JUICIO N JUEZA PONENTE: DRA. MARÍA DEL CARMEN ESPINOZA VALDIVIEZO. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL.

Transcripción

1 JUICIO N JUEZA PONENTE: DRA. MARÍA DEL CARMEN ESPINOZA VALDIVIEZO. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL. Quito, 19 de febrero de 2013; las 09h00. VISTOS: Practicado el sorteo de causas, e integrado legalmente este Tribunal, avocamos conocimiento del proceso en nuestras calidades de Juez y Juezas de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 1.- ANTECEDENTES: El actor Miguel Ángel Fajardo Herrera, inconforme con la sentencia dictada por la Sala Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, confirmatoria del fallo de primer nivel que declara sin lugar la demanda, en el juicio que sigue en contra del Dr. HECTOR FERNANDO ALARCON SÁENZ, por sus propios derechos y por los que representa en su calidad de Gerente General de la Compañía FRUSHI S.A., de propiedad de la Corporación NOBOA, en tiempo oportuno interpone recurso de casación, razón por la cual la causa accede a análisis y decisión de este Tribunal que para resolver por ser el momento procesal considera: 2.- COMPETENCIA.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver en materia de casación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 de la Constitución de la República, 172 en relación con el 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación, y 613 del Código de Trabajo. 3.- NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS, FUNDAMENTOS DEL RECURSO, Y CAUSALES ALEGADAS POR EL CASACIONISTA. El casacionista estima que en el fallo que impugna, hay falta de aplicación de los artículos 274 del Código de Procedimiento Civil, y 4, 5, 6, 7, y, 11, del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en la casual primera del Articulo 3 de la Ley de Casación, en razón de que no se ha considerado ni aplicado, los precedentes jurisprudenciales obligatorios, fallos de triple reiteración que se refieren a la confesión ficta del demandado y su valor probatorio, publicados en los registros que deja señalados; y, que por expreso mandato de lo normado en el Art. 274 del Código de Procedimiento Civil, estaban obligados a hacerlo, si con esta prueba de cargo ha justificado que fue despedido

2 intempestivamente por su ex empleador. 4.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECURSO DE CASACIÓN.- La doctrina procesal, concibe a la casación como un medio de impugnación extraordinario y supremo, cuyo propósito esencial es atacar la sentencia o resolución definitiva dictada en proceso de conocimiento, para evitar que como consecuencia de la validez y eficacia de la misma, sobrevenga un daño o lesión irreparable a los intereses jurídicos del o la recurrente. La inconformidad de las partes con la sentencia a diferencia de la instancia, no es el fundamento de este recurso. Su carácter formalista y restrictivo esta dado en cuanto a los condicionamientos que la ley exige para su procedencia; la impugnación se dirige contra la sentencia, para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que pueda adolecer, esto es por violación directa o indirecta de la ley, omisión de solemnidades sustanciales, e incumplimiento de requisitos legales y constitucionales en la sentencia, que se producen en el caso de las tres primeras causales, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por interpretación errada de la misma. Por lo que, quien recurre por esta vía de impugnación, está obligado a señalar con exactitud y precisión, cuáles son las infracciones cometidas, con individualización de los vicios o yerros en los que ha incurrido el tribunal de instancia, pues en aplicación del principio dispositivo, el recurrente es quien fija los límites de desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional del tribunal de casación, en la labor de control de legalidad del fallo a él asignada, proceso que se verifica mediante el cotejamiento riguroso y técnico que el juez hace entre el fallo impugnado y el ordenamiento jurídico vigente, fundamentalmente la constitucionalidad o conformidad del sistema normativo, acorde con el principio de supremacía constitucional, previsto en el Art. 11 numeral 3. y siguientes, en relación con los Artículos 424 y 425 de la Constitución de la República. La casación no es un medio de defensa del interés privado de los sujetos procesales, su misión va mucho más allá, enmendar el arbitrio, abuso, exceso, o agravio inferido a la Constitución o a la ley en la sentencia, para garantizar la vigencia y permanencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia del que trata el Art. 1 ibídem. 5.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES FORMULADAS. CARGO ÚNICO A LA SENTENCIA: 5.1 Contrastada la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, en relación a las impugnaciones presentadas tenemos, que las infracciones el casacionista las formula bajo el amparo de la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, encontrándose relacionada con los vicios o errores in iudicando, o violación directa de normas de derecho, o precedentes jurisprudenciales obligatorios que se produce cuando el juez de instancia no elige bien la norma aplicable al caso

