ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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1 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL X CONGRESO EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Sevilla, España 21 al 23 Septiembre de 2011 CARENCIA DE RENTAS Y SUBSIDIO POR DESEMPLEO Ponencia a la que se adscribe LA PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE AL DESEMPLEO Icíar Alzaga Ruiz Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Nacional de Educación a Distancia España 1

2 RESUMEN Este estudio presenta un análisis de los problemas de la delimitación del desempleo como situación protegida en el nivel asistencial. Se adentra en los problemas prácticos que el requisito de la carencia de rentas ha planteado, al hilo de la evolución normativa reciente y de la doctrina judicial, tanto en suplicación, como en unificación de doctrina. SUMARIO 1) Planteamiento de la cuestión 2) Concepto de rentas o ingresos computables 3) Reglas adicionales en la determinación de la insuficiencia de rentas 4) Conclusiones personales 2

3 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: El requisito de la carencia de rentas se configura como un control adicional de la existencia de un estado de necesidad del solicitante, quien no sólo habrá de acreditar la pérdida de ingresos profesionales propia de la pérdida de su empleo, sino también la falta de otros recursos y, en concreto, estar por debajo del umbral mínimo de subsistencia tomado en consideración. La carencia de rentas se configura como el requisito más característico del subsidio de desempleo: permite constatar la existencia de una situación real de necesidad del solicitante, que se pretende subvenir o remediar 1. Con anterioridad a la reforma llevada a cabo por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, la Ley General de Seguridad Social hacía referencia a las rentas de cualquier naturaleza. Tras la reforma, el art. 215 LGSS, el legislador apuesta por superar la doctrina unificada del Tribunal Supremo que había interpretado el concepto de rentas en un sentido civil estricto 2 y exige que el solicitante carezca de rentas de cualquier naturaleza 3 superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, entendiendo por rentas cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que disponga o pueda disponer el desempleado derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social. También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 % del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente. 1 STS de 1 de julio de 1994 (Ar. 6327). 2 LUJÁN ALCARAZ, J.: El subsidio por desempleo y la colocación adecuada, en AA. VV.: Empleo, despido y desempleo tras las reformas de Análisis de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, Coord. A. V. Sempere Navarro, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág La expresión genérica de rentas de cualquier naturaleza responde a la necesidad de incluir no sólo las procedentes del trabajo asalariado o rendimientos de capital, sino también cualquier otra. Al respecto, STS de 28 de julio de 1995 (Ar. 6349). 3

4 La insuficiencia de rentas ha de concurrir en el momento del hecho causante y asimismo, en el momento de solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y durante la percepción de todas sus modalidades 4. De esta forma, cuando la situación originaria se altera, quiebra el presupuesto para el mantenimiento del subsidio 5. Se considera fecha del hecho causante aquélla en que se cumpla el plazo de espera de un mes, o se produzca la situación legal de desempleo, o la del agotamiento del derecho semestral o la de la finalización de la causa de suspensión 6. La amplitud del concepto legal provocó ciertos problemas interpretativos y obligó a los Tribunales a concretar el concepto de rentas. Tres fueron las cuestiones que suscitaron mayor debate doctrinal y jurisprudencial: a) Cómo se computan las rentas; b) En qué momento ha de apreciarse la insuficiencia de rentas; y, c) Cómo se concreta el límite en el cómputo de las rentas. Y, en concreto, se planteaban, entre otras, las siguientes preguntas: A los efectos de cumplir con el requisito de insuficiencias de rentas para percibir el subsidio por desempleo han de tomarse en consideración las rentas brutas o las rentas netas del solicitante? Las plusvalías obtenidas por la venta de acciones o activos mobiliarios tienen la consideración de rentas a los efectos de la prestación de desempleo? Y las plusvalías obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles? En caso de separación de hecho de un matrimonio deben seguir computándose los ingresos de ambos cónyuges o sólo de uno de ellos para el cálculo de la renta de la unidad familiar? Vayamos por partes. 