Caso- Juicio verbal nº 2.Hora:16:30-18:00 h Aula 2. Fecha 4 de Mayo de SECRETARIA JUDICIAL.-Laura Casañas Villalba

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1 Caso- Juicio verbal nº 2.Hora:16:30-18:00 h Aula 2. Fecha 4 de Mayo de PROFESOR/A Sra. AMELIA MATEO GRUPO 5.- JUEZ- Eva Mª Campos Ruiz SECRETARIA JUDICIAL.-Laura Casañas Villalba ESCUELAS DE PRÁCTICAS JURIDICAS INTERVINIENTES: ACTORA-Barcelona DEMANDADA- Barcelona Juzgado de Primera Instancia nºxx de Alicante AUTOS: Juicio Verbal 2/2011 SENTENCIA En Alicante, a 7 de Mayo de dos mil once. Vistos por mí, Juez del Juzgado de Primera Instancia núm.xx de Alicante, los autos núm. 2/2011 sobre juicio verbal a instancia de la entidad mercantil El Buen Dormir S.L, representada por el Procurador de los Tribunales D. José García Fernández contra D. Marcelo Martínez Salvador. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el procurador D José García Fernández, en la representación indicada interpuso demanda de juicio verbal, en la que se solicita, tras las alegaciones de hecho y fundamentos de derecho oportunos, que se dictara sentencia, y se condenase al demandado, D. Marcelo Martínez Salvador al pago de la cantidad de mil seiscientos ochenta euros más los intereses legales correspondientes y las costas procesales, en concepto del incumplimiento del contrato de compraventa celebrado con la entidad mercantil EL BUEN DORMIR,S.L.. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se convoca a las distintas partes procesales a la celebración de la vista, que se desarrolló el día cuatro de mayo de dos mil once. TERCERO.- Decretada la apertura de la vista, comparece la parte actora ratificándose en su demanda y solicitando el pleito a prueba y en el mismo acto, comparece la parte demandada alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hecho y los fundamentos de derecho aplicables al caso, solicitando el pleito a 1

2 prueba, y la completa desestimación de la demanda con la expresa imposición en costas a la parte actora. CUARTO.- En la fase probatoria, la parte actora propone el interrogatorio de la parte demandada, la prueba testifical de Dña. Cristina Málaga del Peral, empleada en atención al cliente de la entidad mercantil El Buen Dormir SL, quien atendió la llamada de D. Marcelo Martínez; y la prueba documental el contrato de compraventa, el albarán de entrega de las mercancías, certificado en el que consta los cuatro únicos pagos realizados, así como los euros adeudados por D. Marcelo Martínez y certificado del burofax reclamándole la cantidad adeudada anteriormente mencionada. La parte demandada solicita como prueba el interrogatorio de la parte actora así como que se tengan por reproducidos los documentos de la demanda y la testifical de D. Andrés Bernaus Vicentet, compañero de trabajo del demandado, quién pudo oír la conversación entre el vendedor y D. Marcelo Martínez. Practicada la prueba presentada y admitida, los autos quedaron vistos para sentencia. QUINTO--En la tramitación de estos autos se observaron todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La demanda que motiva los presentes autos, tiene por objeto la reclamación de la cantidad de euros, por el contrato de compraventa celebrado fuera de establecimiento mercantil, el 2 de enero de 2007 con D. Marcelo Martínez Salvador, por un precio concertado de euros, entregando éste 500 euros a cuenta, así como procediendo al pago de las cuatro primeras cuotas de 80 euros cada una, quedando pendiente de pago el resto. Con fecha de 7 de julio de 2008 la entidad mercantil le remite a D. Marcelo, un burofax, reclamándole la cantidad adeudada de euros, apercibiéndole que en caso de no proceder a su pago, se verá obligada a demandarle judicialmente. Frente a dicha pretensión D. Marcelo Martínez contesta a la demanda, alegando que no existe incumplimiento por su parte sino por la parte contraria, ya que ésta le informó verbalmente que en el caso que las mercancías no fueran correctas, dispondrá de un plazo de siete días o más para su devolución, cosa que hizo el demandado. La contestación de la entidad fue, que no podía efectuar ninguna reclamación por haber trascurrido los siete días para ejercitar su derecho de revocación, momento que éste decidió dar orden a su banco de no pasar el cobro de más recibos de dicha entidad. Solicitando, el desistimiento de la demanda y la condena en costas a la parte actora, alegando la nulidad del contrato por la falta de información debida en cuanto a la forma y circunstancias para ejercitar el derecho de revocación, y la no entrega del documento de revocación por parte de la mercantil EL BUEN DORMIR SL. 2

