ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES INFORME POSITIVO. ~ de mayo de 2014

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1 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 17ma. Asamblea Legislativa 3ra. Sesi6n Ordinaria CAMARA DE REPRESENTANTES P. del S. 996 INFORME POSITIVO ~ de mayo de 2014 A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: La Comisi6n de Lo Jurfdico de la Camara de Representantes, previa evaluaci6n y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 996 sin enmiendas. ALCANCE DE LA MEDIDA La Comisi6n de Lo Jurfdico evalu6 el Proyecto del Senado 996, el cual propone enmendar los Artfculos 1830 y 1832 del C6digo Civil de 1930, segun enmendado, para aclarar y precisar la imprescriptibilidad de los derechos y acciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los bienes publicos, no patrimoniales, del estado. Tal como expone en su Exposici6n de Motivos, en nuestro ordenamiento jurfdico la prescripci6n esta reglamentada en el ultimo titulo del C6digo Civil. Este a su vez, se divide en tres capftulos distintos: (1) el que contiene las disposiciones generales sobre la prescripci6n y su aplicabilidad; (2) el que dispone sobre asuntos especiales de la llamada prescripci6n adquisitiva de dominio y demas derechos reales; y (3) el que dispone sobre asuntos particulares de la Hamada prescripci6n extintiva. Expone ademas que la norma basica esta contenida en el Artfculo 1830 de nuestro C6digo Civil, y dicho artfculo refiere tanto a la Hamada prescripci6n adquisitiva del dominio y derechos reales como a la prescripci6n extintiva o liberatoria de derechos o acciones. Como limitaci6n al alcance de la prescripci6n, el Artfculo 1836 del C6digo Civil limita el ambito objetivo de la prescripci6n a las cosas que estan en el comercio de los hombres, entendiendose universalmente por implicaci6n negativa que la prescripci6n no opera cuando se trata de aquello que esta fuera del comercio de los hombres. Es por esto que la prescripci6n no aplica a las cosas de dominio publico, las de

2 2 uso publico general y las cosas y derechos no susceptibles de apropiaci6n individual, pues los bienes de dominio publico son bienes sustraidos de la actividad comercial que satisfacen las necesidades colectivas, sustentan el bienestar comun, y son por tanto inalienable e imprescriptibles. RESUMEN DE LAS PONENCIAS PRESENT ADAS Ponencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA") Mediante Memorial Explicativo ante la Comisi6n de lo Juridico, Seguridad y Veteranos del Senado, compareci6 el DRNA para expresar su posici6n en torno al Proyecto del Senado 996. El DRNA aval6 el P. del S. 996 sin reservas. El DRNA comenz6 su memorial reconociendo que nuestro sistema de derecho en torno a la propiedad, de raigambre civilista, reconoce como precepto fundamental que los bienes de dominio publico no se pueden enajenar, son imprescriptibles e inembargables. Discuten que sobre la imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales de dominio publico, en el contexto de la prescripci6n adquisitiva, ya que nuestro Tribunal Supremo se ha expresado en Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534 (1970), destacando que una de las adopciones realizadas en el C6digo Civil de Luisiana apartandose del C6digo Napole6nico y del Espanol, fue disponer que entre las cosas que no son susceptibles de apropiaci6n estan comprendidas aquellas que no pueden ser propiedad particular por raz6n de su objeto, tales como las cosas en comun o aquellas cuyo usufructo pertenece a todos los hombres.1 Finalmente, el DRNA reconoci6 que la retroactividad de la que presenta la Medida no representa conflictos con el marco juridico esbozado para su efectiva aprobaci6n y que la norma que se propone mejora y aclara sin ambages la extension de la prescripci6n dentro del limitado marco de los bienes publicos no patrimoniales del estado, lo cual es consistente con el estado de derecho esbozado por mas de cien afios por nuestro Tribunal Supremo. 2 Ademas sefialaron que es importante que no quepa duda de la facultad del Estado obtener reparaci6n y resarcimiento para el Pueblo, legitimo titular de los bienes del dominio publico, cuando se causen dafios a dichos bienes. 3 Concluy6 expresando que le parece "oportuno y adecuado que el Estado no tenga limites para ejercer una causa de acci6n como demandante [... ] y como custodio de los bienes de dominio publico, es necesario contar con una causa de acci6n para obligar al perjudicante a resarcir los dafios que le puedan causar a nuestros recursos naturales y medio ambiente."4 1 Memorial Explicativo def Departamento de Recursos Natura/es y Ambientales sabre el Proyecto def Senado 996. Fechado el 22 de abril de 2014, p Id., p Id. 4 Id.

