003- A CORUÑA ~o/~/is

Transcripción

1 T.S.X.GAIJCIA CON/AD SEC A CORUÑA ~o/~/is N.I.G: Procediniento: RECURSO DE APELACION /2014 Sobre RESPDNS. PATRIMONIAL DE LA ADMON. De D/fia. Letrado: Procurador: BENJAMIN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ Contra U/ña. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CDMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. Letrado: Procurador: MARIA FARA AGUIAR BOUDIN, LUIS SANCHEZ GONZALEZ ADMIISTAAcIÓN DE XUSTIZA D./ D~. ENRIQUETA ROEL PENAS, Secretario de T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3 003, de los de A CORUÑA. POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR.: Que en los autos de RECURSO DE APELACION n /2014 ha recaído sentencia, del tenor literal: T.S.X.GAIJICIA CON/A]) SEC.3 A CORUÑA SENTENCIA: 00148/2015 PONENTE: D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ RECURSO: RECURSO DE APELACION 7124/2014 APELANTE: MARIA DE LA ASUNCION ALICIA RODRIGUEZ LEON APELADO: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA; MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS,COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. EN NOMBRE DEI REY La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la SENTENCIA limos. SRS. D. JULIO CIBEIR~ YEBRA PIMENTEL FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ A Coruña, Cuatro de Marzo de dos mil quince. En el RECURSO DE APELACION 7124/2014, pendiente de resolución ante esta Sala, interpuesto por representada por el PROCURADOR

2 D. BENJAMIN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, contra Sentencia desestimatoria de , dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo num. 1 de Santiago de Compostela en el PO 68/2011, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria. Es parte apelada UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA; MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., representados por el PROCURADOR Da. MARIA FARA AGUIAR BOUDIN y D. LUIS SANCHEZ GONZALEZ. Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ. AD~MINISTRACJÓN DE XUSTIZA ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormenter cuya parte dispositiva dice: wdesestimando totalmente el recurso contencioso administrativo tramitado como Procedimiento ordinario 68/2011, entre las siguientes partes: como recurrente, Doña representada por el procurador Sr. Regueiro Muñoz y asistida por el letrado Sr. López Porto, siendo parte demandada la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (en adelante, USc~, representada y asistida por el Letrado Sr. Montes Somoza, y como codemandada la entidad aseguradora MAPFRE S.A., representada por el Procurador Sr. Paz Montero y asistida por la Letrada Sra. García Loureiro, sobre impugnación de la desestimación presunta de la reclamación previa de responsabilidad patrimonial formulada por la actora; DECLARO dicha resolución ajustada a derecho. Todo ello sin hacer expresa condena respecto de las costas causadas en este juicio. SEGtfl~O. Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado da.r traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El letrado de la recurrente en la representación que ostenta formula el presente recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo (PO 68/2011) formulado en su día por esa parte en materia de responsabilidad patrimonial de la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, parte demandada y como codemandada la aseguradora MAFRE, S.A. derivada de la incorrecta asistencia médica de que fue objeto en el mes de enero de 2007 en la Escuela de Odontoloxía de la USC donde fue. tratada, en efecto, de sus problemas bucales mediante rehabilitación oral con implantes. 2

3 Resumen de los motivos de la apelación: 1) incongruencia omisiva o silencio. Devolución de ingresos indebidos; 2) error en la valoración de la prueba practicada en autos. ADMrN1sr.~AcIóN DE XUSTLZA SEGUNDO.- En el primer motivo suscita cuestiones ajenas a la reclamación de responsabilidad que ha formulado por los daños y perjuicios que se le han ocasionado con el tratamiento (o incorrecta asistencia médica) de sus problemas bucales en la Escuela de Odontoloxia de la USC, como son las relativas a exigencias desde el Master del pago de tasas (que desglosa en su escrito de apelación) por la prestación de dicho servicio asistencial, matizando que solicitado, en el período probatorio se oficiase a la Administración para que remitiese disposición por la que la USO aprueba las tasas o precios públicos a abonar por los usuarios del Master de Autos, remitida la misma e incorporada a éstos, en ella se aprecia como en fecha 28de d±ciernbre de 2005 el Consello Social aprueba las tarifas de tratamientos clínicos de la licenciatura de Odontología, a la vista de la que apreció que no se refieren al Master de autos, que forma parte del curso de posgrado y formado por alumnos ya licenciados. Por ello añade no existe disposición administrativa que permita amparar los precios públicos cobrados a la demandante de acuerdo con el art. 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, por lo que es preceptiva su devolución. Cumple señalar que de estimarse ese motivo de la incongrüencia omisiva o ex silencio por no haber contestado a su juicio el juez a esa pretensión sometida a su consideración no tendría repercusión en la pretensión de responsabilidad por incorrecta asistencia médica de la que derivan a su juicio los daños y perjuicios que explícita en su escrito de demanda; en todo caso debió haber reaccionado la demandante con ocasión de serle exigido desde el Master el pago de tasas por la prestación del servicio asistencial si conside raba que no tenía su exigencia amparo en normativa administrativa alguna, aunque reconoce la existencia de la Ley de tasas y precios públicos, antes mencionada, si bien de amparar la citada ley su exigencia, los importes que se le exigieron a su juicio no coinciden con los de los de la premisa normativa aplicable, lo cual constituye una cuestión novedosa en el debate, y cuando un juez o tribunal se pronuncia extra petita partium, fuera de las pretensiones planteadas, sobre cuestiones diferentes a las planteadas, incurre sin duda en incongruencia mixta o por desviación; [véanse, por todas, las sentencias de 6 de mayo de 2010 (casacion 3775/03, EJ 3 ), 17 de enero de 2011 (casación 2568/07, EJ 2 0) y 30 de enero de 2012 (casación 2374/08, EJ 30) ] Puede señalarse, no obstante, que si en demanda cuantificó el daño del que a su juicio es responsable la Administración demandada y dentro del mismo se incluye la petición de lo indebidamente abonado, al amparo de la reclamación de responsabilidad, el juez al conocer de esa reclamació n, no 3

