Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid Plaza Mayor, Valladolid

Transcripción

1 Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Plaza Mayor, D. PABLO ANDRÉS GERBOLÉS SÁNCHEZ titular del Documento Nacional de Identidad número R, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Antonio Machado actuando en nombre de los 70 COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANAS abajo relacionadas, 1. Coordinadora de ONGD de Castilla y León 2. Asamblea de Cooperación Por la Paz ACPP Castilla y León 3. Entrepueblos 4. Ingeniería sin Fronteras de Castilla y León 5. ONG Sotermun (USO) 6. Plataforma Solidaria con Palestina de 7. SODePAZ Balamil 8. Solidaridad Internacional 9. Umoya Comité de Solidaridad con África Negra de 10. Asociación de Voluntariado de la UVA (AVUVA) 11. Alternativa Universitaria 12. AMPA ESCUELA Y SALUD del CEIP Isabel la Católica de 13. Asociación Cultural Escuela Laica 14. Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de (FADAE - ) 15. Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas de - FECEAV 16. Grupo Universitario de Astronomía 17. Sociedad Astronómica Syrman 18. ACERCA - Asociación Ciudadana por el Espacio y su Recuperación Colectiva Autogestionada 19. Asociación Cultural de Danzas del Mundo RADALAILA 20. Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos ADAVASYMT 21. Asociación Estarivel: Desarrollo Social y Actividades Educativas 22. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de 23. Ateneo cultural Jesús Pereda (CCOO) 24. Ateneo Republicano 25. Comité Óscar Romero 1/7

2 26. Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos de Castilla y León - FAPAS CyL 27. Fundación Triángulo de 28. Juventud Obrera Cristiana - JOCE Castilla y León 29. Juventud Obrera Cristiana - JOCE 30. LIZA asamblea de mujeres combativas 31. Movimiento Cultural Cristiano/Casa de Cultura y Solidaridad de 32. FACUA Consumidores en Acción Castilla y León 33. FIARE Castilla y León 34. Asamblea Ciclista de 35. Asociación cultural Ciudad Sostenible 36. Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía AVAATE 37. Ecologistas en Acción 38. Greenpeace 39. STOP Accidentes 40. Federación de Asociaciones de Vecinos de 41. Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León CAVECAL 42. Asociación de Vecinos 24 de Diciembre de Belén 43. Asociación de Vecinos Bailarín Vicente Escudero de Vadillos, Circular y San Juan 44. Asociacion de Vecinos Caño Argales San Andrés 45. Asociación de Vecinos Ciudad Parquesol 46. Asociación de Vecinos "El Refugio" San Pedro-Hospital 47. Asociación de Vecinos La Unión de Pajarillos 48. Asociación de Vecinos Los Comuneros de La Victoria 49. Asociación de Vecinos Pisuerga de Huerta del Rey 50. Asociación de Vecinos Unión Esgueva de Barrio España 51. Asociación de Vecinos de Ribera de Curtidores 52. Asociación de Vecinos de Santos-Pilarica 53. Asociación de Vecinos de Villa de Prado 54. Asociación Familiar Delicias 55. Asociación Vecinal Rondilla 56. Comisiones Obreras - CCOO 57. Confederación General del Trabajo - CGT 58. Confederación Nacional del Trabajo - CNT 59. Trabajadores Unidos 60. Unión General de Trabajadores UGT 61. Unión Sindical Obrera USO 62. Izquierda Anticapitalista 63. Izquierda Castellana 64. Izquierda Unida - IU 65. Izquierda Unida Jóvenes IU Jóvenes 66. Partido Comunista de España (PCE) 67. Partico Comunista del Pueblo Castellano PCPC 68. Partido SAIN 69. Partido Socialista Obrero Español PSOE 70. Unión de Juventudes Comunistas de España - (UJCE) con domicilio a efectos de notificaciones en calle Andrés Laorden s/n ante el ALCALDE DE VALLADOLID comparece y DICE: Que en desarrollo del derecho recogido en el artículo 29 de la Constitución y de conformidad al contenido de la Ley orgánica que lo desarrolla, por medio del presente escrito venimos a FORMULAR LA SIGUIENTE PETICIÓN: 2/7

