Por la convivencia democrática

Transcripción

1 Por la convivencia democrática 11

2 12 POR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA España conoce hoy día proyectos inconstitucionales que pretenden cambios sustanciales en el modelo de Estado y la secesión de alguna de sus nacionalidades y regiones. En respuesta a cualquier alegato a favor de dichos proyectos o ante cualquier interés por su naturaleza (en un encuentro oficial o informal, seminario, pregunta de medios de comunicación, etc. ), es preciso seguir las siguientes líneas de argumentación. I. Diálogo El gobierno entiende que las diferencias políticas se resuelven mediante el diálogo, un diálogo que no tiene fecha de caducidad. El diálogo y la búsqueda del acuerdo son la columna vertebral de la democracia. II. Por el Estado de Derecho y la lealtad institucional Ese diálogo debe ejercerse: Con respeto al marco jurídico común: esa es la voluntad de cualquier Estado de Derecho. Nuestra Constitución establece que la nación es indivisible: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y, así, lo que hemos decidido en democracia plena, debemos tratarlo en democracia plena y no en una democracia deficitaria. Cuanto mayor sea el derecho a la participación, mayor será el imperio de la ley. Dicha Constitución no es un ídolo ni un arcano que adoramos supersticiosamente, sino que encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos: la ratificación popular de la Constitución española por referéndum alcanzó el 92% de los sufragios en Cataluña. No podemos actuar de manera desleal, esto es, en desacuerdo con la ley, comprometiendo la aspiración de concordia y la palabra dada por la inmensa mayoría de los catalanes. Solo existe un no rotundo de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales en España y es ante la pregunta realmente somos tan distintos que no podemos seguir encontrando libre y democráticamente nada en común con el resto de los españoles?. Esa mayoría dijo resuelta y confiadamente no a esa pregunta hace 35 años y vuelve a reafirmarse en ello hoy día, ante quienes, como los separatistas, responden sí, somos tan distintos que no podemos encontrar libre y democráticamente un espacio en común. El Derecho comparado, al estudiar el Derecho Constitucional de otros Estados, incluso los federales, prueba que ese principio es común a la generalidad de las Constituciones vigentes. En efecto, la norma que rige la vida política de los españoles es análoga a las normas que rigen la vida política de cualquier país del mundo.

3 13 Una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial en el modelo de Estado ha de ser el producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y de acuerdo con los procedimientos previstos en la propia Constitución. Nadie niega la posibilidad de que todos nos demos otras pautas constitucionales: solo algunos nacionalistas y los separatistas lo niegan, pues niegan ese derecho al conjunto de los ciudadanos, exigiendo que solo unos puedan ejercerlo. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, no solo una parte. El concepto de principio democrático se vale de un adjetivo, democrático, para presentarse como inatacable. Lo cierto es que la democracia es, esencialmente, diálogo, pacto, acuerdo. Cuando se propone una acción política unilateral que lo que persigue es el fin del pacto, del acuerdo, en resumen, de la convivencia, es impropio hablar de un principio democrático. Con respeto al Derecho Internacional Si el respeto a la Constitución es el respeto a la voluntad de concordia y de pacto, el respeto al Derecho Internacional es también el respeto a un Derecho de la comunidad mundial, a un Derecho que se elabora al servicio de la humanidad. Uno y otro Derecho, el Interno y el Internacional, tienen como fin último la persona y de esa atención primordial a la dignidad humana, que es la que debe guiar también a todo gobierno, deriva su justificación moral y política. La lealtad hacia los ciudadanos nos obliga, así, a recordar cómo ese bien superior de la unidad nacional se preserva también por el Derecho Internacional contemporáneo, que se fundamenta en el principio de la obligación de respeto a la integridad territorial de los Estados soberanos existentes, y cómo las circunstancias precisas en que el Derecho Internacional reconoce el derecho de autodeterminación no son de aplicación a España, como no lo son a tantos otros Estados democráticos que conocen movimientos separatistas. Con lealtad institucional, otro principio análogo al de cualquier nación democrática III. Interés general El objetivo del Gobierno es atender al interés general de los españoles y, por ello, de todos los catalanes. 1. Ese interés general es el que debe presidir la negociación de un modelo mejor de financiación, algo que reclaman muchas autonomías. Ello es un elemento importante, pero uno más, del debate diario en que consiste la vida pública de cualquier nación o en que consiste el proceso de construcción, por ejemplo, de la Unión Europea.