2. CONCEPTO DE RENTAS O INGRESOS COMPUTABLES: 4 Art LGSS. 5 Con anterioridad a la reforma llevada a cabo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que estableció que los requisitos de carencia de rentas y de tenencia de responsabilidades familiares habían de concurrir igualmente durante la percepción del subsidio por desempleo, algunos tribunales defendieron que la norma exigía la concurrencia de los requisitos en el momento en el que se devengaba el subsidio y, de acuerdo con la jurisprudencia (entre otras, SSTS de 4 de diciembre de 1995, Ar. 9087, 27 de enero de 1996, Ar. 204 y 28 de mayo de 1996, Ar. 4685), pero no en las fases intermedias. Cfr. STSJ de Andalucía/Málaga de 27 de octubre de 1997 (Ar. 4091). 6 Art LGSS. 4

5 Se consideran rentas o ingresos computables: - Todo bien o derecho de que disponga o pueda disponer derivado del trabajo incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias 7 -, del capital mobiliario, del capital inmobiliario, los importes de cualquier prestación de la Seguridad Social y sus mejoras voluntarias, las pensiones alimenticias propias 8 (aunque no la pensión de alimentos percibida por los descendientes, ni la de orfandad 9 ), los premios en metálico, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas u otros Entes públicos o privados 10. En consecuencia, se consideran computables aquellas cantidades que supongan un incremento efectivo del patrimonio del solicitante, aunque carezcan de naturaleza estrictamente salarial. Las rentas a tener en cuenta han de ser ingresos reales, por lo que se excluyen las cantidades no efectivas 11. Para acreditar las rentas, la entidad gestora puede solicitar al trabajador una declaración de las mismas y, en su caso, la presentación de las declaraciones tributarias realizadas SSTS de 8 de noviembre de 1993 (Ar. 8558), 24 de marzo de 1994 (Ar. 2632) y 28 de julio de 1995 (Ar. 6349). Con anterioridad, algún pronunciamiento aislado había considerado que de las rentas debía descontarse la parte proporcional de las pagas extraordinarias, así la STSJ del País Vasco de 10 de marzo de 1992 (Ar. 1293). Se trata de un añadido introducido por el Real Decreto 625/1985, que no se encontraba en el texto inicial de la Ley 31/1984. La corrección de la fórmula de cálculo introducida por este Real Decreto fue objeto de duras críticas por el distinto tratamiento que se establecía entre la prestación contributiva y el nivel asistencial, en la medida en que en aquélla no opera la exclusión de las pagas extraordinarias. Esta cuestión fue resuelta por el Tribunal Constitucional en su sentencia 150/1994, de 23 de mayo, pronunciamiento en el que el Alto Tribunal negó que la regla establecida en el Real Decreto 625/1985 pudiera considerarse discriminatoria. La razón esgrimida fue sencilla: sólo se establece un módulo objetivo de detección de la situación de necesidad que se trata de subvenir y el impacto que se produce sobre los destinatarios es en atención a las rentas que éstos perciben; criterio difícilmente vinculable a factores discriminatorios. 8 STSJ de Cantabria de 19 de noviembre de 1996 (Ar. 3816). 9 STS de 20 de octubre de 1997 (Ar. 6995) y STSJ de Asturias de 16 de febrero de 1996 (Ar. 282). 10 En extenso, COLLADO GARCÍA, L. y PIQUERAS PIQUERAS, M. C.: El subsidio por desempleo. Un estudio del nivel asistencial de la protección, Trotta, Madrid, 1997, págs. 37 y ss. 11 STSJ de Andalucía/Málaga de 29 de marzo de 1996 (Ar. 525). 12 Es a la entidad gestora y no el beneficiario a quien corresponde legalmente la atribución de reconocer, y mantener en su caso, el derecho a las prestaciones de desempleo (art LGSS), llevando a cabo los cálculos y operaciones interpretativas que lo determinan; complicación y dificultad que se acrecientan seriamente, por cierto, debido al acelerado cambio normativo experimentado en este sector del ordenamiento. El papel del beneficiario se debe limitar a colaborar en la efectividad de la regla de evaluación continua del derecho prevista en el art de la LGSS, proporcionando información inmediata de los cambios de circunstancias económicas, profesionales o familiares que puedan tener relevancia en la decisión de la entidad gestora; una decisión que, por otra parte, habrá de ser revisada de nuevo si sobreviene otro cambio de circunstancias de distinto signo; STS de 29 de octubre de 2003 (Ar. 4094). 5

