Lima, seis de noviembre del dos mil siete.

Transcripción

1 Lima, seis de noviembre del dos mil siete. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, vista la causa número cuatro mil ciento noventa y siete dos mil siete, el día de la fecha, producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas cuatrocientos veintiséis, su fecha catorce de junio del año en curso, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirmando la apelada su fecha veintiuno de setiembre del dos mil seis, obrante a fojas trescientos cuarenta y uno, declara fundada la demanda, en los seguidos por la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta contra doña María Mercedes Pereda Robles, sobre mejor derecho de propiedad. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO. Mediante resolución de fojas veintiocho del cuadernillo de casación, su fecha veintiocho de setiembre último, se ha declarado procedente el recurso de casación propuesto por doña María Mercedes Pereda Robles por las causales relativas a la inaplicación de normas de derecho material y contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso. 3. CONSIDERANDOS: Primero: Habiéndose declarado procedente la denuncia casatoria por las citadas causales, de primera intención, debe examinarse la causal in procedendo antes enunciada, pues, de declararse fundado el recurso por dicha motivación, resultaría innecesario examinar la otra causal invocada. Segundo: Como se ha anotado precedentemente, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, añadiéndose la alegación hecha por la impugnante de que el petitorio que se reclama en autos no tiene determinación clara y concreta de lo que se pide, agregando, que en el petitorio no se ha señalado el monto y asimismo, que la presente demanda carece de firma de la demandante y de su representante legal, lo que a su parecer, vulnera lo previsto en el artículo 139 de la Constitución y los incisos 2, 5, 8 y 11 del artículo 424 del Código Procesal Civil.

2 Tercero: Examinado el error in procedendo denunciado es del caso señalar que en materia casatoria sí es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso. Éste, supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso no sólo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Cuarto: Conforme se infiere de lo previsto en el artículo 384 del Código Procesal Civil, entre los fines del recurso de casación se ubica el control del cumplimiento del derecho objetivo, así como la uniformidad de la jurisprudencia por razones inmanentes del proceso; por lo tanto, en el presente caso, al haberse denunciado infracción de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, es necesario establecer si la resolución final responde a los principios y garantías que la regulan. Quinto: Examinado el presente proceso para determinar si se ha infringido o no el debido proceso en los términos denunciados, es del caso efectuar las siguientes precisiones: La entidad demandante, empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, postula la presente demanda reclamando como pretensión principal se declare su mejor derecho de propiedad sobre el inmueble sito en avenida Santa número , de la ciudad de Trujillo y asimismo, solicita como pretensión objetiva, originaria y accesoria, la reivindicación del referido inmueb le, dirigiendo la acción contra doña María Mercedes Pereda Robles. El fundamento básico en que se apoya la citada entidad, consiste que con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, la Sociedad Cervecera de Trujillo adquirió la propiedad de dieciséis lotes de terreno en la ciudad de Trujillo, siendo que el décimo quinto lote corresponde al bien sub litis. Que la citada entidad se fusionó por absorción con Cervecerías Peruanas Backus & Jhonston Sociedad Anónima, operando en la actualidad con la denominación precisada en la demanda y que su derecho de propiedad sobre el bien en mención se encuentra inscrito en los registros públicos. Agrega que, requiriendo consolidar su derecho de propiedad sobre las construcciones edificadas en el bien, inició un juicio contra don Justino Vásquez Rodríguez y la hoy demandada quien está en posesión del citado inmueble, siendo que finalmente canceló el valor de las construcciones a los herederos legales del primero de los mencionados. Añade, asimismo, que inició un juicio de desalojo por ocupación precaria contra la hoy emplazada, el mismo que le fue adverso, en razón de que la Corte Suprema precisó que la demandada no era precaria porque contaba con un título que no ha sido declarado nulo. La demandada al contestar la demanda, señaló, entre otros fundamentos, que el petitorio que se formula en autos resulta contradictorio puesto que, al proponerse la pretensión de mejor derecho de propiedad, implícitamente se reconoce que también tiene derecho de propiedad sobre el bien sub judice. Asimismo, cuestionó al representante legal de la entidad accionante y arguyó, que la escritura pública obrante a fojas ciento diecisiete, que le otorgara a su favor don

