Resumen de Prensa MUTUAS. Del 1-mar-14 al 31-mar Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente

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1 Resumen de Prensa MUTUAS Del 1-mar-14 al 31-mar Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente

2 Defensa de la Sanidad Pública cree que la nueva Ley de Mutuas supone un "recorte" a los derechos de los trabajadores La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha analizado el Anteproyecto de la Ley de Mutuas aprobado por el Gobierno que modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, a su juicio, pretende "potenciar" el negocio de las mutuas y "aplicar nuevos recortes" a los derechos de los trabajadores. Según explica, "este cambio legal permitirá a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales involucrarse en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes desde el primer día de la baja". La federación considera se pretende que las Mutuas "asuman el control de las prestaciones por enfermedad común en detrimento de los Servicios Públicos de Salud de Salud de las comunidades autónomas". Con este poder las Mutuas pasarán de estar sometidas al control de "los servicios públicos de la Seguridad Social a ser las controladoras de las mismas", advierte. Además, sostienen que esta medida pretende compensar a las mutuas de las perdidas por la crisis; privatizar la asistencia sanitaria de los trabajadores trasformado las Mutuas en Concesiones Administrativas, que gestionaran la Incapacidad Laboral por enfermedad de acuerdo al modelo de Nuevas Formas de Gestión Privada; y "contribuir" al cambio de modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Rajoy que "pretende sustituir el Sistema Nacional de Salud, público, universal, accesible, equitativo y redistributivo, en un modelo basado en el aseguramiento". Sin embargo, con este cambio se pone bajo sospecha a los trabajadores a los que "se achacan una conducta fraudulenta y defraudadora de las bajas por enfermedad"; por otro lado, añade, los médicos de Atención Primaria verán mermadas sus competencias en la atención de sus enfermos cuando necesiten una baja o un alta laboral. Asimismo, cree que a la larga se incrementará la burocracia de los médicos de Atención Primaria al obligar a manejar una documentación administrativa muy compleja y a incrementar el número de informes a cumplimentar; al tiempo que se acaba con el - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 2

3 derecho de los trabajadores a la confidencialidad de su historial clínico todos los datos sobre su salud. Finalmente, "se privatiza la gestión de las prestaciones por enfermedad que pasarán del ámbito sanitario al burocrático-administrativo mediante unas Mutuas que tienen conflictos de intereses con las empresas a las que prestan este servicio". PROPUESTAS ALTERNATIVAS Desde la federación proponen establecer la unidad e integralidad del sistema de la atención y gestión de las bajas por enfermedad; mantener a los médicos de familia como los responsables de la atención y gestión de las bajas laborales; y devolver a los inspectores de los servicios de salud pública la función de control y supervisión de estas prestaciones. Asimismo, piden que se suprima su capacidad para "controlar, citar, solicitar pruebas, tratar y dar el alta del INSS y de las Mutuas patronales"; además de que se revise el papel de las Mutuas en la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal, reintegrando esta función al sistema público. Por otro lado, creen recomendable que se simplifiquen los procedimientos para la gestión de las incapacidades temporales; poner en marcha una estrategia integral e integrada, dotada de medios y recursos suficientes; potenciar y dotar adecuadamente la Atención Primaria y la Inspección Médica, para garantizar su capacidad resolutiva y el control de los enfermos de baja; poner en marcha una estrategia para mejorar la eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera que prolongan innecesariamente las bajas por enfermedad; y dar participación a todos los sectores y agentes sociales implicados. Además, pide que se abandone la estrategia privatizadora de la gestión de la incapacidad temporal, reintegrando las competencias y recursos en manos de las mutuas al sistema de salud; y que se ponga a disposición del sistema sanitario públicos, especialmente a los servicios de Atención Primaria, la información sobre accidentes y enfermedades laborales en poder de las mutuas, para poder diseñar estrategias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Fuente: MEDICINATV (MADRID) 05/03/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 2