6 - Por el contrario, no se tendrán en cuenta el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Seguridad Social 13, ni las asignaciones por hijo a cargo 14, ni las dietas 15, ni las compensaciones por los gastos ocasionados al desarrollar el trabajador su prestación de servicios 16, ni los beneficios sociales que no constituyen rentas periódicas y no tienen naturaleza salarial 17. Tampoco ha de ser tenida en consideración la indemnización percibida en los supuestos de extinción del contrato de trabajo, con independencia de que el percibo de dicha cantidad sea único o periódico 18, al tener naturaleza indemnizatoria y no salarial 19. Ahora bien, habrán de ser tenidas en consideración en su exceso, las indemnizaciones por despido que excedan de las cuantías legalmente previstas 20, así como, las rentas o intereses fruto de la inversión financiera de la indemnización por despido 21, en la medida en que 13 STS de 9 de junio de 2009 (Ar. 3123). 14 STS de 20 de octubre de 1997 (Ar. 6995) y STSJ de Asturias de 16 de febrero de 1996 (Ar. 282). 15 No deben computarse el plus de transporte y el de desgaste de herramientas, STS de 29 de octubre de 2001 (Ar. 2377). 16 En relación a la inclusión o no de los complementos extrasalariales, el Tribunal Supremo ha considerado que los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención tienen naturaleza indemnizatoria y, por tanto, extrasalarial, por lo que no han de ser tenidos en consideración a los efectos del cálculo de la renta. Al respecto, STS de 24 de enero de 2003 (Ar. 1479). En detalle, POQUET CATALÁ, R.: Protección por desempleo. El sistema tras las últimas reformas, cit., pág STS de 20 de enero de 2004 (Ar. 1726). 18 En relación al pago atrasado de la indemnización por extinción del contrato, la STS de 18 de septiembre de 1996 (Ar. 6571) afirmó que no han de computarse como rentas las percepciones correspondientes al aplazado de la indemnización debida por extinción del contrato de trabajo, pues éstas no constituyen utilidad o beneficio rendido anualmente por un bien, sino parte integrante de tal indemnización, la cual, en el caso, no se abonó de una sola vez, sino desglosado en los plazos convenidos, constituyendo la suma de sus respectivos importes el total fijado para la misma. Así mismo, STSJ de las Islas Baleares de 31 de enero de 2005 (Ar. 585), STSJ de Cataluña de 1 de febrero de 2007 (Ar. 1950) y STSJ de Cataluña de 10 de marzo de 2008 (Ar. 1239). Cfr. LUJÁN ALCARAZ, J.: El requisito de insuficiencia de rentas en el subsidio por desempleo, AS, nº 5, 2002, págs. 137 y ss. 19 Ello incluye la indemnización que no exceda de veinte días por año de servicio en los supuestos de expedientes de regulación de empleo. Al respecto, STS de 3 de diciembre de 2008 (Ar. 250/2009). El Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de marzo, estableció la incompatibilidad entre el subsidio por desempleo y el percibo de una indemnización por despido, opción que mereció duras críticas por parte de la doctrina científica. Cfr. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: Los elementos asistenciales en la protección por desempleo, RL, nº 4, 2002, pág. 11 y DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: La reforma de la prestación por desempleo en el Real Decreto-Ley 5/2002, en AA. VV.: Comentarios de urgencia a la reforma del sistema de protección por desempleo, Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 56 y ss.. Anteriormente, el art del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, permitía la compatibilidad entre el percibo del subsidio y de la indemnización por despido y esa fue también la postura mantenida por el Tribunal Supremo, entre otras, en sus SSTS de 6 de junio de 1995 (Ar. 4762) y 18 de septiembre de 1996 (Ar. 6571). El concepto de rentas incorporado por la Ley 45/2002 corrigió el exceso en el que había incurrido el Real Decreto-Ley 5/2002, al computar como ingresos del desempleado el importe de la indemnización por extinción del contrato de trabajo, en oposición a la doctrina jurisprudencial mantenida hasta la fecha y a la naturaleza de la institución. 20 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 27 de noviembre de 2006 (Ar. 4073). 21 STSJ de Cataluña de 23 de enero de 1996 (Ar. 868). 6

