S E N T E N C I A N 870/98 dictada por la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, en nombre de S. M. El Rey.

Transcripción

1 AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA. Sección Segunda. Rollo nº 162/98. Causa n 86/97 del Juzgado de lo Penal núm. Cinco de Granada. Ponente: Sr. José Juan Sáenz Soubrier. S E N T E N C I A N 870/98 dictada por la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, en nombre de S. M. El Rey. Ilmos. Sres. Presidente. D. José Juan Sáenz Soubrier. Magistrados D. Jesús Flores Domínguez D. Eduardo Martínez López En la ciudad de Granada, a once de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial, formada por los Sres. Magistrados al margen relacionados, ha visto en trámite de apelación la causa n 86/97 del juzgado de lo Penal n cinco de Granada, sobre intrusismo, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 372/96 tramitado en su día por el Juzgado de Instrucción a cinco de Granada, contra D. Cristobal, mayor de edad, vecino de Granada, con domicilio en C/ DIRECCION000, n NUM000, NUM001, apelado, representado en la alzada por el Procurador D. Aurelio del Castillo Amaro, bajo la defensa del Letrado D. Miguel Cabrera Torres. Ha sido parte el Ministerio Fiscal, y ha sostenido la acusación la "ASOCIACION ANDALUZA DE PODOLOGOS", Delegación de Granada, apelante, representada por la Procuradora Dª. Carmen Quero Galán, bajo la asistencia del Letrado D. José Navarro Márquez. 1

2 I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- En el expresado procedimiento recayó sentencia con fecha tres de julio de mil novecientos noventa y mino; que declara como probados los siguientes hechos: Cristóbal está en posesión del título de Practicante desde el día 20 de Agosto de En colaboraba en el consultorio del cual era titular Alberto situado en la calle Castroviejo n 12 de esta Ciudad realizando, entre otras, las funciones de callista.", y contiene el siguiente FALLO: "Que debo absolver y absuelvo a Cristóbal de los hechos objeto del presente procedimiento, declarando da, oficio las costas causadas..,". SEGUNDO.- Interpuesto en legal forma recurso de apelación por la representación procesal de la acusación particular, "ASOCIACION ANDALUZA DE PODOLOGOS", solicitó dicha parte la revocación de la sentencia recurrida y el dictado de otra condenatoria del acusado D. Cristóbal, en los términos interesados en el acto del juicio, alegando error en la valoración de las pruebas, infracción de ley e infracción de doctrina constitucional. TERCERO.- En el trámite que previene el artículo 795,4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ministerio Fiscal y la representación procesal del acusado solicitaron la confirmación de la sentencia recurrida. CUARTO.- Remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, se acordó, dentro de las posibilidades del Tribunal, quedaran para votación y Fallo el día diez de Diciembre actual, al no estimarse necesaria la celebración de vista. apea contiene. QUINTO.- Se acepta íntegramente el relato de hechos probados que la sentencia SEXTO.- Se han observado las prescripciones legales del trámite, y ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Juan Sáenz Soubrier. 2

3 II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO.- El Decreto 2.319/1.960, de 17 de Noviembre, asimiló las funciones que tenían reconocidas los Practicantes, a las de los Ayudantes Técnicos Sanitarios, "a todos los efectos profesionales" y "sin pérdida de ninguna de las que específicamente se fijaron en el artículo 7 de los Estatutos de las Profesiones Auxiliares. Sanitarias, aprobados por Orden del Ministerio de la Gobernación de 26 de Noviembre de 1.945, entre las que se encontraban las de pedicuro o cirujano callista. El citado Decreto estableció, como antes lo había hecho la mencionada Orden, que los Ayudantes Técnicos Sanitarios, así como los Auxiliares Sanitarios (practicantes, matronas o enfermeras, habrían de realizar siempre su actuación, tanto en centros públicos o privados, como en el ejercicio libre de la profesión, "bajo la dirección o indicación de un médico". Por su parte, el Decreto 727/1.962, de 29 de Marzo, que creó la especialización de Podología para los Ayudantes Técnicos Sanitarios, estableció que "el campo profesional del podólogo abarca el tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, tradicionalmente ejercido por los Cirujanos-Callistas"; y si bien regulaba las enseñanzas correspondientes para la obtención del Diploma de "Podólogo", prevenía que a los Practicantes y Ayudantes Técnicos Sanitarios que acreditaran hallarse en el ejercicio de la especialidad de Cirujano-Callista a la fecha de promulgación del Decreto, con gabinete abierto al público, o venir trabajando en empresas dedicadas al tratamiento de las afecciones de los pies, se les expediría automáticamente el Diploma de "Podólogo", si así lo solicitaran, mientras que en el caso de que vinieran ejerciendo la especialidad sin gabinete abierto al público, tendrían que realizar y superar un cursillo formativo. La obtención del diploma facultaría en todo caso a sus titulares "para, con plena autonomía, recibir directamente a los pacientes". Como quiera que la nueva situación debió originar ciertos desajustes, la, Orden de 24 de Febrero de 1.973concedió un plazo improrrogable de seis meses para que los Practicantes que no lo hubiesen hecho antes; pudieran solicitar en ese término el Diploma de Podólogo. Finalmente, el Real Decreto 649/1.988, de 24 de junio, por el 3