3 I.- ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas del dominio público. II.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. a.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. El Artículo 29 de la Constitución española reconoce el derecho de petición. En el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho. Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. b.- PRECEPTOS LEGALES 1. La Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre, que señala en el artículo 1.1 la posibilidad de ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos, bien individualmente, bien, como en el presente supuesto, a través de las organizaciones sociales en las que se integre. El artículo 3 señala que el derecho de petición deberá referirse a asuntos de competencia de la administración a la que se dirige. El artículo 4.1 señala requisitos de forma, que se cumplen en el presente supuesto: realización por escrito, designación de la Administración, establecimiento del contenido de la petición. El artículo 6.1 de la ley indica el modo formal de presentación de las peticiones, modo que se ha cumplido en el presente supuesto. 2. Los artículo 170 y 171 del Reglamento orgánico de de fechas y en vigor en virtud de Disposición Derogatoria del Reglamento orgánico de fecha , que desarrolla el derecho en el ámbito municipal. III. ANTECEDENTES. PRIMERO.- El Ayuntamiento de está cobrando por usar la calle con fines sociales. Este cobro lo justifica el consistorio a través del Decreto de Alcaldía nº 4610 del 14 de Mayo de 2010, que supone una nueva interpretación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas del dominio público SEGUNDO.- SOBRE EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 40 DEL EPÍGRAFE VII DE LA ORDENANZA 3/7

4 Que el sentido de la tasa de ocupación es con total claridad la utilización para desarrollar actividades comerciales o industriales con el objeto, directo o indirecto de obtener un beneficio económico. En efecto, dicho precepto señala que constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de los terrenos de dominio público, mediante la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de dominio público e industrias callejeras o ambulantes, así como los rodajes cinematográficos o publicitarios y televisivos. Es evidente que de cobrarse sólo podría serlo bajo la calificación de espectáculo o atracción en el caso de acciones de sensibilización (presentación mediante actos de calle proceso participativo de designación del candidato municipal, liquidación /2010); y de puestos en el caso de recogida de firmas (contra el cobro en el aparcamiento del Hospital Río Hortega liquidación /2010). No merece más desarrollo la consideración de que una acción de calle se defina por el Ayuntamiento a efectos de la tasa como espectáculo o atracción. Es palmario que no lo son. Respecto al puesto no tiene uno más que ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que establece cuál es la definición aplicable en su acepción sexta al definir puesto como Tenderete, generalmente desmontable, que se pone en la calle para vender cosas. Ese concepto, el de que el puesto debe ser comercial y con ánimo lucrativo, concuerda con el resto de elementos que recoge el artículo 40 (barraca, caseta de venta ) TERCERO. SOBRE EL PROPIO RECONOCIMIENTO MUNICIPAL DE LA EXENCIÓN DE COBRO DE TASA A ACTOS NO LUCRATIVOS El que dicha tasa no debe ser cobrada a entidades sin ánimo de lucro lo asumen los propios técnicos municipales: En el expediente de aprobación de la modificación de una parte de esta ordenanza para el ejercicio 2011 (concretamente de la tarifa, artículo 43), en su página 23 consta informe del técnico especialista de la Secretaría Ejecutiva del Área de Hacienda y Función Pública, D. JUAN BAZA ROMAN que señala: El hecho imponible consiste en la utilización de suelo público para desarrollar determinadas actividades comerciales, industriales con o sin elementos instalados al efecto. La utilidad derivada consiste, fundamentalmente en que se posibilite el desarrollo de una actividad, obteniendo rendimientos económicos, que de otra forma no podrían obtenerse 4/7