7 los frutos son distintos del bien que los produce la indemnización- 22 y, al mismo tiempo, se incluyen sin dificultad en el concepto amplio de rentas o ingresos que ofrece el art LGSS. - Con anterioridad a la reforma, la jurisprudencia perfiló los contornos del concepto de renta computable y consideró que no debían incluirse los bienes patrimoniales origen de los rendimientos del solicitante, es decir, sin que pudiera tomarse en consideración el valor conjunto de los bienes que integraban el patrimonio del solicitante 23. En consecuencia, aunque la persona en cuestión poseyera un patrimonio de un valor económico elevado, si las rentas por él obtenidas no alcanzaban el porcentaje mencionado, se le reconocía el derecho al percibo del subsidio. La reforma llevada a cabo por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, amplió sensiblemente el concepto de renta computable al incorporar conceptos que hasta entonces habían sido expresamente excluidos por los Tribunales. Y así, el valor del patrimonio del solicitante que hasta la fecha permanecía al margen de cualquier consideración, ahora se reputa computable. O dicho en otras palabras, los bienes que integran el patrimonio del solicitante han de valorarse, se aplicará a la cuantía obtenida de la valoración el porcentaje mencionado y la cifra resultante permitirá conocer si concurre o no el presupuesto exigido de la carencia de rentas. Se computan, por tanto, los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente, con excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas 24. Y así, el legislador opta por una solución propia del ámbito fiscal y al considerar como rentas mensuales ficticias del desempleado dichas cantidades con olvido del carácter asistencial del subsidio por desempleo SSTS de 22 y 23 de diciembre de 1994 (Ar. 511 y 512), 31 de enero de 1995 (Ar. 678), 13 y 27 de marzo de 1995 (Ar y 2344), 5 de abril de 1995 (Ar. 3030), 5, 8 y 10 de mayo de 1995 (Ar. 3748, 3754 y 3766), 1, 2 y 6 de junio de 1995 (Ar. 4744, 4748 y 4762), 4 de julio de 1995 (Ar. 5475) y 18 de septiembre de 1996 (Ar. 6571). Y también, STSJ de Cataluña de 23 de enero de 1996 (Ar. 868), STSJ del País Vasco de 14 de febrero de 1996 (Ar. 1747) y STSJ de Cantabria de 30 de julio de 2004, que contempla un supuesto de inversión de la indemnización en un plan de renta fija, que genera intereses vitalicios a favor del solicitante. 23 STS de 12 de diciembre de 2000 (Ar. 810/2001) 24 Art LGSS. 25 LUJÁN ALCARAZ, J.: El subsidio por desempleo y la colocación adecuada, cit., pág

8 - Qué criterio ha de aplicarse a las plusvalías generadas por la venta de bienes inmuebles? Inicialmente y ante parquedad de la normativa aplicable que, como vimos, se limitaba a declarar que habían de incluirse las rentas de cualquier naturaleza, el Tribunal Supremo se planteó la disyuntiva de acudir al concepto de renta que ofrecía el Derecho Común (restrictivo) o a la noción de renta existente en la legislación fiscal (más amplia).la cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 31 de mayo de y 30 de junio de , referidas a las plusvalías generadas por la venta de inmuebles, pero aplicables también a los supuestos de venta de bienes muebles 28. En ellas el Tribunal rechazó la extrapolación de conceptos ajenos al campo de la protección social al optar por el concepto civil de renta. Defendió, en aquel momento, que es cierto que los arts. 23, 44 y 57 de la Ley 18/1991 consideran como renta, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas, los incrementos patrimoniales que se pongan de manifiesto como consecuencia de alteraciones del patrimonio a través de transmisiones onerosas o lucrativas. Pero esta calificación no trasciende a otros campos del Derecho y, concretamente, al de la Seguridad Social, porque ese tipo de operaciones no es equiparable a una renta que mejora o eleva los ingresos mensuales del beneficiario. En realidad, lo que sucede es que un elemento patrimonial es sustituido por otro 29. Así en el plano de la protección asistencial lo único relevante en relación con tales elementos patrimoniales serían los ingresos periódicos que proporcionaran al interesado, que sí que serían computables y podrían neutralizar en su caso el derecho a la prestación asistencial 30. O dicho en otros términos, la doctrina judicial se separaba de la noción fiscal de renta y apostaba por un concepto de renta más próximo al civil, de forma que las plusvalías generadas por la venta de bienes muebles representase una renta computable a los efectos del art LGSS 31. Tras la reforma citada, el legislador apuesta por una noción de renta que incluye las plusvalías o ganancias patrimoniales, es decir, por una noción fiscal de renta, 26 Ar Ar STS de 8 de noviembre de 2004 (Ar. 7352). 