LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.

Transcripción

1 LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- QUITO, 22 de agosto del 2012, a las 15h05 VISTOS: En el juicio laboral que sigue ANGEL FERNANDO SAAVEDRA ALBERCA, contra la Cía. ETHERLAN S.A., en la persona de la Ingeniera Sofía Acosta Arandi, Gerente y representante legal de la misma, y a JUAN ESTEBAN ARELLANO, por sus propios derechos y por los que representa, en su calidad de Presidente Ejecutivo de ANDINATEL S.A., la parte actora interpone recurso de Casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Quito, hoy Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que desecha la demanda, reformatoria de la de primera instancia, que declaraba con lugar parcialmente la demanda, recurso que ha sido admitido a trámite, en auto dictado por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de Septiembre de 2008, las 11h00, el que para resolver se considera: PRIMERO: El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, conformó sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Laboral tiene competencia para conocer los recursos de casación en materia laboral según los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 613 del Código de Trabajo; artículo 1 de la Ley de Casación y, artículo 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, éste cuerpo legal en la segunda disposición transitoria dispone que: en todo lo relativo a la competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución y este

2 Código.. Por lo expuesto, avocamos conocimiento de la causa, por el resorteo realizado el día 15 de Marzo de 2012, cuya ponencia le correspondió al doctor Jorge M. Blum Carcelén, según las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO.- El recurrente manifiesta que en la sentencia venida en grado, se han infringido las siguientes normas de derecho: Arts. 188,185 y 17 del Código del Trabajo, y los Arts. 121, 122 y 165 del Código de Procedimiento Civil. Fundándolo en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, centrando su reclamo a que en el Considerando Cuarto de la Sentencia, respecto del despido intempestivo consta que el contrato eventual de trabajo ha concluido dentro del plazo de seis meses estipulado cuando tiene probado que su inicio de la relación data del 17 de enero de 2005, y que el oficio dirigido prescindiendo de su trabajo es de 3 de marzo de 2006, esto es luego de un año dos meses de trabajo, bajo relación de dependencia con la empresa ETHERLAN S.A., que este oficio no se lo tomó en cuenta, como prueba a su favor, como tampoco las confesiones fictas de los demandados, en la audiencia definitiva, en que fueron declarados confesos al tenor de los interrogatorios formulados, que por tanto no se han aplicado los artículos 188 y 185 del Código Laboral. Que los trabajos eventuales no pueden durar más de 180 días en un año, y que su relación corre desde el 17 de enero del 2005 y que terminó con el despido intempestivo el 3 de marzo del TERCERO.- De la confrontación realizada por esta Sala entre el texto de la censura y el fallo del Tribunal ad quem con las normas jurídicas aplicables y los recaudos procesales respectivos, se desprenden las siguientes observaciones y conclusiones: Dentro de nuestro ordenamiento jurídico la prevalencia de la Constitución no está en discusión, así lo establece el Art. 272 de la Carta Política de la República, inciso segundo El Art. 273 ibídem, decreta que las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución aunque la parte interesada no las invoque, lo que significa que tanto los jueces de primera instancia, como los de las Cortes Superiores hoy Provinciales, por mandato constitucional estaban en la obligación de fundar sus sentencias de conformidad con la Carta Magna, tanto más que de acuerdo a la Constitución Política (1998), Art. 35. El trabajo es un derecho y un deber social, que gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa En concordancia con los artículos anteriores el Art. 5 del Código del Trabajo prescribe Art. 5.- Protección Judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos., este marco constitucional y legal, es el que marca la pauta del derecho laboral, tanto más que la noción de igualdad específicamente en el área laboral, no es similar a la del derecho civil, pues el trabajador considerado la parte débil de la relación,