5 De conformidad a este informe, es palmario que no puede considerarse hecho imponible en el cobro de tasa en el ejercicio 2011 las actividades que no tengan como fin un rendimiento económico. Y, comoquiera que el contenido del artículo 40 no ha sufrido variación respecto del 2010, consecuentemente, tampoco está sujeto a la tasa las actividades no lucrativas, por lo que las liquidaciones giradas deben ser anuladas por el Ayuntamiento. Y ello al margen motivo concreto del informe (evidentemente económico), porque a pesar de la finalidad de dicho informe, un técnico está interpretado con criterios técnicos cuál es el objeto del cobro de la tasa. CUARTO. EL COBRO DE DICHA TASA A ACTIVIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO VULNERA EL ARTÍCULO 20.3 LETRA N DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES Frente a lo señalado por el Ayuntamiento, dicho precepto no recoge el cobro a entidades sin ánimo de lucro. Y no lo establece porque aunque no lo indica expresamente, ello está motivado porque el legislador considera con toda claridad que las actividades contempladas en dicha letra son siempre con ánimo de lucro (instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de dominio público e industrias callejeras o ambulantes, así como los rodajes cinematográficos o publicitarios y televisivos). De igual modo que en la letra m la instalación de quioscos en la vía pública no distingue entre con y sin ánimo de lucro, simplemente porque los quioscos son siempre con ánimo de lucro. Por ello, por el contrario la letra l sí incluye la distinción de que sean objeto de tasas las ocupaciones con mesas y sillas con ánimo lucrativo, porque en ese caso el legislador considera que sí es posible ocupar la vía con dichos elementos sin ánimo de lucro. En consecuencia, el Ayuntamiento sólo puede cobrar por ocupar la vía pública a entidades con ánimo lucrativo. QUINTO.- SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN El cobro de la tasa para la entidad a la que represento y para actos sin ánimo de lucro condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad de reunión o expresión, pues se está poniendo un precio a su ejercicio. El artículo 21 de la Constitución establece: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a 5/7

6 la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. El artículo 20 de la Constitución establece el reconocimiento y protección del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción El ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa (ni la económica). El artículo 53 de la Constitución, Los derechos y libertades vinculan a todos los poderes públicos. SEXTO. LA JURISPRUDENCIA TIENE DECLARADA LA INCOMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN LA REGULACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN EN LA VÍA PUBLICA 1. Sentencia del Tribunal Constitucional 195/2003, de 27 de octubre de 2003 recordamos que dichos medios y materiales forman parte del derecho constitucional del Art 21 CE y, por tanto, no podrán ser limitados, salvo razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Desde la perspectiva expuesta, hemos de considerar comprendida dentro del derecho de reunión, y al tiempo y lugar de la celebración de la concentración que se comunicó a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, la posibilidad de instalar mesas «para dejar constancia escrita de su adhesión al motivo de la concentración- manifestación» y también la de una tienda de campaña en la que se repartieran panfletos y fueran exhibidos fotografías y vídeos relacionados con el problema o reivindicación que se deseaba difundir. Como señala el Ministerio Fiscal, tales aspectos accesorios de la concentración estaban directamente relacionados con los fines del acto, aun cuando dichas instalaciones supusieran una temporal ocupación del espacio de tránsito público, como por lo demás sucede en toda reunión celebrada en lugares destinados a ese fin. 2. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León-sede ha dictado Sentencia en procedimiento de Derecho de Reunión seguido con el número 1978/2010 en fecha 17 de diciembre de 2010 en que señala que el derecho de reunión es inescindible de la posibilidad en el momento de la reunión de mensajes escritos o verbales y que está comprendido dentro del derecho de reunión la posibilidad de instalar mesas aún cuando dichas instalaciones supusieran una ocupación temporal del espacio de tránsito público. Y como el derecho de reunión no necesita de autorización pública, señala la Sentencia, tampoco es necesaria la autorización para la instalación temporal de mesas y paneles 6/7

7 informativos (que es lo que pretende el Ayuntamiento al condicionar el pago de la tasa a la autorización). Además, la Sentencia señala que el Ayuntamiento no es competente para adoptar decisión alguna sobre el ejercicio del derecho de reunión. 3. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia 353 en fecha 9 de febrero de 2011 en procedimiento Derecho reunión 205/2011, en que señala que para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente (Sentencia Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio) No es, pues, el Ayuntamiento competente para adoptar decisión alguna sobre el ejercicio del derecho de reunión, IV.- CONTENIDO DE LA PETICIÓN: Los 70 COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANAS de solicitan: Que el Ayuntamiento proceda a modificar el artículo 40 de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas del dominio público en el sentido de excluir de su pago a las acciones de calle sin ánimo de lucro desarrolladas por las entidades y organizaciones de la ciudad. Por lo expuesto SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y en base al contenido del mismo acuerde de conformidad a lo solicitado. En a 4 de mayo de dos mil once. Fdo: Pablo Andrés Gerbolés Sánchez 7/7