PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

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1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Setiembre,

2 Contenido I. Puntos de Partida Panorama Institucional Historia y Marco Jurídico Institucional Estructura organizacional Las brechas de género: un déficit de la democracia costarricense A. Cuido y corresponsabilidad social B. Educación y Salud de Calidad C. Trabajo Remunerado de Calidad y Generación de Ingresos D. Protección efectiva de los Derechos de las Mujeres y Contra todas las Formas de Violencia E. Participación Política de las Mujeres y Democracia Paritaria F. Institucionalidad a Favor de la Igualdad y la Equidad de Género Los desafíos institucionales A. Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género B. Promoción y protección de los derechos de las mujeres con mayores niveles de exclusión C. Rectoría en igualdad y equidad de género D. Fortalecimiento de capacidades institucionales del INAMU II. Las prioridades y las políticas institucionales Las prioridades institucionales Las políticas institucionales Los objetivos estratégicos Las políticas, los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores Productos Institucionales Presupuesto Evaluación Anexo

3 INTRODUCCIÓN Me complace presentar ante la ciudadanía, el plan estratégico del Instituto Nacional de las Mujeres para la Administración Chinchilla , mismo que recoge las prioridades gubernamentales del período, así como los desafíos del cuatrienio , definidos por el personal técnico del INAMU, a partir de su trabajo con las mujeres. De igual modo, la agenda institucional se alimenta de los compromisos derivados de la coordinación y el seguimiento de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG). Este plan precisa los objetivos estratégicos del INAMU, derivados de la misión y la visión institucionales, así como de las atribuciones que le confiere su ley de creación (7801). A partir de dichos objetivos se señalan las metas e indicadores del período. En este período el INAMU asume como principales áreas de intervención: la promoción de la red de cuido como un medio para facilitar la inserción de las mujeres en el mercado laboral, el fomento de la corresponsabilidad social y familiar en el trabajo doméstico, el fomento de la empresariedad y del mejoramiento en la calidad de empleo y de los ingresos de las mujeres, la ampliación de los servicios para la prevención y la atención de las mujeres víctimas de violencia así como la regionalización de los servicios institucionales. De igual modo, las actuaciones institucionales se orientarán hacia la promoción del cambio en los patrones y estereotipos sobre el papel que deben jugar los hombres y las mujeres en la sociedad, los cuales justifican la discriminación y la violencia contra las mujeres, hacia el fomento a la presencia de las mujeres en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales que les permita colocarse en una mejor posición en el mercado laboral, así como la participación política paritaria de las mujeres en los diferentes espacios organizativos. Dichos compromisos obligarán al fortalecimiento del INAMU como rectora en igualdad y equidad de género así como en el desempeño de sus responsabilidades para la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, mediante los servicios de orientación sobre los derechos y la coadyuvancia judicial en casos que puedan generar jurisprudencia respecto al ejercicio de los derechos. 3

4 En el marco de las prioridades señaladas, el INAMU otorgará especial atención a las mujeres en condiciones de pobreza, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia, las niñas y las jóvenes y las mujeres adultas mayores, quienes viven en condiciones extremas de exclusión. Tengo la certeza de que los avances obtenidos para hacer de Costa Rica una sociedad justa y equitativa para las mujeres, se potenciarán a partir de la ejecución de este plan estratégico. Licda. Maureen Clarke Clarke Presidenta Ejecutiva 4

5 I. Puntos de Partida 1. Panorama Institucional 1.1 Historia y Marco Jurídico Institucional En abril de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la ley 7801 que establece la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), con el status de institución autónoma, descentralizada y con la responsabilidad en el avance de los derechos de las mujeres. El artículo 3 de la Ley Constitutiva del INAMU, le señala los siguientes fines: a) Formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales. b) Proteger los derechos de la mujer consagrados, tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer. c) Coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las políticas nacionales, sociales y de desarrollo humano, así como las acciones sectoriales e institucionales de la política nacional para la igualdad y equidad de género. d) Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualad y equidad con los hombres. Según lo establecido en el artículo 4 de la ley No. 7801, las atribuciones del INAMU son las siguientes: a) Elaborar, promover y coordinar la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la promoción de las mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. b) Coordinar el conjunto de políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias públicas para que contengan la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 5

6 c) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos del propio Instituto, que considere necesarios para cumplir sus fines. d) Coordinar las acciones e instancias existentes en el seno de la Administración Pública, para promover la condición de las mujeres y la equidad de género. e) Promover la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer, además garantizar su funcionamiento. f) Elaborar, coordinar y ejecutar acciones que impulsen el desarrollo de la familia como espacio de socialización de los derechos humanos e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. g) Brindar asesoramiento y orientación jurídica a todas las instituciones del Estado para que desempeñen sus actividades sin discriminación entre mujeres y hombres. h) Vigilar que las disposiciones administrativas no sean discriminatorias y respeten los derechos de las mujeres. i) Emitir criterio acerca de los proyectos de ley en trámite legislativo relacionados con la condición de género y la situación de las mujeres y las familias. j) Promover y facilitar la creación y el funcionamiento de un fondo para fomentar actividades productivas y de organización de las mujeres. k) Coadyuvar, cuando lo considere pertinente, en los procesos judiciales que afecten los derechos de las mujeres. l) Promover y realizar investigaciones que permitan conocer la condición de las mujeres, la equidad de género y la situación de las familiar, así como realizar propuestas para su avance. m) Mantener relaciones de intercambio y cooperación con organismos internacionales, que se ocupen de la promoción de las mujeres, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de relaciones exteriores. n) Promover la actividad asociativa de las mujeres, brindando a sus organizaciones la asistencia que proceda para su constitución y mejor desarrollo. o) Promover la actividad asociativa de las mujeres, brindando a sus organizaciones la asistencia que proceda para su constitución y mejor desarrollo. 6

