Asunto: INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA

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1 Página: 1 de 17 Carlos Carnicer Díez Presidente CIRCULAR 76/2015 Madrid, 7 de septiembre de 2015 Asunto: INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA EXCMO. SR. CONSEJERO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Querido Consejero: Te remito el informe nº 2/2015 elaborado por la sobre Código buenas prácticas financieras para abogados. Se trata de un informe que adopta la forma de propuesta de Código y que se remite para tu conocimiento. El informe está abierto a las observaciones que puedan hacerse al respecto. Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo,

2 Página: 2 de 17 INFORME 2/2015 INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN JURÍDICA SOBRE CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS FINANCIERAS PARA ABOGADOS PREÁMBULO 1) Principios económicos: problemas de carácter financiero que afectan los despachos de abogados. Los despachos de abogados, sean individuales o colectivos, constituyen empresas de matiz profesional (unipersonales o de capital, de menor o mayor dimensión) sometidas a los avatares financieros propios de toda actividad económica, entre los que se encuentran como mínimo- los relacionados con las necesidades de financiación, manejo de circulante, realización de pagos a proveedores, obtención de cobros por parte de clientes y gestión de depósitos y actividades económicas para terceros. El relevante matiz que constituye el extremo de que la orientación de la actividad sea estrictamente profesional (poniendo en el mercado un bien constituido por los servicios que prestan) en nada empece el hecho de que deban estar al igual que cualquier otra empresasometidos a la obligada ordenación financiera de sus actuaciones. Habida cuenta de la prolongada situación de crisis que nuestro país atraviesa parece conveniente al interés general de la abogacía (representado territorialmente por los Colegios de Abogados y colectivamente por el Consejo General de la Abogacía) proveer a tales profesionales de instrumentos prácticos que, siendo voluntarios, sean válidos a la profesión para, en último extremo, resultar útiles a la ciudadanía como consumidora última de los productos y servicios ofrecidos por los abogados. 1

3 Página: 3 de 17 2) Principios jurídicos: responsabilidad del Consejo General de la Abogacía de España y los Colegios de Abogados en relación a los deberes de información para con los consumidores. Establece la Ley 2/1974, de 13 de febrero en su artículo 1.1 que los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Entre los fines esenciales de estas Corporaciones se encuentran no solo la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados sino -y ello resulta de especial interés en el caso presente- la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. Ordenando el artículo 5.a de la citada Ley 2/1974 que corresponde a los Colegios Profesionales el ejercicio, en su ámbito territorial, de cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, se establece luego (por efecto inmediato de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que adicionó el articulo 12 a la Ley 2/1974) que los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. Constituyen finalidades propias de un Colegio de Abogados (determinación específica para esta profesión de las más generales que antes se indicaran para todos los colegios profesionales), además de ordenar la profesión de abogado y representar a la abogacía con carácter excluyente, defender los derechos e intereses de los colegiados y velar por la satisfacción de los intereses generales en relación a la profesión de abogado; promover la mejora de la calidad de los colegiados y controlar deontológicamente su actividad, aplicando el régimen disciplinario prefijado; colaborar con las Administraciones Publicas en el ejercicio de sus 2

4 Página: 4 de 17 competencias en los términos prefijados por las leyes y, muy especialmente, colaborar en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia haciendo realidad la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos (concebidos siempre como usuarios de servicios jurídicos). De la combinación de los factores económicos y jurídicos resulta conveniente la regulación por parte del Consejo General de la Abogacía de España de un Código de Buenas Prácticas Financieras para Abogados que, teniendo presentes las situaciones de crisis financiera que pueden afectar a los despachos de abogados en España y sin perder de vista las relevantes obligaciones que asisten a dichos profesionales y a las corporaciones de derecho público en que se integran, ofrezca soluciones prácticas a la experiencia adquirida en el conocimiento y atención de los problemas financieros de los despachos de abogados. Sin lugar a dudas existe una directa relación entre las firmas que demuestran conductas correctas en cuanto a su organización y finanzas y aquéllas que mantienen un avance financiero saneado, a pesar de las dificultades del mercado 3) El Código como norma de autocontrol de carácter voluntario. El presente Código de Buenas Prácticas constituye una norma de aplicación voluntaria y que, de suscribirse y por el mero hecho de asumirlo, conlleva la aplicación de un conjunto de reglas internas cuya única finalidad es prevenir los problemas financieros de los abogados y las sociedades profesionales en que puedan integrarse, orientando tales actuaciones en orden a la mejora del servicio al consumidor final de sus servicios. A los Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía compete el impulso en su difusión, aplicación, actualización y mejora, sin que pueda derivar responsabilidad alguna de tales actuaciones ante el eventual incumplimiento de sus preceptos por parte de los colegiados o las sociedades profesionales en que puedan integrarse, quienes en último extremo serán responsables ante los terceros o las Administraciones Públicas en la forma que establezca en cada caso la legislación vigente. Su adopción supone un paso más en el cumplimiento voluntario de otras obligaciones financieras ya existentes: exigencias legales (blanqueo de capitales y obligaciones concursales) y propuestas de buen gobierno de la abogacía en lo que respecta al 3

