CONSIDERANDO I: Antecedentes del Recurso Jerárquico. I.1. Fundamentos del Recurrente.

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1 RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0013/2007 La Paz, 11 de enero de 2007 Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional Impugnada: Sujeto Pasivo: Resolución STR/LPZ/RA 0351/2006 de 26 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro, representada por Ángel Irusta Pérez. Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales SIN, representada legalmente por Zenón Zepita Pérez. Número de Expediente: STG/0418/2006//ORU-0047/2006. VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro (fs vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0351/2006 del Recurso de Alzada (fs del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0013/2007 (fs del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, CONSIDERANDO I: Antecedentes del Recurso Jerárquico. I.1. Fundamentos del Recurrente. El Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro legalmente representada por Ángel Irusta Pérez, acreditó personería según Testimonio de Poder 772/2006 de 6 de septiembre de 2006 (fs. 68 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0351/2006 de 26 de octubre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: i. Indica que la Resolución de Alzada interpreta correctamente que el Ilustre Colegio Departamental Oruro no tiene fines de lucro y menos realiza actividades comerciales, sin embargo de ello, respecto a la parte resolutiva se encuentra en desacuerdo, pues los requisitos exigidos por el inc. b) art. 49 de la Ley 843 se cumplen por mandato expreso de la Ley de Abogacía y DS19845 de 17 de octubre 1 de 12

2 de 1983, en este sentido los ingresos se hallan creados por mandato de la Ley, la venta de los timbres está creada por el Decreto Supremo citado y las cuotas mensuales así como la membresía de inscripción se hallan creados por los arts. 15 y 16 de la Ley de Abogacía. ii. Explica que el destino de esos recursos también se hallan regulados por ley, cita para ello el art. 61 de la Ley de Abogacía donde se establece que su patrimonio se constituye por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los colegiados, los recursos creados por ley, bienes muebles, inmuebles, valores que hayan sido comprados, donados o legados y que el destino está claramente señalado en el art. 33 del mismo cuerpo legal que prevé en caso de extinción del Ilustre Colegio Departamental de Abogados, su patrimonio neto, después de cumplir con todas sus obligaciones con terceros, éstos pasarán a poder de otra institución similar afín a su actividad y en ningún caso se distribuirán entre los asociados. iii. Señala que el destino de los recursos, por mandato expreso de la Ley pasa a una institución sin fines de lucro y que se cumplen los fines enumerados en el articulo tercero de sus Estatutos, no existe vacío alguno en sus normas y debe considerarse la naturaleza de esa institución que impide la distribución de utilidades, lo que no consideró la Superintendencia Tributaria Regional. iv. Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 351/2006 y se deje también sin efecto la Resolución Administrativa EX/UTJ/N 007/2006, por los motivos expuestos y en estricto apego a la CPE y las normas tributarias vigentes. I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. La Resolución STR/LPZ/RA 0351/2006 de 26 de octubre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs del expediente), resuelve CONFIRMAR Resolución Administrativa EX/UTJ/N 007/ de 18 de mayo de 2006 emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, que rechaza la solicitud de reconocimiento como entidad exenta el IUE, formulada por el Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro, conforme disponen el art. 49-b) de la Ley 843 y 8 de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes argumentos: i. El art. 36 de la Ley 843 (Texto Ordenado en vigencia) establece el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que se aplica en todo el territorio nacional sobre las 2 de 12

3 utilidades netas resultantes de los estados financieros elaborados al cierre de la gestión anual. ii. El art. 49-b) de la Ley 843 modificado por el segundo párrafo del art. 2 de la Ley 2493, establece la exención del IUE para las utilidades obtenidas por las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como religiosas, asistencia social y otras, con la condición de que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales y que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. iii. Por disposición del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas; sin embargo en el caso de exenciones, prevé expresamente que su interpretación debe realizarse de acuerdo al método literal. iv. De la interpretación literal del art. 49-b) de la Ley 843, se tiene que la exención del IUE a favor de las asociaciones, fundaciones o entidades no lucrativas, fue establecida con la condición de que: no realicen actividades de intermediación financiera o comerciales; en sus estatutos se disponga expresamente el destino exclusivo hacia los fines perseguidos por el beneficiario de la totalidad de sus ingresos y patrimonio; se prohíba cualquier distribución directa o indirectamente entre sus asociados; y en caso de liquidación se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. v. En el presente caso, la Administración Tributaria rechazó la solicitud de exención del IUE presentada por el Ilustre Colegio Departamental Abogados Oruro observando: que el art. 48 de sus estatutos, permite la realización de actividades de naturaleza comercial, al señalar que todos sus bienes podrán ser enajenados, pignorados, hipotecados o alquilados con autorización de la asamblea extraordinaria y que no existe una disposición que establezca que los recursos obtenidos por estos conceptos se destinen exclusivamente a sus actividades. Y que no tienen disposición expresa respecto a que los ingresos obtenidos por el cobro de cuotas, matrícula, participaciones en la recaudación del Tesoro Judicial, donaciones, subvenciones y otros, sean destinados exclusivamente a sus fines. 3 de 12