4 Confusiones y mitos sobre las mutuas de accidentes Réplica a Mariano de Diego Hernández, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica. Hace unos días se publicó en este periódico un artículo ("Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica") de Mariano de Diego Hernández, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) a nuestra tribuna previa sobre este particular. En ese comentario se confunden cuestiones importantes que conviene aclarar, más allá de que se trastoca el debate de ideas con la emisión de insultos y descalificaciones. Posiblemente por escasez de razones o porque no preocupan tanto los problemas generales como los intereses espurios particulares. La primera confusión es hablar de una supuesta continuidad de las mutuas en cien años de historia, que no se corresponde con los hechos y es una versión interesada, como todos los mitos. La definición actual de estas entidades arranca de la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963 y sus posteriores textos articulados y refundidos. Su marco legal en materia contable, financiera y presupuestaria se ha venido completando desde los años setenta y ochenta, incluso con pronunciamientos recientes de las autoridades europeas respecto a su régimen de contratación. Con las citadas leyes se desplegó el modelo de entidades colaboradoras con la Seguridad Social y las mutuas de accidentes dejaron de ser entidades privadas de aseguramiento y tienen prohibida su colaboración con compañías de seguros u otras entidades mercantiles dado que los recursos que administran desde entonces son cuotas de Seguridad Social. Pero el cumplimiento de este mandato está lleno de claroscuros, como vamos a ver. Con el Gobierno anterior se tuvieron que tomar medidas para avanzar en la separación de la mutua FREMAP respecto al grupo asegurador MAPFRE. Hasta 2007 el Director Gerente de FREMAP era al mismo tiempo presidente de CORPORACIÓN MAPFRE, cabecera del holding y de otras sociedades del grupo. Y el presidente, vicepresidente y otros ejecutivos de MAPFRE doblaban sus cargos con puestos en la Junta Directiva de FREMAP. Incluso se tuvieron que hacer modificar los estatutos de la Corporación - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 4

5 para eliminar los miembros de la Junta de la Mutua que eran miembros natos del consejo de MAPFRE. Sin embargo aún quedan vinculaciones ya que, por ejemplo, el firmante de la réplica mencionada es presidente de FREMAP, pero al mismo tiempo es presidente de una de las entidades de MAPFRE (Mapfre Agropecuaria) y varios miembros de la Junta Directiva de FREMAP son igualmente directivos de MAPFRE en la actualidad. La reiterada proclamación de que quieren ser independientes tendría un significado más fácil de comprender si se explicara de quién desean hacerse independientes y de quién no. Selección adversa de clientes Sobre la presunta eficiencia y ahorros producidos por la gestión de las mutuas hay mucho que aclarar y de ello nos hemos ocupado en otra parte. En las investigaciones realizadas, a las que se hacía referencia en nuestro anterior artículo, se ha puesto de manifiesto la selección adversa de clientes practicada por estas entidades, colocándose en mejor posición comparativa en esta materia que el INSS y las entidades públicas, con lo que las comparaciones quedan viciadas de raíz. Por lo que se refiere a los ahorros, basta consultar la información existente en la propia página web de AMAT sobre la evolución de los ahorros incorporados al Fondo de Prevención en los últimos años. A finales de 2003, el saldo ascendía a 665 millones de euros y alcanzó al final de 2011 los millones de euros que tan bien le vinieron al Gobierno para utilizarlos el año pasado para equilibrar las cuentas del ejercicio. Los resultados anuales pasaron de 386,6 millones en 2003 a 2.266,4 en Estos son los resultados de un control que no les gusta a algunos porque en su ausencia dedicaban esos recursos a fines que no es el momento de pormenorizar, pero que no eran ahorros para el sistema. Para que pueda realizarse un debate fructífero sobre un sector que supone el 10% del presupuesto de la Seguridad Social, hace falta que fluya la información al menos tanto como para el resto del sistema de Seguridad Social. También se confunde y abusa del eslogan de la competencia entre las mutuas. De los años recientes ya conocemos sus resultados. La guerra comercial entre mutuas para captar asociados más rentables ha producido fuertes daños económicos a la Seguridad Social derivados de la práctica de devolver, ilegalmente, parte de las cotizaciones a las empresas preferentes, a las que quieren atraer o fidelizar. Es paradigmático el asunto de Mutua Universal, incursa en un - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 4

