cifras muestran un incremento del 41,7 por ciento de los delitos cometidos en el departamento durante ese quinquenio. La tasa de homicidios en el Departamento de La Paz es de 20,04 por cada 100.000 habitantes para el año 2010, lo cual representa el doble de la tasa de homicidios nacional que llegaba a 10,06 por cada 100.000 habitantes. (ONSC, 2011)
El Alto Seguridad pública Administración de justicia La Paz Jesús de Machaca
Municipio indígena que se encuentra ubicado al oeste de Bolivia en cercanías del lago Titicaca y la República del Perú. Población de 13.000 habitantes. El 94% de la población se autoidentifica como parte del pueblo indígena aymara (INE, 2001).
El canal común de resolución de estos conflictos suele ser la organización tradicional, tanto a nivel micro local, como en lo que respecta a los problemas generados entre ayllus
El caso del ladrón de ganado. El caso de la victoria en la justicia estatal y la derrota en la justicia comunitaria.
Municipio urbano receptor de migrantes rurales Población de 960.767 habitantes. El 74.25% de su población se autoreconoce como indígena aymara (INE, 2001)
La falta de institucionalidad estatal en El Alto es inversamente proporcional al grado de organización de la sociedad. Alta corporativización de las relaciones sociales. Se produce un comunitarismo urbano destinado a la atención de los problemas cotidianos del barrio, pasando por la atención de la infraestructura del territorio y terminando en la autogestión de la seguridad pública (Mollericona, 2007)
El caso de la legitima quema de negocios clandestinos. El caso del desborde de las alianzas fácticas entre grupos de interés
Es la sede de gobierno del Estado plurinacional de Bolivia. Municipio caracteristicamente urbano. Población de 840.209 habitantes (INE, 2001).
El incremento de la criminalidad y la violencia es una problemática de primer orden para el 57% (Comunidad de Derechos Humanos, 2010) Las necesidades de la población en materia de seguridad son inversamente proporcionales a la capacidad de atención de la Policía Boliviana y los operadores de justicia. Distintos barrios a lo largo de la última década, generaron iniciativas para dar solución a esta problemática, desde la privatización hasta la colectivización de la seguridad.
El caso de la triangulación de la seguridad pública.
La paraestatalidad es un fenómeno caracterizado por la interpelación de la soberanía estatal por parte de actores sociales. Este fenómeno está asociado a procesos de escasa cobertura de la infraestructura estatal sobre sus propios dominios territoriales. Muchas veces las ausencias estatales no necesariamente se encuentran recluidas en los márgenes del Estado, sino que suelen encontrarse más cercanas de lo que se creen. En estas condiciones suelen ser actores locales los responsables de cubrir los vacíos estatales. Son actores territoriales (juntas vecinales o comunidades indígenas) y/o actores funcionales (sindicatos y asociaciones).
Muchas veces lo actores paraestatales usurpan diversas funciones estatales, dentro de las cuales se encuentran tanto la seguridad pública como la administración de justicia, en las que se enfocó esta investigación. Las características de los procesos de estructuración de estas formas paraestatales son por demás interesantes, ya que estos procesos se encuentran profundamente asociados a las formas de producción de capital social.
La orientación de las dinámicas paraestatales de gestión de la seguridad pública y administración pública puede asumir variantes de restitución de derechos o simplemente como acciones punitivas. Precisamente estas variantes muestran los riesgos y ventajas de cada modelo y por ende sobre estas se fijan las posiciones del Estado, que en el caso boliviano se puede interpretar como una posición básicamente permisiva.
En general la percepción social sobre las ausencias estatales para enfrentar la violencia y la criminalidad tendencialmente creciente, hace que los actores llamados a cubrir estas necesidades como la policía y los operadores de justicia concentren los mayores nudos de desconfianza por parte de la población.