4 vi. De la revisión del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Oruro aprobado mediante Resolución Suprema de 21 de mayo de 1992 y modificaciones aprobadas por Resolución Prefectural de 17 de febrero de 2006, se establece que el Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro es una entidad de carácter profesional, cuya finalidad es defender los derechos y prerrogativas de sus miembros, velar por el cumplimiento de la Ley de Abogacía y Código de Ética, incentivar la superación profesional de sus miembros mediante la promoción de becas, investigaciones, intercambio internacional, cursos de actualización, patrocinar seminarios y conferencias y promover la difusión de la cultura, entre otros. vii. No realiza actividades de intermediación financiera o comerciales, las actividades establecidas en el art. 48 del Estatuto no tiene capacidad para realizar actos de comercio señalados en los arts. 6 y 8 del Código de Comercio por lo que la observación a este respecto por la Administración Tributaria es incorrecta. viii. Si bien se entiende que la totalidad de sus ingresos y patrimonio debe tener como destino exclusivo los fines perseguidos por el Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro; sin embargo, esta previsión así como la prohibición de cualquier distribución directa o indirecta entre sus asociados, no están expresamente dispuestos en el Estatuto, además que la totalidad de los ingresos y e patrimonio se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, lo que no se cumple totalmente en el Estatuto del Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro. ix. Siendo evidente el incumplimiento de las condiciones establecidas por el art. 49-b) de la Ley 843, respecto a la falta de disposición expresa en el Estatuto del Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro, de que la totalidad de sus ingresos y el patrimonio se destinen exclusivamente a los fines enumerados y que, en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados es inviable la exención del IUE solicitado, mientras la entidad recurrente no incorpore en su Estatuto, los citados requisitos exigidos por el art. 49 inc. b), segundo párrafo de la Ley de 12

5 CONSIDERANDO II: Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. El Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro ha fundamentado el Recurso Jerárquico en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Administrativa EX/UTJ/N 007/2006 se inició en 19 de junio de 2006 (fs. 48 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal y en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492, Ley 3092 (CTB) y demás normas conexas, por ser la solicitud de exención de 24 de marzo de CONSIDERANDO III: Trámite del Recurso Jerárquico. En 27 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0822/2006 de la misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0047/2006 (fs del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de noviembre de 2006 (fs del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de noviembre de 2006 (fs. 101 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vence el 15 de enero de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. CONSIDERANDO IV: IV.1. Antecedentes de hecho. i. En 24 de marzo de 2006, Hugo Rafael Gutiérrez en representación del Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro mediante memorial formaliza la exención del Impuesto a las Utilidades (IUE), argumentando que en el registro del Padrón de Contribuyentes -Régimen General- se encuentran gravados con el IUE no obstante de ser su institución una asociación de profesionales colegiada y sin fines de lucro y, al encontrarse dentro del alcance del art. 49-b) de la Ley 843 solicita se dicte Resolución Administrativa que los declare exentos del pago y alcances del Impuesto a las Utilidades de Empresas. Asimismo hace conocer, que el art. 49 de sus estatutos establece que en caso de extinción del colegio, su patrimonio neto, 5 de 12

6 después de cumplir con todas sus obligaciones con terceros, éstos pasarán a poder de otra institución similar afín a su actividad. En ningún caso serán distribuidos entre los asociados, y los arts. 2 y 3 de sus estatutos establecen que el Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro, por su naturaleza no persigue fines de lucro y no persigue fin comercial alguno, que tanto sus recursos como el patrimonio se hallan destinados exclusivamente a cumplir los fines enumerados en el art. 2 (fs de antecedentes administrativos). ii. En 20 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó a Hugo Rafael Gutiérrez representante legal del Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro, con auto de 19 de abril de 2006, señalando que una vez revisada la documentación adjunta, se evidencia que el impetrante, acompaña el DS de 17 de octubre de 1983 y la Ley de Abogacía, de esta forma ha cumplido con los requisitos de forma establecido ene. art. 7 de la RND y en sujeción al parágrafo I del art. 8 del mismo cuerpo legal se admite la solicitud de exención del IUE (fs. 77 de antecedentes administrativos). iii. En 1 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente al Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro con la Resolución Administrativa EX/UTJ/N 007/2006 de 18 de mayo de 2006, que resuelve rechazar la solicitud de exención del pago del IUE, al no cumplir a cabalidad la franquicia establecida en el parágrafo segundo del inc. b) art. 49 de la Ley 843, modificad por el art. 2 de la Ley 2493, que se encuentra regulada a su vez mediante el inciso II del art. 8 de la Resolución Normativa de Directorio de 14 de septiembre de 2005 (fs vta. de antecedentes administrativos). IV.2. Antecedentes de derecho. i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). Art. 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al método literal (las negrillas son nuestras). ii. Ley 2493 modificatoria de la Ley 843 (de 04 de agosto de 2003). Art. 2. Se excluye del inc. a) art. 49 de la Ley 843 (Texto Ordenado) a "las Corporaciones Regionales de Desarrollo". 6 de 12

