La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Transcripción

1 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ Y TOMÁS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD México, DF, a 24 de marzo de 2011 Secretarios de la Cámara de Diputados Presentes Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados. Atentamente Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica) Vicepresidente Los suscritos senadores, Pablo Gómez Álvarez y Tomas Torres Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos I. Para cumplir con n requisito indispensable para dar viabilidad al esquema federalista de organización política del estado, la Constitución mexicana de 1917 estableció en el texto original de la fracción 1I del artículo 115: II. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a sus necesidades. El constituyente advirtió que sin la autonomía del municipio, desde entonces base de la división territorial y organización política de los estados, dicho esquema pierde eficacia. En consonancia, sin la potestad de libre administración hacendaria, es i pensable una plena autonomía municipal. Una reforma posterior a la fracción transcrita confirmó la intención del Constituyente, al determinar expresamente que las contribuciones debían ser suficientes para atender las necesidades municipales, pues el texto anterior movía a confusión. Sin embargo, el camino que ha recorrido el municipio mexicano hacia el pleno reconocimiento de su autonomía relativa ha sido difícil. Nuestra Constitución lo constriñe aún al papel de unidad administrativa de las determinaciones estatales, restringiendo su ámbito de actuación al territorio en que está delimitado, sin reconocer su naturaleza originaria como expresión de autogobierno de una comunidad y como órgano potencialmente representativo de los intereses de ésta frente a los órganos estatales y federales en la determinación de las políticas públicas. En ese sentido, uno de los problemas fundamentales es la debilidad financiera del municipio. Problema que no es menor pues, en general, la hacienda municipal se distingue por su escasa capacidad recaudatoria, frente a las

2 crecientes necesidades de los servicios públicos que debe garantizar este nivel de gobierno: agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, rastros, panteones, calles, parques, jardines, limpieza, recolección y traslado de residuos, seguridad pública y tránsito, y otros definidos por las leyes estatales. Esa debilidad es resultado de varios factores: el primero, y quizá más trascendente, es la alta centralización del sistema fiscal mexicano, sustentado por el esquema de coordinación fiscal; el segundo, no menos importante, es el desmantelamiento de las estructuras administrativas tributarias de los ayuntamientos producto de ese esquema. Algunos municipios grandes y ricos mantienen niveles aceptables de ingresos propios, pero la gran mayoría depende en un alto porcentaje de las transferencias que por diversos conceptos realizan la federación y los estados. En cuanto a ingresos propios, el municipio obtiene ingresos fundamentalmente de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. De dichos conceptos, los impuestos participan con un porcentaje muy alto de sus ingresos. Por ejemplo, para el año 2008 (último reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Anega), el total de los impuestos municipales en México ascendió a 26,768 millones de pesos, mientras que los derechos aportaron 12,498 millones, los productos 3,990 millones, los aprovechamientos 9,190 millones y las contribuciones de mejoras 1,470 millones. Pero, como se ha dicho, las finanzas públicas municipales se sostienen fundamentalmente de las transferencias federales, en los términos dispuestos por la Ley de Coordinación Fiscal y por las disposiciones estatales. En el mismo 2008, las participaciones federales destinadas a los municipios ascendieron a 90,971 millones de pesos, mientras que las aportaciones por los distintos fondos estuvieron en el orden de los 82,331 millones de pesos. II. Ahora bien, en los impuestos que establecen los estados para la recaudación municipal, es el impuesto predial el que participa de forma preponderante. En el mismo año de 2008, el Anega reporta que del total de los impuestos, incluidos directos e indirectos, el predial aportó 14,454 millones de pesos. Es decir, el impuesto predial participa con más de la mitad de los impuestos recaudados y con más de una cuarta parte del total de los ingresos propios que sostienen a los ayuntamientos. El cobro del impuesto predial por parte de los municipios ha tenido un incremento anual, entre 2005 y 2008, muy escaso si consideramos el fenómeno inflacionario: la recaudación pasó de 10,098 millones en 2005 a 14,453 millones en 2008, es decir, un crecimiento promedio anual, en términos reales, de alrededor del 5 por ciento. Lo que puede responder a la disposición constitucional que ordenó el cambio de los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de la contribución a efecto de que el cálculo se realice con base en el valor de mercado, para el comienzo del ejercicio fiscal de El esfuerzo, según se aprecia, ha sido muy insuficiente. El crecimiento reciente de las finanzas públicas municipales se debe, en realidad, a un incremento importante de las transferencias federales: mientras que en 2005 se recibían participaciones por 60,601 millones y aportaciones por 48,995 millones, para 2008 pasaron a 90,971 millones y 82,330 millones, lo que significa un crecimiento promedio anual, en términos reales, del 7 por ciento para participaciones y de un destacable 11 por ciento para aportaciones. Lo anterior se explica en alguna medida por la persistencia durante esos años de excedentes de ingresos federales (esencialmente petroleros); pero es también clara muestra de que se ha obligado a los ayuntamientos a cabildear con los estados y la federación la transferencia de mayores recursos. III. Todo lo anterior motiva esta iniciativa que es la modificación del texto constitucional que exenta a los bienes de dominio público de la federación del pago del impuesto predial. Dicha disposición fue incluida en la reforma de 1983, como excepción a la regla general que hasta entonces prevalecía en el artículo 115. Fue promovida por el entonces presidente Miguel de la Madrid, quien en su exposición de motivos aludió:

3 Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los municipios, consignamos en la Fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su hacienda por parte de los municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los municipios podrán celebrar convenios con los estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consubstanciales para la vida de 1os municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes del dominio público de la federación, estados y municipios. El dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, fungiendo como cámara de origen, consideró acertada la redacción propuesta por el ejecutivo en cuanto al fortalecimiento de la hacienda municipal, pero no se pronunció expresamente respecto del texto que establece la exención sobre los bienes del dominio público, la cual, según el Ejecutivo iniciador de la reforma por sí sola (s) se explica (n), es decir no existía explicación alguna. La cámara revisora procedió de igual forma, por lo que, una vez aprobada por las legislaturas estatales, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de Desde entonces, la fracción IV del artículo 115 constitucional establece: IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

4 Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; Muchos beneficios reportó esta reforma al desarrollo de la autonomía municipal, comenzando por la descentralización en el cobro de diversas contribuciones, entre otras el impuesto predial. Como se ha visto, la hacienda pública municipal tomó orden en la aplicación de las nuevas facultades y se consolidó el avance. Puede decirse que durante los primeros años y quizá hasta antes de la crisis de 1995, el repunto de las administraciones municipales fue importante en lo que se refiere a su esfuerzo recaudatorio. Esa crisis, sin embargo, fue el punto de inflexión a partir del cual las finanzas municipales se orientaron hacia la dependencia de las transferencias federales y la magra recaudación. En esa etapa de fortalecimiento financiero del municipio, el impuesto predial jugó un papel fundamental. Hoy, sigue siendo importante en cuanto a ingresos propios se refiere. Pero lo destacable es que dicha imposición se afianzó ya en los mecanismos de cobro que desarrolla la estructura administrativa de la hacienda municipal. Ya son conocidas las consecuencias de la reforma de 1983 y es apreciable su impacto positivo. Por ello, la exención de los bienes públicos resulta una precaución innecesaria y una medida inconveniente para el municipio, el cual tiene la obligación de prestar servicios públicos que benefician de una u otra manera a esa infraestructura exenta. IV. Actualmente, sólo ciertos bienes de dominio público de la federación y de las entidades federativas encuentran justificación para estar exentos del impuesto predial y no por la razón no explicada que originalmente se hizo valer en la reforma constitucional de 1983, sino por motivos que se refieren en forma directa a la asistencia del estado frente a las necesidades cotidianas de la comunidad. Como se ha dicho, en todos los casos los bienes de dominio público que utilizan la Administración Pública Federal, las estatales y las municipales generan repercusiones en el ámbito de la prestación de los servicios públicos municipales: agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, calles, limpieza, recolección y traslado de residuos, seguridad pública y tránsito, entre otros; y, sin embargo, dichos entes gubernamentales no contribuyen con la principal fuente de ingresos propios de la administración municipal. Menor justificación encuentra la persistencia de la excepción constitucional para bienes de dominio público que son utilizados por particulares en función de una concesión u otra clase de permisos para su uso, aprovechamiento o explotación, como es el caso de los bienes inmuebles afectos a la explotación minera, la administración portuaria o las comunicaciones, en donde destacan la telefonía y la televisión por cable. En tales casos, el estado no es el sujeto pasivo del impuesto, sino quien realiza un negocio bajo concesión del estado. Resulta absurdo mantener la exención. Se trata, sin duda, de un privilegio indebido. Un ejemplo resulta relevante para la materia en revisión. Durante abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 89/2010, la Segunda Sala del Tribunal determinó que ni la autorización para construcciones en la vía pública de infraestructura para líneas de comunicaciones visibles u ocultas, ni los

