JUSTICIA GRATUITA TELEMATICA

Transcripción

1 JUSTICIA GRATUITA TELEMATICA Consejero Adjunto a Presidencia Responsable del Proyecto Tecnológico de la Abogacía Consejo General de la Abogacía Española 1

2 Palabras clave Servicios telemáticos de la abogacía, firma electrónica reconocida, justicia gratuita, trámites electrónicos. Resumen de su Comunicación La abogacía Institucional presenta un portal de Internet que tiene como objetivo facilitar el acceso a la asistencia jurídica y los servicios prestados por la abogacía al ciudadano. Basado en la idea de agilizar los trámites entre el solicitante de asistencia jurídica gratuita, el colegio de abogados de su demarcación, las Administraciones Públicas y las Comisiones de Asistencia Jurídica, el proyecto se plantea como un revulsivo necesario para una mayor eficiencia de la Administración de Justicia, presentando un claro ejemplo de interoperabilidad e integración de un gran número de Administraciones. 2

3 JUSTICIA GRATUITA TELEMATICA 1. Antecedentes Una función pública esencial de la Abogacía Institucional es ayudar a garantizar el derecho a la defensa, establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución. Para ello, la Abogacía Institucional tiene encomendada la gestión del derecho de Justicia Gratuita de los ciudadanos, labor que desarrolla eficazmente a través de los Servicios de Orientación Jurídica y Turno de Oficio de los Colegios de Abogados, que el pasado año tramitaron expedientes de Justicia Gratuita en todo el territorio español, a lo que se destinaron más de 162 millones de euros. De los expedientes tramitados en 2005, un 71% correspondió a la gestión del Turno de Oficio y asistencia a la Violencia de Género, y únicamente un 29% a las Guardias realizadas junto a la Asistencia Letrada al Detenido. Por otro lado, la Abogacía Institucional se encuentra en la actualidad inmersa en una profunda renovación de sus medios tecnológicos. Así, en el año 2003 se aprueba el Proyecto Tecnológico de la Abogacía, el cual presenta como principales objetivos la progresiva implantación de la Firma Electrónica Reconocida incorporando la condición de Abogado (Autoridad de Certificación de la Abogacía), el desarrollo de Sistemas de Información que mejoren la Gestión de los órganos de la Abogacía así como las herramientas necesarias para la justificación telemática de los servicios realizados en el ámbito de la Justicia Gratuita por lo Abogados ante su Colegio utilizando para ello la firma electrónica de la Abogacía. En este contexto, el siguiente paso natural que plantea la Abogacía Institucional es la construcción de un servicio electrónico de uso público para la tramitación de expedientes de Justicia gratuita. De esta forma el Proyecto Tecnológico de la abogacía se orienta por primera vez al ciudadano, desde el portal que pretende, por un lado, simplificar el proceso, desde que el ciudadano solicita un abogado de oficio hasta que se le concede de forma efectiva., y, por otro, interconectar electrónicamente a la Abogacía Institucional con todas las Administraciones Públicas implicadas. 2. Objetivos del proyecto El portal tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la asistencia jurídica que recibe el ciudadano, agilizando los trámites derivados del proceso y reduciendo desplazamientos y tiempos de espera derivados de la gestión del expediente desde que el ciudadano solicita asistencia jurídica hasta que ésta es convenientemente proporcionada por la Abogacía y remunerada por las Administraciones Públicas competentes. Por otra parte, como se describe a continuación, la gestión telemática de los expedientes de Justicia Gratuita confiere al proceso una trazabilidad que redunda en una mejor gestión económica entre las Administraciones Públicas y la Abogacía Institucional. 3. Descripción del Proyecto Para comprender el alcance del proyecto Justicia Gratuita Telemática, cabe resumir las dos prestaciones fundamentales que comprende el derecho a la obtención de asistencia Jurídica Gratuita, amparado por nuestra Carta Magna y regulado por la Ley 1/1996 de 10 de enero: 1. Asesoramiento y orientación jurídica gratuita para el conocimiento de derechos que asisten al ciudada- 3