4 cabe la menor duda de que, al no estimarla por el importe global que se hizo, hemos de entender que tampoco la estimó por ese importe de tasas que la actora incluyó en el daño que reclamó al amparo de dicha responsabilidad. Así mismo si el pago de lo que estima indebido se anuda al servicio sanitario contratado, producido obviamente el hecho imponible que supone el devengo del denominado precio público, conforme a la disposición legal que cita, en principio no se nos antoja su abono como un pago indebido. admrnistr~aci6n DEXUSflZA TERCERO.- El segundo motivo de error en la valoración de la prueba, que in extensis desenvuelve en su escrito de apelación, al margen de ser una reiteración de lo argumentado ya en el escrito de demanda y de conclusiones, no merece prosperar por ser la sentencia de instancia precisamente fiel reflejo del resultado del resultado de la prueba practicada en los presentes autos, mediante la que se puso de manifiesto que no hubo negligencia médica alguna en la asistencia sanitaria que le fue prestada; así lo afirmó la perito judicial, nombrada a petición de la actora, en el acto de la vista, cuando dijo que los implantes fueron colocados de forma correcta a la actora y cuando dijo incluso que la historia clínica existente pone de manifiesto que la asistencia sanitaria prestada a la demandante se ha realizado de forma correcta y de acorde a las premisas actuales en material de implantología moderna. Luego la Administración demandada actuó en todo momento con arreglo a la lex artis y la misma profesional descartó de forma rotunda la existencia de una mala praxis médica en este caso y acaba descartando incluso que las dolencias sufridas por la actora tuvieran relación alguna con esa actuación administrativa, por cuanto eran previas a dicha asistencia y que dicha actora venía sufriendo ya desde hacía varios años, dato que así consta en su historial clínico, sin que por otro lado esa asistencia sanitaria haya contribuido de modo alguno a su agravamiento o empeoramiento. En atención a lo expuesto, resulta obligado como más conforme a derecho desestimar el recurso y confirmar en consecuencia la sentencia apelada. CUARTO.- Que, conforme viene entendiendo esta Sala del TSXG, conforme a lo dispuesto en el art. 139 LJCA procede la imposición de las costas al actor, en la cuantía de 1000 euros, comprensivos de honorarios (distribuidos) de Letrados de la Administración demandada (500 euros) y de la Administración codemandada (500 euros). VISTOS los artículos de general y pertinente aplicación En nombre de su Majestad el Rey y por el poder que el pueblo español nos concede. 4-

5 FALLO ADMTNISTI~ACIÓN DCXUS~flZA Que en atención luego a lo expuesto precedentemente debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de Apelación interpuesto por el Procurador Benjamin Victorio Regueiro Muñoz., en nombre y representación de contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo n uno de los Santiago de Compostela, de fecha 26 de noviembre de 2013, dictada en el PO núm. 68/2011, la cual se confirma por consiguiente, con imposición de costas a la parte apelante en la cuantía señalada en el último de los Fundamentos Jurídicos de esta resolución. Notifiquese a las partes haciéndole saber que la misma es firme, y que contra ella, sólo se podrá interponer recurso de casación en interés de Ley establecido en el art. 100 de la Ley 20/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por las personas y entidades a que se refiere dicho precepto, dentro del plazo de tres meses siguientes a su notificación. As~mismo podrá interponer contra ella cualquier otro recurso que estime adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponer deberá constituirse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Tribunal (1578-OOOO 85 -~7124~~14~-24), el depósito~ al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (BOE num. 266 de 4/11/09), y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución. Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Concuerda bien y fielmente con ~su original al que me remito y, para que así conste, y para su unión.a los autos extiendo y firmo la presente certificación. En A CORUÑA, a cuatro dé Marzo de dos mil quince. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL ENRIQUETA ROEL PENAS 5