DICTAMEN Nº 99 / 2013

Transcripción

1 Consejo Consultivo de Aragón DICTAMEN Nº 99 / 2013 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de los daños causados por dos menores tutelados por la Diputación General de Aragón. ANTECEDENTES Primero.- En virtud de escrito de fecha de entrada 29 de junio de 2010,, en nombre y representación de AXA AURORA IBÉRICA, S.A., formuló reclamación ante la Administración de la Comunidad autónoma de Aragón, de indemnización de daños y perjuicios que afirma haber sido causados por los menores A y B, ambos sometidos a la tutela de dicha Administración. En el escrito manifiesta lo siguiente: PRIMERO.- El Sr. X, tenía contratada póliza de hogar (...) con mi mandante la Cía. de Seguros AXA AURORA IBÉRICA, S.A. en vigor a la fecha del siniestro a que más adelante nos referiremos y que cubría, entre otros, el robo en la vivienda sita en calle del Barrio de Juslibol en Zaragoza (...). SEGUNDO.- Entre los días 5 de diciembre al 10 de diciembre de 2008, F, en compañía de G y B, entraron, usando la fuerza, en la vivienda del Sr. X, llevándose diversos objetos y causando daños en la vivienda, los daños en la vivienda ascienden a 1.112,90 euros, y los daños de los objetos dañados o robados de la vivienda ascienden a euros, según se acredita mediante informe pericial (...). Posteriormente el 21 de enero de 2009 estos individuos volvieron a entrar en la vivienda, causando daños en la misma por importe de 602,35 euros y llevándose diversos objetos (televisor, latas...) por valor de 449 euros (...). La noche del 4 al 5 de febrero, F junto con A, entraron en la referida vivienda, causando daños en la vivienda por importe total 393,26 euros y como objetos robados ascendieron el valor de los mismos a 349 euros (...). 1

2 CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN TERCERO.- Que por estos hechos se siguió ante el Juzgado de Menores nº UNO de Zaragoza Expediente de Reforma 65/09. (...) CUARTO.- Los menores A y B se encontraban bajo la tutela de la DGA. El mayor de edad, F, se encontraba bajo la guarda provisional a la espera de incapacitación por el Juzgado de Primera Instancia nº TRECE de Zaragoza (...). Cuantifica los daños en un total de 7.052,51 euros. Acompañan al escrito los siguientes documentos: - Poder de representación otorgado por la entidad aseguradora a la presentante del escrito. - Póliza de seguro del hogar suscrita por la entidad reclamante con X - Informes periciales de los daños sufridos por el asegurado. - Documentos justificativos de los pagos realizados por la compañía aseguradora al asegurado. - Documentación relativa al expediente de Reforma 65/ Sentencia dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Zaragoza, de fecha 7 de julio de 2009, por la que se decide el expediente de Reforma seguido ante el mismo bajo el número 65/2009. En ella, se declara probado lo siguiente: En la noche del día cuatro al cinco de febrero de 2009, A con otro mayor de edad (...), ambos con evidente intención de enriquecimiento injusto, decidieron entrar al interior de la vivienda sita en la calle (parcela), propiedad del denunciante (...), rompiendo previamente los candados de las puertas de acceso a dicha vivienda. Una vez en su interior el menor expedientado y el mayor de edad no se ha podido acreditar que sustrajeran nada ya que a las 9:30 horas del día cinco de febrero de dos mil nueve se personó en su vivienda el citado denunciante y propietario (...) el cual llamó inmediatamente a la policía nacional, personándose los agentes (...), los cuales detuvieron a ambos durmiendo en una de las habitaciones. En acta de inspección ocular consta que en fecha cinco de febrero de dos mil nueve, se recogieron huellas lofoscópicas en unos vasos y copas de cristal, así como un plato y una lata de aquarius, en una botella de plástico de agua y en una botella de cerveza Buckler sin. Y cuyo resultado el 25 de marzo de 2009 fue que la huella digital acotada con el testigo métrico número dos que asienta sobre el vaso de cristal incoloro... ha sido producida por el dedo índice de la mano derecha de A. El Sr. X presentó una factura para arreglar la puerta de la vivienda por importe de trescientos ochenta y cuatro con trece céntimos de euro, que reclama. El mismo día de la detención de ambos, el menor se encontraba aparcado el coche furgoneta FORD TRANSIT (...) en las inmediaciones de la vivienda, llevando tanto el menor A como su acompañante un juego de llaves de la furgoneta. Su titular, había denunciado la desaparición de su vehículo dos días antes confirmando el menor en su declaración policial que lo habían sustraído pero dos días antes. La puerta estaba abierta y las llaves puestas, circulando con él hasta su detención, sin que consten daños a consecuencia de su ilegítima utilización. 2