7 Se sustituye los párrafos primero y segundo del inciso b) del artículo 49 de la Ley 843 (Texto Ordenado), con el siguiente texto: b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica". iii. DS (Reglamentario de la Ley 2493). Art. 5 (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). Las entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del art. 49 de la Ley 843 modificado por la Ley 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la Administración Tributaria correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud una copia legalizada de los estatutos aprobados mediante el instrumento legal respectivo, acreditando su personalidad y personería jurídica. La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos administrativos para la formalización de esta exención. Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos. Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, estarán sujetas al pago del impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del beneficio, del 7 de 12

8 mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las cuales los estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. Las exenciones establecidas en los incisos a) y c) del artículo 49 de la Ley 843 no requieren tramitación expresa para su reconocimiento." IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha podido evidenciar lo siguiente: i. El recurrente, Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro en el presente Recurso Jerárquico expresa haber cumplido con los requisitos exigidos por el primer párrafo del art. 49 inc. b) de la Ley 843 modificado por el art. 2 la Ley 2493 que fue publicada el 4 de agosto de 2003, toda vez que los ingresos de su entidad se hallan exclusivamente destinados a cubrir los fines de su entidad y para demostrar que goza del beneficio solicitado, no solamente se debe observar sus Estatutos sino también la Ley de Abogacía y el DS , que crean los ingresos de la institución y regula el destino de los recursos, al establecer de manera clara que son parte del patrimonio de la institución. ii. Al respecto, se debe establecer que para la doctrina tributaria el hecho imponible describe situaciones que una vez realizadas o producidas por una persona en determinado lugar y tiempo, tornan normalmente aplicable la consecuencia jurídica consistente en la obligación de pagar un tributo. Pues bien, también se debe recordar que el derecho tributario material, no sólo estudia hechos imponibles, sino también comprende otros hechos o situaciones que son descritos hipotéticamente en otras normas de los ordenamientos tributarios y que acaecidos en el mundo fenoménico, producen el peculiar efecto de neutralizar la consecuencia jurídica normal derivada de la configuración del hecho imponible; a estos hechos se los denominan exenciones (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 281). iii. Cuando se configuran las exenciones, la realización del hecho imponible ya no se traduce en el mandato de pago que la norma tributaria originalmente ha previsto; es decir que existe una hipótesis legal condicionante tributaria que no está sola, está acompañada por una hipótesis legal neutralizante tributaria, por lo que mientras la primera se constituye en el precepto de pagar un monto exacto tributario ordenado 8 de 12

9 por la Ley, la segunda impide total o parcialmente que la realización de la primera se traduzca en el originario precepto. iv. De esta manera la exención puede ser subjetiva u objetiva. En las exenciones sujetivas la circunstancia neutralizante es un hecho o situación que se refiere directamente a la persona del destinatario legal tributario, así las actividades religiosas, gremiales, profesionales, culturales, deportivas, las cuales se consideran de bien público y no persiguen fines lucrativos, se hallan generalmente exentas. En las exenciones objetivas la circunstancia neutralizante está directamente relacionada con los bienes que constituyen la materia imponible. v. En este sentido, el art. 49 inc. b) de la Ley 843 modificada por el art. 2 de la Ley 2493 de 5 de agosto de 2003, establece que están exentas del IUE Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y que desarrollen las actividades siguientes: educativas, culturales, científicas, profesionales, gremiales profesionales, culturales, deportivas. vi. La exención del IUE procede siempre que se cumplan las tres condiciones establecidas por el citado art. 49 inc. b) de la Ley 843 que son las siguientes: 1) que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales; 2) que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones, se destinen exclusivamente a los fines enumerados y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados; y 3) en caso de liquidación, su patrimonio se distribuirá entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica. vii. Por su parte el art. 8 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), dispone que Las normas tributarias se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias que serán interpretados de acuerdo al método literal (las negrillas son nuestras). viii. Bajo este marco doctrinal y legal sobre las exenciones tributarias del IUE y luego de la revisión y análisis del Testimonio 022/2006 de 8 de marzo de 2006 de modificación del Estatuto Orgánico del Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro, corresponde efectuar, sobre la base de las condiciones que establece el art. 9 de 12