7 En atención al marco legal institucional se establecieron la Misión y la Visión como sigue: Misión: El INAMU es una institución pública que promueve y protege los derechos humanos de las mujeres, mediante sus servicios de capacitación, asesoría y atención psico-social y legal, así como la coordinación y el seguimiento de la política nacional para la igualdad y la equidad de género 1, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad de género. Visión: El INAMU será reconocido por su compromiso y excelencia técnica en materia de derechos humanos de las mujeres, activo defensor de la igualdad, la equidad y la diversidad, promotor del empoderamiento 2 de las mujeres, su autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos, que goce de credibilidad, confianza y legitimidad y con una cultura organizacional coherente con los valores institucionales. 1.2 Estructura organizacional La estructura organizativa del INAMU está encabezada por una Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. La Directiva está conformada por siete integrantes, quienes son representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y una representante de las organizaciones sociales que integran Foro de las Mujeres (órgano consultivo establecido en la ley No. 7801). El equipo staff de la Presidencia Ejecutiva, está conformado por las Unidades de Asesoría Legal y la de Planificación, Cooperación y Relaciones Internacionales, una encargada de prensa, dos personas asesoras directas de la Presidencia Ejecutiva y la Contraloría de Servicios de la institución. 1 La equidad de género refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, considerando el punto de partida diferente y desigual que cada persona tiene, en razón de su edad, sexo, condición socioeconómica, grupo étnico de pertenencia, entre otros. 2 Se entiende por empoderamiento de las mujeres las capacidades que ellas utilizan para ejercer el control de su vida y para el ejercicio pleno de sus derechos. 7

8 En el nivel ejecutivo la acción institucional se articula por medio de dos Direcciones: la Dirección General de Áreas Estratégicas, que reúne a quienes ejecutan la labor sustantiva del INAMU y la Dirección Administrativa Financiera. El Programa Técnico está conformado por siete Áreas Estratégicas, a saber: Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local. Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres Construcción de Identidades y Proyectos de Vida Especializada de Información Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género Violencia de Género. Desarrollo Regional El Programa Administrativo está organizado en cuatro Áreas, a saber 1. Financiera Contable 2. Recursos Humanos 3. Servicios Generales y Transporte 4. Proveeduría La siguiente figura ilustra la estructura organizacional. 8

9 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Foro de las Mujeres Junta Directiva Auditoría Interna Presidencia Unidades asesoras Contraloría de Servicios Planificación Cooperación, Relaciones Internacionales Asesoría Legal Cooperación, Relaciones Internacionales Programas Areas Estratégicas Administrativo Financiero Secretaría Técnica Coord.y Seg.de la Pol.Nac.de Igualdad y Equidad de Género Desarrollo Regional Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género Especializada de Información Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres Construcción de Identidades y Proyectos de Vida Violencia de Género Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local Servicios Generales y Transporte Recursos Humanos Financiero Contable Proveeduría Brunca Pacífico Central Huetar Atlántica Chorotega Centro de Información y Orientación para las Mujeres Centro de Formación Política de las mujeres Tesorería 9 Investigación Documentación Comunicación Delegación de la mujer CEAAM- Atlántico CEAAM- Occidente CEAAM-Area Metropolitana

10 2. Las brechas de género: un déficit de la democracia costarricense El Estado costarricense mantiene una importante deuda con la población femenina, cuya magnitud se expresa en las brechas de género existentes en todos los ámbitos de la vida y que colocan a las mujeres en condiciones desiguales con respecto a los hombres., en el trabajo remunerado y no remunerado, en el empleo de calidad, en la atención integral de la salud, en la cobertura de la seguridad social, en la protección durante el embarazo y la lactancia, en el acceso efectivo a una vivienda digna, entre otros. Asimismo, encuentra una mayor exposición de las mujeres a la violencia en el ámbito intra y extrafamiliar y una presencia creciente en la jefatura de hogar, especialmente en las familias en extrema pobreza. La magnitud de las brechas que persisten en la segunda década del siglo XXI, se encuentran ampliamente documentadas en diversas investigaciones y constituyen el fundamento de la política nacional para la igualdad y la equidad de género. Seguidamente, se presentan las cinco áreas críticas hacia las que se enfoca dicha política, y que orientan el accionar del INAMU así como de la institucionalidad pública, para el período 2011 al A. Cuido y corresponsabilidad social La Política Nacional de Igualdad y Equidad PIEG fue la primera en la región en incorporar la responsabilidad social en el cuidado, como uno de sus objetivos estratégicos. Dos cuestiones se proponen: la ampliación y diversificación de la oferta de alternativas de cuido y el mejoramiento de su calidad. La PIEG insiste en la responsabilidad compartida de diferentes actores en el mejoramiento de la Infraestructura Social de los Cuidados: mujeres hombres, Estado, Gobiernos Locales, empresas, organizaciones sociales, comunidades y familias, con dos importantes beneficios: garantizar condiciones para la inserción laboral de las mujeres y, a la vez, abonar en cuidado y atención integral de la niñez. El proceso irreversible de incorporación masiva de las mujeres en el mercado laboral coloca la provisión de servicios de cuido como un asunto estratégico. La generación de ingresos de las mujeres y una proveeduría cada vez más compartida entre mujeres y hombres, son realidades sociales que se imponen y se configuran como una importante barrera de protección frente a la pobreza y la desigualdad. Por tanto, es necesario garantizarle a las mujeres mejores condiciones para su inserción en el mercado laboral, incluyendo servicios de cuidado para las familias. La generación de ingresos de las mujeres conlleva dos beneficios o protecciones importantes para los hogares: mayores ingresos y menos pobreza. Los hogares con un solo proveedor tienen la mayor incidencia de pobreza. No obstante, las mujeres se incorporan al mercado laboral, pero con altos costos: dobles y triples jornadas de trabajo. La reivindicación del cuido como responsabilidad social incide directamente en la división sexual del trabajo. En primer lugar, se reivindica el cuidado de la familia como un asunto de mujeres y hombres. En segundo 10