3 3 Ponencia la Junta de Calidad Ambiental ("JCA") Mediante memorial explicativo ante la Comisi6n de lo Juridico, Seguridad y Veteranos del Senado, la Junta de Calidad Ambiental se expres6 a favor del Proyecto del Senado 996. La JCA expres6 que el P. del S. 996 precisa una normativa ya establecida con respecto a que los derechos y acciones del estado sobre los bienes publicos, no patrimoniales, no prescriben. s Ademas expresaron que la Medida "meramente reitera para fines de claridad, el establecimiento de dicha normativa en nuestro ordenamiento juridico [y.. ] dispone libre de ambigiiedades, que las causas de acci6n que inste la JCA en virtud de la Ley Num , segun enmendada, conocida como la "Ley sobre Politica Publica Ambiental" en protecci6n de los recursos naturales de Puerto Rico no tienen termino prescriptivo."6 Reiteraron mas adelante en su ponencia que "el Proyecto es c6nsono con las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual ha establecido expresamente que la prescripci6n no aplica a las cosas de dominio publico, las de uso publico general y las cosas y derechos no susceptibles de apropiaci6n individual, pues los bienes de dominio publico son bienes sustraidos de la actividad comercial que satisfacen necesidades colectivas, sustentan el bienestar comun, y son por tanto inalienables e imprescriptibles" 7. San Geronimo Caribe Project v. E.L.A., 174 D.P.R. 518, 621 (2008). Finalmente, la JCA expres6 que avala la aprobaci6n del P. del S. 996 por entender que es c6nsono con la politica publica ambiental esbozada en la Ley Num , y sostienen que, irrespectivo del tiempo transcurrido, las personas o entidades, que ocasionen danos a nuestro medio ambiente tienen que asumir su responsabilidad y deben ser estas, y no el Pueblo de Puerto Rico, quienes paguen por todos los costos de remediaci6n y restauraci6n del nuestros recursos naturales.s ANALISIS Y RECOMENDACIONES Atendida y evaluada la ponencia de la Junta de Calidad Ambiental y la ponencia del Departamento de Recursos Naturales y conforme al estudio realizado por los legisladores y el personal tecnico, la Comisi6n de Lo Juridico de la Camara de Representantes se encuentra en posici6n para recomendar la aprobaci6n del P. del S. 996 fundamentado en el analisis que se presenta a continuaci6n. 5 Memorial Explicativo de la Junta de Calidad Ambiental sabre el Proyecto de! Senado 996. Fechada el 11 de abril de 2014, p Id. 7 Id., p Id., p. 3.

4 4 De los memoriales explicativos presentados ante la Comisi6n de lo Juridico, Seguridad y Veteranos del Senado, se desprende el aval tanto de la Junta de Calidad Ambiental como del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico al P. del S. 996 toda vez que lo que pretende dicha Medida es reafirmar la norma ya establecida. Mediante esta enmienda, se establece claramente la no aplicabilidad de la prescripci6n a los derechos, intereses, acciones y reclamaciones del E.L.A. sabre los bienes de uso publico como parte de la politica publica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en protecci6n de los bienes del Pueblo que sustentan el bienestar comun. Conforme a lo anterior, esta Comisi6n coincide con lo plasmado en el P. del S. 996 y considera acertados los prop6sitos del mismo. Mas aun, coincidimos con la postura de la JCA y el DRNA en cuanto a la necesidad de la enmienda propuesta en el P. del S. 996, y que dicha enmienda va meramente dirigida a aclarar y precisar la imprescriptibilidad de los derechos y acciones del E.L.A. sabre los bienes de dominio publico, no patrimoniales que le pertenecen al Estado. Finalmente, esta Comisi6n al igual que la JCA y el DRNA, entiende pertinente la importancia de la aplicaci6n retroactiva de esta ley, toda vez que se trata de reforzar la loable intenci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de accionar en aras de proteger y defender los bienes publicos no patrimoniales del Pueblo de Puerto Rico, incluyendo los recursos naturales y los derechos del Pueblo de Puerto Rico sabre estos. CONCLUSION Por las razones aqui descritas, la Comisi6n de Lo Juridico de la Camara de Representantes de Puerto Rico recomienda favorablemente la aprobaci6n del P. del S. 996 sin enmiendas.