4 14 POR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Cuál es la financiación de las comunidades autónomas? La que se recoge en una Ley aprobada por el Parlamento, previa negociación con todas las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, el sistema de financiación ha contado siempre con la conformidad del Gobierno catalán, y el actualmente en vigor se diseñó con especial atención a los intereses de esta comunidad autónoma. Al debatir sobre el saldo de la balanza fiscal de Cataluña hay que partir de la base de que el propio concepto de balanza fiscal es discutible: los territorios no pagan impuestos, son los ciudadanos los que los pagan. No existe un único método de cálculo de la balanza fiscal, sino varios, todos ellos igualmente válidos y los resultados varían enormemente según el método elegido: Así, para Cataluña, para el año 2010, el resultado varía entre un déficit de M y uno de sólo 774 M. Por otra parte los saldos fiscales varían de un año a otro. En los años de prosperidad, con ingresos fiscales altos, las regiones más ricas, como Madrid y Cataluña, tienen un déficit fiscal más alto. En los años de crisis, lo tienen menor o, incluso, puede convertirse en superávit fiscal (como ocurrió en Cataluña en 2009). Si se toma la media de los cinco años , la balanza fiscal catalana arrojaría un déficit medio de millones de euros. En conclusión, no cabe admitir que existe un expolio fiscal, salvo que se admitan cálculos que resultan poco fiables; existe una contribución a la solidaridad, prevista en la Constitución y que afecta a muchas otras comunidades autónomas. Toda comunidad autónoma es responsable, en un grado cada vez mayor, de su gestión económica. Justamente porque cuentan con un grado importante de autogobierno, los resultados económicos de unas y otras comunidades autónomas difieren sensiblemente, incluso entre aquellas que son análogas en términos de balanza fiscal. Estas explicaciones en ningún caso impugnan el hecho de que, desde la puesta en marcha del sistema de financiación autonómico hace varias décadas, Cataluña contribuye solidariamente al equilibrio territorial de España. De todos estos datos, es lícito concluir: que el modelo de financiación es fruto del pacto, que no existe por tanto una discriminación ejercida sobre Cataluña -pues lo ha respaldado año tras año-, que varias comunidades autónomas se sienten así mismo desatendidas o agraviadas fiscalmente por el Estado, que ello es prueba de que ninguna está singularmente discriminada y es prueba también de que el Estado ejerce sanamente el papel de punto de coincidencia de los intereses nacionales. Pretender, sobre estos precedentes, que la única solución es poner fin a ese debate, malograr la vida en común, promoviendo el proyecto de romper con el otro, es una regresión política y económica.

5 15 Pero es esencialmente un retroceso moral, pues reniega de un esfuerzo ejemplar y de valor universal, aquel por el que una parte de la sociedad (nacional, europea, internacional) desea contribuir al bienestar de quienes no logran conseguirlo por sí mismos. Recordemos que la base ética de ese resorte solidario consiste en considerar al destinatario radicalmente un igual, aunque en apuros; en buena lógica, solo es posible poner fin a dicha solidaridad sobre la base de considerar distinto al que la recibe, actitud de claro abandono moral. En resumen, el lema España nos roba no solo es insostenible en términos estrictamente económicos, sino que se vuelve contra los que lo gritan al manchar una trayectoria estimable en términos de solidaridad, en este caso, de la sociedad catalana. 2. Al atender a dicho interés general, el gobierno se reafirma en: su profundo afecto por la sociedad catalana en su conjunto el respeto institucional a la Generalitat de Cataluña y la esperanza de una recíproca lealtad La lealtad hacia los ciudadanos y las instituciones Todo ello nos obliga a plantear los debates políticos, económicos o históricos, con solvencia y probidad intelectual, huyendo de manipulaciones. Por otra parte, esa lealtad convierte en rechazables todas las conductas que buscan la descalificación de España como marco de convivencia y como Estado social y democrático de Derecho y convierte en igualmente rechazables todas aquellas conductas que buscan la descalificación del conciudadano. Es de lamentar que, a la hora de promover ciertos proyectos políticos, algunas instancias públicas en Cataluña y algunos sectores secesionistas actúen con menosprecio de los principios éticos y de conducta que exigen hoy día a sus representantes y a los poderes públicos los ciudadanos. Es preciso preguntarse, ante estas actuaciones, cuyo propósito es la descalificación del Estado social y democrático de Derecho y la descalificación del conciudadano, por qué se violentan los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad, responsabilidad o lealtad institucional; principios que deben guiar a los poderes y representantes públicos; tenemos que preguntarnos si esas actitudes respetan o no la ética de las instituciones; es necesario examinar, en fin, hasta qué grado se apartan tales comportamientos de la búsqueda del bien común, por qué se infringen los principios de respeto a los individuos y al conjunto de los ciudadanos, que nos obligan a todos. Al ser esta una verdad patente -la de la plenitud democrática del Estado de Derecho en Españaciertos secesionistas necesitan negarla, intentando presentar fraudulentamente como realidad la ficción de un Estado totalitario y colonizador. Solo si consiguen ser vistos como víctimas de la violencia y la colonización intuyen los secesionistas- lograrán la solidaridad de los demás. España ha conseguido proyectar la imagen de un país políticamente estable, jurídicamente seguro, abierto al mundo y firmemente comprometido con los valores fundamentales que inspi-