5 Página: 5 de 17 manejo de fondos de clientes y comportamiento ante situaciones de crisis de los despachos (recordatorio de deberes del Estatuto General de la Abogacía) 4) Motivación del Código El Código pretende definir un comportamiento idóneo de los abogados (de los que se comprometen a cumplir el código, que son los que lo han suscrito) en relación con una eventual situación de zozobra económica en su actividad, o en previsión y evitación de la misma. Tal actuación conlleva en último extremo una finalidad pedagógica: conocer los comportamientos recomendables de los despachos de abogados en casos de problemas económicos que condicionen o hipotequen seriamente su propio desenvolvimiento como prestadores de servicios legales debe servir de guía y recomendación sobre cómo deben actuar ordinariamente para no incurrir en causas de notificación de problemas. El Código, en definitiva, no solo aspira a ser adoptado -por los Colegios de Abogados y por derivación por todos los abogados que voluntariamente se adhieran a él- para auxiliar a los particulares en sus relaciones con los colaboradores externos más directos de la Administración de Justicia sino que conlleva, ínsito en él, un ideal de conducta financiera a asumir por sus destinatarios que necesariamente ha de traducirse en una mejor preparación para el correcto desempeño de la profesión. Más allá de la estricta finalidad informativa y sancionadora, el Código aspira a orientar la actuación de sus partícipes en la más correcta senda de las buenas prácticas financieras respecto de los clientes. Potenciar la misión de los Colegios como garantes de la objetividad y buen nombre de la alta misión de la abogacía debe contribuir muy directamente a justificar la necesidad de existencia de tales Corporaciones de Derecho Público como ofertantes de información y conocimiento útil sobre ciertas situaciones de sus afiliados, particularmente en momentos de dificultad y cambio. 4

6 Página: 6 de 17 5) Necesidad de ofrecer nuevos servicios a la sociedad: la nueva Ley de Servicios Profesionales Describir ante el cliente las reglas de funcionamiento de los fondos que reciben los abogados de sus mandantes ha de constituir un motivo adicional de prestigio y de garantía sobre la seguridad jurídica que deben esperar de dichos profesionales, adverada por los Colegios en que se integran: debe representar la confirmación de que existe una diligencia debida por parte de los profesionales en sus relaciones financieras con sus clientes. Especialmente ante el advenimiento de una nueva legislación de servicios profesionales que ha de venir a reafirmar y potenciar el efecto de una observación óptima de los requisitos financieros por parte de los integrantes de la abogacía. Tales son las finalidades de este Código y a tal fin se ha diseñado su contenido, siendo por supuesto susceptible de posteriores adiciones y ajustes para perfeccionar el ideal de conducta financiera de quienes a él se sometan. Como toda norma de gobierno voluntaria y autoimpuesta, el contenido del Código queda obligadamente abierto a las nuevas adicciones y recordatorios que, identificados como asumibles por los Colegios de Abogados y en último extremo por el Consejo General de la Abogacía de España en el que todos ellos se integran, han de orientarse en cada momento hacia la progresiva depuración de las mejores recomendaciones profesionales para el gobierno financiero de las firmas de abogados. Artículo 1: Objeto 1. Constituye el objeto del presente Código establecer un conjunto de obligaciones y deberes que se consideran buenas prácticas financieras para abogados, promoviendo su cumplimiento y respeto por aquéllos adheridos al mismo. 2. Su contenido ha de entenderse siempre sin perjuicio de la aplicación directa de cuantas obligaciones civiles, penales, laborales, fiscales, mercantiles, administrativas, financieras o de cualquier otra clase (sean legales o reglamentarias) obliguen a los abogados y las firmas en que se integran. 5

