AU-01-R DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIÓN.- San José, a las quince horas del 15 de febrero del 2010.

Transcripción

1 AU-01-R DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIÓN.- San José, a las quince horas del 15 de febrero del Esta Dirección General, conoce del recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, interpuesto por el señor [...], portador del pasaporte de su país número [...], en su condición de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo del Banco [...] S.A, cédula de persona jurídica [...],antes denominado [...], fusionado con [...] S.A, en contra del Oficio DGT del 6 de enero del RESULTANDO I.- Que mediante Oficio DGT del 6 de enero del 2010, esta Dirección General, evacuó tres consultas sobre las rentas por diferencias cambiarias, que se derivan de la valuación de capitales invertidos en moneda extranjera. La primera consulta, consiste en lo siguiente: El diferencial cambiario, en general, por tratarse de una renta-continua u ocasional- estaría afecta al tributo sobre la renta, SALVO que nos encontremos ante un supuesto de no sujeción o exoneración, al igual que sucedería con cualquier otra renta. ( ) El recurrente es del criterio que el diferencial cambiario es una renta sujeta al impuesto sobre las utilidades, salvo que sea una renta extraterritorial o se encuentre exonerada por ley. Que para efectos de determinar la territorialidad de una fuente y por ende la sujeción de una renta, si no se trata de rentas de fuente costarricense o si son rentas exentas, independientemente de que sean ocasionales u habituales no estarán gravadas en Costa Rica. Que el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no indica que las diferencias cambiarias estén siempre gravadas, con independencia de que provengan de inversiones no sujetas o exentas del impuesto sobre las utilidades, señalando únicamente que deben ser valuadas las operaciones en moneda extranjera, que incidan en la renta líquida gravable. Que en su interpretación integral con los artículos 1,5,6,7,8,9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1 y 12 del Reglamento a dicha Ley, se debe entender que al estipular giro habitual, el artículo 8 del RLISR hace referencia a la

2 actividad lucrativa, que genera rentas gravables con el impuesto sobre las utilidades. Por su parte, la Dirección General de Tributación, en el oficio antes indicado, argumentó lo siguiente: a) La Ley del Impuesto sobre la Renta, se basa en el criterio de territorialidad, que no puede entenderse como referido en forma exclusiva, a las rentas producidas en el territorio nacional, sino comprenden aquellas relacionadas con la estructura económica costarricense. b) Que el Oficio DGT , del 23 de agosto del 2005, contiene el criterio que prevalece sobre el tema de las diferencias cambiarias de inversiones en títulos emitidos en el exterior. En este oficio, se expone del Fallo N 361-P-99 del 22 de octubre de 1999, del Tribunal Fiscal Administrativo, que el carácter de territorialidad de los ingresos, es precisamente el hecho de que son producto de una negociación corriente dentro del giro habitual, concretada en el territorio nacional. Dicha negociación no se refiere a capitales localizados en el exterior, sino que se trata de capital disponible en nuestro país. c) Que el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, en su sentencia N 13-09, de las quince horas treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil nueve, sobre el tema de la territorialidad, menciona la sentencia de la Sección II de este Tribunal N , de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil tres, en la cual se indica que la territorialidad no se agota en una simple cuestión geográfica, pues se trata de un concepto de orden económico, del que no es posible desligar aquellos casos en donde la actividad generadora de la renta, está estrechamente vinculada con la estructura económica del sujeto pasivo. d) Con respecto a las diferencias cambiarias originadas en inversiones cuyas rentas (intereses) se encuentran exentas, para un determinado impuesto; el impuesto sobre las utilidades carece de una norma expresa de exención, que contemple las diferencias cambiarias. e) La valuación de operaciones en moneda extranjera, establecida en el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone a todos los contribuyentes afectos a los tributos establecidos en la Ley 7092, que realicen operaciones o reciban ingresos en moneda extranjera e incidan en la determinación de su renta líquida gravable, efectuar la conversión de esa moneda a moneda nacional. En igual forma, se deben valuar todas las operaciones pendientes o los ingresos no recibidos al cierre de cada período fiscal. En los casos de habitualidad o giro principal de la actividad, el diferencial cambiario incide en la renta sujeta al impuesto sobre las utilidades.