3 concreto, utiliza una norma no aplicable, o cuando a la norma elegida le atribuye una interpretación que no la tiene. Es decir, el error de juicio del juzgador provoca la violación de fondo de una norma de derecho. Advirtiéndose que esta causal procede no solo cuando no se aplica, se aplica inadecuadamente, o se interpreta erróneamente la Constitución o la Ley, sino además cuando se trata de precedentes jurisprudenciales que tienen fuerza de ley de acuerdo con lo previsto en el Art. 185 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 19 de la Ley de Casación, como se alega en este caso. Con esta causal lo que se pretende es garantizar el contenido esencial de las normas que integran el sistema jurídico de un Estado, en beneficio de la seguridad jurídica de la que trata el Art. 82 de la Constitución de la República, enmendando los errores de derecho en los que pueden incurrir los jueces de instancia, y que son determinantes en el fallo. 5.2 Al amparo de esta causal, el casacionista alega falta de aplicación de los precedentes jurisprudenciales obligatorios constituidos por fallos de triple reiteración como los dictados: 1) 9-VI.1998 (Resolución No , Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, G.J.S.XVI, No 14, P.3905; 2) 24-II-1999 (Resolución No , Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, G.J.S.XVI No 14 P R.O. 169, 14-IV-1999); y, 3) 31-III-1999 (Resolución No , Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, G.J.S.XVI, No. 14 p 3906 R.O. 211, 14-VI-1999), como prevé el Art. 274 del Código de Procedimiento Civil, lo que ha influido en la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Tribunal de alzada, ya que no se considero ni valoró la confesión ficta del demandado, rechazándose la demanda por falta de pruebas. Al respecto este Tribunal observa: El Art. 274 del Código de Procedimiento Civil (norma supletoria) dice: En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal., (lo resaltado es de la Sala). Los fallos citados por el casacionista en el escrito contentivo del recurso, se refieren a los efectos jurídicos que provoca la declaratoria de confeso en materia laboral, la síntesis de estos fallos textualmente dice: La alegación de despido intempestivo se debe demostrar. Al evadir la confesión judicial sin justificativo legal el demandado (Art. 135 del C.P.C.), la declaratoria de confeso en su contra TIENE VALOR DE PRUEBA PLENA, pues evidencia la terminación de la relación contractual por voluntad unilateral del empleador 1, fallos que de acuerdo con la normativa citada, al ser de triple reiteración constituyen precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para los jueces de instancia, en 1 Unidad de Capacitación del Consejo Nacional de la Judicatura. Primera Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Pag. 202 a 2. Septiembre de 2004.