11 lugar, se relaciona con las demandas de mejores condiciones de inserción laboral para las mujeres y, por tanto, de más y mejores alternativas de cuido. También es importante señalar que la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil es una de las propuestas centrales de política social del actual gobierno. La RED se concibe como un esfuerzo de múltiples actores sociales, que confluyen en la gestión de alternativas públicas, privadas y mixtas de cuidado y desarrollo infantil. Dos son los objetivos que busca esta Política. El primero, garantizarle a las mujeres mejores condiciones para su inserción laboral, que como está demostrado resulta altamente beneficiosa para las familias y el país. Un país que no capitaliza la mitad de su recurso humano, corre el riesgo de deteriorar su potencial competitivo. El segundo, la atención y cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años mediante servicios de calidad, como una inversión a futuro en protección social y reducción de la desigualdad y la pobreza. La RED vendría a articular servicios de atención y desarrollo infantil, bajo un marco acordado y compartido de objetivos, valores, principios y reglas comunes, que a su vez garantice su pertinencia, integralidad y calidad. En la RED confluyen políticas de igualdad de género, políticas de corresponsabilidad familiar y laboral y políticas de promoción de los derechos de la niñez. Sus componentes se integren y refuercen recíprocamente, con miras a abonar a diferentes objetivos: cierre de brechas de desigualdad, protección frente a la pobreza y la vulnerabilidad; desarrollo de destrezas y capacidades de la primera infancia; incremento de oferta y demanda de trabajo de calidad para las mujeres, entre otros. B. Educación y Salud de Calidad Las diversas formas de discriminación contra las mujeres, se basan en estereotipos de género y sesgos sexistas que aún persisten en la sociedad y que valoran como natural la violencia contra las mujeres en la familia, el hostigamiento sexual en los lugares de trabajo, la baja remuneración en el empleo, el trabajo doméstico sin corresponsabilidad y sin reconocimiento. Persisten sesgos en la elección de las carreras profesionales por parte de las mujeres, ya que aún se encuentran sobrerepresentadas en carreras como enfermería, educación y otras carreras técnicas ligadas a la salud como son fisoterapia, asistente dental, entre otras. La ausencia de información y programas regulares de educación para la sexualidad en el país, limita la autonomía de las mujeres y los hombres para decidir sobre su propio cuerpo, sexualidad y reproducción, así como para tener acceso a una salud integral, lo que influye en el embarazo adolescente, la paternidad irresponsable y las enfermedades de transmisión sexual, que cobran la vida de un número creciente de mujeres, aunque la incidencia mayor es de los hombres. 11

12 C. Trabajo Remunerado de Calidad y Generación de Ingresos Participación de las mujeres en el mercado de trabajo: Según el estudio Tendencias recientes de la inserción femenina en el mercado laboral de Costa Rica, impulsado por el INAMU y elaborado por el Estado de la Nación, en el segundo semestre del 2009 se presentan avances pero también pendientes en la participación laboral femenina en el mercado de trabajo. Esta participación está marcada por las siguientes características: En los años 70 era menor al 20% y para 1990 alcanzaba un 30.3%, en el 2000 un 35%, hasta llegar en el 2008 a un 41.7%. En medio de este crecimiento se han presentado algunas bajas de la tasa de participación femenina (2004) y ha disminuido su ritmo de crecimiento como producto de las desaceleraciones de la economía de las últimas décadas. Este aumento ha ido a la par de una constante en la ocupación femenina que a alcanzado un poco menos del 50%, (con la excepción del cuatrienio donde las mujeres alcanzaron un 78% de las nuevas personas ocupadas).es decir, el porcentaje de contratación de mujeres se mantiene, aunque existe menor oferta de empleo a través de la cual ellas se ven afectadas. En términos del ingreso al mercado laboral si se ha producido un cierre de brechas en el empleo remunerado, pues estas pasaron del 60% en 1990 a un 42.5% en el 2008, no obstante, esta cifra aún es alta. El impacto del desempleo y subempleo en las mujeres: El incremento de la participación femenina en el mercado laboral no siempre ha significado mejores condiciones de trabajo para ellas, que se ven más afectadas por el desempleo y el subempleo que los hombres. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del INEC, el año 2009 fue más crudo que los anteriores, pues el desempleo aumenta para hombres y mujeres, pero las estadísticas reiteran que, las mujeres son quienes se encuentran más desempleadas. El desempleo como promedio general pasó del 4.2 en el 2008 al 7.8 en el Los hombres presentaron una tasa del 4,2 en el 2008 al 6,2 en el 2009 y las mujeres del 6,6 en el 2008 al 9,9 en el Las mujeres de la Región Chorotega son quienes ha sufrido más el impacto del desempleo. El problema se presenta especialmente porque una gran parte de las mujeres no se insertan en ocupación plena, en este sentido, las jornadas de medio tiempo son importantes en las mujeres ocupadas, pues una cuarta parte trabajan menos de 30 horas semanales, un 18% tenía jornadas de 40 a 46 horas y la mitad trabajan 47 horas o más. Durante el período se observa una tendencia creciente en la tasa de subutilización total femenina, al igual que la tasa de desempleo abierto y subempleo visible, aunque en el último trienio ( ) se observa una reducción. En este sentido, crecen las brechas de género en la tasa de subutilización total, sobre todo en 12