7 Página: 7 de 17 Artículo 2: Ámbito de aplicación 1. El ámbito de aplicación del presente Código queda integrado por todos los abogados que decidan adherirse al Código de Buenas Prácticas promovido por el Consejo General de la Abogacía de España a través de los Colegios de Abogados respectivos. 2. La adhesión es voluntaria y no tiene coste alguno, pudiendo ser manifestada por el abogado individual o la sociedad profesional en que se integra, en caso de ejercicio colectivo. 3. Los abogados adheridos al Código acreditarán esta situación mediante una certificación emitida por el Consejo General de la Abogacía de España que permitirá constatar frente a terceros la prueba de su diligencia debida como eficaz colaborador en la mejor gestión financiera del despacho por la asunción de las reglas del presente Código. 4. Los adheridos quedan obligados a cumplir los principios y prácticas que se regulen así como a la utilización de los sistemas de resolución de conflictos que puedan surgir en dichas relaciones, siguiendo los procedimientos que en el mismo se establezcan. 5. La eventual incorporación al Código de procedimientos de mediación o convenios arbitrales se orientará a garantizar la efectividad del cumplimiento de la ejecutividad de las transacciones o de los laudos que puedan resolver las controversias, pudiendo también preverse penas privadas como cláusulas penales en los casos en que así se haya establecido para los casos de incumplimiento. 6

8 Página: 8 de 17 Artículo 3: Definiciones 1. A los efectos de la presente norma se entiende por: a) Código de Buenas Prácticas Financieras: contrato normativo voluntariamente suscrito entre el abogado y su Colegio de Abogados (asistido éste por el Consejo General de la Abogacía de España, quien promueve su implantación) tendente a la adopción bilateral de una serie de obligaciones y derechos que por ello resultan jurídicamente exigibles con arreglo al mismo. b) Actividad financiera de abogados: cualquier actividad de contenido económico que exista o pueda existir entre un cliente y su abogado. c) Abogado: todos los profesionales del ejercicio de la abogacía así como las sociedades profesionales en que se integren, en los términos recogidos en el vigente Estatuto General de la Abogacía de España. d) Sistema de resolución de conflictos en materia de prácticas financieras para abogados: mecanismo alternativo de resolución de conflictos integrado en el Código de Buenas Prácticas Financieras mediante el que se pretende resolver una controversia entre los adheridos al mismo suscitado por la aplicación de alguna de las obligaciones y deberes que en él se contienen. e) Buena práctica financiera: actividad que se considera óptima desde la perspectiva del más eficaz cumplimiento de la diligencia debida exigible a un abogado en su actuación profesional con respecto a un cliente. f) Diligencia debida: estándar objetivo de cumplimiento de un deber profesional que puede ser tenido como referencia objetiva a los efectos de la recomendación de una buena práctica financiera. 7

9 Página: 9 de 17 g) Cliente: cualquier ciudadano que demande servicios profesionales de un abogado. Artículo 4: Principios El presente Código de Buenas Prácticas Financieras asume como principios que inspiran su existencia y guían su cumplimiento los siguientes: a) Principio de veracidad en la declaración de las actuaciones y los fondos obtenidos de los clientes. b) Principio de legalidad en el cumplimiento de las obligaciones específicas sobre origen, procedencia, destino y finalidad de los fondos obtenidos de los clientes. c) Principio de buena fe en cuanto a la obligación de promover la resolución de los problemas financieros que pueda generar la actividad del abogado respecto a sus clientes, bien a través de la mediación del Colegio, bien sometiéndose a la resolución del órgano arbitral que pueda decidir las cuestiones que se le planteen. d) Principio de transparencia entendido como el reconocimiento de que el cliente tiene derecho a conocer en cualquier momento el exacto estado de los derechos y obligaciones económicas de las que se responsabiliza el abogado adherido a este Código. Artículo 5: Buenas prácticas financieras reconocidas Constituyen buenas prácticas financieras en el ámbito de la gestión de un despacho de abogados las siguientes: 1. Todo abogado en ejercicio debe abrir al menos una cuenta corriente en una entidad bancaria para hacer ingreso en ella exclusivamente de los fondos procedentes o destinados a clientes. 8