6 procedimiento penal en Barcelona, en que el informe pericial solicitado por el juez valora en 200 millones de euros el perjuicio causado a la Seguridad Social; además de lo que ya le ha reclamado el Tribunal de Cuentas por más de 8 millones de euros y de los ajustes que tiene pendientes esta mutua derivados de las auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS). El presidente de Universal, que ya lo era durante el periodo sujeto al procedimiento penal, ha sido el anterior presidente de la Asociación de Mutuas (AMAT). Por lo que se refiere al conjunto del sector, el Tribunal de Cuentas auditó en 2009 una muestra de ocho mutuas sobre cuyas prácticas irregulares remitió a las Cortes Generales un documentado informe donde se describen y cuantifican parcialmente los perjuicios para la Seguridad Social en base a las irregularidades en la contratación de bienes y servicios, así como en las retribuciones de los directivos. Sólo para esas ocho mutuas por los ejercicios 2005 y 2006, la IGSS había reclamado previamente el reintegro de casi 96 millones de euros. De acuerdo con la Intervención General, el total pendiente de reintegrar por las mutuas, por gastos que no debieron realizar con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, ascendía en abril de 2010 a más de 170 millones de euros. Es demasiado fácil hacer competencia con dinero ajeno, con recursos de Seguridad Social. En el debate sobre eficiencia y ahorro sobran descalificaciones y faltan datos y argumentos. Restricciones a la libertad En cuanto al ritornello de la libertad de empresa, se olvida que la decisión de asociarse a una mutua no es una decisión libre de la empresa, sino el cumplimiento de una obligación impuesta que debe ser acatada en los términos del mandato legal. Es interesante mirar a nuestro alrededor. Seguro que nadie piensa que en Alemania haya restricciones a la libertad de empresa y, sin embargo, allí las empresas no pueden elegir la mutua en la que atienden sus accidentes de trabajo. Una cuestión de máximo relieve y actualidad es lo relativo a la asistencia sanitaria, donde nos limitamos a recordar el mandato de una de nuestras grandes leyes como es la Ley General de Sanidad. Es evidente que integración no es nada parecido a nacionalización, como se insinúa en el comentario, y que nuestro derecho administrativo dispone de múltiples fórmulas para desarrollar aquella previsión. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 4

7 En una situación alarmante de escasez de recursos sanitarios en nuestro país, es sencillamente inaceptable que las mutuas continúen con la infrautilización de sus recursos sanitarios (públicos) en un 50%, como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas y fue reconocido en documentos de la propia AMAT. Desde luego, con esta deplorable utilización de los recursos disponibles, la eficiencia real queda muy lejos de lo proclamado. Y los Servicios de Salud de las CCAA tienen mucho que decir al respecto. Como conclusión conviene subrayar que, para que pueda realizarse un debate fructífero sobre un sector que supone el 10% del presupuesto de la Seguridad Social, hace falta que fluya la información al menos tanto como para el resto del sistema de Seguridad Social. No sirven de nada las meras manifestaciones de parte sin datos de soporte. La Administración tiene unos órganos responsables del control que pueden y deberían aportar mucha luz para poder evaluar objetivamente estas cuestiones. Lo mismo que son accesibles los informes del Tribunal de Cuentas deberían serlo los de la Intervención General, que es el órgano técnico auditor. *Miguel Ángel Díaz Peña y Santos M. Ruesga son miembros de Economistas frente a la crisis Fuente: EL CONFIDENCIAL (MADRID) 07/03/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 4 de 4

8 El Supremo ratifica competencia desleal de las Mutuas entre 2002 y 2005 El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en una sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en la prevención de riesgos laborales. El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en una sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en la prevención de riesgos laborales. En la sentencia, el Supremo admite que los servicios de prevención ajenos, especializados en prevención de riesgos, "han soportado desde su creación la competencia desleal de las mutuas". También respalda la afirmación de que "el mercado creado por las prácticas preventivas" está "perjudicando gravemente a la propia prevención de riesgos en las empresas, con la lógica consecuencia de una desfavorable evolución de la siniestralidad". Se trata de una parte de la denuncia inicial que la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) aportó en Según la sentencia del Supremo, "estas afirmaciones pueden reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente". Entre las prácticas de "competencia desleal e intrusismo" denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. A juicio del Supremo, los argumentos de las mutuas no bastan para evitar "la calificación de la conducta precedente como desleal frente a las empresas que operaban en el mismo sector liberalizado sin utilizar los recursos de la Seguridad Social". - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 2

