JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID C/GENOVA Nº 22 1ªPLANTA MADRID Tfno: Fax:

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1 JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID C/GENOVA Nº 22 1ªPLANTA MADRID Tfno: Fax: NIG: GUB11 DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 282 /2009 AUTO En Madrid, a doce de octubre de dos mil nueve HECHOS PRIMERO.- Que las presentes diligencias previas e incoaron en virtud de denuncia formalizada por la Asociación Dignidad y Justicia haciendo constar como se encontraba prevista la celebración con fecha 12 de octubre de 2009 de distintas manifestaciones-concentraciones, en claro apoyo a la estrategia de la organización terrorista ETA, orquestadas bajo el paraguas de las ilegalizadas Gestotas Pro Amnistia y Askatasuna. En concreto las siguientes manifestaciones: -San Sebastián, a las 18 horas desde el Paseo del Bulevar. -Bilbao, a las horas, desde la Plaza de Indautxu. -Santurce (Vizcaya), a las horas, desde la parte trasera del Ayuntamiento. -Pamplona (Navarra), a las horas, desde la estación de autobuses. -Vitoria, a las 19 horas, desde la estación de correos. SEGUNDO.- Mediante auto de fecha 9 de octubre se acordó la incoación de Diligencias Previas, oficiándose a la Comisaría general de Información, a la Brigada de Información de la Guardia Civil, así como al departamento de Interior del Gobierno Vasco al objeto de que realizaran un informe complementario relativo a los actos convocados, así como personas que pudieran resultar sus promotores; informes remitidos con el resultado que obra en autos. TERCERO.- Conferido traslado al M.F. el mismo mediante informe de fecha 12 de octubre de 2009, ha interesado la no prohibición de los actos, si bien entiende que deben adoptarse las medidas precisas al objeto de asegurar que en su desarrollo no se concluyan actos de enaltecimiento del terrorismo, así como de integrantes de la organización terrorista ETA, o de cualesquiera de las asociaciones integradas en el MLNV, y declaradas ilegales, en cuyo supuesto debería procederse a su inmediata disolución.

2 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- En el caso de autos la pretensión a resolver se circunscribe a la proporcionalidad o no de suspender la convocatoria de los actos previstos para el día de hoy 12 de octubre de 2009, bajo el lema general GERRA ZIKINA FAXIMOA, ASKI DA! ALDE HEMENDIK!/ GUERRA SUCIA FASCISTA, BASTA YA! FUERA DEAQUI!, y a celebrar en las localidades citadas en los antecedentes de hecho de la presente resolución. Destacar como los citados actos aparecen publicitados en la página web, relacionada con la asociación ilegal Gestoras Pro Amnistia, sin perjuicio de que también lo fueron en distintas ruedas de prensa. Actos comunicados a la autoridad gubernativa, y que no constan suspendidos. SEGUNDO.- Históricamente, el derecho de reunión surge como un derecho autónomo intermedio entre los derechos de libre expresión y de asociación, que mantiene en la actualidad una íntima conexión doctrinal con ellos, que bien puede decirse, en una primera aproximación a la cuestión, que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica, como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o la publicación de reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo, una agrupación de personas, el temporal, su duración transitoria, el finalístico, licitud de la finalidad, y el real u objetivo, lugar de celebración público. En cuanto al elemento subjetivo, la agrupación de personas en el derecho de reunión viene caracterizada por la nota esencial de ser una concurrencia concertada en la cual existe un cierto grado de vinculación subjetiva de cada persona interviniente en la reunión con los restantes que participan en la misma y, respecto del elemento finalístico, que la finalidad de comunicación pública, en su consideración de elemento interno, común y consustancial a toda clase de reuniones en lugares públicos, no es confundible con la concreta finalidad que tenga la reunión, respecto de la cual procede subrayar especialmente que se trata de un elemento externo al puro contenido del derecho de reunión, cuya función se reduce a legitimar el ejercicio de éste en atención a su licitud, de manera que no se incluyen en el derecho fundamental aquellas reuniones que tengan una finalidad ilícita. Estas dos notas esenciales que dejamos destacadas, concurrencia concertada y carácter externo del fin concreto de la reunión, son predicables del concepto de derecho de reunión reconocido en el art. 21 de nuestra Carta Magna, pues la ausencia de definición del derecho en este precepto constitucional, que también concurren en los artículos 21 del pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 4 de noviembre de 1950, viene suplida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, cuyos términos permiten sostener que en nuestro ordenamiento jurídico, son elementos delimitadores o definidores del derecho de reunión, entre otros, el concierto de las personas que se reúnen y la presencia de un fin lícito que actúa como condición externa de legitimidad del derecho. TERCERO.- Partiendo de la doctrina anteriormente definida, hemos de subrayar cómo el derecho de reunión y manifestación, clave en todo Estado de Derecho, no deviene absoluto por la propia esencia del último. Excluyendo, en todo caso, su