10 Página: 10 de El abogado responde de que el origen de los fondos procede de la persona física o jurídica que dice y de la certeza de la existencia del cliente del que proceden, debiendo estar vinculados exclusivamente a los clientes y actuaciones procesales que le han sido encargadas. 3. El abogado debe estar en condiciones de responder en cualquier momento que el origen de sus fondos es lícito y se encuentra permanentemente vinculado a su actividad profesional. 4. Los fondos depositados en dicha cuenta o cuentas deben ser individualizados de forma separada y clara (preferiblemente mediante subcuentas) como correspondientes a los diversos procesos o asesoramientos en que sea parte el profesional de forma que pueda identificarse su movimiento de entrada y salida, su finalidad y la utilización que se haya hecho de tales fondos. 5. Los movimientos de fondos entre subcuentas están prohibidos, no pudiendo presentar ninguna de tales subcuentas un saldo deudor. 6. El abogado autoriza que un auditor externo especializado inspeccione a instancia del responsable de la aplicación del Código de Buenas Prácticas Financieras y con la total confidencialidad a que debe estar sujeto- que existe un sistema de cuentas y subcuentas ordenado en la forma que se ha descrito. 7. Las declaraciones de concurso de acreedores de abogados individuales o despachos profesionales colectivos deberán ser comunicadas a un Registro auxiliar del Código de Buenas Prácticas Financieras destinada a dar publicidad de los despachos y profesionales que se hallan en tal situación, bien por el propio interesado o por el Colegio al que están adscritos. 9

11 Página: 11 de 17 Artículo 6: Gestión financiera general de una firma de abogados. 1. Los abogados realizarán sus actividades profesionales teniendo en cuenta, además de todas aquéllas responsabilidades que competen a su desenvolvimiento con arreglo al Estatuto General de la Abogacía, las consecuencias financieras que puede deparar su actuación respecto a sus clientes. 2. Toda actuación profesional o de gestión ordinaria que pueda generar una obligación o un derecho económico para sus clientes debe ser objeto de razonable y previa advertencia, pronunciándose prudentemente, desde su óptica profesional y en relación con la estrategia de su actuación, sobre sus consecuencias y eventuales posibilidades para sus clientes. 3. En la forma indicada en el apartado anterior y a modo ejemplificativo y no exhaustivo, deben ser objeto de comunicación expresa al cliente las consecuencias económicas de interponer una acción material o procesal (o no hacerlo), las consecuencias previsibles de su desenvolvimiento (favorable o adverso) y las obligaciones económicas que ello puede comportar para el cliente. 4. Los despachos de abogados deben contar con planes de contingencia ante situaciones de riesgo para evitar las consecuencias de problemas financieros vinculados a su gestión ordinaria. Artículo 7: Gestión de las provisiones de fondos y depósitos recibidos de los clientes 1. El abogado solicitará del cliente las provisiones de fondos que estime oportunas con arreglo a la actuación jurídica a emprender, debiendo extender un recibo escrito acreditativo de la recepción del dinero o títulos valores o de crédito que puedan entregarse. En igual forma actuará siempre con los depósitos de dinero que, procedentes de un cliente, pudiera recibir en el marco de su actuación profesional. 10