5 TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO (1 DE MA YO DE 2014) ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO E ma Asamblea Legislativa 3ra. Sesi6n Ordinaria SENADO DE PUERTO RICO P.delS de marzo de 2014 Presentado por los senores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, Torres Torres; la senora Lopez Leon; los senores Nadal Power, Rosa Rodriguez; la senora Gonzalez Lopez; los senores Nieves Perez, Pereira Castillo, Rivera Filomena, Rodriguez Gonzalez, Rodriguez Otero, Rodriguez Valle, Ruiz Nieves, Suarez Caceres, Tirado Rivera y Vargas Morales Referido a la Comision de lo Juridico, Seguridad y Veteranos LEY Para enmendar los Articulos 1830 y 1832 del C6digo Civil de 1930, seglin enmendado, para aclarar y precisar la imprescriptibilidad de los derechos y acciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los bienes publicos, no patrimoniales, del Estado. EXPOSICION DE MOTIVOS La imprescriptibilidad de los derechos del Estado sobre los bienes publicos no patrimoniales es un principio bien establecido en nuestro derecho. A principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo la conceptualize como una vertiente de la doctrina angloamericana nullum tempus ocurrit regit, en virtud de la cual la prescripci6n no corre contra el Estado. Posteriormente, adoptando una metodologia analitica y un enfoque civilista, el Tribunal Supremo reconoci6 el principio de la imprescriptibilidad sobre los bienes publicos, no patrimoniales del Estado, procedente de nuestro C6digo Civil. El Tribunal estableci6 que los bienes patrimoniales del Estado estan sujetos a la prescripci6n, mas no asi los bienes de dominio publico o los de uso publico general, sobre los cuales existe un consenso fundamental en cuanto a su imprescriptibilidad.

6 2 La norma sobre imprescriptibilidad de los bienes y derechos publicos no patrimoniales, es reconocida comlinmente en jurisdicciones de entronque civilista como la nuestra. Asi, por ejemplo, en Espana la Ley de Montes dispone que es imprescriptible la acci6n de reparaci6n del dafi.o causado al dominio publico forestal. En Ecuador, la Constituci6n del pais recoge la norma en relaci6n con la imprescriptibilidad de las acciones para requerir reparaci6n de los dafi.os ambientales. En nuestro ordenamiento, la prescripci6n esta reglamentada ampliamente en el ultimo titulo del C6digo Civil, el cual esta dividido en tres capitulos distintos, a saber: el primero contiene disposiciones generales sobre la prescripci6n y su aplicabilidad; el segundo dispone sobre asuntos especiales de la Hamada prescripci6n adquisitiva de dominio y demas derechos reales; y el tercero sobre asuntos particulares de la llamada prescripci6n extintiva. Como explica el tratadista Manresa, si bien la prescripci6n reviste dos formas (adquisitiva y prescriptiva), la prescripci6n no es mas que "una sola cosa en su esencia, puesto que constituye un titulo unico de derecho derivado de una circunstancia o raz6n de tiempo, modificativa del estado legal de los derechos de una persona determinada; y este concepto de eha impone la necesidad de un tratado general y de una doctrina com tin a las dos formas que puede revestir." La norma basica esta contenida en el Articulo 1830 del C6digo Civil, el cual dispone que "por la prescripci6n se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demas derechos reales. Tambien se extinguen del propio modo los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean". Este Articulo refiere tanto a la Hamada prescripci6n adquisitiva del dominio y derechos reales (en su primera oraci6n) como a la prescripci6n extintiva o liberatoria de derechos o acciones (en su segunda oraci6n). Como limitaci6n al alcance de la prescripci6n, el Articulo 1836 del C6digo Civil limita el ambito objetivo de la prescripci6n a las cosas que estan en el comercio de los hombres, entendiendose universalmente por implicaci6n negativa que la prescripci6n no opera cuando se trata de aqueho que esta fuera del comercio de los hombres. A la luz de lo anterior, se ha determinado expresamente que la prescripci6n no aplica a las cosas de dominio publico, las de uso publico general y las cosas y derechos no susceptibles de apropiaci6n individual, pues los bienes de dominio publico son bienes sustraidos de la actividad comercial que satisfacen necesidades colectivas, sustentan el bienestar comlin, y son por tanto