13 la tasa de desempleo abierto y en la tasa de subempleo visible durante el período analizado aunque se reducen en el A pesar de esto las tasas de las mujeres fueron más de 2 puntos porcentuales mayores que las de los hombres. La precaria inserción laboral de las mujeres también se refleja en su mayor presencia dentro de la categoría de trabajadores por cuenta propia a pequeña escala e informal (24,9% de las mujeres se declaran como trabajadoras independientes y 11,8% en el trabajo doméstico según estimaciones del INEC, 2009), una situación que contribuye a aumentar la pobreza. Así las cosas y según el Informe del Estado de La Nación, las mujeres no necesariamente experimentan mejores condiciones de empleo cuando se produce crecimiento económico. La brecha de género se incrementó para las mujeres y tiende a disminuir y a converger en niveles elevados en los períodos recesivos o de bajo crecimiento, esto según el estudio citado, se puede explicar porque la pérdida de empleos es mayor en las actividades en las que se insertan principalmente los hombres, aunque estos se benefician más en los períodos expansivos. Brechas de ingresos entre hombres y mujeres: El avance en la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo ha modificado el rol de proveedor asignado tradicionalmente al hombre, que hoy también asumen las mujeres que tienen la jefatura de hogar, especialmente en la población que se encuentra en pobreza extrema. Este cambio no ha mejorado la remuneración en aquellas ocupaciones relacionadas con el trabajo femenino, ya que se considera que todas las mujeres aportan un segundo ingreso al hogar. Las brechas de ingreso entre hombres y mujeres que existen en el país están asociadas a dinámicas discriminatorias del mercado de trabajo, cuya persistencia ocasiona el empobrecimiento de las mujeres y su expulsión del mercado laboral. Según el estudio citado, la brecha de ingresos entre mujeres y hombres ha oscilado alrededor del 20% desde 1987, este porcentaje no ha presentado tendencia a la reducción, muy al contrario, en el último quinquenio se ha evidenciado una tendencia creciente que alcanzó un 26% en el 2008 de las cifras más altas junto con el La desagregación por ramas de actividad para el período indica que los mayores porcentajes de brechas se observan en el Comercio (37% en promedio), la industria manufacturera (37%),otros servicios comunitarios y personales (36%) y hogares privados con servicio doméstico (34%), todas actividades con una alta participación femenina. Según el tipo de ocupación las mayores desigualdades por sexo se dan entre quienes se dedican a la producción artesanal calificada (54% en promedio) y a labores agropecuarias calificadas (39%), seguidas por las ventas (37%). Las actividades de montaje y operación de máquinas, las de nivel profesional y científico y las no calificadas tienen brechas de alrededor del 30%, en tanto que las menores diferencias, están entre las actividades de apoyo administrativo (10%). 13

14 Por categoría ocupacional la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, es baja entre las personas asalariadas (13% como promedio general), mientras que en los y las trabajadoras por cuenta propia creció (34%) en el 2002 al 49% en el Por lo anterior, cabe relevar que, la mayor escolaridad de las mujeres con respecto a los hombres (9,7 versus 8,5 (años) no ha significado una mejor inserción laboral para ellas, debido a que en el mercado de trabajo se restringen sus posibilidades de participación en ocupaciones consideradas típicamente masculinas, mejorar pagadas y con mayor reconocimiento social, lo que también perjudica a las mujeres en una menor ocupación de los puestos de mayor jerarquía. Todo lo anterior, continúa reafirmando que todavía se tienen grandes desafíos en materia de igualdad y equidad salarial desde las políticas públicas del Estado costarricense, para garantizarle a las mujeres calidad del empleo o bien, Trabajo Decente, que a decir de la OIT, es una ocupación productiva, justamente remunerada que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana Finalmente, la oferta de servicios de las institucionales estatales (capacitación, crédito y acceso a mercados), dirigidos a apoyar a mujeres jefas de hogar pobres o microempresarias, ha operado de manera desarticulada y no siempre responde a sus necesidades y demandas. Esto reduce significativamente las posibilidades de éxito de las iniciativas para el mejoramiento de los ingresos y calidad de vida de las mujeres. D. Protección efectiva de los Derechos de las Mujeres y Contra todas las Formas de Violencia Costa Rica ha tenido avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, pero existe resistencia social y patrones sociales y culturales que obstaculizan la aplicación práctica de la legislación y las normas que garantizan esos derechos. El ejercicio pleno de esos derechos es una aspiración y demanda constante de las mujeres que encuentra eco en instrumentos jurídicos y de políticas nacionales, regionales e internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Belem Do Pará- los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de la Mujer y sus evaluaciones periódicas, el Plan de Acción de Cairo, los Objetivos del Milenio y recientemente los Consensos de Quito y Brasilia derivados de las Conferencias de la Mujer (Cepal). En el ámbito nacional, el INAMU en el cumplimiento de sus fines y atribuciones ha impulsado y posibilitado el diseño y desarrollo de acciones públicas dirigidas al cambio de situaciones y condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas para el disfrute pleno y desarrollo de los derechos de las mujeres. El centro del planteamiento del INAMU es la constatación de una situación de discriminación y violencia contra las mujeres. Ese enfoque se ajusta a una lectura de la realidad social, que se 14