3 está asistido a través de la ley con normas que lo amparan de forma preferente, Américo Plá Rodríguez, al respecto expresa: Mientras que en el derecho común, una preocupación constante parece ser asegurar la paridad jurídica entre los contratantes, en el derecho laboral la preocupación central parece ser la de proteger a una de las partes para lograr, mediante esa protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las partes.. De tal forma que a la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Superior de Quito, por mandato constitucional y legal, le correspondía fundarse en estos principios y salvaguardar los derechos laborales. En este orden de cosas, este Tribunal efectúa las siguientes precisiones: RELACIÓN LABORAL.- La existencia de la relación laboral entre el actor y Etherlan S.A., se desprende de la contestación a la demanda, estableciéndose así también que la beneficiaría directa del trabajo del actor a través de ésta compañía intermediaria era ANDINATEL S.A., institución ésta última que al tenor de la disposición del Art. 35 numeral 11 de la Constitución Política del Estado, es solidariamente responsable de las obligaciones patronales con el trabajador De importancia dentro del caso, es precisar si el vínculo jurídico que unió a los litigantes era o no un contrato eventual de trabajo, es decir si las características que lo especifican como tal, se cumplían o no en el caso en estudio, esto es que fueran para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como el remplazo de personal, que no es el caso y que lo ha insistido el trabajador insistentemente, o para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, lo que si se encuentra determinado en la cláusula Segunda del Contrato Eventual, constante a fs. 32 del cuaderno de primera instancia, mas y como lo determina el Art. 17 del Código Laboral, el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días, que es lo que precisamente ha sucedido en este caso, muy pesar de la existencia de un supuesto contrato eventual de trabajo, peculiaridad que lo ha convertido en trabajo a tiempo indefinido, de tal forma que, como lo dice Mario De la Cueva, citado por Américo Plá Rodríguez, La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento En atención a lo dicho es por lo que se ha denominado al contrato de trabajo, contrato-realidad, puesto que existe no en el acuerdo abstracto de voluntades, sino en la realidad de la prestación del servicio y es ésta y no aquel acuerdo lo que determina su existencia 1, (el subrayado corresponde a esta Sala) Lo que se corrobora además con el escrito presentado por el Dr. Luis Alfredo Zúñiga Hermosa H., en su calidad de Procurador Judicial de la señora Sofía Acosta Arandi, representante legal de la Compañía ETHERLAN, quien expresa que Dando cumplimiento por lo ordenado por su Autoridad en la Audiencia 1 Mario De La Cueva, Derecho Mexicano del trabajo, 2ª ed., México, 1943, p. 314, en Américo Pla Rodríguez, Los Principios del Derecho del Trabajo

4 Preliminar de Conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas siendo en el día y hora señalada por usted, procedo a presentar, consiguientemente a exhibir en DIECISIETE fojas útiles los roles de pago recibidos por el demandado al igual que la copia del acta de finiquito final que el actor se negó a suscribir con ETHERLAND S.A., cuyos roles efectivamente se observan de fs. 54 a 69, desde Enero de 2005 a marzo de 2006, lo que por un lado, es el reconocimiento tácito de la demandada de que el señor ANGEL FERNANDO SAAVEDRA ALBERCA, había laborado para ellos, por un período de un año tres meses, y por otro, que era su empleado, muy a pesar de que en los roles de pago, conste el nombre de diversas empresas, así ETHERLAN S.A., LABORESA Y SERPOLAN S.A., y más todavía si la firma autorizada constante en todos éstos roles de pago, corresponde a la misma persona, esto es la Coordinadora de la compañía Etherlan, Verónica Dueñas, concluyendo que el señor Ángel Fernando Saavedra, efectivamente laboró para la intermediaria ETHERLAN S.A., que a su vez ofrecía sus servicios a ANDINATEL S.A., pesé a que de forma engañosa, se hiciera constar en los roles de pago, nombres de empresas distintas a ETHERLAN S.A., esto es LABORES EVENTUALES, S.A. LABORESA, SERPOLAN S.A., de las que en el proceso no consta certificación alguna que determine que estaban reconocidas como compañías de intermediación, constando tan solo el certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal, emitido por la Superintendencia de Compañías únicamente de Etherlan S.A., a fs. 71 del cuaderno de primera instancia, y la Autorización de Funcionamiento de Intermediación Laboral, emitido por la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos, del entonces Ministerio de Trabajo y Empleo, hoy Ministerio de Relaciones Laborales, de Etherlan S.A., de fs. 72, de lo que se desprende que la compañía demandada, busca llevar al engaño a los juzgadores y por supuesto a eludir las obligaciones laborales que tiene con el trabajador DESPIDO INTEMPESTIVO.- Es fundamental puntualizar al respecto lo que la doctrina considera como despido, así para el catedrático universitario y constitucionalista ecuatoriano Julio César Trujillo, el despido se produce: Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador de su cargo, sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse, o cuando existiendo causa legal, no observara el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo En el caso que se analiza, el despido se evidencia, con el oficio dirigido por Verónica Dueñas al actor, en el que le da a conocer que el contrato eventual del trabajo ha terminado con fecha 1 de marzo de 2006, constante a fs. 116 del cuaderno de primera instancia, cuando de la realidad procesal, se observa que no se trata de un trabajo eventual, como se había determinado en líneas anteriores, y que por tanto no podía ser despedido, de la forma como se lo hizo, a no ser que existiera o mediara una razón legal para hacerlo, despido que se corrobora además, con la confesión ficta de los 2 Julio César, Trujillo Derecho del Trabajo, Tomo I, Centro de Publicaciones PUCE, Quito, 2008, pág. 367.