6 16 POR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA ran las relaciones pacíficas dentro de la comunidad internacional, muy en especial, los valores relativos a la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo. Esos fines y esos medios nos dignifican a todos los españoles y, por ello, a todos los catalanes: y de ese camino no nos separarán los separadores, por muy degradantes que sean sus medios. IV. Qué desarrollos se derivan de estos principios y objetivos? 1) El Gobierno está convencido de que juntos ganamos todos y separados todos perdemos 2) Juntos, todos ganamos: Porque nuestra historia demuestra que la convivencia democrática ha otorgado a los españoles el periodo más fecundo y duradero de libertad, justicia, solidaridad, dignidad humana y bienestar. Es obligado reivindicar los beneficios de la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, como es voluntad de cualquier Estado de Derecho en el mundo. Porque mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 es garantía de progreso y de vida en libertad. Es la Constitución de las libertades y la concordia, la de España como un Estado social y democrático de Derecho, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Esa Carta Magna fue el fruto de la llamada transición española, un momento extraordinario de tensión moral que arrancó lo mejor de los españoles, un modelo de comportamiento que ha inspirado y sigue inspirando los procesos de transición en varios continentes. En resumen, el pacto constitucional, obra de todos y para todos, permitió sellar la reconciliación y fue el triunfo de la concordia y de la integración. Ese espíritu ha sido el fundamento de la modernización y transformación de España en las últimas décadas. En este contexto, tiene hoy día especial virulencia el separatismo y la pregunta natural que se hace mucha gente es: Cómo es posible defender una separación que entraña la extinción de esta vida en común y el fin de ese triunfo histórico de la concordia? Porque esa misma historia nos enseña las consecuencias graves de cualquier proyecto político que se base en la voluntad de no convivir: España es una de las más viejas naciones del mundo y su realidad histórica, como la de tantas naciones, es un proceso secular complejo de aciertos y de errores, de vacilaciones y utopías, pero también de ilusiones, de pautas comunes de vida, de deseos y de recuerdos comunes. Como en tantos países, España ha sufrido la terrible experiencia de la guerra civil y de regímenes autoritarios. En ese pasado complejo, la articulación de la pluralidad y diversidad territorial de España ha sido motivo corriente de discordia y distanciamiento. Esta su-