15 manifiesta de diferentes formas. Su abordaje es un fenómeno de gran complejidad, en razón de que se trata de generar cambios en una cultura donde prevalece el paradigma de lo masculino. Uno de los derechos fundamentales frente a la violencia y discriminación de las mujeres es el acceso a la justicia (posibilidad que tienen las personas para hacer valer sus derechos e intereses) así como un servicio que se constituye como una responsabilidad del Estado, con el fin de brindar el espacio o los mecanismos destinados a garantizar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas. Las mujeres tienen un acceso limitado a la asesoría jurídica y representación legal, lo que limita su acceso a la justicia para la instrucción y defensa de sus derechos, y al disfrute de los bienes y servicios públicos, situación que se agrava aún más en el caso de mujeres en condiciones de discriminación extrema (indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, adultas mayores y mujeres en condiciones de pobreza o exclusión). Este desconocimiento de los derechos y de cómo ejercerlos también favorece la discriminación por resultados, por lo que se requiere de acciones públicas que contribuyan a dimensionar y fortalecer las capacidades ciudadanas de las mujeres como sujetas de derechos. El INAMU se ha posicionado como una instancia de consulta que vela porque se garantice en la formulación de cambios jurídicos, las necesidades e intereses de las mujeres, por lo que es frecuente la demanda de criterios técnicos por parte de las comisiones legislativas. Por otra parte, la incidencia desde su gestión institucional y asesoría técnica, ha permitido la formulación y propuestas de cambios normativos para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los mecanismos de protección en la legislación costarricense El sistema jurídico costarricense aún requiere de una mayor coherencia y armonización desde el concepto de una transversalidad de género e integralidad de los derechos humanos. En materia electoral con respecto a la normativa, el INAMU ha contribuido de forma permanente con la asesoría técnica en la construcción y aplicabilidad del principio de la paridad y los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad, sin embargo aún persisten resistencias en los partidos políticos y organizaciones sociales en el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación. La violencia contra las mujeres persiste como un serio problema nacional, que se hace cada vez más complejo y se manifiesta en diferentes ámbitos sociales e institucionales. Más allá de la violencia intrafamiliar en la sociedad costarricense no existe un reconocimiento generalizado de otras formas de violencia contra las mujeres y sus implicaciones, tales como el acoso sexual, el acoso y la agresión laboral, la trata de personas, la explotación sexual, la violencia patrimonial. Las prácticas de violación de los derechos de las personas víctimas de 15

16 violencia sexual se naturalizan a partir de la concepción de las mujeres como un objeto a poseer. En la práctica opera una desarticulación entre las instancias de administración de justicia, las instituciones públicas y las organizaciones sociales encargadas de atender a las víctimas de violencia y velar por el cumplimiento efectivo de sus derechos. Los esfuerzos de los últimos años han generado una capacidad de denuncia por parte de las mujeres víctimas que, hoy por hoy, ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado. El país requiere un sistema de seguimiento y evaluación interdisciplinario de las mujeres víctimas y de los resultados de las medidas de protección y cautelares, así como de un sistema de control de riesgo que aumente la calidad y eficacia de las acciones de atención a las mujeres víctimas de violencia. E. Participación Política de las Mujeres y Democracia Paritaria En sistemas democráticos es vital la distribución y reconocimiento de poderes, recursos y oportunidades para todos los seres humanos. Cuando nos referimos a que debe existir participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación, estamos hablando de la calidad de la democracia, del sistema político y del papel del Estado como responsable de generar las condiciones para modificar los patrones socioculturales, lo mecanismos legales y de política pública para crear las condiciones hacia una igualdad real, efectiva y de oportunidades para las mujeres Pero aún hoy en la sociedad costarricense persiste la sub-representación política de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones públicos y privados, debido en parte a que la legislación electoral, primero con respecto a la acción afirmativa de cuotas del 40% y ahora la paridad, no siempre ha sido acatada y ha requerido del desarrollo de jurisprudencia adicional por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. A pesar de esto se ha dado un aumento de mujeres en cargos públicos, específicamente, en cargos de elección popular (fueron electas un 37% de mujeres en la Asamblea Legislativa para el período , Tribunal Supremo de Elecciones, 2010); pero no debemos conformarnos, la participación de las mujeres en los puestos de decisión no es tan significativa como se podría esperar y las que se encuentran en el ejercicio de la política, en algunos casos están como sujetos de apoyo y no como protagonistas en el proceso de toma de decisiones. En este sentido: Las designaciones de las mujeres como jerarcas en el Poder Ejecutivo, aún muestra una brecha a favor de los hombres. La presencia femenina se da especialmente, en los cargos de la segunda y tercera fila del poder decisorio como es el caso de viceministras, subgerentas, oficialía mayor, entre otros. A nivel local las mujeres se encuentran mayormente en puestos de suplencias. 16