3 SEGUNDO.- De las alegaciones de ambas partes en la fase expositiva de este pleito así como de la documental obrante en autos queda constancia de los siguientes hechos: - En fecha 2 de Enero de 2007 el hoy demandado suscribe con la entidad mercantil El Buen Dormir S.L contrato de compraventa fuera de establecimiento mercantil respecto de una Promoción Especial de colchón, dos almohadas y edredón, por un importe total de euros, entregando a cuenta 500 euros, y del precio restante se acuerda pagarlo en 25 cuotas mensuales con un importe de 80 euros cada una (Documento nº 1 de la demanda). - La entrega de la mercancía, se verifica el 8 de Enero de 2007 (Documento nº 2 de la demanda). - No consta documentado, pero si acreditado por la testifical de la empleada en atención al cliente, que D. Marcelo Martínez, llamó para la devolución de la mercancía una vez transcurridos los siete días desde su recepción, momento que D. Marcelo tiene conocimiento que una vez transcurrido el plazo anteriormente citado ya no puede ejercer su derecho de revocación. -Acreditada la deuda de euros (Documento nº 3 de la demanda). -Acreditado el burofax, con fecha de 7 de julio de 2008, a D. Marcelo de la reclamación de la cantidad adeudada. (Documento nº 4 de la demanda). TERCERO.- la controversia del caso, gira en torno a si estamos ante un supuesto de nulidad radical o por el contrario de anulabilidad en base a dos cuestiones: - La primera, en cuanto a la entrega del documento si efectivamente tuvo lugar y - -La segunda, si el documento reúne los requisitos legales. Para ello es necesario determinar cual es el marco jurídico aplicable, en materia de protección de los consumidores, siendo significativo que se han promulgado toda una serie de normas con el fin de incorporar al Derecho español las disposiciones contenidas en las Directivas comunitarias sobre esta materia, su finalidad es la de garantizar una eficaz protección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios y tal normativa vino a modificar el régimen de obligaciones y contratos regulado tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Así, en este sentido, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su art. 1.2 da un concepto de consumidores y usuarios estableciendo que, "a los efectos de esta ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden", excluyendo de tal concepto a quienes no se constituyan en destinatarios finales de los bienes y servicios (art 1.3). Asimismo, se le vienen a reconocer unos derechos básicos, tales como el derecho a una información correcta acerca de los productos y servicios suministrados, el derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Estos derechos, según el art.2.2 de la ley, serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o 3

4 servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, declarándose nulos los actos contrarios a dicha ley (art. 2.3 "in fine"). La Ley 26/1991, de 21 de noviembre, de Contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil también recoge un conjunto de medidas de protección de los consumidores que se articulan, básicamente, por un lado, mediante la exigencia formal de la documentación del contrato o de la oferta contractual con la consecuencia obligada de reconocer al consumidor acción para anular los contratos que se celebren obviando dicho requisito y, por otro, mediante el reconocimiento del derecho del consumidor a revocar el consentimiento prestado, medidas todas ellas tendentes a garantizar los derechos de los consumidores por entender que, en los contratos que se celebren fuera del establecimiento del comerciante, concurren circunstancias de iniciativa de éste y de imposibilidad de comparación de la calidad y el precio de la oferta que pueden determinar la existencia de prácticas comerciales abusivas. En el art. 1 y 2 de esta Ley se fijan, respectivamente, el ámbito de aplicación de la ley y los contratos excluidos de su aplicación. En su art. 3 se establecen los requisitos de documentación del contrato y la carga de la prueba se le impone al empresario respecto de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere dicho precepto. Sentada así la base fáctica del supuesto que nos ocupa, resulta indudable el sometimiento de la relación contractual litigiosa a lo dispuesto en la Ley 26/91 de 21 de Noviembre sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Dicho cuerpo legal, en su art. 3, es taxativo en cuanto a los requisitos de documentación del contrato. En cuanto al ejercicio del derecho de revocación, el art. 5 de Ley 26/91 de 21 de Noviembre, establece que el consumidor podrá revocar su declaración de voluntad sin necesidad de alegar causa alguna, hasta pasados siete días contados desde la recepción, para determinar la observancia del plazo, se tendrá en cuenta la fecha de emisión de la declaración de revocación, que no está sujeta a forma, en todo caso se considerará válidamente realizada cuando se lleve a cabo mediante el envío del documento de revocación o mediante la devolución de las mercancías recibidas, correspondiendo al consumidor probar que ha ejercitado su derecho de revocación. Una vez fijado el marco jurídico, ello nos lleva a entrar en el análisis del contrato de compraventa fuera de establecimiento mercantil entre la entidad mercantil EL BUEN DORMIR SL. y D. Marcelo Martínez. En el acto de la vista se practicó el interrogatorio del representante legal de la mercantil El Buen Dormir SL, quien afirmó haberse entregado el documento de revocación, pero a la pregunta de si la política de su empresa es incluir el documento de revocación como cláusula en el mismo contrato ó por el contrarío como documento independiente, no supo contestar con claridad. En consecuencia, realizando la valoración conjunta del interrogatorio del representante de la mercantil y examinando dicho contrato (Documento nº 1 de la demanda), la cláusula relativa al derecho de revocación del consentimiento otorgado por el consumidor, no se adecua a las disposiciones imperativas reguladas en el artículo 3 de la citada Ley ni al artículo 4 de la Directiva 85/577/CEE del consejo, de 20 diciembre 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de estos contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, precepto que exige que el comerciante informe por escrito al consumidor sobre su derecho a rescindir el contrato durante los plazos definidos 4