3 f) Esta Dirección General concluye que el diferencial cambiario, producto de la valuación de las inversiones en moneda extranjera, de operaciones habituales o del giro normal de la actividad, se encuentra sujeto al impuesto sobre las utilidades. La segunda consulta, se expone a continuación: Los ingresos contables que se registran como consecuencia de los ajustes cambiarios ingresos y gastos por diferencial cambiario-son ingresos y gastos afectos a las reglas del tributo sobre la renta. Las rentas y gastos por diferencial cambiario originadas por la valuación de inversiones de capitales invertidos fuera del territorio nacional, no se encuentran sujetas al impuesto sobre la renta, en razón de que no son rentas de fuente costarricense En criterio del recurrente, con respecto a la territorialidad de la renta, es que la misma se determina según donde se encuentre localizada la fuente, el bien o donde esté invertido el capital. Que paradeterminar la territorialidad de la renta resulta irrelevante el origen del capital, pues en Costa Rica se sigue el criterio de la fuente productora, no el de la fuente pagadora. Las diferencias cambiarias, en cuanto rendimientos propios del activo, derivadas de la valuación de inversiones (capitales) localizados en el exterior, no están sujetas al impuesto sobre las utilidades, pues de conformidad con el artículo 1 de la LISR y el principio de territorialidad, son rentas cuya fuente se encuentra localizada fuera de Costa Rica. La Dirección General de Tributación, se manifestó en los siguientes términos: a) Que el criterio de territorialidad no se agota en el marco geográfico del territorio nacional, sino que contempla las rentas vinculadas, en forma directa, con la estructura económica costarricense. b) El Tribunal Contencioso Administrativo, Secciones VII y VIII, en las sentencias número del 23 de enero y de 17 de abril, ambas del año 2009, ha calificado como renta de fuente costarricense, aquella proveniente de una actividad realizada en el exterior, pero, directamente vinculada con la estructura económica nacional. c) Que las diferencias cambiarias, derivadas de la valuación de operaciones en moneda extranjera, de inversiones localizadas en el exterior, cuyo capital se encuentra vinculado con la estructura económica nacional, están sujetas al

4 impuesto sobre las utilidades, conforme al marco jurídico de los artículos 1, 5, 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 8 de su Reglamento. La tercera consulta, se transcribe a continuación: Que el diferencial cambiario, como renta que deriva de la valuación de determinados activos monetarios inversiones en títulos valores en moneda extranjera emitidos por el Estado y sus bancos (adquiridos) antes del 22 de abril del no se encuentra gravado con el impuesto sobre la renta, ni con ningún otro impuesto; de conformidad con el artículo 23 inciso c) párrafo cuarto de la LISR. En opinión del recurrente, el diferencial cambiario es una renta (o gasto) que deriva de la valuación del activo -derechos o inversión- o pasivo -deuda-, o sea, es un rendimiento de la inversión; posición que ha sido aceptada por las autoridades administrativas, incluidas la SUGEF y la Dirección General de Tributación en ocasiones anteriores. Que el artículo 23 inciso c) párrafo 4 de la LISR exonera, sin hacer distinción alguna, las rentas derivadas de títulos valores emitidos en moneda extranjera por el Estado y sus bancos adquiridos antes de la reforma introducida con la Ley No ; por lo que el ingreso por diferencial cambiario, renta que deriva de la valuación de dichas inversiones, está exento del pago del impuesto sobre las utilidades. Sobre esta consulta, la Dirección General de Tributación, se pronunció en los siguientes términos: a) Que esta Dirección General, ha mantenido el criterio que el artículo 23 inciso c) párrafo 4 de la LISR, establece la no sujeción únicamente de las rentas (intereses) de dichos títulos, situación diferente con los ingresos por diferencial cambiario, que se encuentran sujetos al impuesto sobre las utilidades. b) En el Oficio DGT , se acogió el argumento externado por el Tribunal Fiscal Administrativo, en el Fallo Nº P, en la cual se manifiesta que la exención, se debe relacionar con la renta derivada en forma directa de las inversiones, o sea, los intereses generados de la inversión, no debiendo extenderse el alcance de la disposición de comentario, a una renta generada por un mecanismo ajeno o extraño, provocado por las devaluaciones monetarias a que se ha hecho referencia, y que como consecuencia de ello, se genera una nueva utilidad