29 Desde el punto de vista del derecho privado, un elemento patrimonial (el inmueble) había sido sustituido por otro (el precio) y aunque la enajenación del inmueble tuviese repercusión de cara a la legislación tributaria, no por ello trascendía a otras parcelas del Derecho, como el Derecho del Trabajo. 30 STS de 8 de noviembre de 2004 (Ar. 7352). 31 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: Introducción. El porqué de dos reformas, en AA. VV.: La Ley 45/2002 de reforma de la protección por desempleo (La reforma de la reforma del despido, de los salarios de tramitación y del desempleo), Coord. Ignacio García-Perrote Escartín, Lex Nova, Valladolid, 2003, pág

9 ampliando, en consecuencia, el inicial concepto civil 32. Para su cómputo, habrá de calcularse el 50 por 100 del interés legal del dinero. El Tribunal Supremo adaptó su doctrina a la nueva regulación legal en su sentencia de 27 de marzo de , dictada en unificación de doctrina, a la que han seguido otros muchos pronunciamientos de nuestros Tribunales 34. Opta el legislador y le sigue el Tribunal Supremo- por intentar configurar un procedimiento que le permita enjuiciar la verdadera situación de necesidad en que se encuentra el solicitante. Intenta que se produzca un examen de la situación económica real del beneficiario, al incluir otros conceptos económicos que pueden compensa la insuficiencia de recursos de la persona en cuestión. Pretende, por tanto, conocer con la mayor exactitud posible si concurre o no un estado de necesidad real fruto de una insuficiencia de recursos económicos Las plusvalías obtenidas por la venta de acciones o activos mobiliarios tienen la consideración de rentas a los efectos de la prestación de desempleo? Inicialmente y al igual que sucedió con la plusvalía generada por la venta de un inmueble, el Tribunal Supremo optó por defender que desde el punto de vista asistencial, habían de ser tomados en consideración los ingresos periódicos percibidos por el solicitante y no el precio obtenido en la venta de valores mobiliarios, pues en estos supuestos, se había producido únicamente una sustitución de un elemento patrimonial (el valor mobiliario) por otro (el precio). O dicho en palabras, del Tribunal Supremo, lo único relevante en relación con tales elementos patrimoniales serían los ingresos periódicos que proporcionaran al interesado (en este caso las cantidades abonadas por la participación en los beneficios sociales que deriva de la titularidad de las acciones), que sí serían computables y podrían neutralizar en su caso el derecho a las prestación asistencial 36. La reforma legislativa descrita supuso la inclusión no sólo de los ingresos periódicos, sino también de los rendimientos que pudieran deducirse del montante económico del patrimonio. Se aplica el 50 por 100 del tipo del interés legal del dinero al montante económico resultante. La finalidad fue clara: 32 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: Introducción. El porqué de dos reformas, cit., pág Ar Entre otros, STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de enero de 2009 (Ar. 1732), comentada por ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A.: Las contradicciones en la determinación de la situación de necesidad a efectos del subsidio por desempleo, AS, nº 14, 2009, págs. 41 y ss. 35 STS de 27 de enero de 2005 (Ar. 2536). 36 STS de 17 de septiembre de 2001 (Ar. 8087). 9