4 su labor de interpretación y aplicación de las leyes. En esta misma línea la jurisprudencia también ha manifestado lo siguiente: El demandado ha evadido la confesión solicitada por el trabajador, por lo que fue declarado confeso; la Sala, de acuerdo con lo previsto en el Art. 135 del Código de Procedimiento Civil, concede a esta prueba pleno valor, toda vez que, encontrándose las partes en litigio por la relación laboral que existió es lógico que las interrogaciones del actor al demandado no pueden recaer sino sobre los hechos conexos de la misma y, al eludir la prueba sin hacer valer ninguna de las excusas determinadas en el Art. 132 del cuerpo de leyes citado, evidencia su propósito de evadir sus responsabilidades; de consiguiente, la relación contractual terminó por voluntad unilateral del empleador 2 ; y, si a ello agregamos lo que dispone el artículo 581 inciso tercero del Código del Trabajo que dice: En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravienen la ley. No hay duda que la confesión ficta en materia laboral, tiene efecto positivo para quien la solicita, pues por mandato de la ley debe entenderse que las respuestas a las preguntas formuladas y que no fueron absueltas, son afirmativas en lo que tiene relación directa con el asunto controvertido; apreciación que por lo visto no queda al libre criterio del juzgador (a). La doctrina a la que se refieren estos fallos, se pronuncia en el siguiente sentido: el citado puede abstenerse de satisfacer sometiéndose a las consecuencias de la declaración de confeso, que no constituye una sanción sino un efecto desfavorable El incumplimiento de esa carga trae la consecuencia de que se presumen ciertos los hechos preguntados y admisibles. Los hechos favorecidos por la presunción de ser ciertos, pueden desvirtuarse mediante libre prueba en contrario, sin necesidad de argüir y demostrar error ni elemento subjetivo de ninguna clase 3. Es decir le confiere a la confesión ficta o tácita, una presunción de verdad y el valor de prueba plena en contra del confeso, en atención a que esta prueba a través de todos los tiempos ha sido considerada como la más eficaz y completa de todas las pruebas, suficiente por si sola para tener por acreditados los hechos, sin otras que respalden o refuercen su fuerza probatoria, por ser ésta la declaración o reconocimiento que hace una persona contra sí misma, respecto de la verdad de un hecho o la existencia de un derecho (Art. 122 del Código de Procedimiento Civil). Prueba que por cierto puede ser desvirtuada por otra que se rinda en contrario, Del proceso de fojas 29 a 32 de los autos, consta el acta de audiencia definitiva 2 SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL. Gaceta Judicial. Año XCIX. Serie XVI. No. 14. Pág. 42. (Quito, 24 de febrero de 1999). 3 Devis Echandia, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo Primero, Editorial Temis S.A.. Bogotá Colombia 2002.

5 llevada a cabo, diligencia en la que por inasistencia del demandado se le declaro confeso al tenor del interrogatorio presentado para el efecto; confesión ficta que no ha sido analizada a la luz de estos preceptos legales ni jurisprudenciales, cuya aplicación como llevamos dicho era obligatoria para el Tribunal de instancia si se equiparan y tienen el valor de una norma legal, pues la Constitución y la Ley de Casación otorgan a la Corte Nacional de Justicia como máximo órgano de la justicia ordinaria la función de un colegislador, es decir la facultad de crear derecho a través de sus fallos o resoluciones, que al reiterar por tres veces la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, hoy previa la tramitación legal, constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para los jueces de instancia; situación que no ha sido observado en la sentencia impugnada, pues en relación a esta prueba los jueces han manifestado: La confesión ficta del demandado, no ayuda al accionante, por estar huérfana y sin otra prueba que la respalde o le brinde soporte jurídico. Sin mas pruebas que analizar ; con este criterio y sin más análisis ni valoración probatoria, luego de haber desechado las testimoniales rendidas, al resolver declaran sin lugar la demanda por falta de prueba, siendo evidente que al hacerlo en la sentencia no se aplicaron los precedentes jurisprudenciales obligatorios concernientes a la confesión judicial ficta, lo que indudablemente ha sido determinante de su parte dispositiva si ha influido en la decisión tomada por el Tribunal de Alzada, al desconocer el valor de este medio probatorio aportado por el trabajador dentro del proceso, con la consecuente afectación de sus derechos por falta de aplicación de esta normativa obligatoria; incumpliendo además el deber de protección impuesto por el Art. 5 del Código del Trabajo. 6. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Verificada la vulneración a la sentencia procede el recurso interpuesto, por lo que este Tribunal está en el caso de rectificar los vicios o errores que le afectan, y de conformidad con el Art. 16 de la Ley de Casación, dictar otra de merito que en su lugar corresponda, al hacerlo considera: 6.1 SENTENCIA. A fojas 3 del cuaderno de primera instancia, comparece Miguel Ángel Fajardo Herrera con su demanda que la formula en los siguientes términos: Fundamentos de hecho y derecho. ANTECEDENTES. Manifiesta que ingresó a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo órdenes y dependencia de la Hacienda Bananera la Envidia 5, de propiedad de la Compañía FRUSHI S.A., desde el lunes 3 de abril del 2000 hasta el día sábado 11 de noviembre del 2006, en calidad de trabajador agrícola, realizando las labores que deja determinadas, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 07H30 a 16H00 y los días sábados de 07H30 a 12H00, y en varias ocasiones los domingos, días feriados y fechas cívicas, percibiendo como sueldo al inicio la cantidad de ,oo sucres mensuales hasta la dolarización, y a partir del año 2001 comenzó a ganar la suma de $ 38,00 semanales, es

