Comentarios al PS 886

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1 Comentarios al PS 886 Comparecemos hoy para ofrecer nuestros comentarios al PS 886 cuyo objetivo es promulgar la Ley para Fomentar la Investigación y Desarrollo del Capital Humano. En octubre del 2013 esta Legislatura aprobó la Ley 40 que ordena al Departamento de Hacienda iniciar un análisis minucioso de toda la legislación que concede créditos contributivos a distintos sectores y actividades en Puerto Rico y una evaluación de su impacto sobre los ingresos del Gobierno, así como de su efectividad en generar actividad y desarrollo económico. Según esta legislación, el Departamento deberá someter un informe a la Legislatura con sus hallazgos y recomendaciones. En esa ocasión, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, propulsor de esta evaluación, sostuvo en declaraciones para este medio que el objetivo es precisar cuáles de esos incentivos están cumpliendo su objetivo y cuáles no. Estimó en cerca de $2,000 millones anuales el costo para el erario público de los distintos y numerosos incentivos contributivos que se reconocen en la legislación del país. Adelantó que esta evaluación es parte de las gestiones que realiza su comisión y la Legislatura para cuadrar el presupuesto gubernamental, lo que dijo se logrará con recortes de gastos y con la posible eliminación de algunos de estos incentivos. Según lee la Ley 40, Cámara y Senado, el análisis sobre la efectividad de generar actividad y desarrollo económico deberá hacerse en coordinación con las agencias correspondientes para asegurar el más completo y abarcador análisis de la efectividad de los créditos contributivos. Ante la eliminación de los incentivos fiscales estadounidenses bajo la Sección 936, el Gobierno de Puerto Rico enmendó en 1998 la Ley de Incentivos Industriales de 1978 para aumentar los beneficios de la jurisdicción fiscal local, revisada nuevamente en el Las agencias de promoción industrial siguen utilizando este instrumento para atraer empresas de los Estados Unidos. Sin embargo, sus beneficios ya no tienen el complemento de las exenciones fiscales paralelas en la jurisdicción estadounidense. Para organizar la discusión del asunto, conviene comenzar por preguntar qué ha ocurrido con los tres pilares de la estrategia de desarrollo económico iniciada en los años cincuenta: la mano de obra barata, el acceso irrestricto al mercado estadounidense y la disponibilidad de incentivos fiscales para la industria. Actualmente, ninguno de estos se puede considerar pilares de la economía puertorriqueña, aunque no han perdido completamente su valor. Tras medio siglo de industrialización, Puerto Rico no es un país de mano de obra barata; lo sigue siendo en comparación con los Estados Unidos, pero no lo es en términos absolutos ni en comparación con la mayoría de los países en vías de desarrollo. Más bien es un país de salarios altos; el salario por hora promedio en la manufactura supera los 10

2 dólares desde el año El acceso desde adentro al mercado de los Estados Unidos sigue siendo parte de la relación con ese país, pero ha perdido valor como ventaja competitiva por la creciente apertura del mercado estadounidense a casi todos los países del mundo, en particular a México y Centroamérica. Lo que tal vez ejemplifica mejor el cambio en esta variable es el ascenso de la República Popular China como exportador al mercado estadounidense, un país que era rival político de los Estados Unidos cuando Puerto Rico inicio su industrialización. Por último, la efectividad de las exenciones fiscales como incentivo de promoción industrial se ha reducido por la eliminación de las exenciones del Gobierno de los Estados Unidos y la proliferación de esquemas similares en otros países en vías de desarrollo. En particular, se debe estudiar con detalle la estructura de ventajas comparativas que Puerto Rico parece tener en ciertas actividades de servicios como las finanzas, seguros y bienes raíces, ingeniería, comunicaciones y servicios de apoyo a negocios como auditoría y consultoría. Conviene dar atención especial a las exportaciones potenciales de servicios a los países de Centroamérica y la República Dominicana para que aprovechen la apertura provista por el acuerdo de libre comercio dichos países con los Estados Unidos. Propuestas a granel han sido incluidas en los diferentes estudio sobre estrategias de desarrollo económico de los últimos 20 años. Dos propuestas hacen énfasis en la necesidad de fortalecer los incentivos para que las empresas inviertan en investigación y contribuyan al desarrollo de nuevas tecnologías (Cumbre para el Desarrollo Económico y Social de