17 Son muy pocas las mujeres que ocupan las Alcaldías Municipales (de 81 cantones, solo 9 Alcaldesas). Visibilizar y erradicar la práctica de trampolín. mujeres usadas para alcanzar la alcaldía. Actualmente contamos con 38% mujeres regidoras en propiedad y 47,3% en suplencia. Es necesario sensibilizar a todas las autoridades políticas sobre la importancia de contar con mujeres en todos los sectores del Poder Ejecutivo, porque se depende enteramente de la visión del Gobierno, que en la mayoría de los casos no ve la necesidad de esta participación. A nivel individual con las mujeres el reto es: a) Desarrollar individual y colectivamente procesos de empoderamiento. b) Impulsar liderazgos transformadores con sensibilidad de género y social, y el fortalecimiento de los procesos grupales. c) Posicionar las demandas de las mujeres en la agenda política nacional La participación de las mujeres en el ámbito público, su derecho a ser electas y no solo elegir debe ser garantizada con mecanismos políticos concretos para garantizar su participación y de esta forma iniciar un proceso de cambio en el sistema androcéntrico costarricense. Las cuotas fueron un primer paso, la paridad es el mecanismo para instaurar una democracia verdaderamente incluyente. En la sociedad costarricense persiste la sub-representación política de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones públicos y privados, debido en parte a que la legislación electoral paritaria no siempre ha sido acatada y ha requerido del desarrollo de jurisprudencia adicional por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Además subsisten barreras culturales que discriminan a las mujeres y que limitan o impiden el ejercicio pleno de sus derechos políticos. F. Institucionalidad a Favor de la Igualdad y la Equidad de Género Las crecientes restricciones fiscales del Estado costarricense limitan las posibilidades financieras de fortalecer el quehacer institucional y, en particular, los mecanismos de adelanto en favor de las mujeres. Resulta notorio que las instituciones e instancias responsables de atender las necesidades de las mujeres, trabajan con recursos muy limitados. Para el 2009 existían en el país 57 Oficinas Municipales de la Mujer y 22 oficinas de género en instituciones del gobierno central. Dado que los recursos de estas instancias generalmente forman parte de partidas más generales, no existen criterios específicos en la Contraloría General de la República, que permitan darle seguimiento a la efectividad de su uso, según los fines de dichas instancias.). Otros problemas que limitan el funcionamiento de estas oficinas y Unidades son: 17

18 Disponibilidad y estabilidad de plazas para el personal de las oficinas. Bajos presupuestos: algunas OFIM trabajan con ingresos menores al millón de colones anuales, además del salario de la funcionaria responsable. Posibilidades de acción sujetas a la voluntad de las autoridades políticas. Falta de reconocimiento en la estructura formal u organigrama de la institución, así como de un presupuesto específico. Sus presupuestos, en la mayoría de los casos, forman parte de grandes rubros como programación o planificación. Las acciones propuestas en el tema de equidad de género, constituyen aún una línea de trabajo paralelo, que no logra articularse con el quehacer sustantivo de las instituciones y, por tanto, son susceptibles de ser tratadas fragmentariamente, olvidadas o descartadas ante cualquier eventualidad. El INAMU es una entidad clave para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad. Esta institución requiere fortalecerse en sus competencias políticas y técnicas para hacer frente a los nuevos retos, que conlleva la PIEG. En el decenio de los noventas Costa Rica creó una institucionalidad del Estado dedicada a la promoción de la igualdad y la equidad de género, que se ha mantenido y ha desarrollado un trabajo pionero en las instituciones y las municipalidades, pero con serios problemas de estabilidad, en lo que concierne a recursos financieros y humanos, así como a su reconocimiento formal en los organigramas de las instituciones. De igual manera, se creó la Secretaría Técnica de Género en el Poder Judicial, la Comisión Especial Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa, y la Unidad Técnica de género que también requieren consolidarse. La Ley del INAMU le asigna un papel de coordinación con las principales instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales; para todo ello es fundamental consolidar y fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de la PIEG. 3. Los desafíos institucionales Un balance riguroso de los resultados de la acción institucional en el período , que se encuentra documentado en la memoria Institucional, publicada en el 2010 y disponible en la dirección electrónica puso de relieve los siguientes retos que deben asumirse durante la Administración Chinchilla Miranda, con el objeto de revertir las brechas de género antes enunciadas. 18