12 Página: 12 de Los fondos obtenidos en la forma indicada en el apartado anterior deberán ser objeto de consignación específica en cuenta corriente separada nominada y destinada a este fin. Los intereses que genere dicha cuenta serán propiedad del cliente, lo que deberá acreditársele en el modo más transparente posible. 3. Los movimientos de las cuentas antes indicadas deben ser comunicados al cliente a petición de éste en cualquier momento que lo solicite y siempre de forma detallada al concluir el asunto (bien por su finalización o por su asignación a otro profesional). Artículo 8: Constitución, modificación o extinción de derechos de contenido económico por parte de abogados para sus clientes 1. Con sumisión expresa a la legislación sectorial civil, hipotecaria, registral, mercantil, fiscal y financiera en general que resulte aplicable en función de la actividad a desempeñar para un cliente, cualesquiera consecuencias financieras que se deparen para un abogado como gestor de negocios ajenos deberán ser objeto de información precisa al mandante por parte del mandatario, haciéndole perfecto conocedor de las incidencias y eventualidades que pueden concurrir en el negocio en función de su especialidad así como de los avatares financieros relativos a las actividades encomendadas. 2. Las actuaciones económicas derivadas del encargo conferido al abogado dentro de este artículo deben ser atendidas bajo una óptica profesional y un comportamiento reglado que prevenga errores, evite confusiones y redunde siempre- en el mejor servicio al cliente, cuidando paralelamente de que el profesional ni incurra en responsabilidades ni pueda lesionar ni siquiera por error u omisión- la buena fe que preside la confianza que el cliente ha depositado en él. Artículo 9: Normas en materia de blanqueo de capitales Sin perjuicio de sus obligaciones legales y reglamentarias al respecto, los abogados que suscriben este Código manifiestan conocer y estar específicamente informados de las normas 11

13 Página: 13 de 17 destinadas a la prevención del blanqueo de capitales, orientando sus actuaciones y esfuerzos a la evitación y eliminación de conductas que puedan ser consideradas como tales. Artículo 10: Responsabilidad en la llevanza de los expedientes de los clientes. 1. Cuando los abogados actúen a través de las sociedades profesionales previstas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales serán éstas las que se constituyen en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo junto a los actos propios de la actividad profesional de que se trate y que son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social. 2. Sin perjuicio de lo anterior y aún más allá de las obligaciones de la sociedad para con sus clientes, el abogado responsable del proceso judicial continúa con el desempeño de sus asuntos mientras responda de ellos por su personación en el Juzgado, con las consecuencias económicas y financieras que ello comporta. Artículo 11: Responsabilidad en la identificación de los miembros del despacho colectivo y sus responsabilidades a los efectos del presente Código. 1. En el supuesto de que los abogados ejerzan la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho (incluidas las sociedades mercantiles) y habida cuenta de que la agrupación habrá de tener como objeto el ejercicio profesional de la abogacía (estando integrada por abogados en ejercicio, sin limitación de número), la forma de agrupación deberá permitir en todo momento la exacta identificación de sus integrantes. 2. Un Registro especial integrado en el Colegio donde tuviese su domicilio permitirá conocer los adheridos al presente Código. Los registros colegiales comunicarán sus datos automáticamente al Registro específico centralizado en el Consejo General de la Abogacía de España. 12

14 Página: 14 de Los datos de los registros anteriores serán públicos y existirá en todo caso una información clara procedente de la firma individual o despacho colectivo que permita al cliente saber que determinado abogado pertenece a tal despacho. 4. Se exceptúan de lo anterior las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita las cuales tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo. Artículo 12: Responsabilidad en la aceptación de clientes y consecuencias financieras de dicha aceptación. 1. Los abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados, debiendo atender específicamente de igual modo a las repercusiones económicas que supone tal asunción de responsabilidad profesional. 2. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. En todos los casos los abogados quedarán informados de las consecuencias económicas que ello conlleva respecto a los fondos y depósitos procedentes de los clientes, quienes deberán ser informados de todos los extremos relativos a tales incidencias. 3. Con arreglo a lo establecido en el artículo 10.6 del Código Deontológico se comunicarán al Colegio las circunstancias personales que afecten al ejercicio profesional tales como cambios de domicilio, ausencias superiores a un mes o supuestos de enfermedad o invalidez por igual tiempo, sin proveer al cuidado de sus asuntos. Cualesquiera de tales extremos que conlleve consecuencias económicas en el manejo de los fondos del cliente deberá ser comunicado a éste, quien debe saber en cada momento qué abogado es el responsable de su asunto, qué asuntos se le llevan por la sociedad, quien se encarga personalmente de su asesoramiento y como se verifica éste. 13