4 no, y para la búsqueda de soluciones alternativas al proceso judicial 2. Asistencia Jurídica durante todo el proceso judicial El acceso al servicio de Justicia Gratuita se insta tradicionalmente por el solicitante ante el Colegio de Abogados de su demarcación, del Juzgado, o de la Policía u otro agente. Para poder beneficiarse de ello, el solicitante ha de demostrar que se encuentra amparado por el derecho a Justicia Gratuita, para lo que ha de aportar al Colegio de Abogados la documentación necesaria que garantiza que cumple con los requisitos mínimos. Esta documentación suele incorporar los siguientes elementos: Fotocopia del D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia Declaración de Renta y del Patrimonio del último ejercicio o certificación negativa de la A.E.A.T. de no haberla realizado. Vida laboral del solicitante Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio, indicando los bienes que posee Certificado de empadronamiento Para trabajadores: cinco últimas nóminas o certificación de la empresa de concepto salariales o Certificado del INEM Certificación catastral y títulos de propiedad de bienes inmuebles, si procede. Contrato de alquiler o recibo mensual de la vivienda. La iniciativa planteada desde el portal aspira a agilizar todos los trámites relacionados con el proceso, desde la solicitud hasta la presentación de los documentos mencionados, simplificando su gestión tanto para el ciudadano como para el colegio de abogados y la Administración. De esta forma, la Abogacía Institucional contempla una serie de funcionalidades que pretenden informar al ciudadano sobre sus derechos y agilizar todo el proceso. Sin embargo, en muchas ocasiones los ciudadanos no saben si reúnen los requisitos para solicitar este derecho. Por este motivo el Portal incorpora entre estas funcionalidades un simulador donde el ciudadano puede consultar si por sus circunstancias económico-familiares es o no objeto del derecho a asistencia jurídica gratuita, evitándose así el las complicaciones de las solicitudes que son denegadas. Asimismo, en un gran porcentaje, la casuística de cuestiones planteadas en los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de los Colegios suele plantearse alrededor de temas muy tratados. Es por ello que el portal ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes entorno a la administración de justicia gratuita, agrupadas por temáticas. Adicionalmente se plantea la incorporación de un formulario para la realización de consultas jurídicas no recogidas entre las frecuentes al Colegio de Abogados, ofreciendo así el primer Servicio de Orientación Jurídica por Internet gratuito, ya que se encuentra financiado por la propia Abogacía Institucional.. En el momento de presentar de la solicitud de justicia gratuita en el colegio de abogado, el demandante podrá descargar en un formulario para su presentación física en el colegio o el envío telemático utilizando su propio DNI electrónico o certificado digital de identidad expedido por la FNMT. Adicionalmente, en este portal también se facilita la presentación de solicitudes con certificado digital de abogado de ACA, a fin de que los muchos Abogados que se encuentran implicados socialmente ayuden a la tramitación de este tipo de solicitudes ante sus Colegios. Una vez remitida la solicitud, se pone en marcha un proceso de interacción con las distintas Administra- 4

5 ciones Públicas (Catastro, AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social, etc ) para comprobar que el demandante tiene derecho a justicia gratuita y que no existen deficiencias en su solicitud. Este proceso se llevará a cabo automáticamente con el permiso del interesado y de manera segura e integrada con los servicios telemáticos de las distintas Administraciones Públicas, para lo que es imprescindible su cooperación. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, el Colegio procede a designar un abogado para la tramitación del Expediente y la elaboración del Informe de Sostenibilidad que se remitirá junto con el resto del expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución. La Comisión de Justicia Gratuita analizará el Expediente y dictará resolución, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El plazo derivado de este proceso, que tradicionalmente tiene una duración mínima de cuarenta y cinco días, se ve reducido gracias a la interoperabilidad entre el ciudadano, el Colegio de abogados, la Administración Pública y las Comisiones. El proceso continúa con la Justificación telemática de las actuaciones realizadas en cada expediente por parte del Abogado designado. Para ello el Abogado utilizará su Carné Colegial con firma electrónica reconocida a fin de cumlimentar los formularios de justificación ante su Colegio, el cual de forma periódica remitirá las justificaciones a su Consejo. Finalmente, el Consejo implicado, autonómico o general, remitirá firmadas electrónicamente las justificaciones de actuación a la administración de justicia competente. Esta interoperabilidad entre las distintas Administraciones se explica en el marco del Proyecto Tecnológico de la abogacía, que ha desarrollado una potente herramienta basada en tecnologías web de última generación destinada a una mejor gestión de los procesos colegiales y a facilitar las justificaciones de asuntos por parte de los colegiados a través de firma electrónica reconocida de ACA. Esta herramienta, denominada sistema de Gestión Integral de la Abogacía, (SIGA), y actualmente en fase de implantación en todos los colegios de abogados, está basado en una arquitectura que permite la integración con las Administraciones Públicas a través de estándares internacionales de amplia difusión basados en servicios web seguros. 4. Conclusiones El valor añadido que este proyecto persigue para el ciudadano es ofrecer un mayor acceso a la asistencia jurídica letrada y mejorar la calidad del proceso, lo cual redundará en una mejora de los recursos económicos dedicados por las Administraciones Públicas intervinientes en el proceso, como son la Administración Tributaria, la Oficina del Catastro, la Tesorería General de la Seguridad Social, las Consejerías de Justicia y el propio Ministerio de Justicia. Este Proyecto presenta un claro exponente de interoperabilidad electrónica entre distintas administraciones públicas con el fin de mejorar la calidad del servicio y conseguir una mejor gestión de los fondos públicos dedicados a un derecho fundamental. 5