7 17 cesión de conflictos y acuerdos, de retrocesos y progresos en la lucha por la libertad, el bienestar y la paz son intercambiables con los de cualquier otra historia nacional. No hay continente ni región en el mundo que no conozca problemas de crisis internas, de integración y de convivencia. Los españoles, conscientes de ese pasado, decidieron restablecer la libertad y la democracia y aprobaron por amplia mayoría la Constitución de 1978, fruto del más amplio consenso alcanzado nunca entre españoles. Porque nuestra Constitución, en su preámbulo, proclama la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Las Comunidades autónomas, en número de 17, nacen a partir del reconocimiento de la autonomía por parte de la Constitución. Sus Estatutos concretan el ejercicio del derecho al autogobierno y actúan como instrumento normativo fundacional de la Comunidad Autónoma. Cataluña cuenta con un poder legislativo y ejecutivo propios, ejercidos sobre un número amplísimo de competencias. Porque el derecho de autogobierno que consagra el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha tenido como consecuencia que Cataluña haya logrado el reconocimiento de su vocación de autogobierno y de su personalidad, que tiene en la lengua y cultura catalanas uno de sus rasgos más acusados; y ha tenido como resultado que nunca Cataluña, en su historia democrática, haya alcanzado mayor grado de autogobierno en todos los ámbitos, político, económico y cultural, y que nunca hayan gozado la lengua y la cultura catalanas de una vitalidad, de una extensión educativa, magnitud de hablantes, respaldo político, institucional y jurídico, y recursos presupuestarios tan amplios como desde el día en que, en virtud de la Constitución y el Estatuto, Cataluña recuperó plena y definitivamente sus instituciones de autogobierno. Porque sabemos que toda esta realidad asumida por el conjunto de la sociedad en España deriva precisamente de la Constitución común. Porque tenemos derecho a reformarlo todo, menos el bien común de nuestra convivencia plural y libre. Porque todos somos conscientes de que, en cualquier periodo de la historia de España, de la historia de Cataluña, siempre ha existido -y existirá- una opción estrictamente catalana por la concordia y la convivencia, opción preferida mayoritariamente por los hombres y mujeres de Cataluña. Aunque Cataluña nunca ha sido un reino independiente, sí la distingue una voluntad de ser, que ha resultado siempre compatible con la idea de España. El conjunto de España, a partir de la transición, ha cumplido un trabajo de progreso moral, hecho de compromisos y renuncias, de voluntad de concordia, que ha confinado a la marginalidad la voluntad contraria, la de no convivir. Y en ese logro participó resueltamente Cataluña. La España verdaderamente plural, la que hemos querido entre todos, es aquella construida sobre una convicción: que el florecimiento humano y social exige, para ser fecundo, la diversidad. Y esta certeza debe mucho a la pedagogía hecha por espíritus catalanes. El independentismo recurre a una genealogía histórica que debilita su reivindicación: si fuera cierto que desde hace varios siglos existen actitudes separatistas que buscan la división y la secesión, la mayoría de los catalanes ha optado, siempre, por la concordia y la convivencia. Esa

8 18 POR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA opción por la convivencia significa que, sin salir de Cataluña, uno puede transitar por todas sus vertientes, la económica, la cultural, la política, la religiosa, la periodística, encontrándose con que mayoritariamente han rechazado dar la espalda al resto de los españoles. Porque el ejercicio del pretendido derecho a decidir esconde un retroceso político y de ética cívica. La pregunta de ese supuesto derecho se plantea así: qué quiero ser? o qué quiero hacer? Pero esa no es la pregunta que exige la altura moral de nuestro tiempo, la pregunta que reclama nuestro pasado y nuestro presente, sino qué quiero construir conjuntamente contigo? Si respondemos a esta pregunta: Nada, no quiero construir nada contigo, la pregunta del llamado derecho a decidir es superflua, porque ha triunfado ya la voluntad de no convivir. En verdad, lo que proclama es: no me interesa ninguna opción de vivir juntos. Por eso, solo es legítimo responder primero a lo que va primero, responder primero sobre qué opciones preferimos para nuestra convivencia democrática, no sobre su fin irreversible. Porque, entonces, el llamado derecho a decidir no es una iniciativa más en el marco de nuestra búsqueda común del bien público, sino que rompe la secuencia histórica y significa el derecho a decidir una sola cosa: la voluntad de no convivir. El propósito de romper con el otro constituye una regresión ética, política e histórica, en cualquier sociedad democrática del mundo, que traiciona, en este caso, lo mejor que Cataluña, y también el conjunto de España, pensó y sintió históricamente y especialmente durante los años más fecundos de la transición. Porque nuestra coincidencia no excluye la discrepancia. Porque mientras que cualquier proyecto político partidario de la convivencia, de la concordia, cuenta con toda la ciudadanía, la opción por la secesión es la única que excluye a unos. Porque no existen valores sociales en que fundamentar que es preferible acabar con la primacía de la concordia, del diálogo y de la palabra, que es preferible excluir a acoger. 3) El gobierno está persuadido de que separados todos perdemos, porque romper los vínculos tiene consecuencias perjudiciales para todos. La vocación europeísta de Cataluña se vería truncada; el ordenamiento jurídico de la Unión Europea resulta explícito, claro y contundente respecto de una declaración unilateral de independencia, como lo señala Bruselas: la independencia entraña la salida de la Unión Europea. Junto a las disposiciones de orden jurídico, es legítimo señalar que una secesión es contraria al espíritu político que anima el proyecto de construcción europea: cómo puede optar a un proyecto de unión y solidaridad -el proyecto europeo- quien quiere romper con otro proyecto de unión y solidaridad mucho más antiguo y efectivo? Pero pierden también los ideales europeos, que son la unidad, la solidaridad y la armonía entre sus pueblos (Preámbulo del Tratado de la Unión Europea - TUE) y pierde