10 intentar que se produjera un examen de la situación económica real del beneficiario, al incluir otros conceptos económicos que pudieran compensar la insuficiencia de recursos de la persona en cuestión Las becas han de computarse como ingresos a la hora de determinar el nivel de rentas? Los Tribunales han distinguido entre las becas profesionales y las estrictamente académicas. Las primeras, de naturaleza salarial, pretenden remunerar a un trabajador por los servicios prestados y, en consecuencia, han de ser tenidas en consideración. Las segundas, tienen por finalidad compensar por los gastos generales y desventajas económicas que lleva consigo la dedicación al estudio y, por ello, están excluidas de la renta a considerar 38. Asimismo, cuando la beca es de cuantía elevada y obliga al beneficiario a realizar un curso de formación para acceder a un puesto de trabajo, nuestros Tribunales han considerado que se incumple el requisito de disponibilidad para el trabajo que exige la protección por desempleo REGLAS ADICIONALES EN LA DETERMINACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE RENTAS: Para la determinación de la insuficiencia de rentas, han de aplicarse asimismo las siguientes reglas: - A los efectos de cumplir con el requisito de insuficiencias de rentas para percibir el subsidio por desempleo han de tomarse en consideración las rentas brutas del solicitante, esto, es, los ingresos menos los gastos necesarios para producirlos. Las razones son varias. Una interpretación gramatical del art. 215 LGSS parece inclinarse por este sentido, en la medida en que los preceptos legales y reglamentarios aplicables no dicen nada de rebajar la cuantía de la renta mensual que se adopta como punto de referencia con deducciones de gastos, por lo que cabe 37 STS de 27 de enero de 2005 (Ar. 2536). 38 STSJ de la Rioja de 3 de junio de 1997 (Ar. 2084). Comenta esta sentencia SEMPERE NAVARRO, A. V.: Percepción del subsidio asistencial por desempleo y disfrute de becas académicas, en SEMPERE NAVARRO, A. V.: Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, Vol. 3, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs y ss. 39 STS de 28 de julio de 1995 (Ar. 6349). 10

11 concluir que dicha renta es la renta adquirida o bruta y no la renta neta o disponible 40. En segundo lugar, ha de recordarse que el cálculo de la renta neta o disponible es normalmente de difícil determinación y comprobación; lo que comporta costes altos de gestión que sólo sería exigible afrontar de haber sido expresamente previstos por el legislador 41. Y, en fin, igual doctrina unificada se había establecido para el cómputo de ingresos en el requisito de carencia de rentas de las prestaciones no contributivas. En consecuencia, el rendimiento a computar será aquel procedente de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención 42, con ciertas matizaciones en los casos de trabajadores autónomos La insuficiencia de rentas se mide tomando en consideración las rentas personales del solicitante, cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio. Se asume el criterio de la individualización de las rentas, de forma que se atribuye el rendimiento al cónyuge que ha generado el ingreso 44. Independientemente de posibles cargas familiares, habrá de acreditarse que el solicitante carece de rentas suficientes, de forma que sólo cuando se haya superado este primer requisito, el solicitante podrá alegar aquéllas. En consecuencia, no han de computarse los ingresos de la unidad familiar 45. La doctrina jurisprudencial del cómputo anual de las rentas familiares para la apreciación del requisito de insuficiencia o carencia de rentas tiene por objeto evitar que un incremento esporádico de la renta de la unidad familiar por un período de corta duración determine la pérdida completa del derecho al subsidio 46. Dicho efecto de pérdida completa del derecho al subsidio se 40 SSTS de 31 de mayo de 1996 (Ar. 4715), 21 de noviembre de 2007 (Ar. 1030/2008) y 28 de octubre de 2009 (Ar. 67/2010). 41 STSJ de Castilla-La Mancha de 5 de abril de 1993 (Ar. 2039). 42 STS de 21 de noviembre de 2007 (Ar. 1030/2008), en la que se establece que la renta obtenida por el alquiler de un bien inmueble propiedad del marido de la solicitante debe ser valorada según su cuantía bruta. 43 STSJ de Asturias de 17 de septiembre de 1999 (Ar. 3012) y STSJ de la Comunidad Valenciana de 9 de junio de 2000 (Ar. 5277). 44 Con independencia de que éste se haya incorporado a la comunidad matrimonial. Cfr. SSTS de 24 de mayo de 1994 (Ar. 4300), 13 de noviembre de 1997 (Ar. 8311) y 30 de abril de 1998 (Ar. 4582). 45 Ahora bien, los ingresos de la unidad familiar sí habrá de ser tenidos en cuenta para el subsidio por cargas familiares. Cfr. DESDENTADO BONETE, A. y NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: La Seguridad Social en la Unificación de Doctrina. Una síntesis de jurisprudencia ( ), Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág SSTS de 18 de julio de 1994 (Ar. 7054), 13 de mayo de 1997 (Ar. 4270) y 8 de febrero de 2006 (Ar. 2104). 11