5 c) Que las diferencias cambiarias provenientes de la valuación de las inversiones antes indicadas, no gozan de exención, por lo que se encuentran sujetas al impuesto sobre las utilidades. II.- La notificación del Oficio DGT , se realizó el 13 de enero del 2010 según consta en el acta agregada al expediente. III.- Que el 2 de febrero del 2010, dentro del plazo legal establecido al efecto, el recurrente interpuso el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, que se conoce. IV. En los procedimientos no se advierten vicios que puedan causar nulidad. CONSIDERANDO: PRIMERO. El recurrente, en el escrito que plantea los recursos que se conocen, manifiesta los aspectos de su inconformidad, que a continuación se indican: a) Que la Administración Tributaria se basa en dos argumentos, en aras de rechazar la interpretación que hace del ordenamiento jurídico, su representado, la cual en su criterio es jurídicamente correcta, además que es conteste con criterios reiterados emitidos por los Tribunales de Justicia. Los argumentos consisten en querer gravar rentas cuya naturaleza jurídica, evidentemente es extraterritorial y haciendo alusión a que la habitualidad en la venta de títulos valores tiene la virtud de vincular esas rentas con la estructura económica costarricense, por ello, esas rentas que son exentas se transmutan en rentas de fuente costarricense. Aceptar como válido el criterio de la Dirección General de Tributación, el cual parte de la premisa que si una renta es habitual, por ende está vinculada a la estructura económica costarricense y por lo tanto, es una renta sujeta al impuesto antes indicado, lo que significa dar como válida una flagrante violación al principio de legalidad. b) Señala tres sentencias ya mencionadas en la consulta inicial, dos del Tribunal Contencioso Administrativo y otra de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, las cuales coinciden con su criterio y las considera contundentes al

6 afirmar que al caracterizar una renta como de fuente costarricense en virtud de la habitualidad de la misma y una supuesta vinculación a la estructura económica del país, es incorrecta a la luz de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que corresponde a una interpretación administrativa que jamás podría estar por encima de una disposición legal. c) Que la Sentencia N del Tribunal Contencioso Administrativo es clara y efectúa una correcta interpretación del artículo 6 inciso ch) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, confirma que los ingresos que se puedan percibir por negocios efectuados sobre bienes no localizados en el país, no forman parte de la renta bruta del contribuyente. De esta sentencia cita lo siguiente: Lo que establece el legislador es precisamente una excepción, es decir, en qué supuestos los beneficios no se van a considerar renta bruta, lo que sucedería de no existir la norma El Legislador no hizo distinción en cuanto a la calidad del sujeto, de su actividad, ni a su residencia, y simplemente en uso de sus potestades, excluyó en forma expresa, de las rentas gravables, -o del concepto de fuente costarricense-, el supuesto del artículo 6 inciso ch). Por ello, para estar en la excepción, basta con determinar si la renta proviene de convenios o negocios sobre bienes o capitales localizados en el exterior, (El subrayado es del escrito de revocatoria) Además, de la misma sentencia indica lo siguiente: La diferenciación entre: 1.- ingresos generados por negocios sobre bienes o capitales localizador (Sic) en el exterior, producto de una actividad empresarial realizada en el país, y 2.- ingresos producidos por contratos sobre bienes o capitales localizados en el exterior, que no se deriva de una actividad organizada económica y administrativamente desde Costa Rica, no la hace la ley, sino se deriva de una interpretación administrativa en violación al artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y al principio de legalidad que rige la materia tributaria. (El subrayado es del escrito de revocatoria.) d) Manifiesta que la Sentencia Nº 686-F-2006 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirma el criterio esgrimido en la Sentencia Nº e indica lo siguiente: Esto por cuanto, la nueva actividad consistiría en adquirir productos de otras compañías en el exterior, pertenecientes a la misma Corporación ( ), colocándolos de forma directa en los países de destino en el área centroamericana; con lo cual, esa mercancía nunca ingresaría a territorio costarricense. Como puede observarse, se trataría de contratos, convenios