5 demandados Juan Esteban Arellano, Presidente Ejecutivo de ANDINATEL, y por la demandada Ing. Sofía Acosta Arandi, Gerente General de la Cía. Etherlan S.A., quienes al no presentarse a rendir su confesión respecto de las absoluciones presentadas por el actor, y al ser declarados confesos en la audiencia definitiva, constante de fs. 110 a 110 vta., se constituye en prueba plena, en este caso a favor del actor, tanto más que existe respecto a este punto de derecho, fallos de triple reiteración dictados por la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, (juicios Nos ; y ), publicados en la Gaceta Judicial No. XVII, número 14, que instituyen que la declaratoria de confeso, de conformidad con el Art. 135 (actual 131) del Código de Procedimiento Civil, concede a esta prueba el valor de prueba plena, tomando en consideración que encontrándose las partes en litigio, por la relación laboral que existió es lógico que las interrogaciones del actor a la demandada, no pueden recaer sino en los hechos conexos de la misma y al eludir la prueba sin hacer valer ninguna de las excusas determinadas en el Art. 132 del cuerpo de leyes citado, evidencia su propósito de eludir sus responsabilidades, resoluciones que son de estricto cumplimiento para los tribunales y juzgados de instancia, lo que está en concordancia con lo que prescribe el Art. 561 último inciso del Código del Trabajo, que prescribe: En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravienen a la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto o asuntos materia del litigio., coligiéndose del estudio realizado que efectivamente se produjo el despido intempestivo del actor, debiendo Etherlan y Andinatel S.A., en forma solidaria, pagar al trabajador: a) El equivalente a tres meses de remuneración conforme lo determina el segundo inciso del Art. 188 del Código de Trabajo, tomando en consideración su último sueldo percibido, de $ 500 dólares, b) el 25% del equivalente a la última remuneración, multiplicado por el tiempo de servicio, conforme al Art. 185 ibídem y c) Los beneficios sociales que no constan haber sido satisfechos y a los que tiene derecho, en su calidad de trabajador a tiempo indefinido, esto es el proporcional de la décima tercera, y décima cuarta remuneración, por el tiempo que duró la relación (enero de 2005 a 3 de marzo de 2006), como los cinco de días vacaciones no gozadas en el año 2005, y el proporcional del 17 enero de 2006 al 3 de marzo de 2006, de lo que deberá descontarse lo consignado por la demandada constante de fs. 46 y 47 del cuaderno de primer nivel; cálculo indemnizatorio que lo deberá realizar el Juez de Primer nivel. Por lo expuesto, esta Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LAS CONSTITUCIÓN Y DE LA LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta el recurso de casación y casa la sentencia en los términos de este fallo. Notifíquese y devuélvase. Fdo.) Dr. Jorge M. Blum Carcelén.- Dr. Wilson Andino Reinoso.- JUECES NACIONALES; y el Dr. Efraín Duque Ruiz CONJUEZ NACIONAL; CERTIFICO.-Fdo.) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.-SECRETARIO RELATOR.

6