9 Por más que las consecuencias de la deslealtad inicial fueran ulteriormente mitigadas, en realidad la "regularización posterior" viene a ser una prueba adicional de que existió una conducta previa que debió reputarse ilícita en términos objetivos, añade la sentencia. Según una nota de prensa de ASPA, "es una sentencia justa, que pone en evidencia la actuación desleal en nuestro sector con el perjuicio que ha causado a nuestras empresas", por lo que confían en que "sea detonante para acelerar el proceso de venta de las sociedades de prevención regulado en el Anteproyecto de Ley de Mutuas". Fuente: AGENCIA EFE (MADRID) 09/03/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 2

10 Una juez investiga a Morata por malversación y fraude a la Seguridad Social en Umivale Reabre la causa contra el presidente de la Cámara de Comercio tras una denuncia por tráfico de influencias, falsedad documental y desvío de fondos a clínicas privadas Malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento público o cesión ilegal de trabajadores. Son sólo algunos de los delitos por los que el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, está siendo judicialmente investigado por su gestión como presidente de la Mutua de Accidentes de Trabajo Umivale, cargo que abandonó por sorpresa el 25 de octubre de «Debo ocuparme de mis otras responsabilidades», dijo entonces antes de salir por la puerta. La titular del juzgado número 1 de Quart de Poblet, Marta Espuny, ha reabierto el procedimiento contra Morata a raíz de la interposición de una denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por parte de dos exempleados de Umivale. Las primeras pesquisas de la causa, archivada provisionalmente el 3 de enero de 2012, nunca trascendieron públicamente. La nueva denuncia, que ha reabierto el caso, consta de cuarenta páginas en las que se desgrana el relato de lo que entienden que es una malversación por desviar fondos de la mutua hacia clínicas concertadas o hacia la Sociedad de Prevención de Accidentes (SPA) Umivale, que tiene carácter de mercantil privada. Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, constituidas por las empresas asociadas, y que se nutren y gestionan con dinero público. Además de contra Morata, en la comparecencia ante la policía judicial los impulsores de la denuncia señalaron al gerente de Umivale, Héctor Blasco, a la directora general de la SPA, Pilar Soriano, y a quienes «directa o indirectamente hayan participado en los hechos». Clínicas con personal de Umivale La denuncia alude en concreto a dos clínicas en Albaida y Altea, que habrían servido para cometer «fraude continuado a la Seguridad Social». Umivale pagaba los gastos de alquiler, luz, agua, teléfono o las nóminas de los trabajadores (adscritos a los centro de la mutua en Ontinyent y Benidorm) y, en cambio, el empresario titular de la clínica, - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 3