3 Puerto Rico, 2004; y Estrategias para el Desarrollo: Competitividad, Productividad y Eficiencia, 1997). Tres trabajos hacen énfasis en la necesidad de crear incentivos especiales para crear puestos de trabajo, así como promover programas de adiestramiento mediante incentivos fiscales (Cumbre para el Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico, 2004; 22do. Taller-Foro de la Empresa Privada con el Gobierno, 2003; y Estrategias para el Desarrollo: Competitividad, Productividad y Eficiencia, 1997). Dos trabajos hacen énfasis en la necesidad de otorgar facilidades fiscales a las empresas puertorriqueñas y eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo (Cumbre para el Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico, 2004; y Estrategias para el Desarrollo: Competitividad, Productividad y Eficiencia, 1997). En relación con las exportaciones se indica que se debe contar con estrategias de promoción efectivas, tales como los incentivos fiscales (Juntes con la Junta, 2004). Resulta imperativo establecer mecanismos adecuados para mejorar la divulgación de las leyes e incentivos que protegen o benefician a los pequeños comerciantes (Cumbre para el Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico, 2004). Crear nuevos incentivos al ahorro y la inversión, haciendo el ahorro más atractivo que el consumo mediante créditos tributarios por inversión en empresas ubicadas en Puerto Rico y eliminar los impuestos sobre ganancias de capital (Estrategias para el Desarrollo: Competitividad, Productividad y Eficiencia, 1997). Ofrecer créditos tributarios por inversión en transferencia de tecnología a operaciones radicadas en Puerto Rico (Estrategias para el Desarrollo: Competitividad, Productividad y Eficiencia, 1997). Vincular los incentivos a la inversión local y extranjera a condiciones orientadas por fines públicos como la educación, participación de los trabajadores, protección ambiental, modernización de los procesos de producción y control de calidad de los productos (El Puerto Rico que Queremos, 1997). La experiencia de Puerto Rico ilustra la necesidad de reajustar cada cierto tiempo la estrategia de desarrollo para adecuarla a los cambios en el entorno. Los determinantes de la competitividad son cambiantes; en el caso de Puerto Rico ello se ha visto principalmente en la evolución de los costos salariales, en la pérdida de potencia de los incentivos fiscales como promotores de la industrialización y en la importancia creciente de la competencia de terceros países por los mercados de los Estados Unidos. Podría decirse que las fases iniciales de desarrollo en Puerto Rico ocurrieron en una suerte de apertura protegida, ya que la economía puertorriqueña

4 era muy abierta vis à vis la de los Estados Unidos, pero estaba bastante aislada de la competencia de terceros países dentro del sistema arancelario estadounidense. Incertidumbre en relación con el tratamiento de IRS al impuesto sobre las foráneas La Asociación de Industriales continúa monitoreando el tratamiento contributivo que le dará el IRS al crédito que toman las empresas foráneas sobre el impuesto del 4% que pagan a Hacienda. Estos impuestos se reflejan en el tributo a las foráneas que genera unos $2 mil millones al fisco y, que recientemente, en la revista Tax Analysts, así como en la revista Forbes, fue catalogado como un federal bailout a Puerto Rico que le cuesta al fisco federal. Las revistas cuestionaron la constitucionalidad del impuesto al notar que bajo la Cláusula de Comercio se prohibe la imposición de contribuciones a negocios que operen fuera de su jurisdicción. Luego de tres años, el Departamento del Tesoro federal no ha emitido una opinión en torno a la legalidad del impuesto, pero ha permitido que las empresas tomen créditos en los Estados Unidos por el impuesto que pagan en Puerto Rico al considerarse la isla como una jurisdicción foránea para propósitos contributivos. Fideicomiso de Ciencia y Tecnología Con la creación del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, se le encomendó definir e implantar, la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología, que deberá incluir el establecimiento de una alianza entre el Gobierno y el sector privado para la promoción y desarrollo de las mismas para el beneficio de todos los puertorriqueños. En la consecución de su propósito, el Fideicomiso actuará como un agente para la promoción, inversión y financiamiento de actividades que fortalezcan la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología en Puerto Rico y que redunden en beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico; promoverá la colaboración estrecha entre los sectores gubernamentales, académicos e industriales del País, encaminadas, sin limitarse, a la investigación básica para el descubrimiento de nuevo conocimiento, la investigación aplicada para traducir nuevos conocimientos a aplicaciones utilizables, y a la investigación clínica que incluya la administración de terapias e intervenciones para determinar la eficacia de las mismas; desarrollará y promoverá una cultura y una infraestructura que reconozca el valor que tiene la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social de Puerto Rico; promoverá la transferencia de tecnología y la comercialización de los productos que resulten de investigaciones locales; y financiará y creará una estrategia coherente para atraer a Puerto Rico a investigadores de calibre mundial que den impulso a las nuevas iniciativas. Recomendación La Asociación de Industriales de Puerto Rico no favorece la aprobación de esta medida en este momento. A pesar de que simpatizamos con el propósito de la medida entendemos que la misma está concebida a destiempo por cinco razones:

5 Primero, en este momento en que el país necesita todos los recursos disponibles para enderezar su situación fiscal no recomendamos legislar en forma fraccionada para atender una actividad dentro de las industrias sin atender el asunto de esta industria como un todo. Segundo, recomendamos que esta legislatura tenga la deferencia de esperar que el Comité que dispuso la Ley 40 y otro que nombró el Gobernador rindan su informe con sus recomendaciones antes de aprobar políticas fraccionadas. Tercero, la medida no tiene definiciones clara que especifiquen los controles de costo beneficio que se derivarán de la actividad de R&D y los resultados que pueda haber de esta actividad, sin que se abuse de ella. Cuarta, es el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico que debe iniciar recomendaciones sobre los incentivos y la forma de otorgarlos para que no se abuse de estos incentivos en proyectos que no sean totalmente bonafide y que culminen en productos viables. Quinto, en vista de que esta es materia que afecta las rentas que forman parte del presupuesto y en deferencia a su cuerpo hermano, respetuosamente sugerimos que sea la Cámara de Representantes la que estudie y origine un proyecto abarcador sobre esta materia. Así lo dispone nuestra Constitución cuando consigna en su Sección 17, sobre el procedimiento legislativo: Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley. Por estas razones, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, en este momento, recomienda que se posponga la aprobación de esta medida hasta que se cuente con toda la información necesaria para determinar su costo, su beneficio y sus parámetros de efectución.