7 o negociaciones, eventualmente celebrados en Costa Rica, sobre bienes localizados en el exterior. Además, su ejecución no sería en territorio nacional, sino en el país centroamericano al cual se destinen los productos. ( ) Ergo, las utilidades generadas como consecuencia de la actividad consultada por la empresa actora, según lo indicado por el referido artículo 6 inciso ch) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no forman parte de la renta bruta; por lo tanto, no estarían gravadas con los indicados impuestos. (El subrayado es del escrito de revocatoria). e) De la Sentencia Nº 5-09 del Tribunal Contencioso Administrativo de las quince horas diez minutos del treinta de enero de dos mil nueve, se procede a citar las partes, que fueron destacadas, por el recurrente: De igual forma, es preciso apuntar que en efecto nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta participa del criterio de la territorialidad (fuente costarricense), haciendo la aclaración de que si bien el impuesto sobre las utilidades puede ser considerado un tributo subjetivo, en realidad esa característica de ligar la fuente productora de la renta al territorio nacional descarta toda posibilidad de entender este impuesto como global, es decir, como aquél tributo que grava las manifestaciones de riqueza del sujeto pasivo con independencia del lugar donde se produce la renta. Las mismas razones sirven de sustento para sostener que el impuesto sobre las utilidades no participa del criterio de residencia, es decir, que por el sólo hecho de residir o tener un domicilio en el país, toda manifestación de riqueza del contribuyente estaría sujeta al impuesto, independientemente del lugar donde se encuentre la fuente productora de sus ingresos habituales (El subrayado es del escrito de revocatoria). ( ) no se comparten los argumentos de la representación del Estado, apoyados por alguna doctrina y jurisprudencia administrativa patrias, en el sentido de que el concepto de fuente costarricense no se refiere únicamente al territorio geográfico nacional, sino que abarca los casos en que la actividad generadora de renta está involucrada directamente con la infraestructura económica de nuestro país, porque en realidad ésa es una interpretación extensiva del texto de la Ley, que violenta el principio de legalidad tributaria. Recuérdese que el artículo 1 de la Ley 7092 es claro en establecer que se entenderá por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional (El subrayado es del escrito de revocatoria).

8 f) Expone que el Tribunal Contencioso Administrativo, se dio a la tarea de analizar el articulado relacionado con el caso que nos ocupa y le permite concluir sin dejar el tema abierto a ulteriores discusiones, que si una renta es caracterizada como extraterritorial, por ende no está sujeta al impuesto sobre la renta. No es posible mediante interpretaciones extensivas de la Ley, vincular esas rentas con la estructura económica de un país, basados en el criterio de habitualidad, para así transformarlas en rentas sujetas. g) Indica que la Sección IV del Tribunal Contencioso, en un tema idéntico al que nos ocupa deja sin efecto los criterios reiterados del Tribunal Fiscal Administrativo, sobre el tratamiento fiscal correcto que debe asignarse a las rentas extraterritoriales producto de inversiones en títulos del exterior, así como que el diferencial cambiario es producto del rendimiento de esos títulos al igual que los intereses. Sin embargo, no indica el número ni la fecha de la sentencia, en que ampara este argumento. h) Sobre el tema de las rentas derivadas de inversiones en títulos valores ya sea del exterior, o en moneda extranjera emitidos por el Estado o sus bancos, incluyendo el diferencial cambiario y las ganancias de capital, hace referencia a la Sentencia N , del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV de la cual se cita lo resaltado con letra negrita, por el recurrente: ésta resulta contraria al ordenamiento jurídico como de seguido se verá en primer término por cuanto dicho numeral 23 inciso C párrafo 4 de la ley sobre impuesto (sic) sobre la renta no hace distingo alguno simplemente refiere que están exentas las rentas derivadas de títulos valores en moneda extranjera en segundo lugar en el supuesto de las inversiones en moneda extranjera la rentabilidad del título tiene dos componentes a saber el primero el interés por rendimiento que como lo explicó el testigo perito en la audiencia oral y pública señor [...] resulta ser un rédito muy inferior al que genera las inversiones en moneda nacional y lo ejemplificó con un recorte periodístico que publicitaba una mayor tasa de interés en las inversiones en colones en contraste con el interés ofrecido en las realizadas en moneda estadounidense lo cual en todo caso es público y notorio en segundo componente que viene a compensar esa baja tasa de interés lo genera precisamente el ajuste derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio o ajuste cambiarios según la política económica que tenga el gobierno de turno y en tercer lugar lo que entiende ésta sección del tribunal contenido del tantas veces citado inciso C párrafo 4 del artículo 23 de la ley del impuesto sobre la renta es que no puede de modo alguno desligarse o desmembrarse la utilidad percibida por la inversión realizada en la bolsa tal y como lo establece la norma que se refiere simplemente al concepto de rentas

