CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

Transcripción

1 34396/2016 En Mendoza, a los 5 días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala A de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Dres. Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Alfredo Rafael Porras procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 34396/2016/CA1, caratulados: BECERRA AGUIRRE MARIA MARTA EN REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR SCARPATI BECERRA SOFIA C/ ANSES S/ AMPARA LEY , venidos del Juzgado Federal de San Luis, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 78/82 contra la resolución de fs. 74/77, cuya parte dispositiva se tiene aquí por reproducida. El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver: Es ajustada a derecho la sentencia recurrida? De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 C.P.C y Comercial de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: Vocalías n 3, 1 y 2. Sobre la única cuestión propuesta, el Sr. Juez de Cámara, Dr. Manuel Alberto Pizarro, dijo: 1. La sentencia de fs. 74/77, cuya parte dispositiva ha quedado transcripta al inicio de este acuerdo, ha sido apelada a fs. 78/82 por el representante de ANSES. Al expresar agravios, manifiesta, luego de hacer un relato de la causa, que la percepción por parte de la Sra. Becerra del beneficio no ha sido de buena fe y ante el silencio del titular a través de su representante que aduce fue notificado de la situación y no presentó descargo; propicio aplicar un descuento sobre los haberes hasta cubrir las sumas indebidas.

2 Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 24463, cita doctrina y jurisprudencia. 2. Que conferido a fs.83 el traslado de rigor, el representante del actor no contesta dejando decaer su derecho. 3. En la presente causa la amparista, Maria Marta Becerra en representación de su hija menor Sofia Scarpati Becerra, inicia acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de restablecer el derecho previsional debido a su parte y que fue disminuida por una retención fundada en cargos por haberes percibidos indebidamente. De las actuaciones surge que la menor Sofia Becerra se encontraba percibiendo un beneficio de pensión derivado de su padre. Que la Sra Herminia Longo solicito, a su vez, el beneficio de pensión en razón que existía una sentencia de divorcio vicular donde el causante estaba declarado culpable, se amparó en el articulo 53 de la ley De acuerdo a ello ANSES emitió dictamen 13608/2016 donde se resolvió tener acreditado el beneficio de la Sra. Herminia Longo, con un haber mensual de $ y el 73, 43% del beneficio y para el mismo mensual se ingresó la modificación del porecentaje y haber real de la coparticipe, Sofia Becerra siendo de $ y del 28.57%. La sentencia de primera instancia hace lugar a la acción de amparo y ordena establecer el beneficio en un 50% para cada coparticipe por aplicación del art. 53 de la ley , así como revocar la resolución donde se dispone liquidar y cobrar cargos a la actora por supuestos haberes percibidos indebidamente. 4. Ingresando al tratamiento de la cuestión venida a revisión por esta Alzada, estimo que no debe hacerse lugar a la apelación de ANSES por la siguientes razones. En primer lugar, analizada la causa en toda su plataforma fáctica y probatoria, resulta, a mi entender, que la sentencia dictada por el Juez de primera instancia realiza un acertado análisis de la cuestión,

3 delimitando correctamente los hechos con la prueba ofrecida. Cuestión que es primordial para llegar a la solución correcta. Así, y en plena comunión con el A quo, el ANSES no comunicó de manera efectiva y correcta lo que estaba sucediendo en el expediente de la Sra. Longo, futura coparticipe del beneficio de la menor, cuestión que configuró, para la menor Sofía, una expectativa respecto del haber que venía percibiendo. Por otra parte, la situación de la cual se vale la parte actora es decir no estar debidamente informadas del ingreso de la solicitud y del futro del mismo para sostener que es incorrecto catalogar como cargos por haberes percibidos indebidamente la sumas que cobró previo a que se constituyera a la Sra. longo en coparticipe; es imputable únicamente al organismo demandado como bien lo establece el juez A quo en la sentencia. Mas allá de considerar que la conducta de ANSES como resultado de la admisión al beneficio de la pensión de una persona que temporalmente como beneficiaria aún no había efectivizado su pretensión de derecho, generando una situación que desde el momento del otorgamiento del beneficio que tiene a la Sra. Longo como beneficiaria conjuntamente con la menor, consolidó una situación en la accionante que en modo alguno generando una y un derecho en favor puede retroactivamente afectado por quien dejo de usar el derecho en su oportunidad. De lo anterior se sigue que por este modo anómalo administrativo el organismo previsional le ha conferido una naturaleza "reipersecutoria que si bien respecto de algunos bienes podría aplicarse en ámbitos ajenos a los principios que informan al Derecho Previsional, en modo alguno puede afectar derechos adquiridos oportunamente ejerciendo en el caso por la aquí amparista restrotrayendo a una situación no prevista por el legislador. La conducta de ANSES, donde, y reiteramos, primeramente otorgó un beneficio y luego incorporó una nueva persona en el mismo, resulta francamente contradictoria con la teoría de los actos propios. Esta doctrina