15 Página: 15 de Se reconoce en todo caso el derecho del cliente a abandonar un despacho cuando no se encuentre personalmente asistido en la forma que desea o cuando tiene dudas (reales o potenciales) de que esa sociedad se encuentra en un problema financiero que puede perturbar al correcto desenvolvimiento de su asunto. 5. Las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho. Artículo 13: Colegios de Abogados y actuaciones en materia de concurso de acreedores de despachos de abogados. Los colegios de Abogados podrán adoptar protocolos de actuación ante las situaciones de concurso de sus despachos de abogados, quedando legitimados para ello conforme a las previsiones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal bajo la doble perspectiva del derecho de los consumidores a ser informados de las contingencias de los despachos encargados de sus asuntos y del derecho de la autoridad competente a intervenir en la correcta actuación de sus afiliados, siempre en garantía del buen nombre de la profesión y la actividad. Artículo 14: Colaboración de los Colegios de abogados en la aplicación del Código de Buenas Prácticas Financieras. 1. Los Colegios de Abogados designarán un órgano específico encargado de la difusión, implantación y asistencia en la aplicación de los mandatos del Código de Buenas Prácticas Financieras en su ámbito territorial. 2. Los Colegios de Abogados se obligan a realizar un seguimiento activo de las posibles situaciones de insolvencia o concurso en que puedan estar incursos sus colegiados, una vez se constate oficialmente la misma. 3. Cualesquiera otra situación de siniestro económico en que puedan verse inmersos los colegiados (tales como fallecimiento del profesional, incapacidad profesional 14

16 Página: 16 de 17 sobrevenida, etc.) debe ser objeto de comunicación al Colegio de Abogados correspondiente, quien mediará con los clientes afectados, previa audiencia específica a los profesionales adscritos al Código de Buenas Prácticas que se consideren concernidos por la situación. 4. Cada Colegio designará una o varias personas que unilateralmente o constituidos en órgano colegial- desempeñarán una función activa en la promoción del Código de Buenas Prácticas Financieras, debiendo atender la resolución de los conflictos que puedan plantearse al respecto. 5. Todos los órganos de los Colegios adscritos al sistema estarán en continua coordinación con el órgano correspondiente del Consejo General de la Abogacía de España. Artículo 15: Facultades que asisten al Colegio en relación a los clientes de los abogados para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Código. Infracciones y sanciones. Sistema de resolución de conflictos 1. Los Colegios constituirán órganos de mediación de conflictos derivados de la aplicación del Código de Buenas Prácticas Financieras, de forma que la superior obligación de atención a los usuarios de sus servicios legitime la intervención en la resolución de conflictos que ha de presentar la implantación y desarrollo del sistema. 2. El Decano será la última instancia mediadora en cada corporación de derecho público. 3. En el supuesto de conflicto vinculado a una práctica financiera a entre colegiados y clientes de sus servicios, el Colegio se obliga a resolver mediante una instancia arbitral (preexistente o creada específicamente para esta finalidad del Código de Buenas Prácticas Financieras) las diferencias que puedan surgir. 15

17 Página: 17 de El Consejo General de la Abogacía de España, en aplicación de lo establecido en el apartado anterior, establecerá reglamentariamente un sistema de infracciones y sanciones, sin perjuicio de promover el cumplimiento voluntario de las buenas prácticas aquí establecidas. Artículo 16: Funciones del Consejo General de la Abogacía en relación al Código de Buenas Prácticas Financieras. 1. El Consejo General de la Abogacía de España podrá disponer de asesoramiento especializado para supervisar la aplicación del presente Código y para asesorar a los Colegios de Abogados sobre la adopción de protocolos de actuación ante el concurso de despachos de abogados. 2. Las informaciones que suministren periódicamente los Colegios de Abogados sobre la aplicación del Código serán revisadas por una Comisión responsable de su mantenimiento actualizado. 3. El Consejo General de la Abogacía de España podrá constituir un seguro de daños en prevención de los que puedan ser causados por aquéllos adheridos al Código que hayan vulnerado las obligaciones establecidas en él, garantizando la cobertura de los daños hasta los límites que reglamentariamente se establezcan por dicho Consejo General. 4. A la vista de la experiencia adquirida en la implantación del sistema, el Consejo General actualizará periódicamente el contenido del Código, sus principios y sus mecanismos de aplicación. Artículo 17: Información y registro de situaciones concursales de despachos. Se crea en el Consejo General de la Abogacía de España un Registro de concursos de abogados y despachos que será actualizado periódicamente por las informaciones suministradas por los registros auxiliares de los Colegios de Abogados. Se inscribirán en él aquéllos profesionales que hayan quedado declarados en tal situación y haya sido publicada dicha contingencia en el BORME. 16