5 derechos tributarios que se cobran por ese acto de autoridad municipal, invaden la esfera de facultades del Congreso de la Unión. La controversia derivó de tesis divergentes emitidas por tribunales colegiados, cuando se resolvió un juicio de amparo solicitado por un concesionario de telefonía. La cuestión no estaba referida al impuesto predial, sino a los derechos que una entidad federativa pretendía cobrar a la compañía por las construcciones en la vía pública de infraestructura para líneas de comunicación visibles u ocultas, pero la resolución de la Corte trascendió ese espectro específico. La empresa quejosa se consideraba exenta del pago de contribuciones de carácter local, debido a que es concesionaria del servicio público telefónico y la red pública de telefonía constituye una vía general de comunicación, así como los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de dicha red de telecomunicaciones. Las obras, aludió, son necesarias para la introducción de la red telefónica, la que pasa a formar parte de la vía general de comunicación y por ende se encuentra exenta al pago de los derechos correspondientes por la expedición de los permisos atinentes, por virtud de que sólo puede ser gravada con contribuciones de carácter federal, de tal forma que sólo el Congreso de la Unión puede establecer tributos sobre servicios públicos concesionados. La Suprema Corte consideró que, si bien las vías generales de comunicación son exclusivamente de jurisdicción federal y no pueden ser objeto de contribuciones por parte de los estados o municipios, el artículo 115 constitucional dota a los municipios de la facultad de administrar su patrimonio como calles, parques, jardines y su equipamiento, así como autorizar, permitir, controlar y vigilar su utilización, pues el suelo que comprende su jurisdicción territorial y las construcciones no están referidas únicamente a la propiedad privada, ya que queda inmersa cualquier obra o instalación que pretenda realizarse en los bienes de uso particular o de uso común del municipio. Por tanto, los congresos estatales pueden establecer a favor de los municipios, derechos por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada, como los establecidos en diversas leyes de ingresos municipales. Ni la autorización para construir infraestructura en la vía pública, ni los derechos que se cobran por ese acto de autoridad municipal, invaden la esfera de facultades del Congreso de la Unión, ya que no se trata de regular una vía general de comunicación, pues al ser previo el permiso se entiende que ésta aún no existe, ni la autorización se otorga para explotar una vía general de esa naturaleza, ya que sólo tiene como fin controlar la utilización de vías públicas municipales y, por estas razones, el tributo no recae sobre un servicio concesionado como las redes públicas de telecomunicaciones, sino en un acto administrativo municipal. Además, concluyó la Corte que tales autorizaciones municipales no tratan de regular cuestiones técnicas del cableado, los postes o los duetos, menos la emisión, transmisión o recepción de imágenes, voz, sonidos o información o los medios en que se propaga. Como se aprecia, la Corte define con certeza la divergencia que existe entre la regulación de la prestación de un servicio público por parte de una concesionaria, que es semejante a la prestación de servicios directamente por el entes gubernamentales, en tanto que ambos son actos de gobierno para el desarrollo de las funciones estatales, y los actos de administración, regulación, control y vigilancia que el municipio ejerce en su ámbito territorial, dentro de los cuales entran las contribuciones que fija a su favor el estado. Reiteramos que el caso no alude al impuesto predial, cuya exención prevalece en el artículo 115 constitucional, como tampoco hace referencia alguna a dicha exención. Sin embargo, resulta muy ilustrativo el razonamiento de la Corte, para fortalecer la propuesta que contiene esta iniciativa.