5 en el artículo 5, así como sobre el nombre y dirección de una persona con respecto a la cual pueda ejercer dicho derecho. Según, el artículo 3 de la Ley sobre contratos fuera de establecimiento mercantil, el documento contractual debe contener una referencia clara y precisa al derecho del consumidor, en caracteres destacados e inmediatamente encima del lugar reservado para su firma, a revocar el consentimiento otorgado, y a los requisitos y consecuencias de su ejercicio. En el presente caso, la referencia no se expresó en caracteres destacados, sino de manera que en modo alguno queda realzada su constancia. Además, hemos de añadir que, aunque la cláusula en cuestión alude al documento de revocación, el incumplimiento de los requisitos formales aludidos en defensa del consumidor hace que no podamos considerar acreditado que él vendedor, entregara el documento de revocación a que se refiere el artículo 3.3 de la Ley 26/1991, máxime cuando en autos no consta una copia del documento de revocación a los efectos de comprobar si cumplía los requisitos exigidos en el apartado 3 del repetido artículo 3 (la mención documento de revocación'', el nombre y dirección de la persona a que ha de enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes ). La última cuestión a tratar sería el plazo de ejercicio del derecho de revocación. En este sentido se procedió al interrogatorio de Dº Andrés Bernaus Vicentet, declarando ser amigo del demandado, teniendo este dato en cuenta a la hora de valorar se declaración. Según D. Andrés estuvo presente en el momento de la venta, afirmando que D. Marcelo sólo fue informado por el vendedor, que incluso pasados los siete días desde la recepción de la mercancía podría ejercitar su derecho de revocación. La testifical de la parte actora, Dña. Cristina Málaga del Peral, empleada destinada a la sección de atención al cliente de la empresa mercantil, declaró que efectivamente D. Marcelo Martínez, llamó a la empresa una vez trascurridos los siete días desde la recepción de las mercancías, para su revocación, no pudiendo ser atendida por haber trascurrido el plazo anteriormente indicado. Para tratar esta cuestión es necesario acudir a la documentación aportada en juicio y las disposiciones de.la propia ley, esta señala en el artículo 5- que el plazo son siete días contados desde la recepción de la mercancía, dicho plazo, no puede ser tenido en cuenta por la falta de información veraz sobre este derecho, porque no se le puede exigir a el consumidor el cumplimiento de este plazo sin haber cumplido el empresario las obligaciones marcadas por la ley según el artículo 3 de la Ley de compraventa fuera de establecimiento mercantil, cuestión que hubiera sido subsanada por la aportación del documento de revocación, que la demandante no hizo. En consecuencia, el contrato del que nace el crédito reclamado por la actora goza de defecto formal constitutivo de vicio de nulidad lo que hace inoperante la efectividad del mismo así como su reclamación. CUARTO-.-En materia de costas es de aplicación el criterio señalado en el art.394 LEC. Por lo que y a la vista del contenido de la presente resolución, éstas se imponen, a la entidad mercantil EL BUEN DORMIR SL, porque según el art de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procesos declarativos las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. 5

6 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación FALLO Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la empresa mercantil El Buen Dormir, S.L contra D. Marcelo Martínez Salvador. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación previa consignación del depósito legalmente previsto y para su resolución por la Audiencia Provincial.(Disposición Adicional 15ªLOPJ) Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 6

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