9 19 su proyecto de creación de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa (Art. 1 TUE) Porque la voluntad de no convivir, de cancelar una comunidad de afectos, pues eso significa primordialmente todo proyecto separatista en el mundo libre, entraña una regresión histórica, política, socio-económica, cultural y ética que no puede ser premiada por respeto a los ideales europeos. Porque el separatismo no plantea opciones de convivencia. Y de ahí la angustia de muchos catalanes, ante un horizonte donde no se invita a los ciudadanos a elegir entre opciones de vida política (izquierda, centro, derecha), sino a votar por la extinción de esa misma vida en común. Porque nunca, desde la recuperación de las libertades, la sociedad catalana había vivido episodios de desgarro, fractura social y riesgo de enfrentamiento como hoy. El gobierno y las principales fuerzas políticas y sociales defienden su opción mejor para la vida española: la de seguir juntos. Porque si en casos supremos de realización de una vida democrática y libre el Reino Unido o Canadá- se da el fenómeno de las fuerzas disgregadoras, ello significa, matemáticamente, que la causa primera de los movimientos que propugnan una separación, en el mundo libre, no es una causa que tenga que ver con el perfeccionamiento de nuestro modelo de convivencia. Es creíble que tales Estados carezcan de las suficientes garantías democráticas como para que cualquiera de sus partes se vea obligada a buscar en la separación más democracia? El proyecto separatista no presenta opciones de convivencia sobre las que decidir; el llamado derecho a decidir es un derecho que deroga algo compartido, en este caso, una vida en común. Porque la independencia entraña un empobrecimiento económico seguro: la ruptura del mercado crearía un obstáculo a la libre circulación de bienes y capitales ; el nuevo Estado deberá pagar aranceles a la hora tanto de vender en la España amputada como a cualquiera de los restantes países de la UE; ello produciría una caída de las exportaciones catalanas y del PIB de Cataluña; la refinanciación y pago de la deuda de Cataluña de más de millones de euros- sería inabordable, salvo con medidas que ocasionarían enormes contribuciones fiscales de la población; las empresas de una Cataluña independiente no se beneficiarían de un sistema financiero de primera magnitud; y se producirían deslocalizaciones y pérdida de capital humano. Porque la opción separatista provoca el desconcierto y consternación del conjunto de la sociedad española, incluida gran parte de la catalana. En efecto, la sociedad española en su conjunto se siente desconcertada, pues entiende que toda ella, con la participación determinante de la sociedad catalana, ha triunfado resueltamente en el proyecto histórico de lograr una convivencia libre y democrática, ha triunfado en su aspiración de construir un modelo de Estado que protege a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, con las imperfecciones propias de toda obra política. Se siente consternada, pues esa vida española considera, ante cualquier desacuerdo, que sigue vigente en su integridad el espíritu de concordia que dio origen a ese nuevo modelo de Estado. Se siente

10 20 POR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA perturbada al oír cómo cierto separatismo descalifica radicalmente tanto ese Estado social y democrático de Derecho como a los propios conciudadanos, facilitando así la fractura y desgarro social. Porque la opción del separatismo es solo una entre otras muchas opciones políticas posibles, pero es la única que no tiene el menor deseo de aceptar ninguna opción de vida en común, cegando así la mejor disposición al diálogo del conjunto de la sociedad española. Porque no existe emancipación ninguna en considerar, a estas alturas del siglo XXI, como hacen los separatistas, que el hecho de convertir en extranjero al conciudadano es la solución para su bienestar. Porque la sociedad española confía plenamente en la conciencia cívica de la vida catalana, que siempre ha preferido mayoritariamente la voluntad de concordia a la voluntad de no convivir. V. Por todo ello, el gobierno, pero todos también, entiende que hemos de trabajar en el fortalecimiento de esos lazos y huir de enfrentamientos

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13 23 Anexo Este anexo se divide en nueve capítulos que, si bien mantienen una coherencia plena, pueden leerse en cualquier orden e incluso independientemente unos de otros. Precisamente por ello, algunas consideraciones, así como ciertas citas textuales de declaraciones o publicaciones, se repiten en más de un capítulo, dotándoles a cada uno de sentido completo.