6 V. Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el segundo párrafo del inciso e) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, para terminar con la exención bajo estudio, haciendo posible que los municipios recauden recursos derivados del impuesto predial y otras contribuciones que se cobre a la federación y a las entidades federativas, por los bienes inmuebles que dichos niveles de gobierno utilicen para el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, por motivos distintos a la precaución tomada en la reforma constitucional de 1983, consideramos necesario mantener una exención al pago del impuesto predial por las instalaciones que el sector público requiere para realizar funciones de muy alto impacto social, como son la educación, desde el nivel básico hasta el superior; salud; investigación científica y tecnológica, y la exhibición museográfica. Ello, porque se trata de funciones intrínsecas a la naturaleza del estado, como organización social de beneficio colectivo, indispensables para el desarrollo y bienestar de las sociedad que lo conforma, lo que reviste de un manifiesto interés general a las instituciones e instrumentos que las hacen eficientes. Por otra parte, parece oportuno atender la preocupación siempre presente tanto en el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión en el sentido de que cada estado pudiera establecer contribuciones demasiado altas, desmesuradas o abusivas y que entre las entidades se hiciera una competencia de carácter fiscal municipal. Por ello, se propone establecer un tope máximo a la tasa de imposición que pudieran establecer las entidades federativas a favor de los municipios sobre bienes del dominio público de la federación, de tal manera que ningún estado pudiera discrecionalmente establecerla. Se agrega a lo anterior una limitante para el poder Ejecutivo en el sentido de que el decreto del Congreso de la Unión donde se establezcan los límites máximos de las contribuciones sobre los bienes de dominio público de la federación, no podría ser observado debido a que dicho poder Ejecutivo es el responsable administrativo tanto de las dependencias federales como de los organismos públicos que pagarían tales contribuciones. La facultad del Ejecutivo de la Unión de hacer observaciones a este decreto sería tanto como poner en manos del contribuyente la capacidad de impedir el establecimiento de los impuestos a su cargo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de Decreto Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso e) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo I. a III.... IV.... a) y b)... c)... Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Las contribuciones a las que se refieren los incisos a) y c) que establezcan las legislaturas de los estados sobre los bienes de dominio público de la federación a cargo de los Poderes de la Unión, los organismos autónomos federales, los particulares y los organismos o empresas públicas y privadas, tendrán como límite máximo, para cada una de tales contribuciones, el que expida el Congreso de la Unión, el cual

7 tampoco podrá conceder exenciones o subsidios ni el Ejecutivo federal podrá hacer observaciones al decreto respectivo; los recursos procedentes de dichas contribuciones serán aplicadas exclusivamente a la realización de obras públicas para beneficio colectivo. Quedan eximidos de las contribuciones señaladas los establecimientos públicos escolares y de salud, así como las instituciones públicas de educación superior, centros de investigación y los museos V. a X... Transitorios Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo: El decreto por el cual el Congreso de la Unión establezca los límites máximos de las contribuciones locales sobre los bienes de dominio público de la federación a cargo de los poderes de la Unión, los organismos autónomos federales, los particulares y los organismos o empresas públicas y privadas será expedido dentro de los sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Senado de la República, a 24 de marzo de Senadores: Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado, Melquiades Morales Flores, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Magaly Ramírez Hermosillo, Rosalinda Elena Mondragón Santoyo, Humberto Andrade Quezada, Ricardo Francisco García Cervantes, Rafael Ochoa Guzmán (rúbricas).