19 A. Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género Las lecciones aprendidas de la trayectoria institucional en el campo de la violencia contra las mujeres, sugiere la necesidad de fortalecer el marco legal para la ejecución de la PIEG, a efecto de que se garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos por la institucionalidad pública. Dicha normativa debe contener mecanismos de estímulo así como un régimen de responsabilidad administrativa, por el incumplimiento de los deberes en materia de igualdad y equidad de género. De manera transitoria, se requiere aprovechar la normativa coadyuvante existente para fortalecer la respuesta pública para el cumplimiento de las metas de la PIEG, como son la Ley de Administración Pública, la Ley de Control Interno, la Ley de Planificación, la Ley de Mujeres en Condiciones de Pobreza, la Ley de Igualdad Social de la Mujer, la Ley del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, la Ley de Paternidad Responsable, entre otras. De particular importancia es la gestión política para que la PIEG forme parte del Plan Nacional de Desarrollo , para asegurar que la programación estratégica y operativa de las instituciones públicas, se oriente a la erradicación de las brechas de género, en las áreas críticas priorizadas por dicha política. B. Promoción y protección de los derechos de las mujeres con mayores niveles de exclusión La negociación política de alto nivel, constituye un insumo indispensable para que las instituciones públicas brinden servicios asequibles y de calidad, que garanticen el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, a las mujeres que viven en condiciones de exclusión: mujeres en condiciones de pobreza, mujeres de grupos étnicos minoritarios, mujeres jóvenes y adultas mayores, mujeres con discapacidad, entre otras. Históricamente se ha demostrado que un cambio en la situación de exclusión, solo se opera si se fijan y evalúan metas concretas relativas a la erradicación de brechas que vive dicha población. Debe destacarse que existen esfuerzos en curso que deben fortalecerse tales como: La Estrategia de Atención de las Mujeres en Condiciones de Pobreza, el Plan Nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. 19

20 La certificación de las empresas con el sello de equidad de género, como un reconocimiento al mejoramiento sostenido de las condiciones de trabajo de las mujeres. La corresponsabilidad social en el cuido de personas con algún grado de dependencia. El fortalecimiento de la empresariedad de las mujeres. La participación política de las mujeres. La presupuestación pública con enfoque de género. La atención de las mujeres víctimas de violencia. La información y orientación de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos. La negociación política de la agenda legislativa para el avance de los derechos de las mujeres. La promoción del cambio cultura hacia la igualdad y la equidad de género. El programa de investigación sobre el Estado de los Derechos de las Mujeres. C. Rectoría en igualdad y equidad de género A partir de la primera década del 2000, la Administración Pública ha desarrollado la figura de la rectoría, con el objeto de articular los esfuerzos por atender un determinado problema, tales como salud, educación, entre otros. En el caso del INAMU, el ejercicio de la capacidad rectora en materia de igualdad y equidad de género, demanda el fortalecimiento del marco legal así como la dotación de capital humano y financiero para la prestación de los servicios técnicos de asesoría, el desarrollo del sistema de evaluación y monitoreo de la PIEG así como la capacitación de las organizaciones de mujeres para el ejercicio de la auditoría social sobre dicha política. D. Fortalecimiento de capacidades institucionales del INAMU En el cumplimiento de sus responsabilidades, el INAMU requiere una dotación de personal técnico y administrativo más equilibrada, ya que las demandas de la gestión administrativa rebasan las capacidades instaladas para esos efectos. Por otra parte, a nivel estratégico el INAMU tiene el reto de ampliar sus servicios a todas las regiones del país, ya que en la actualidad, solo se prestan algunos en cuatro regiones. 20

21 Los servicios de carácter estratégico para la gestión institucional también demandan la atención, para su fortalecimiento y desarrollo, tal es el caso del Sistema de Información sobre la Gestión Administrativa, el Sistema de Evaluación Institucional, el plan sobre Tecnologías de la Información, el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal que labora en los servicios de atención directa a las mujeres, la actualización de los Manuales de Cargos y de Puestos, y la dotación del recurso humano para el funcionamiento de las Unidades Asesoras y las Unidades de Fiscalización como son la Auditoría Interna y la Contraloría de Servicios. Otro reto trascendente consiste en la institucionalización de la estructura organizativa aprobada en el 2008, dotándola de las plazas requeridas, con sustento en las cargas de trabajo y las funciones a cumplir consignadas en el Manual de Puestos. II. Las prioridades y las políticas institucionales Las prioridades institucionales El INAMU estableció las prioridades para el cuatrienio 2011 al 2014, en consideración a: a) Marco estratégico institucional compuesto por los fines y las atribuciones i que le señala la ley 7801 así como la misión y la visión derivadas de dichos mandatos. b) Las prioridades de gobierno establecidas por la Presidencia y en el Plan Nacional de Desarrollo 3. c) Los desafíos establecidos en el balance sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos del INAMU del período Dichas prioridades fueron señaladas por la Presidencia Ejecutiva del INAMU y son las siguientes: A. La participación del INAMU en el apoyo técnico para la implementación de la red de cuido como un medio para facilitar la inserción de las mujeres en el mercado laboral. 3 Al 31 de agosto 2010, MIDEPLAN no había publicado los compromisos con el Sector Bienestar Social y Familia, sin embargo, el INAMU ya había señalado las metas a incorporar en dicho sector. 21