9 Por último, añade que al no poder hacer una diferenciación donde la ley no la hace, se debe entender en aplicación del Derecho, que tanto las rentas por diferencial cambiario como aquellas por ganancias de capital, derivadas de inversiones en títulos valores en el extranjero o emitidos en moneda extranjera por el Estado o sus bancos, son rentas cubiertas por la exoneración del artículo 23 inciso c) de la ley en referencia (previa reforma de abril 2009), así como por el principio de territorialidad de la fuente, establecido en el artículo 1 de este cuerpo normativo. SEGUNDO. Esta Dirección General reexaminó lo actuado en este caso, a la luz de las consideraciones expuestas en el escrito del interesado y resuelve, de la siguiente manera: 1.- Que esta Dirección General, en el Oficio DGT , analizó los requisitos básicos, para determinar si las diferencias cambiarias objeto de examen, son de fuente costarricense, si constituyen renta producto y si existe normativa que las someta al impuesto sobre las utilidades. En primer lugar, se manifestó que la Ley del Impuesto sobre la Renta, se basa en el criterio de territorialidad, que no puede entenderse como referido en forma exclusiva, a las rentas producidas en el territorio nacional, sino que comprenden aquellas generadas en el exterior, relacionadas directamente con la estructura económica costarricense, situación que les da la condición de renta de fuente costarricense, en este caso a las rentas por diferencial cambiario. En segundo lugar, se estableció que el diferencial cambiario, adquiere la condición de renta producto, cuando proviene de la actividad principal o habitual, como en este caso, que el recurrente invierte capitales en títulos valores u otros activos monetarios en el extranjero, lo que representa una actividad típica para el recurrente. En tercer lugar, se determinó que el diferencial cambiario en referencia, se encuentra sujeto al impuesto sobre las utilidades, con base en el marco jurídico integrado por los artículos 1, 5, 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 8 de su Reglamento. 2.- Con fundamento en las razones expuestas en el punto anterior, este Despacho no comparte los argumentos dados por el recurrente, en el sentido, que esta Dirección General haya partido de la premisa que si una renta es habitual por ende, está vinculada a la estructura económica costarricense y que por lo tanto, es una renta sujeta al impuesto en referencia, lo que significaría dar como válida una violación al principio de legalidad. Es importante volver a destacar que las rentas generadas en el exterior, constituyen renta de fuente costarricense, cuando exista una vinculación directa

10 con la estructura económica de Costa Rica, situación observada por este Despacho y no de asociar en forma automática, la habitualidad con la estructura antes indicada, como lo pretende hacer ver el recurrente. 3.- Esta Dirección General, le manifiesta al recurrente, que en la Sentencia N del 17 de abril del 2009, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII, la Procuraduría General de la República, sobre el tema de las rentas generadas en el exterior, vinculadas con la estructura económica costarricense, argumentó lo siguiente: ( ) El concepto que contiene la legislación patria no está únicamente referido a las rentas producidas dentro del territorio costarricense sino que también comprende las rentas directamente relacionadas con la infraestructura económica costarricense, atendiendo al criterio de fuente productora y no al de fuente pagadora. En cuanto a la inadecuada interpretación del principio de territorialidad, señala que en el sistema jurídico nacional prevalece una conexión directa entre la fuente productora de la renta, con el concepto de territorio del Estado. La noción de fuente costarricense, obedece a circunstancias de tipo económico teniendo un criterio de vinculación con la estructura económica del país. ( ) Dicho criterio, fue acogido en la misma sentencia por el referido Tribunal, el cual expresó lo siguiente: ( ) que lejos de enervar tal calificación de fuente de origen costarricense, tanto las condiciones jurídico materiales mediante las cuales resulta viable no sólo la existencia de tales activos y derechos, sino la realización de la transacción misma, están relacionados directamente con la estructura económica costarricense en la que ha operado la sociedad ( ). De ahí, que el criterio que han sustentado las autoridades administrativas recurridas en este proceso (véase considerando III de la Resolución P), resulta acertado y acorde con los parámetros de la legalidad observables. Así lo reconoce este Tribunal y rechaza lo alegado al respecto por la parte actora. ( ) De lo expuesto, se puede inferir que la aplicación de tal criterio, está acorde con el concepto que contiene la legislación que rige la materia, por lo que no existe violación al principio de legalidad.