4 tiene como fundamento el principio general de la buena fe, que impregna la totalidad del ordenamiento jurídico, y condena la adopción por el sujeto de actitudes reñidas con las que ha observado anteriormente en la misma relación jurídica. Cuando un acto está otorgado conforme lo establece la normativa, ella no podrá alegar luego que por un error o una circunstancia modificatoria de la que la otra parte no estaba al tanto, que debe cargar con el costo de la misma y menos fundado en una presunción de mala fe que derivó en la merma de su haber de pensión. 5. En punto al porcentaje de coparticipación del beneficio, estimo correcto en derecho lo sostenido en la sentencia de primera instancia debiendo la ANSES conformar la resolución administrativa a derecho. Primeramente, y como bien dice la sentencia, es la misma normativa la que establece el porcentaje de participación, del cual no existen elementos válidos en la cusa para apartarse, resultando arbitrario y contrario a derecho el dictamen de ANSES donde dispone un porcentaje del 73, 43% del beneficio para la Sra. Longo ex cónyuge del causante y del % para la hija menor Sofía Becerra. Es decir corresponde la participación por igual de acuerdo al texto del artículo 53 de la ley A mayor abundamiento resulta también una cuestión equidad y justicia no mermar un haber de pensión de una menor en un porcentaje y correlativa suma dineraria, que resultaría en pugna con las garantías constitucionales de integralidad y de especial protección sobre los menores, llegando al extremo de un resultado donde el haber de pensión es ostensiblemente inferior a los mínimos legales. Resulta configurada por esta circunstancia la conducta arbitraria e injustificada por parte de la administración pública, que habilitan la procedencia del amparo intentado. 6. Respecto al último agravio referido a las costas, no existe fundamento alguno para apartarse del principio genérico de la derrota receptado en el Código de forma. La Ley no se aplica al caso concreto por no tratarse de la impugnación de un acto de ANSES sino de un proceso de

5 amparo por un acto arbitrario llevado a cabo por la Administración y por tanto no asimilable al supuesto que el legislador tuvo en mira al redactar dicha norma. Todo ello en consonancia con la doctrina establecida por el Máximo Tribunal en autos RUEDA, Orlinda c/ ANSeS, CSJN 15/4/04, LL , de interpretación restrictiva sobre el beneficio dispuesto a favor de la ANSES. 7. En cuanto a las costas devengadas ante esta Alzada, estimo que corresponde imponerlas al apelante vencido. (art. 68 del C.P.C.C.N.). Respecto a la regulación de honorarios, la misma se difiere hasta tanto sean regulados los de primera instancia. De esta manera, voto por la afirmativa a la cuestión planteada. Sobre la única cuestión propuesta, los Dres. Juan Ignacio Pérez Cursi y Alfredo Rafael Porras, dijeron: Que adhieren por sus fundamentos al voto que antecede. En mérito de la votación que instruye el acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1 ) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 78/82 contra la sentencia de fs. 74/77, la cual se confirma. 2 ) Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 C.P.C.C.N.). 3 ) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad procesal según lo establecido ut supra. COPIESE Y NOTIFIQUESE. c.c./af