6 decir $ 152,00 mensuales, hasta que fue despedido, remuneración inferior al salario básico unificado. Que el hecho de su despido intempestivo se produjo en la mencionada hacienda, el día sábado 11 de noviembre del 2006, a eso de las 12H00 aproximadamente en momentos en que me disponía a terminar las labores diarias como de costumbre, cuando se me acercó el Ing. JULIO SANTOS, Administrador de dicha hacienda, para sin mediar motivo alguno de mi parte decirme: ya no regreses el día lunes, porque ya no hay trabajo para tu. Con estos antecedentes como su empleador no ha cumplido con las obligaciones laborales, fundamentado en las disposiciones constitucionales y legales que cita, demanda el pago los rubros detallados en la demanda. Citada en forma legal la parte demandada, se llevan a cabo las respectivas audiencias preliminar de contestación y anuncio de prueba, y la definitiva, según actas sentadas a fojas 14, y 29 a 32 del proceso, diligencias en las que las partes han hecho uso de su derecho a la defensa y contradicción. 6.2 VALIDEZ PROCESAL. Se declara la validez procesal de la causa, por no haberse omitido en el trámite solemnidad sustancial alguna que afecte ni influya en la decisión a tomarse. 6.3 La prueba anunciada y actuada por las partes en el proceso, debe examinarse de acuerdo con el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, esto es en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, cada parte esta obligada a proba los hechos que alega de acuerdo con las reglas que regulan la carga probatoria, previstas en los artículos 113 y 114 ibidem Como el accionado negó los fundamentos de la demanda, y la existencia de la relación laboral, la obligación de probar recae sobre quien afirma uno u otro hecho, en este caso sobre el demandante. Cumpliendo esta obligación, para justificar sus asertos actúo como prueba a su favor: la declaración de dos testigos libres de tacha y concordantes en sus dichos, la confesión judicial ficta del demandado al tenor del interrogatorio que corre de fs.23 y 30, el juramento deferido, y el certificado de fs.13 conferido por la Agencia del IESS en Quevedo, en el que se indica que el actor no registra datos de aportes; prueba que apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, al darles el valor que corresponde a cada una de ellas, a diferencia de la apreciación subjetiva y al margen de la ley que hace el Tribunal de instancia, justifica a cabalidad la existencia de la relación laboral, si concurren los presupuestos establecidos en el Art. 8 del Código del Trabajo; y, por otro lado el hecho cierto del despido intempestivo, ocurrido en las circunstancias de tiempo y lugar relatados en la demanda; así como el tiempo de servicios y la remuneración percibida. En tal virtud se tendrá como fecha de inicio de la relación laboral el 3 de abril del 2000 hasta el 11 de noviembre del 2006, y como remuneración percibida ciento veinte mil sucres mensuales al inicio, y como última ciento cincuenta dólares mensuales, pues a falta de otra prueba en forma supletoria se concede mérito probatorio al juramento deferido del

