RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 1068/2015 C.A. Galicia 146/2015 Resolución nº 1064/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 20 de noviembre de VISTO el recurso interpuesto por D. M.A.G.P., en representación de LÓGICA EQUIPAMIENTOS INTEGRALES S.L. contra la Resolución de la mesa de contratación de la AGENCIA GALLEGA DE EMERGENCIAS (AXEGA) adjudicando el contrato de adquisición de equipamiento mobiliario general y técnico con destino a los distintos servicios y dependencias del nuevo Centro integrado de atención a las Emergencias de Galicia, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución. ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. Con fecha 29 de mayo de 2015 la AGENCIA GALLEGA DE EMERGENCIAS convocó concurso para la adquisición del material indicado en el párrafo precedente publicándose los respectivos Pliegos y recibiéndose las ofertas presentadas. Segundo. El 28 de agosto de 2015 se acordó por la mesa de contratación la exclusión de la ahora recurrente por incumplimiento de los requisitos exigidos por el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la propuesta de adjudicación del contrato en favor de la UTE Actiu Berbegal y Formas SA/07 Taller de Equipamientos. Tercero. Contra dicha resolución se interpuso por la licitadora LÓGICA EQUIPAMIENTOS INTEGRALES S.L. recurso especial en materia de contratación que recibió el número 1006/2015 y que fue resuelto por este Tribunal mediante resolución número 985/2015 de fecha 23 de octubre de 2015 que desestimó el recurso interpuesto confirmando la resolución de exclusión de la lictadora recurrrente. AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 Cuarto. El día 24 de septiembre de 2015 el órgano de contratación dictó resolución por la que se adjudicaba definitivamente el contrato referido a la entidad UTE Actiu Berbegal y Formas SA/07 Taller de Equipamientos y se excluyó a varias licitadoras, entre ellas a la ahora recurrente, notificándose dicho acuerdo a todas ellas. Quinto. Contra esta última resolución se ha interpuesto por la entidad LÓGICA EQUIPAMIENTOS INTEGRALES S.L con fecha 13 de octubre de 2015 el presente recurso especial en materia de contratación mediante el que se impugna de nuevo la exclusión de la recurrente y la adjudicación del contrato con similares argumentos a los esgrimidos en el anterior recurso 1006/2005 ya resuelto y desestimado por este Tribunal. Sexto. Remitido el expediente por el órgano de contratación acompañándolo de su informe, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formularan las alegaciones que a su derecho convinieren, trámite que ha sido evacuado por la adjudicataria mediante escrito en el que solicita la inadmisión del recurso y, subsidiariamente, su desestimación. Séptimo. En fecha 29 de octubre de 2015 la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resolvió levantar la suspensión del procedimiento de contratación, producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). Segundo. Se recurre el acto de exclusión de la recurrente y la adjudicación del contrato en un procedimiento de licitación de un contrato de servicios que es susceptible de recurso especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1.b) y 40.2.c). Asimismo, el recurso ha sido interpuesto en plazo al no haber transcurrido quince días

3 3 hábiles entre la fecha de remisión de la notificación del acto impugnado y la de presentación del escrito de interposición. Tercero. Antes de examinar el fondo del recurso es preciso determinar si la recurrente tiene legitimación activa para impugnar el acto que recurre. La recurrente ha sido licitadora excluida del procedimiento de adjudicación a que se refiere el acto impugnado. Procede, por tanto, que examinemos si la previa exclusión de la licitación mencionada de la recurrente, confirmada por la resolución 985/2015 de este mismo Tribunal, tiene algún efecto respecto de su legitimación activa. El artículo 42 del TRLCSP establece que podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso. Dicha norma, como señalamos en nuestras Resoluciones nº 237/2011, de 13 de octubre, y nº 122/2012, de 30 de mayo, reconduce necesariamente a la doctrina jurisprudencial acerca del concepto interés legítimo en el ámbito administrativo. Así en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada entre otras sentencias por las de 31 de mayo de 1990, 19 de noviembre de 1993, 27 de enero de 1998, 31 de marzo de 1999 y 2 de octubre de 2001, se delimita con claridad el citado concepto en los siguientes términos, tomados de la fundamentación de la sentencia de 2 de octubre de 2001: Por interés, que es un concepto más amplio que el de derecho subjetivo, debe reputarse toda situación jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos.

4 4 Dicha situación que, desde el punto de vista procedimental, supone una específica relación con el objeto de la petición o pretensión que se ejercita, se ha extendido a lo que, con más precisión, se titula interés legítimo, concepto que consiste en el que tienen aquellas personas, físicas o jurídicas, que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás ciudadanos o administrados y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando incidan en el ámbito de ese su interés propio. Ese interés, desde el punto de vista procedimental y procesal, es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración del propio círculo jurídico vital y que, en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado con dicho concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o, incluso, de orden moral, así como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto o disposición administrativa ocasionaría un perjuicio, con tal de que la repercusión del mismo no sea lejanamente derivada o indirecta sino resultado inmediato de la resolución o norma dictada o que se dicte o llegue a dictarse. Ese interés legítimo, que abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad, en cuanto presupone que la resolución a dictar puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien litiga. En cuanto a la necesidad de la ventaja o perjuicio invocado sea efectivo y acreditado, y no meramente hipotético, potencial o futuro, incide la Sentencia núm. 93/1990, de 23 mayo, del Tribunal Constitucional, Sala Primera, al exigir que el interés invocado sea real y actual.