7 3 inalienables e imprescriptibles. Entre los bienes publicos que sustentan el bienestar comun se incluyen en nuestro C6digo "aquellos cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen libre su uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas", Articulo 254; "los destinados al uso publico, como los caminos, canales, rios, torrentes y otros analogos", Articulo 255; y "los caminos estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas publicas, los paseos, y las obras publicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico", Articulo 256. Existen ademas un sinnlimero de bienes y derechos del Pueblo que estan fuera del comercio humano y por tanto son imprescriptibles, incluyendo entre otros, la normativa juridica sobre los recursos naturales y el medio ambiente, los cuales tienen una insoslayable dimension de orden constitucional. A modo de ejemplo, tenemos la Ley Nlim. 136 de 3 de junio de 1976, seglin enmendada, conocida como "Ley para la Conservaci6n, Desarrollo y U sos de los Recursos de Agua de Puerto Rico", que declara todas las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico como propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico e impone al Estado Libre Asociado el deber ineludible de administrar y proteger las aguas de nuestro pais, a nombre y en beneficio de la poblaci6n puertorriquei'ia. Tenemos tambien las distintas leyes de politica publica ambiental: Ley Num., 9 de 18 de junio de 1970, derogada y sustituida por la Ley Num. 4 I , conocidas am bas como "Ley sobre Polftica Publica Ambiental", y ninguna de las cuales ha establecido termino prescriptivo alguno para las acciones que el Estado, por conducto de su Junta de Calidad Ambiental, inste en protecci6n de las aguas y los recursos del Pueblo de Puerto Rico. Se trata de derechos derivados de la afianzada politica publica sobre los recursos naturales expuesta en el Articulo VI, Secci6n 19 de nuestra Constituci6n, la cual dispone que "[ s ]era politica publica del Estado Libre Asociado la mas eficaz conservaci6n de sus recursos naturales, asi como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad". Const. E.L.A., Art. VL Sec. 19. Es una protecci6n de los derechos del Pueblo "frente al Estado, la sociedad, el gobiemo, e incluso el hombre, que en el mundo contemporaneo, sin darse cuenta que esta socavando su propia existencia, destruye la naturaleza en aras de un materialismo y un

8 4 consumensmo rampante creando desbalances sistemicos irreversibles". Paoli Mendez v. Rodriguez, 138 D.P.R. 449, 462 (1995). La intenci6n de esta legislaci6n es reafirmar y aclarar que la prescripci6n no aplica en forma alguna al Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando este acciona en protecci6n y defensa de los bienes publicos (no patrimoniales) del Pueblo de Puerto Rico, incluyendo los recursos naturales del Pueblo, y los derechos del Pueblo de Puerto Rico sobre estos. Asi hacerlo, no s6lo es c6nsono con el resto de las disposiciones de nuestro ordenamiento legal segun antes explicadas, sino que resulta 16gico y necesario para la protecci6n de tan importantes bienes publicos. Mediante esta enmienda, se establece de forma clara e inequivoca la no aplicabilidad de la prescripci6n a los derechos, intereses, acciones y reclamaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los bienes de uso publico como parte de la politica publica del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en protecci6n de los bienes del Pueblo que sustentan el bienestar comlin. DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 1 Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 1830 del C6digo Civil de 1930, segun enmendado, 2 para lea como sigue: 3 "Articulo Adquisici6n del dominio y demas derechos reales; extinci6n de derechos 4 y acc10nes. 5 Por la prescripci6n se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la 6 ley, el dominio y demas derechos reales. 7 Tambien se extinguen del propio modo los derechos y las acciones, de cualquier clase 8 que sean. 9 La prescripci6n no opera sobre los derechos, intereses, acciones y reclamaciones del 10 Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relaci6n con los bienes publicos no patrimoniales que 11 el Estado tiene y mantiene a nombre yen beneficio de la poblaci6n puertorriquefia." 12 Articulo 2.- Se enmienda el Articulo 1832 del C6digo Civil de 1930, segun enmendado,

9 5 1 para lea como sigue: 2 "Articulo Extinci6n de derechos y acciones por la prescripci6n. 3 Los derechos y acciones se extinguen por la prescripci6n en perjuicio de toda clase de 4 personas, inclusas las juridicas, en los terminos prevenidos por la ley. 5 Los derechos, intereses, acciones y reclamaciones del Estado Libre Asociado de Puerto 6 Rico sobre los bienes publicos no patrimoniales que el Estado tiene y mantiene a nombre y en 7 beneficio de la poblaci6n puertorriquefia no estan sujetos a prescripci6n." 8 Articulo 3.- Vigencia. 9 Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n y sera de aplicaci6n 10 retroactiva, incluyendo, a todo caso activo y pendiente ante los tribunales sobre el cual no 11 hubiera recaido una sentencia final, firme e inapelable.