12 desprendía de lo establecido en el art LGSS, en su versión anterior 47. Para una consecuencia grave, como es el perjuicio definitivo o extinción del derecho, se exigía un cómputo de las rentas familiares que permitiera efectuar un pronóstico consistente de mejoría estable de la economía familiar. Pues bien, tras la reforma operada por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, la superación del umbral de carencia de rentas de la unidad familiar en la modalidad del subsidio de desempleo por responsabilidades familiares no determina actualmente, la extinción del derecho a la prestación de nivel asistencial, sino sólo su suspensión 48. En la nueva regulación el legislador establece a cargo de la entidad gestora un seguimiento constante de las situaciones de necesidad que dan lugar a la percepción del subsidio y permite, a cambio, que los asegurados recuperen inmediatamente el derecho al subsidio cuando se reproduce la situación de necesidad tras la desaparición de la percepción de rentas esporádicas. La finalidad de la reforma en este punto fue clara: ajustar la dinámica de la situación de desempleo a la dinámica del derecho a prestaciones. Este hecho ha llevado al Tribunal Supremo ha considerar que lo lógico es proceder al cómputo mensual o en unidades temporales reducidas de las rentas familiares, en lugar de al cómputo anual. Tal cómputo mensual o en unidades temporales reducidas es por razones evidentes más adecuado para alcanzar dicho propósito de ajuste entre situación de necesidad y acción protectora, no comportando ya, para los supuestos de obtención de rentas o ingresos esporádicos ( por tiempo inferior a doce meses ), la consecuencia inaceptable de pérdida del derecho que llevaba consigo la extinción de la prestación asistencial en la legislación anterior 49. Una cuestión objeto de polémica ha sido la relativa a si, en caso de separación de hecho de un matrimonio deben seguir computándose los ingresos de ambos cónyuges o sólo de uno de ellos para el cálculo de la renta de la unidad familiar a los efectos previsto en el apartado 2 del art. 215 LGSS. Es decir, se trata de determinar 47 Este precepto establecía lo siguiente: Asimismo el subsidio se extinguirá por la obtención de rentas superiores a las establecidas en el art. 215 [...] y por dejar de reunir el requisito de responsabilidades familiares previsto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. 48 Obsérvese que los efectos jurídicos de la suspensión del derecho a las prestaciones de desempleo son distintos a los de su extinción y menos gravosos para el asegurado. 49 STS de 8 de febrero de 2006 (Ar. 2104). 12

13 la renta familiar en los supuestos de existencia de una separación conyugal no declarada judicialmente y de una falta de convivencia efectiva de los cónyuges. Obsérvese que el debate no gira en torno a la existencia de convivencia para causar derecho a la prestación, cuestión ya resuelta por el Tribunal Supremo en el sentido de considerarlo un requisito no exigible a partir de la redacción dada por el Texto Refundido de la LGSS, que no lo exige expresamente 50, sino si el cónyuge separado de hecho debe estimarse que forma parte de la unidad familiar a los efectos del cálculo de sus rentas conforme a lo dispuesto en el art. 215 LGSS. Esta cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en una sentencia de 11 de octubre de , dictada en unificación de doctrina, en la que defiende que una familia sigue subsistiendo con todos sus derechos y obligaciones mientras no se produzca la separación legal o la disolución matrimonio, de conformidad con lo previsto en los arts. 81 y concordantes del Código Civil, con todas las consecuencias que ello acarrea tanto en el terreno de las relaciones personales como en las de carácter patrimonial. En base a lo anterior, concluye que en el supuesto de separación de hecho de los cónyuges, el beneficio asistencial de la protección por desempleo sólo puede reconocerse, previo cómputo de todos los ingresos de la unidad familiar, en la medida en que la unidad familiar debe entenderse subsistente En el supuesto de que las rentas se perciban con periodicidad mensual, se computan aquellas referidas al mes anterior al hecho causante del subsidio, con la condición de que se mantengan en el mes correspondiente al hecho causante o al de la solicitud del subsidio o durante la percepción de éste. Si se perciben con periodicidad superior a la mensual, se computan a prorrata mensual sobre el período que corresponda Qué sucede en los supuestos en los que las rentas se obtienen en un pago único? En estos casos, se toman en consideración las rentas obtenidas en el mes anterior al 50 Al respecto, SSTS de 11 de abril de 2000 (Ar. 3435) y 3 de mayo de 2000 (Ar. 6619). 