3 Consejo Consultivo de Aragón El propietario de la vivienda (...) denunció también que entre los días cinco de diciembre al diez de diciembre de 2008 y el día veintiuno de enero de dos mil nueve le sustrajeron de su vivienda una serie de objetos: una televisión de la marca ITT, un vídeo y un ordenador portátil, una televisión de la marca sony, dos antenas, dos pares de gafas, un DVD portátil, una bicicleta de montaña, un disco duro de ordenador, un abrigo de visón, dos jamones, quince botellas de whisky, varias latas en conserva y doscientos cincuenta euros en metálico. También denuncia que le sustrajeron una televisión de la marca Sharp modelo 19, diversas cantidades de latas de conservas, refrescos y un queso. De la sustracción de los objetos citados el mayor de edad coimputado manifestó que estas sustracciones en esta vivienda las realizaron los dos menores expedientados en este hecho: G y B, en tanto los dos menores atribuyen al adulto dichas sustracciones, a excepción de una televisión y un DVD que se llevaron ellos. El denunciante en este expediente no reclama los objetos sustraídos al tener seguro de robo con la compañía AXA. Segundo.- Mediante Orden de fecha 8 de marzo de 2011, la Consejera de Servicios Sociales y Familia admite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y procede a nombrar instructora para el procedimiento, lo cual se notifica a los interesados mediante escritos de fecha 11 de marzo de Tercero.- Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2011, la instructora solicita informe a la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales acerca de los hechos ocurridos, con indicación de la situación en que se encontraban los menores cuando ocurrieron los hechos. Cuarto.- En virtud de Orden de fecha 30 de diciembre de 2011, se procede al nombramiento de nueva instructora del procedimiento, comunicándoselo a los interesados por escritos de fecha 19 de enero de Nuevamente, por orden de fecha 15 de febrero de 2012, se procede a nombrar nueva instructora del procedimiento. Quinto.- Se incorpora al expediente la documentación remitida por la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Entre los documentos remitidos, por su interés en relación con este Dictamen, reproducimos parte de la Sentencia Nº 351/2010, de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dictada en el recurso de apelación interpuesto por el asegurado ( X ) y la entidad aseguradora (AXA) contra la sentencia dictada en el Expediente de Reforma 65/2009 por el Juzgado de Menores nº 1 de Zaragoza: (...) 3

4 CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El recurso de apelación interpuesto por la representación procesal conjunta de D. X y de la Compañía de Seguros AXA SA (...) debe de ser estimado íntegramente, ya que la Juez a quo no cumplió ni respetó los términos del acuerdo alcanzado, de conformidad entre los tres menores expedientados, asistidos por sus abogados, y el IASS, por un lado, con el Fiscal y la acusación particular por el otro lado. El IASS en el acto del juicio oral aceptó la responsabilidad civil subsidiaria de 384,13 euros. La letrada de la acusación particular (...) manifestó expresamente en el acto del juicio oral que actuará en la vía civil ordinaria para reclamar al IASS las cantidades satisfechas por AXA a su asegurado Sr. X. (...) FALLAMOS ESTIMAMOS totalmente el recurso de apelación formulado por la conjunta representación de AXA SA y de X, contra la sentencia nº 98/2009 (...), por lo que aún manteniendo íntegramente el fallo de la Sentencia apelada añadimos lo siguiente: Expresamente condenamos a los expedientados A, B Y G a indemnizar a X con 384,13 euros por los daños en la puerta de su vivienda, daños que no fueron cubiertos por su aseguradora AXA SA. Condenamos expresamente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) como responsable civil solidario, al pago de esa cantidad de 384,13 euros. Le quedan expresamente reservadas la Cía. de Seguros AXA SA, las acciones civiles que le correspondan por subrogación, contra el IASS, para reclamar en la vía civil ordinaria las cantidades por ella satisfechas a su asegurado (...). Sexto.- Mediante escrito de fecha 3 de abril de 2012, la instructora del procedimiento solicita a la Subdirección de Zaragoza de Protección de la Infancia y Tutela que emita informe acerca de los hechos sometidos a este dictamen. El 13 de abril de 2012, la Subdirectora de Protección a la Infancia y Tutela informa lo siguiente: El menor B, tuvo expediente de Protección abierto en este Servicio y estuvo bajo tutela ex lege de esta Entidad Pública desde el 24 de julio de 2008 a 13 de octubre de 2010 que cumplió la mayoría de edad (...). El menor F estuvo bajo la tutela ex lege de esta Entidad Pública desde el 13 de mayo de 2005 a 19 de septiembre de 2008 fecha en la que cumple la mayoría de edad. Igualmente fue incapacitado por Sentencia Judicial que atribuyó su tutela a la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos. El Juzgado de 1ª Instancia nº º3 de Zaragoza acordó como medida cautelar la guarda provisional por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales durante la sustanciación del proceso. En las fechas de referencia (5 de diciembre a 10 de diciembre de 2008), ambos menores se encontraban ingresados en el Centro Hospitalario de Rehabilitación Psiquiátrica PRISMA como medida acordada para la aplicación de tratamiento terapéutico. Consta información desde el Centro a esta Entidad Pública comunicando que ambos menores se fugaron del Centro tras un permiso de salida y no han vuelto al mismo. Por lo expuesto, en las fechas a que se refieren los hechos ambos menores se encontraban bajo la guarda de esta Entidad Pública derivada de la situación de tutela ex lege en el caso del menor B y de guarda provisional de carácter judicial respecto a F. 4