10 49 inc. b) de la Ley 843 modificada por el art. 2 de la Ley 2493 de 5 de agosto de 2003, el siguiente análisis técnico jurídico tributario: a) En relación a la primera condición referida a que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales se tiene que fue cumplida, toda vez que de acuerdo al art. 2 del Estatuto Orgánico del Colegio Departamental de Abogados de Oruro, es una institución que no persigue fines de lucro y según el art. 3 del mismo Estatuto tiene la finalidad de defender los derechos y prerrogativas de sus miembros, velar por el estricto cumplimiento de la Ley de la Abogacía, Código de Ética Profesional, Organizar instituciones de protección y asistencia social, estimular e incentivar la superación profesional de sus miembros, a través de becas de estudio e investigación, patrocinar seminarios, gestionar y promover ante los poderes públicos la dictación de leyes que protejan, promocionen e incentiven la actividad profesional, proponer a los poderes públicos la creación de recursos económicos para la apropiada realización de sus fines, mantener y fomentar la vinculación y las relaciones con sus similares del interior y exterior del país, velar por el respeto de los Derechos Humanos y cívicos e implantar mecanismos que controlen el ejercicio ilegal de la profesión, consecuentemente, el Colegio Departamento de Abogadas de Oruro no es una entidad que realiza actividades de intermediación financiera o comercial. b) Respecto a la segunda condición referida a que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones, se destinen exclusivamente a los fines enumerados y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados, se evidencia que los arts. 46 y 47 del Estatuto Orgánico, se refieren a la composición de los recursos económicos y el patrimonio del Colegio Departamental de Abogados de Oruro; sin embargo, el art. 48 del mismo Estatuto señala que todos los bienes del patrimonio del Colegio podrán ser enajenados, pignorados, hipotecados, alquilado con autorización previa de la asamblea extraordinaria convocada para el efecto, sin establecer el destino de estos recursos durante la vigencia del Colegio, es decir que no se establece de forma expresa en los estatutos que la totalidad de los ingresos y el patrimonio, se destinaran exclusivamente a los fines enumerados por el art. 3 del mismo Estatuto Orgánico y que en ningún caso se distribuirán directa o indirectamente entre sus asociados, evidenciándose que no se cumple con esta condición legal. 10 de 12

11 c) Finalmente, respecto a la tercera condición referida a que en caso de liquidación, su patrimonio se distribuirá entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica, se evidencia que el art. 49 del Estatuto Orgánico establece literalmente que en caso de extinción del Ilustre Colegio de Abogados de Oruro, su patrimonio neto, después de cumplir todas sus obligaciones con terceros, estos pasaran a poder de otra institución similar afín su actividad y en ningún caso serán distribuidos entre sus asociados, aspecto que fue cumplido en los estatutos. ix. Consecuentemente, al no existir una previsión expresa y literal en el Estatuto Orgánico sobre la segunda condición detallada en el punto viii. b) de la presente Resolución, referida a la prohibición expresa de cualquier distribución directa o indirecta entre sus asociados de los ingresos y patrimonio durante la vigencia del Colegio de Abogadas, el Estatuto Orgánico del contribuyente no se enmarca ni se sujeta a lo dispuesto por el inc. b) art. 49 de la Ley 843 y toda vez que las exenciones tributarias son interpretados de acuerdo al método literal, en estricta aplicación del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada y consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa EXE/UTJ/N 007/2006 de 18 de mayo de 2006 dictada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, hasta que el Ilustre Colegio Departamental de Abogados Oruro ajuste su Estatuto Orgánico a lo establecido por el art. 49 inc. b) de la Ley 843 modificado por el art. 2 de la Ley Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en uso de su vacación anual, con la competencia atribuida de manera expresa por la Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de enero de 2007, publicada en 6 de enero de 2007 en el medio de circulación nacional El Diario, circunstancia que consta en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0351/2006 de 26 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 11 de 12

12 POR TANTO: El Superintendente Tributario General a.i. por delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 27350, conforme a la Resolución Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0351/2006 de 26 de octubre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el ILUSTRE COLEGIO DEPARTAMENTAL DE ABOGADOS DE ORURO contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales SIN, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. Fdo. Dr. Rafael Verrgara Sandóval SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. Superintendencia Tributaria General 12 de 12

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