51 Ar Este era el criterio mantenido también por el Tribunal Supremo con anterioridad a la reforma operada por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, entre otras, en la STS de 6 de mayo de 1994 (Ar. 6837). 53 Art. 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril reformado por el Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero. 13

14 hecho causante o al de su solicitud 54, prorrateando su importe entre doce meses 55. Este criterio es aplicable a las indemnizaciones por extinción de contrato abonadas en un importe único que exceda de la indemnización legal, a rendimientos procedentes de la enajenación de valores mobiliarios o bienes inmuebles (excepción hecha de la vivienda habitual) 56, al rescate de planes de pensiones y a las ganancias patrimoniales o rendimientos irregulares en general 57. La cantidad correspondiente al rescate de un plan de pensiones ha de imputarse en su totalidad a las rentas del año en que se produce el rescate Los bienes patrimoniales, fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria-, fondos o planes de jubilación o cualquier otra fórmula de inversión de capital que tenga diferida su sujeción al impuesto sobre la renta de las personas físicas 59, computan por su rendimiento mensual presunto, resultante de aplicar el 50 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente sobre el valor del bien patrimonial, prorrateado entre doce meses CONCLUSIONES PERSONALES: El subsidio de desempleo tiene una naturaleza híbrida -asistencial y contributiva-, que rebasa los límites de una mera asistencia social. El carácter contributivo aparece en la exigencia de que el interesado tenga cubierto un número de años de cotización previa y, 54 Computados de fecha a fecha o durante su percepción. 55 En los meses siguientes a la fecha de la obtención de la renta, se computa o su rendimiento mensual efectivo o su rendimiento mensual presunto. 56 STS de 27 de enero de 2005 (Ar. 2536): en relación a las renta de capital mobiliario computan aquellas acreditadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud, aun cuando en la declaración de la renta de años anteriores consten ingresos superiores; sin que quepa exigir el cumplimiento de cualquier otro requisito, como es la necesaria prueba de la justificación atinente a la diferencia comprobada entre lo obtenido por rendimiento de valores inmobiliarios en los dos años anteriores a la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. 57 Art. 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril reformado por el Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero. 58 STS de 2 de julio de 2007 (Ar. 5484). 59 Excepto la vivienda habitual y los planes de pensiones. 60 Art. 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril reformado por el Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero. 14

15 el carácter asistencial se vincula a la acreditación de la situación de especial necesidad del solicitante. La universalidad de la cobertura no se da en el nivel asistencial, al tratarse, en la mayoría de los supuestos, de medidas protectoras que pretenden cubrir las deficiencias del nivel contributivo, es decir, que no buscan proteger a todas las personas que se encuentran en una situación de necesidad, sino a aquellas que, estando en dicha situación, han mantenido previamente una conexión con el nivel contributivo. Tiene, pues, carácter selectivo. A pesar de ello, el espíritu que informa el subsidio de desempleo responde a la necesidad de satisfacer unas necesidades de subsistencia nacidas de una falta de recursos del solicitante. Persigue la protección de unos colectivos determinados, protección que obedece a razones muy variadas, pero que pretende, en todo caso, subvenir o remediar situaciones de necesidad nacidas de la carencia de un nivel mínimo de subsistencia. Y, así, en la prestación asistencial por desempleo se exige la presencia de determinados factores de agravación de la situación de necesidad que justifican la aplicación de medidas protectoras específicas. 15