7 actor que corre a fojas 30 vuela y 31 de los autos, en lo que se refiere al tiempo de servicios y la remuneración percibida, si no aparece del proceso otra que lo desvirtúe. El despido intempestivo del actor se encuentra demostrado con la confesión judicial ficta del demandado, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, y lo resuelto en fallos de triple reiteración de la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia a los que nos hemos referido, las preguntas contenidas en los numerales 3 y 12 de la confesión judicial que debía responder el demandado, contienen con claridad los hechos acontecidos y la forma en la que intempestivamente terminó la relación laboral existente entre las partes; así como la falta de pago de los rubros demandados; posiciones que se consideran respondidas de manera afirmativa por mandato del articulo 581 inciso cuarto del Código del Trabajo; si en lo que se refiere al hecho del despido además, ha sido corroborado por la declaración rendida por: Héctor Ubaldo Luna Espín y Clemente Arcadio Fajardo Ordoñez. 6.5 Probada la relación laboral de conformidad con el artículo 42 ibidem, la carga de la prueba revierte a la empresa demandada, quien estaba en el caso de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Como con la prueba actuada: copia simple de una sentencia fs. 23 y 24, repreguntas formuladas a los testigos, y la confesión expresa de actor que por estar referida a hechos de terceras personas ni siquiera debió ser aceptada, no ha podido satisfacer esta exigencia legal, en esta virtud el actor tiene derecho a que le sean satisfechos los haberes reclamados, por lo que procede el pago de los siguientes rubros: despido intempestivo según el Art. 188 del Código de Trabajo; bonificación por desahucio (Art. 185); vacaciones no gozadas por todo el tiempo de la relación laboral (Art.69, 71 y 76); horas suplementarias y extraordinarias según el art. 55, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta la pregunta ). de la confesión judicial ficta de fs.23 de los autos; la última semana de trabajo comprendida del 5 al 11 de noviembre de 2006, con el salario básico vigente a esa fecha; ropa de trabajo a razón de $50,00 por cada año laborado; décimos tercero y cuarto sueldos por todo el tiempo de servicios; por el componente salarial en proceso de incorporación a la remuneración, conforme las reformas constantes en la Ley para la Transformación Económica publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 31 de agosto del 2000 y el articulo 2 y 3 de la ley , publicada en el Registro Oficial No. 92 de 6 de junio de 2002, en relación con el Art. 131 del Código del Trabajo; fondos de reserva de acuerdo con los Arts. 196 y 202, con los intereses y recargo correspondientes; las diferencias salariales en relación al salario mínimo vigente en cada período años 2000 y 2006 de acuerdo con el juramento deferido. Solución de estos beneficios que se hará por todo el tiempo laborado, esto es desde el 3 de abril del 2000, al 11 de noviembre del 2006, con intereses legales en los rubros que corresponda, según las

8 reglas del Art. 614 del Código del Trabajo. No se dispone el pago de lo solicitado en los numerales 4. y 6.- de la demanda, por cuanto de los recaudos procesales no existe prueba que justifique su pago. 7. DECISIÓN EN SENTENCIA: Por lo expuesto este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia integrado para resolver este caso, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA al aceptar el recurso interpuesto, casa la sentencia en los términos expuestos a partir del considerando 6.-, y dispone que el Juez de ejecución liquide lo correspondiente a los rubros señalados en los numeral 6.5 de este fallo. En atención a lo establecido en el inciso segundo del art. 588 del Código del Trabajo, se le condena al demandado al pago de las costas procesales, fijándose los honorarios profesionales del abogado defensor del actor en el 5% del valor total que se llegue a liquidar. Intervenga en la presente causa Dra. Ximena Quijano Salazar Secretaria Relatora Encargada por ausencia del titular Dr. Oswaldo Almeida Bermeo. Con el ejecutorial devuélvase el proceso al Tribunal de origen. Notifíquese. Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia NACIONAL Certifica. Dra. Ximena Quijano Salazar SECRETARIA RELATORA (E) Dra. Gladys Terán Sierra JUEZA