4 que se transformaban los estudios de Podología en primer ciclo universitario conducente al título de Diplomado Universitario en Podología, estableció que quienes estuviesen en posesión del Diploma de Podólogo expedido conforme a la legislación hasta ahora vigente, "tendrán los derechos profesionales que, en su caso, se atribuyan a los nuevos Diplomados en Podología", pudiendo aquéllos obtener este nuevo título mediante el cumplimiento de los requisitos que se establecieran por el Ministerio de Educación y Ciencia. SEGUNDO.- De las mencionadas normas se deduce con el necesario grado de seguridad que, a partir del Decreto 727/1.962, el ejercicio profesional y autónomo del tratamiento de las afecciones de los pies (tradicionalmente realizado por los cirujanoscallistas bajo la dirección o indicación del médico) sólo podría desempeñarse por quienes hubiesen obtenido el título académico de Podólogo Diplomado; y aunque sea discutible si los Ayudantes Técnicos, podían o no seguir realizando las funciones de pedicuros bajo vigilancia por petición medica (es decir, no autónomamente)lo cierto y verdad es por lo que, se refiere al casa conexa, ni el acusado se hallaba en posesión del indicado titulo, ni ejercía las funciones de casta bajo dicha vigilancia o indicación facultativa, sino a iniciativa propia y por sus propios conocimientos, pues ha quedado acreditado que desarrollaba sus funciones en una consulta autónoma designada con aquella mención, en la que se ofrecían los servicios de "Cirugía Menor Callista" e incluso de "podología" (v. Actas de inspección, folios 11 y 13), sin subordinación a una concreta prescripción, vigilancia o indicación médica para cada paciente, pues, de haber cumplido este requisito, acaso pudiera haberse invocado como causa de justificación el legitimo ejercicio de un oficio ( art. 20,7 del C. Penal ), habida cuenta de la duda que antes se reflejó, pero, como es sabido, las causas de justificación deben acreditarse por aquél que las invoca, según reiterada jurisprudencia que, en definitiva, se fundamenta en el principio de disponibilidad del medía probatorio, y en el caso concreto el acusado ni siguiera ha intentado demostrar que en el desempeño de su actividad de pedicuro observaba con cada paciente unas determinadas indicaciones médicas. TERCERO.- Los hechos son, pues, constitutivos de un delito de intrusismo del artículo 403, primer inciso, del Código Penal de (aplicable por establecer una penalidad más benévola que el correlativo artículo 321 del Código Penal de 1.973, a la sazón vigente). Se trata, en definitiva, y según ya se ha dicho, del libre ejercicio por 4

5 parte del acusado de los actos propios de una profesión (Podólogo Diplomado) para la que carecía del necesario título académico. Sin embargo, no sé estima aplicable el subtipo agravado que recoge el párrafo segundo del mencionado precepto, porque no consta que el acusado se atribuyera públicamente el titulo de Podólogo Diplomado, sino sólo el de Callista, con el que se anunciaba. CUARTO.- Del expresado delito es responsable como autor el acusado D. Cristóbal, cuya conducta no puede ampararse en ninguna causa de exculpación; ni, especialmente, en el error de tipo y error de prohibición que el mismo invoca, pues conocía, evidentemente, que carecía de la titulación de Podólogo Diplomado, y que como Practicante no podía ejercer de manera autónoma la profesión de pedicuro, salvo, con reservas, que se limitara a seguir unas determinadas indicaciones médicas para cada paciente. QUINTO - No concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal el acusado deberá satisfacer las costas causadas en el prono, incluidas las de la acusación particular, habida cuenta de la relevancia de la intervención de dicha paré, sin la cual no hubiera podido recaer sentencia condenatoria. VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación, F A L L A M O S Que debemos estimar, y así lo hacemos, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la "ASOCIACION ANDALUZA DE PODOLOGOS", Delegación de Granada, contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número Cinco de Granada a que este Rollo se contrae, la cual revocamos y sustituimos por ésta por la que condenamos al acusado D. Cristóbal, como autor responsable de un delito de intrusismo, ya descrito, a la pena de MULTA DE SEIS MESES, A RAZON DE MIL (1.000) PESETAS DIARIAS, que se satisfará por meses vencidos, y cuyo impago sujetará al condenado a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 5

6 de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas. Imponemos al acusado el pago de las costas del proceso de instancia, incluidas las de la acusación particular, y declaramos de oficio las correspondientes a esta alada. Devuélvanse los autos al juzgado remitente, con certificación de la presente para su cumplimiento, una vez notificada a las partes. Así por esta nuestra sentencia, contra la que no caben otros recursos que los de revisión y anulación, cuando procedan, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 6