11 también empleado de Umivale, «emitía facturas contra la mutua en concepto de asistencias sanitarias que en realidad no prestaba», lo que provocaba un «enriquecimiento ilícito». La asistencia médica en contingencias comunes, camufladas como si fueran accidentes laborales, el pago de comisiones a corredores de seguros por captar empresas para Umivale, un incentivo prohibido por ley, el asumir la factura de abogados de la Sociedad de Prevención o el «fraudulento uso de recursos para supuestos cursos de formación, no impartidos pero sí cobrados por terceros», son otras de las presuntas irregularidades denunciadas. La Udef encauzó judicialmente el asunto, que acabó en el Juzgado 16 de Valencia. Visto que había una causa previa en Quart, se inhibió, el 1 de agosto de 2013, a favor de la jueza Espuny, tras decretar que no podía hablarse de «cosa ya juzgada». En su auto de reapertura, ante la nueva documentación que le ha llegado, la jueza de Quart ha recabado a la Jefatura Provincial de la Seguridad Social que designe un inspector «para que colabore en la tramitación de la presente causa». Además, pide que se le remitan las «auditorías y expedientes realizados a Umivale Mutua de Accidentes de Trabajo por presuntas irregularidades» durante los años 2011, 2012 y También pide al Registro Mercantil las cuentas anuales de esos tres ejercicios. En el auto, dictado el martes, la juez da tres días para interponer recurso. «No tengo ni idea de la causa» Este periódico se puso ayer en contacto con José Vicente Morata para recabar su versión sobre los hechos denunciados. «No tengo ni idea de la causa, ni que hubiéramos tenido un pleito ni nada». El presidente de la Cámara de Comercio dijo que llamaría al gerente de Umivale por si tenía conocimiento del asunto y que luego se pondría en contacto con Levante-EMV. Al cierre de esta edición, no se había producido esa llamada. Acusado de pagarse cirugía estética con dinero público Entre los episodios de supuesta «malversación» de fondos públicos de Umivale que se denuncian figura un «uso fraudulento» de dinero de la mutua por parte del que era su presidente para abonar una intervención quirúrgica a la que se sometió. En el escrito a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) se detalla el presunto pago con fondos de la Seguridad Social de una operación de «cirugía estética no derivada de accidente laboral», según los denunciantes, que aportan detalles al respecto. El servicio médico se prestó en la Clínica Virgen del Consuelo, de Valencia. El hospital y el reputado profesional «emitieron la correspondiente factura contra la mutua por dicha intervención». - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 3

12 Así consta, advierten en la denuncia, en «el sistema informático de Umivale», pero ese servicio es de los que figuran como «proceso no visible», en el argot de Umivale, citado en el escrito elevado al juzgado a través de la Udef. Según los impulsores de la denuncia, las asistencias sanitarias por motivos distintos al laboral, que generan facturas externas, se «camuflan» en un epígrafe etiquetado como «Indivan o Indivas». El también presidente del consejo autonómico de Cámaras guardó silencio al ser preguntado por este diario sobre si se había pagado con dinero de la Seguridad Social una intervención de cirugía plástica. En esa práctica presuntamente irregular de travestir como servicios médicos por enfermedades laborales o accidentes lo que son meras contingencias comunes, se detallan supuestos «fraudes» masivos en la asistencia a las plantillas de dos grandes empresas desde las delegaciones de Umivale en Gandia y Dénia. «El 80% de los casos» de empleados de esas conocidas firmas que acudían a las consultas de la mutua lo hacían por «enfermedades comunes», según sostienen los denunciantes. «Se trata de procesos registrados pero no visibles a los ojos de la auditoría de la Seguridad Social», advierten en la denuncia. En el escrito presentado ante la policía judicial se alerta de que, a partir de enero de 2011, «se cambió el epígrafe por el de otros deudores para clasificar aquellos procesos que deberían ser invisibles». Fuente: LEVANTE-EMV (VALENCIA) 19/03/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 3

13 POR COMPETENCIA DESLEAL Bruselas investiga 100 millones de presuntas ayudas ilegales del Estado a las mutuas La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante distorsión en el ámbito de la competencia, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia. Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros. Sentencia del Tribunal Supremo Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas". - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 2

14 Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente". Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y La Federación Aspara calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y que en algunos casos están recogidas en sus balances. Si añadimos esto podríamos estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades de cálculo podrían superar los 100 millones de euros, señala Agustín Azparren, socio internacional de Martínez-Echevarría Abogados en declaraciones a El Confidencial. Una provisionalidad de 16 años Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. Dieciséis años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención, explica Azparren. Fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que las sociedades de prevención viven de las mutuas, aunque casi todas están en números rojos, reconocen estas fuentes, tras recordar que de aquí al 31 de diciembre tendrán que dejar de ser propiedad de las mutuas. Se prevé que en algunas de esas sociedades pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa. Otras buscan compradores para minimizar la previsible pérdida de puestos de trabajo. Fuente: EL CONFIDENCIAL (MADRID) 27/03/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 2

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