LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR EN EL CORTO PLAZO EL SERVICIO JUDICIAL Y ATENDER NUEVAS RESPONSABILIDADES La naturaleza de los tribunales es procesar institucionalmente, por los cauces que brinda el Estado constitucional de Derecho, las controversias que se suscitan entre los ciudadanos. Esta particularidad, trasunta una estrecha relación del sistema de impartición de justicia con la dinámica del acaecer social. Con el aumento de la complejidad social, se suscitan nuevas formas de relación que son reguladas por el Derecho y se convierten en justiciables, lo que produce el ensanchamiento del campo de acción de los órganos jurisdiccionales. El acceso a la jurisdicción como garantía fundamental de las personas, según lo consagra el artículo 17 de nuestra Ley Fundamental, no sólo implica la posibilidad formal de los ciudadanos de acudir ante un órgano judicial a solicitar la tutela de sus derechos, sino el derecho a que sus planteamientos sean resueltos imparcialmente, de forma efectiva, con prontitud, calidad, eficiencia y transparencia. En esa medida, es necesario reforzar aspectos que atañen al funcionamiento y organización de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, para que el trabajo ofrecido cumpla con la expectativa de los usuarios del servicio.
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR EN EL CORTO PLAZO EL SERVICIO JUDICIAL Y ATENDER NUEVAS RESPONSABILIDADES SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL TRABAJO JUDICIAL. La existencia de eficaces mecanismos internos de seguimiento, control y evaluación es una condición básica para mejorar el desempeño de toda organización, más todavía de instituciones que, como los órganos jurisdiccionales, funcionan bajo procesos de actividad que permiten su estandarización bajo indicadores de funcionamiento. Para ello, es necesario que la política institucional en este renglón se sustente en un enfoque integral, que parta de una visión proactiva que incentive el cumplimiento de objetivos y metas y que estimule el mejor desempeño judicial. Es absolutamente indispensable instituir y operar un programa de fortalecimiento del trabajo jurisdiccional y de estímulo a la eficiencia y al profesionalismo. Igualmente, dentro de esta línea de acción, es fundamental fortalecer y dotar de mayores capacidades operativas a las dependencias auxiliares del Supremo Tribunal de Justicia encargadas de realizar esta función, como es el caso de la Visitaduría de Juzgados.
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR EN EL CORTO PLAZO EL SERVICIO JUDICIAL Y ATENDER NUEVAS RESPONSABILIDADES INCORPORAR NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN JUDICIAL. En el ramo de la justicia civil y familiar, la adopción de un modelo de gestión de las diligencias de notificación en los juzgados de primera instancia de las ciudades de Culiacán y Mazatlán, sustentando en el uso de tecnología, la planeación y monitoreo del trabajo realizado por los actuarios, ha permitido reducir tiempos procesales en beneficio de los justiciables y al mismo tiempo optimizar recursos generando mayor eficiencia. Esta forma de gestión de las notificaciones procesales constituye una buena práctica que es necesario replicar a los distritos judiciales de Ahome y Guasave, lugares en que, además de los municipios donde ya se implantó, se focaliza la demanda más significativa del servicio de justicia. Esta experiencia nos permite establecer que la modernización de la administración y gestión de las oficinas judiciales es una línea de política institucional que constituye una alternativa eficaz para lograr mayor eficiencia, calidad y transparencia en el trabajo de los tribunales. Por tanto, resulta viable su incorporación a otras áreas de despacho de la oficina judicial y su aplicación al resto de las competencias.
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR EN EL CORTO PLAZO EL SERVICIO JUDICIAL Y ATENDER NUEVAS RESPONSABILIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ENJUICIAMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 18 de junio de 2008, instituyó uno de los cambios más sustanciales que se han introducido al sistema de justicia penal en toda una centuria. De un proceso de tipo inquisitivo, prevalentemente sustentado en la tramitación escrita y en la confección de expedientes, se muda a uno de tipo acusatorio caracterizado por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, transparencia y libre valoración de las pruebas. Desde una perspectiva cuantitativa, no sólo comprende el proceso judicial de conocimiento, como fue el caso de las reformas de los años 1993 y 1999, sino que abarca todos los aspectos del sistema: desde la investigación hasta la ejecución de las penas. La implantación de nuevo modelo de enjuiciamiento en el ámbito que corresponde a nuestro Estado es una responsabilidad transversal que atañe a los tres poderes. Ello plantea la pertinencia y la necesidad de realizar un trabajo coordinado dirigido al cumplimiento del mandato constitucional.
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR EN EL CORTO PLAZO EL SERVICIO JUDICIAL Y ATENDER NUEVAS RESPONSABILIDADES El proceso de implementación demanda de una visión necesariamente multidisciplinaria, para atender los que consideramos sus ejes temáticos básicos: a) Planeación. b) Normatividad. c) Capacitación. d) Difusión. e) Infraestructura. f) Tecnología. g) Gestión y organización institucional. h) Seguimiento y evaluación. Es de la mayor importancia resaltar que para el éxito de la implantación de la reforma, es necesaria una estrategia de implementación congruente con las circunstancias concretas de nuestro Estado y con el contexto específico en que operan las instituciones del sistema penal. En especial, es cardinal que el diseño normativo, a la par de hacer posible la tutela de los derechos de imputados y víctimas, constituya un medio eficaz para la pacificación de los conflictos.
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR EN EL CORTO PLAZO EL SERVICIO JUDICIAL Y ATENDER NUEVAS RESPONSABILIDADES NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE NARCOMENUDEO. En fecha 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. A raíz de dichas reformas, se estableció, entre otras cosas, la figura del delito de Narcomenudeo, cuya persecución y sanción resulta competencia de las entidades federativas. Al estatalizarse esta competencia, se producirá un aumento significativo de las cargas de trabajo en los juzgados penales de todo el Estado, por lo que será necesario reforzar la estructura de personal de cada uno de ellos, y aun evaluar la pertinencia de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Además, es preciso aplicar un intenso programa de capacitación especializada, dirigido a magistrados, jueces y operadores jurisdiccionales concernidos en la aplicación de la reforma, que igualmente requerirán ser provistos de mayores condiciones de seguridad para conocer de esta sensible materia.