3 Roberto Pereda García, es un instrumento público que, a su parecer, tiene todo el valor jurídico y no ha sido declarado nulo judicialmente. En la audiencia de conciliación se fijaron como puntos de la controversia, el determinar si corresponde declarar el mejor derecho de propiedad de la entidad demandante respecto del bien sub materia y asimismo, determinar si la demandada está obligada a desocupar y entregar a la entidad accionante el citado inmueble. La resolución de primera instancia declaró fundada la demanda, señalando que corresponde a la entidad accionante el mejor derecho de propiedad sobre el bien sub litis, pues...la demandada tan sólo cuenta con una escritura pública de fecha posterior (ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco) y la misma que no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble de La Libertad..., tal como aparece en el décimo considerando de la indicada sentencia. La demandada, al apelar de la citada resolución, incidió en cuestionar al representante legal de la entidad demandante, sosteniendo que quien suscribió la presente demanda, carecía de poder otorgado por la entidad demandante, pues, dicha representación le había sido conferida por una persona jurídica distinta y que, asimismo, la demanda adolecía de claridad y precisión. Agregando, además, que en el caso de autos no resultaba de aplicación lo previsto en el artículo 1135 del Código Civil. La resolución de vista ha concluido por confirmar la mencionada resolución, precisándose que, el título de la demandada no resulta idóneo para ser declarado como mejor en cuanto al derecho de la demandante porque dicha compra fue celebrada posterior a la compra venta de la demandante, el ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco la cual no se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad. Agrega que los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria son los siguientes: a) que, el demandante o titular del derecho tenga legítimo derecho de propiedad sobre el bien que pretende reivindicar; b) que, el legítimo propietario no esté en posesión del bien, debido a la posesión indebida del demandado, y c) que, se trate de un bien determinado, preciso y debidamente identificado; y en ese se ntido, se ha amparado, asimismo, la pretensión accesoria de reivindicación, ordenándose que la demandada desocupe y entregue el bien sub litis a favor de la entidad demandante. Sexto: De lo expuesto, se constata que las instancias de mérito no han integrado su razonamiento lógico jurídico con el sentido y alcances de la Ejecutoria Suprema recaída en el expediente tres mil ocho cientos cuatro dos mil, el mismo que fue expresamente mencionado por la propia entidad accionante al postular la presente demanda, pues, en dicha Ejecutoria se estableció respecto de la posesión de la demandada que su título no había sido declarado nulo. En las resoluciones de mérito no se ha compulsado en modo alguno tal aspecto que fue alegado por la emplazada al contestar la presente acción, máxime aún si dicho expediente aparece como acompañado, conjuntamente con el expediente signado con el número tres mil doscientos ochenta y siete setenta y nueve, en los seguidos por la misma entidad accionante contra don Justino Vásquez Rodríguez, sobre consolidación de propiedad y el número trescientos diez cincuenta y ocho, seguido por María Ortega Vásquez con el Concejo Provincial de Trujillo, sobre reivindicación. Consecuentemente, se ha incurrido en vicio in

4 procedendo que hace indispensable la actividad correctora de la casación en atención a su finalidad dikelógica y a su vinculación directa con la motivación del fallo, siendo necesario que para resolver el caso sub litis se efectúe una valoración conjunta de todos los elementos de juicio aportados por las partes procesales, lo que resulta inherente al debido proceso a efectos de determinar la incidencia de la mencionada Ejecutoria Suprema respecto a la posesión que ejerce la demandada en el bien sub judice, sin perderse de vista que no se trata de valorar la prueba sino de la apreciación conjunta de ésta para premunir de razonabilidad la tarea de evaluar el proceso. Sétimo: La motivación de las resoluciones judiciales constituye una de las garantías de la Administración de Justicia que esta recogido en el numeral 139 inciso 5 de la Carta Política. Dicho principio preconiza la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. El desarrollo normativo de la indicada norma tiene como regla aquella que señala que las resoluciones judiciales se expiden en mérito de lo actuado en el proceso y en la ley (artículo 122 inciso 3 del citado Código Formal). Es que todo proceso judicial tiene como finalidad concreta la de resolver un conflicto de intereses o dilucidar una incertidumbre jurídica y como finalidad abstracta la de lograr la paz social en justicia, para cumplir con tales fines ineludiblemente debe existir mutua correspondencia entre lo qué se razona como resultado de las conclusiones a las que arriba el Juzgador y lo que se decide como consecuencia de tal razonamiento, lo que no aparece haberse satisfecho en el caso de autos. Octavo: Por consiguiente, habiéndose determinado que la resolución impugnada infringe el debido proceso, el presente recurso impugnatorio debe declararse fundado, casarse la sentencia de vista e insubsistente la apelada y ordenarse que se emita una nueva decisión, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal denunciada en casación. DECISIÓN: Por tales fundamentos, y de conformidad con el inciso 2 del acápite 2.3 del artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña María Mercedes Pereda Robles a fojas cuatrocientos treinta y seis, por la causal de contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos veintiséis su fecha catorce de junio del presente año; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas trescientos cuarenta y uno, su fecha veintiuno de se tiembre del dos mil seis ORDENARON el reenvío de los autos al Juzgado Civil de origen de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a efectos que el a quo emita una nueva decisión, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes; en los seguidos por la empresa Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, sobre mejor derecho a la propiedad.