11 4.- Por otra parte, con respecto a la jurisprudencia que señala el recurrente, sobre el tema del diferencial cambiario, derivado de inversiones en títulos valores en el extranjero o de aquellos emitidos en moneda extranjera por el Estado o sus bancos- previa reforma de abril del 2009, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, en la Sentencia N , esta Dirección General, le indica, que a su criterio dicha jurisprudencia no es vinculante y además, que la Procuraduría General de la República, interpuso Recurso de Casación, el 3 de julio del 2009, contra ella. 5.- En relación a la exención contenida en el artículo 23 inciso c) numeral 1), párrafo cuarto de la Ley 7092, sobre las rentas (intereses) provenientes de inversiones emitidas en moneda extranjera por el Estado o sus bancos, (previa reforma de abril del 2009), se ratifica, que a criterio de este Despacho, el legislador otorgó la exención únicamente sobre los intereses generados de los títulos valores, posición avalada por el Tribunal Fiscal Administrativo en el Fallo Nº P, del cual se transcribe lo siguiente: ( ) Es en este aspecto que el Tribunal entiende que el legislador nuestro lo que pretendió con la norma de referencia, fue provocar una exención únicamente sobre los intereses generados por tales títulos valores, entendiéndose en esa línea de pensamiento, que la cita del párrafo que regula la indicada exención ( ), debía relacionarse justamente a la renta derivada en forma directa de tales inversiones, cuya concreción resultan ser los intereses generados como consecuencia de dicha inversión, no debiendo extenderse el alcance de la disposición de comentario, a una renta generada por un mecanismo ajeno o extraño, provocado por las devaluaciones monetarias a que se ha hecho referencia, y que como consecuencia de ello, se genera una nueva utilidad y cuya causa se reitera, no es la inversión original analizada en forma aislada o químicamente pura, sino provocada por otros elementos o factores de políticas monetarias dispuestas por el Banco [...] ( ). Por las razones expuestas, esta Dirección General, considera que el oficio recurrido, debe mantenerse en todos sus términos. TERCERO. Que por estar a derecho conforme a lo establecido en el artículo 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, procede dar curso a la apelación subsidiaria interpuesta para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, donde se remitirá el expediente, previa notificación a la recurrente. POR TANTO:

12 Se declara sin lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el señor [...], portador del pasaporte de su país número [...] en su condición de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo con facultades del Banco [...] S.A. cédula de persona jurídica [...], en contra del Oficio DGT del 6 de enero del 2010 el que se confirma en todos sus extremos. Se admite el recurso de apelación interpuesto para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Asimismo, se advierte al recurrente para que dentro del plazo de quince días, a partir del día siguiente al de la notificación del presente auto, se apersone ante el Tribunal Fiscal Administrativo, con el propósito de que presente, si lo tiene a bien, los alegatos y las pruebas en defensa de sus derechos. Notifíquese. Francisco Fonseca Montero DIRECTOR GENERAL [...] CC. Dirección Normativa, Dirección de Recaudación, Digesto Tributario, Expediente y consecutivo. NOTIFICAR A: Banco [...] S.A. [...] Apoderado Generalísimo, Barrio [...], casa N [...], Oficinas de [...] Atención: Lic. [...].