5 5 En fin, la jurisprudencia también señala que, al conceder el artículo 24.1 de la Constitución Española el derecho a la tutela judicial a todas las personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos, está imponiendo a los Jueces y Tribunales -y por ende, a los órganos administrativos- la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales o procedimentales administrativas utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales o procedimientos administrativos. Por ello, de manera reiterada en nuestra doctrina a propósito de la impugnación de la adjudicación por un licitador excluido (por todas Resoluciones nº 237/2011, de 13 de octubre, nº 22/2012, de 18 de enero, y nº 107/2012, de 11 de mayo de 2012), con fundamento en el estricto mandato contenido en el hoy artículo 42 del TRLCSP, hemos declarado que el interés invocado ha de ser un interés cualificado por su ligazón al objeto de la impugnación, no siendo suficiente a los efectos de la legitimación del licitador excluido el interés simple y general de la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada y de la satisfacción moral o de otra índole que pueda reportarle al recurrente el que no resulten adjudicatarias algunas otras empresas licitadoras, toda vez que nuestro ordenamiento no reconoce la acción popular en materia de contratación pública. La anterior doctrina ha sido confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 julio de 2014 de la sección 4ª de la Sala de lo contencioso-administrativo que analizando la legitimación en un supuesto en que se recurría una resolución de este Tribunal, señala: QUINTO.- La resolución del recurso requiere considerar la dicción del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que establece que "podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso". El interés legítimo que confiere legitimación, tanto en el recurso contencioso-administrativo (artículo a) LJCA) como en el recurso especial que nos ocupa, se identifica con la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un efecto positivo o

6 6 beneficio o la eliminación de un efecto negativo o perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 26 Junio 2007, rec /2004). La STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3, recuerda que en relación al orden contencioso- administrativo, el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). El interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; STC 28/2005 de 14 de febrero FJ 3º) En materia contractual la falta de interés legítimo y la consiguiente falta de legitimación activa deriva de la no concurrencia a un contrato administrativo (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 14 Julio 2011, rec. 3163/2008). De ahí que la jurisprudencia haya exigido con carácter general para reconocer la condición de interesado a efectos de impugnación de la resolución por la que se adjudica un contrato administrativo, que el recurrente haya participado en el concurso o sistema de adjudicación de que se trate (S y ), pues no pueden hacerse valer para impugnar un determinado acto administrativo intereses que, por no integrar el contenido del acto, no son susceptibles de pronunciamiento alguno en el proceso de que se trate y, por lo tanto, no pueden servir de fundamento para invocar la legitimación activa en el proceso. Pueden hacerse valer cuantos derechos correspondan a los participantes en relación con la adjudicación del contrato, lo que incidirá en la selección del contratista, pero no caben pronunciamientos sobre la decisión de convocar el contrato y atender de esa forma al interés público afectado por el mismo que se plasmaron en actos anteriores, que no son objeto del proceso (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 17 Mayo 2005, rec. 5111/2002; Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 22 Febrero 2012, rec. 5946/2009). La jurisprudencia ha aceptado la legitimación en materia de contratos de entidades públicas para personas o entidades que no participaron en la licitación, pero

7 7 tales casos excepcionales están referidos a los Pliegos o Condiciones rectores de la contratación que son los que han impedido a dichas personas o entidades participar en un plano de igualdad en la licitación (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 7ª, Sentencia de 5 Junio 2013, rec. 866/2011). Aplicando al caso presente la anterior doctrina resulta clara la falta de legitimación del recurrente toda vez que habiendo sido excluido del procedimiento de adjudicación y habiendo sido confirmada expresamente dicha exclusión mediante resolución de este Tribunal de fecha 23 de octubre de 2015 en el recurso 1006/2015, ninguna ventaja reporta para él ni ningún perjuicio le ocasiona una hipotética declaración de nulidad de la adjudicación del contrato, toda vez que, a lo sumo, supondría la adjudicación a otro licitador, A la vista de lo expuesto procede la inadmisión del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir, por los razonamientos expuestos, el recurso interpuesto D. M.A.G.P., en representación de LÓGICA EQUIPAMIENTOS INTEGRALES S.L, contra la Resolución de la mesa de contratación de la AGENCIA GALLEGA DE EMERGENCIAS (AXEGA) adjudicando el contrato de adquisición de equipamiento mobiliario general y técnico con destino a los distintos servicios y dependencias del nuevo Centro integrado de atención a las Emergencias de Galicia. Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

8 8 Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.