22 B. El fomento de la empresariedad y el mejoramiento de la calidad de empleo y de los ingresos de las mujeres, para erradicar las brechas de ingresos existentes entre hombres y mujeres. C. La coordinación y el seguimiento de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), como instrumento para erradicar las brechas de género (Anexo 1). D. La ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales de orientación, capacitación y atención para las mujeres sobre sus derechos, con especial atención de las mujeres en condiciones de pobreza, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia, las niñas y las jóvenes y las mujeres adultas mayores. 2. Las políticas institucionales Institucionalidad pública y auditoría social a favor de la igualdad y la equidad de género. Respuestas públicas para el ejercicio de la ciudadanía y autonomía económica de las mujeres. Cambio cultural para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Capacidades políticas y técnicas del mecanismo nacional para el avance de las mujeres. 3. Los objetivos estratégicos INAMU: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Fortalecer las políticas institucionales y mecanismos de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y la auditoria social, para el avance de la equidad e igualdad de género. 2. Participar en el desarrollo de respuestas públicas para la reducción de brechas de género en el mundo del trabajo, con énfasis en proyectos estratégicos de corresponsabilidad social en el cuidado, empresariedad y calidad de empleo. 3. Impulsar la transformación social de visiones y prácticas de mujeres y hombres que posibiliten un cambio cultural a favor de la igualdad, equidad de género y el avance de los derechos humanos de las mujeres. 4. Fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos humanos de las mujeres con énfasis en exigibilidad y acceso a la justicia y servicios públicos, liderazgo, empoderamiento y organización de las mujeres. 5. Fortalecer el mecanismo nacional en su función de rectoría y coordinación de políticas de igualdad y la regionalización institucional. 22

23 Las condicionalidades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos En razón de interdependencia que tiene la gestión del INAMU con el quehacer de la institucionalidad del Estado, con miras a alcanzar la igualdad y la equidad de género, existen un conjunto de condicionalidades externas que pueden afectar la obtención de los logros esperados. Frente a dichas externalidades, seguidamente, se detallan las condiciones requeridas para garantizar el avance proyectado en la ejecución de este plan estratégico. A. La dirección estratégica del INAMU facilita la articulación interna e interinstitucional para incidir en la prestación de los servicios de cuido, empresariedad y mejoramiento de la calidad del empleo, desde los enfoques de género y de derechos de las mujeres. B. Las instituciones públicas responsables aportan los servicios requeridos por las mujeres en condiciones de pobreza para crear o mejorar sus empresas y/o para capacitarse. C. Las autoridades institucionales inciden en la creación y el funcionamiento de un Fondo de garantía para el crédito al amparo de lo que establece la ley 7801, artículo 4, inciso j): Promover y facilitar la creación y el funcionamiento de un fondo para fomentar actividades productivas y de organización de las mujeres. D. La dirección superior del INAMU asigna los recursos necesarios para la producción y pautaje de las campañas que sean sostenibles en el tiempo para obtener los cambios culturales sobre los que se asienta la discriminación y la violencia contra las mujeres. E. El INAMU desarrolla un plan institucional de capacitación sobre derechos de las mujeres, género y políticas públicas, bajo el liderazgo de la Dirección General de Areas Estratégicas y con el aporte de las Áreas especializadas en las diferentes temáticas. Dicho plan permitirá fortalecer las capacidades institucionales para ejercer la rectoría en igualdad y equidad de género. F. La Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INAMU, ejercen la incidencia política necesaria para el mejoramiento en la calidad y cobertura de los servicios que ofrece la institucionalidad pública a las mujeres. 23

24 G. Las autoridades institucionales obtienen resultados positivos en la gestión del recurso humano y financiero requerido para regionalización de los servicios del INAMU. 4. Las políticas, los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores El siguiente cuadro muestra la propuesta para el cumplimiento de los objetivos estratégicos POLITICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS ESTRATÉGICAS INDICADORES 1. Institucionalidad pública y auditoría social a favor de la igualdad y la equidad de género. 1.1.Fortalecer las políticas institucionales y mecanismos de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y la auditoria social, para el avance de la equidad e igualdad de género % de las instituciones del Estado priorizadas cuentan con personal ubicado en posiciones estratégicas con competencias en género y políticas públicas Eficacia % de instituciones priorizadas que cuentan con competencias en género y políticas Calidad % de personal con competencias en género y políticas públicas participan del desarrollo de los planes institucionales de igualdad y equidad de género %(250) de las mujeres capacitadas para desarrollar auditoría social Eficacia % de mujeres capacitadas ejerciendo auditoría social. 24

25 POLITICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS ESTRATÉGICAS INDICADORES 2. Respuestas públicas para el ejercicio de la ciudadanía y autonomía económica de las mujeres. 2.1 Participar en el desarrollo de respuestas públicas para la reducción de brechas de género en el mundo del trabajo, con énfasis en proyectos estratégicos de corresponsabilidad social en el cuidado, empresariedad y calidad de empleo % de las acciones de asesoría técnica de la corresponsabilidad social en el cuidado a las instituciones competentes Eficacia % de las acciones de asesorías técnicas ejecutadas en corresponsabilidad social en el cuidado % de las acciones de asesoría y capacitación en género, derechos de las mujeres y corresponsabilidad social en el cuido a personas cuidadoras de instituciones públicas, mixtas y privadas dando énfasis a las comunidades priorizadas Eficacia % de las acciones de asesoría y capacitación en género, derechos de las mujeres y corresponsabilidad social en el cuido ejecutadas % de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en procesos de empresariedad con especial interés en los cantones y las comunidades priorizadas Eficacia % de acciones para el fortalecimiento de las mujeres en procesos de empresariedad ejecutadas. 25