5 DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano bajo responsabilidad; intervino como Vocal Ponente el Señor Valeriano Baquedano; y los devolvieron. SS. VÁSQUEZ VEJARANO CAROAJULCA BUSTAMANTE MIRANDA CANALES VALERIANO BAQUEDANO.ag LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL SEÑOR VOCAL SUPREMO MANSILLA NOVELLA SON COMO SIGUE: Y CONSIDERANDO: Primero. Que, debe analizarse en primer lugar la causal adjetiva propuesta, pues debido a su naturaleza y a los efectos que produce, si mereciera amparo carecería de objeto pronunciarse respecto de la causal sustantiva. Segundo. Que, examinando el error in procedendo denunciado, es del caso señalar que en materia casatoria si es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso, debiendo tomarse en cuenta que éste supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Tercero. Que, conforme es de verse del recurso de casación interpuesto por la demandada, se denuncia que se han contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso e infringido las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, en razón de que la acción interpuesta por la entidad demandante carece de los requisitos a que se refieren los incisos 2, 5, 8 y 11 del artículo 424 del Código Procesal, por lo que debió en su oportunidad haber sido declarada infundada e improcedente conforme a lo solicitado en el petitorio de su contestación a la demanda. Cuarto. Que, al respecto, cabe señalar que del escrito de demanda corriente de fojas noventa

6 y seis a ciento diez aparece acreditado que la empresa demandante cumplió con todos los requisitos exigidos por el artículo 424 del Código Adjetivo, así como también con adjuntar los anexos previstos en el artículo 425 y regulaciones establecidas en el artículo 130 del propio texto legal; habiéndose admitido la acción interpuesta por resolución número uno de fecha nueve de enero del dos mil tres, obrante a fojas ciento once. Quinto. Que, a mayor abundamiento, se puede advertir con relación a la denuncia formulada que la entidad demandante al momento de interponer su demanda cumplió con señalar el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal de la entidad actora; el nombre y dirección domiciliaria de su representante; habiendo cumplido asimismo con suscribir dicha demanda su representante legal y el abogado. Sexto. Que, aparece también de la propia demanda que la entidad demandante formuló su petitorio en forma clara y concreta; no indicándose el monto del mismo dada la naturaleza de la presente acción. Sétimo. Que, a fojas ciento veintinueve la demandada se apersona al presente proceso y absuelve el trámite de contestación de la demanda, formulando los mismos alegatos que propone al denunciar la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso e infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Octavo. Que, la sentencia de primera instancia ha sido confirmada por sus propios fundamentos por la Sala Civil Superior, la misma que agrega incluso sus fundamentos propios; por ello, es un hecho establecido por las instancias de mérito que la acción interpuesta por la entidad demandante reúne todos los requisitos de admisibilidad y procedencia a que se refieren los ar tículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil. Noveno. Que, siendo esto así, es evidente que no existe contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que la causal examinada debe desestimarse. Décimo. Que en lo que respecta a la causal denunciada sobre inaplicación de los artículos 70 de la Constitución y 923 del Código Civil, se debe señalar que ambos dispositivos son declarativos y definen el derecho de propiedad, estableciendo también de que todos los atributos de la propiedad armonicen con el interés social y se ejerciten dentro de los límites legales. Décimo Primero. Que, del recurso de casación interpuesto por la demandada se aprecia que la misma cuestiona la sentencia de vista al disponer que desocupe y entregue el bien sub litis pese a tener título de propiedad del mismo; olvidando que las instancias de mérito han establecido el mejor derecho de propiedad de la entidad luego de practicada la valoración conjunta de los medios probatorios. Décimo Segundo. Que, en esencia, la impugnación denunciada está dirigida a cuestionar la determinación del sentido y los alcances de los medios probatorios, tarea que compete a los Jueces de instancia, y que en principio no es susceptible de ventilarse en vía de casación. Décimo Tercero. Que, en consecuencia, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 384 de la ley procesal, la recurrente no satisface a plenitud el requisito de fondo del numeral 2.2 del inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil. Décimo Cuarto. Que, por todo lo anteriormente expuesto, no se han evidenciado las causales casatorias denunciadas; por el contrario, se advierte que el Colegiado Superior al expedirse la recurrida que confirma por su fundamentos la sentencia apelada, se ha ceñido a los principios de congruencia procesal, motivación de las resoluciones judiciales, valoración conjunta de los medios probatorios y carga de la prueba, habiéndose aplicado correctamente las reglas de la sana crítica y resaltándose el valor justicia. Por las consideraciones anotadas y de conformidad con lo previsto por el artículo 397 del Código Procesal Civil: MI VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos treinta y seis por doña

7 María Mercedes Paredes Robles; en consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y uno, su fecha catorce de Junio del presente año, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. En los autos seguidos por la Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta sobre mejor derecho de propiedad y reivindicación. Lima, seis de noviembre del dos mil siete. S. MANSILLA NOVELLA PAGE PAGE 8 SENTENCIA CAS. N LA LIBERTAD

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