3 materialización con fines ilícitos, y que simplemente serviría para amparar proyectos transitorios dirigidos a subvertir su propia inteligencia. Buena prueba de lo anterior debe resaltarse la continua doctrina del Tribunal Constitucional, materializada en distintos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, entre otros el artículo 513 del Código Penal que tipifica las manifestaciones convocadas o celebradas con la finalidad de cometer algún delito. A la hora de resolver sobre la finalidad intrínseca y real a los actos ya definidos, a celebrar en el día de hoy, y de los informes elaborados por la Ertzaintza, Unidad Central de Información de la Guardia Civil y Comisaría General de Información del CNP, estos dos últimos contradictorios en sus conclusiones, y por las razones que seguidamente se expondrán, no puede concluirse con la suficiente seriedad, en términos de lógica razonabilidad sustentados en datos objetivos, que la finalidad de aquéllos sea la de enaltecer o avalar y justificar la actividad terrorista como estrategia para alcanzar fines políticos. Y a la hora de llegar a la presente conclusión no obviamos el hecho mismo de la estrategia Alde Hemendik, y de lo que la misma representa dentro del MLNV, como complemento de la actividad de la organización terrorista ETA, en términos de presionar, coaccionar y amenazar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, destinados en el País Vasco y Navarra, así como a otros colectivos que defienden la legalidad constitucional; conclusión judicialmente expuesta en Sentencia nº 39/08 de la Sección 4ª de esta Audiencia Nacional. Tampoco obviamos como dichas manifestaciones han sido publicitadas en la página web, relacionada con el MLNV, ni el hecho de ser anunciadas por personas con antecedentes relativos a su implicación en eventos de enaltecimiento de este tipo de actividades, pero que no nos constan condenadas, ni privadas de sus derechos civiles y políticos. Pero así como no obviamos esas circunstancias, tampoco debemos omitir el contenido del lema que representa, al menos formalmente dichas manifestaciones, así como el contenido de las ruedas de prensa donde se dieron a conocer. Extremos éstos que se limitan a criticar lo que consideran una estrategia ilegal en la lucha contra el terrorismo por parte de los Estados español y francés. Estados que sustentados en la primacía de la ley, así como del respeto a la vigencia de los derechos fundamentales que le sirven de fundamento, no puede condicionar la crítica, ni limitar sus formas, menos aún el derecho a la libertad de expresión, así como los de reunión y manifestación. Esa limitación únicamente es factible dentro de un Estado de Derecho cuando se concluyan los elementos ya citados, implicando la realización de actos delictivos, o afectación grave al orden público. Conclusión que debe ampararse en el necesario juicio de proporcionalidad, sustentado en datos objetivos, ajenos a la mera sospecha o presunción abstracta. Conclusión que como, hemos anticipado, no podemos afirmar. Así, si bien el lema utilizado recuerda a una estrategia orquestada por ETA y el resto del MLNV, de esa mera contingencia, así como del contenido mismo, nunca justificando de forma expresa la actividad terrorista, no utilizando anagramas de ninguna organización declarada terrorista, limitándose a criticar una concreta actuación de los poderes del Estado, no puede concluirse necesariamente sobre una voluntad ajena al ejercicio del derecho de libertad de expresión. No obstante, y existiendo los datos ya citados sobre el lema utilizado, su coincidencia con estrategias de la organización terrorista ETA y su entorno, coligiéndose una duda razonable, aunque insuficiente para la prohibición de los actos, procede oficiar al Departamento de Interior del Gobierno Vasco, así como a la Delegación del Gobierno en Navarra al objeto de que adopten las medidas precisas tendentes a comprobar si en su desarrollo se exhiben pancartas con el logo de la organización terrorista ETA, o de asociaciones a ella ligadas y declaradas ilegales (GGAA, ASKATASUNA, JARRAI-HAIKA-SEGI, etc., bien fotografías de personas condenadas por su integración en las mismas, bien se profieren gritos en apoyo a la

4 estrategia terrorista, en cuyo caso deberán proceder a su inmediata disolución, practicando las diligencias que correspondan, entre ellas la identificación, detención si procediera de sus autores, etc., levantando, en todo caso, el oportuno atestado Vistos los artículos citados y demás de general pertinente aplicación PARTE DISPOSITIVA: Que en razón al expuesto previamente formulado, no ha lugar a acordar la suspensión de las manifestaciones concentraciones interesadas por la Asociación Dignidad y Justicia en denuncia origen de la presente causa. No obstante, y en relación a dichas manifestaciones-convocatorias, en concreto: -San Sebastián, a las 18 horas desde el Paseo del Bulevar. -Bilbao, a las horas, desde la Plaza de Indautxu. -Santurce (Vizcaya), a las horas, desde la parte trasera del Ayuntamiento. -Pamplona (Navarra), a las horas, desde la estación de autobuses. -Vitoria, a las 19 horas, desde la estación de correos, procede oficiar al Departamento de Interior del Gobierno Vasco, así como a la Delegación del Gobierno en Navarra al objeto de que adopten las medidas precisas tendentes a comprobar si en su desarrollo se exhiben pancartas con el logo de la organización terrorista ETA, o de asociaciones a ella ligadas y declaradas ilegales (GGAA, ASKATASUNA, JARRAI-HAIKA-SEGI, etc., bien fotografías de personas condenadas por su integración en las mismas, bien se profieren gritos en apoyo a la estrategia terrorista, en cuyo caso deberán proceder a su inmediata disolución, practicando las diligencias que correspondan, entre ellas la identificación, detención si procediera de sus autores, etc., levantando, en todo caso, el oportuno atestado Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer ante este Juzgado Central, recurso de reforma en el plazo de tres días. Así lo acuerda, manda y firma D. FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción n 3 de Madrid. Doy fe.

5 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.