5 Consejo Consultivo de Aragón Por escrito de 17 de abril de 2012, se solicita nuevo informe en relación con la situación de los otros dos menores condenados, A y G. El 2 de mayo de 2012, se emite el nuevo informe solicitado, señalando lo siguiente: (...) el menor A se encontraba internado en el Centro Hospitalario de Rehabilitación Psiquiátrica (PRISMA) con medida de tutela ex lege por Resolución administrativa del Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, durante el período comprendido entre el 5 al 10 de diciembre de 2008, en que fueron cometidos los hechos. Se comprueba que con fecha 5 de diciembre de 2008 el menor se fugó del centro. Respecto del menor G, no consta que se haya tramitado expediente de protección ni se haya acordado medida de protección en esta Entidad Pública, constando por otras informaciones que dicho menor pudo tener expediente abierto en la Junta de Extremadura. Séptimo.- La instructora del procedimiento solicita al Juzgado de Instrucción nº 1 de Zaragoza que emita informe acerca de la Diligencias Preliminares 797/09 en relación con F. El 17 de mayo de 2012, se remite certificado de la Secretaria del Juzgado de lo Penal nº 2 de Zaragoza, informando lo siguiente: Que en este Juzgado a mi cargo se sigue ejecutoria 596/09 la cual dimana de procedimiento abreviado 171/09, dimanante de diligencias previas 797/09 del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. El se dictó sentencia de conformidad condenando a F como autor de un delito de usurpación. En fecha se abonó la responsabilidad civil. En fecha se abonó la multa. FAX. En fecha se archivó definitivamente la ejecutoria, notificándoselo al IASS mediante Octavo.- Mediante escritos de fecha 18 de junio de 2012, se comunica a los interesados la apertura de un período de prueba. Posteriormente, el 1 de octubre de 2012, se comunica la admisión de la prueba documental aportada por la reclamante, así como la solicitud de oficio de los informes de la Subdirección Provincial de Zaragoza de Protección de la Infancia y Tutela, y la Certificación del Juzgado de lo Penal nº 2 de Zaragoza. Noveno.- Por escritos de fecha 11 de diciembre de 2012, se comunica a los interesados la apertura de un plazo de diez días para la realización del trámite de audiencia, sin que por ellos se presenten alegaciones. 5

6 CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN Décimo.- Consta en el expediente la propuesta de resolución elaborada por la instructora del procedimiento, de fecha 5 de abril de 2013, por la que se propone desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al no haber quedado acreditadas las circunstancias en las que se produjeron los daños, por lo que no concurre el necesario nexo causal entre los daños y el funcionamiento de la Administración Autonómica. Undécimo.- Mediante escrito de fecha 8 de abril de 2013, el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha solicitado de este Consejo Consultivo de Aragón el preceptivo dictamen, adjuntando copia del expediente tramitado y de la propuesta de resolución correspondiente. CONSIDERACIONES JURIDICAS I El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de Aragón tal y como se regula en el artículo de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo en el supuesto de reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a euros. Ello significa, dada la cuantía de la indemnización solicitada en este caso, el carácter preceptivo del Dictamen que se emite por este Consejo. En función de lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, resulta competente la Comisión para la emisión del dictamen. I I El Consejo, a la vista del expediente remitido, ha de pronunciarse acerca de si procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con los daños alegados por la entidad reclamante. Por mandato del artículo 12.2 del Reglamento aprobado por R. D. 429/1993 se ha de concretar específicamente la existencia o inexistencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos, con valoración, en su caso, de los daños habidos y las cuantías y modo de las indemnizaciones, considerando los criterios legales de aplicación. Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el Derecho español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, constitucionalizada en el art de la Constitución, atribuye a los particulares derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y se cumplan los demás requisitos dispuestos por 6

7 Consejo Consultivo de Aragón el ordenamiento jurídico (art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen de Derecho Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo). I I I En el supuesto que nos ocupa, no hay nada que objetar sobre el cumplimiento de los requisitos formales, al haberse presentado la reclamación dentro del plazo legalmente establecido y haber sido dirigida a la Administración Pública competente por persona que ostenta suficiente legitimación para ello. IV A continuación, analizamos las cuestiones de fondo que se plantean en el caso presente. La compañía aseguradora reclamante solicita que le sean indemnizados los daños producidos en la vivienda de su asegurado por dos menores de edad que se encontraban bajo la tutela de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y un mayor de edad bajo guarda provisional de la misma. Por tanto, procedemos a analizar la actuación y circunstancias de cada uno de los causantes de los supuestos daños, para determinar si existe responsabilidad de la Administración Autonómica. 1. En relación con el mayor de edad, F, se encontraba, en el momento de la comisión de los hechos, en situación de guarda provisional de carácter judicial ejercida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Se encuentra incorporada al expediente la Sentencia nº 328/2009, de 23 de septiembre de 2009, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Zaragoza, por la que se condena a José Jesús Frías como autor de un delito de usurpación y se le obliga a pagar al 7

8 CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN perjudicado la cantidad de 359 euros en concepto de responsabilidad civil. En los hechos probados, a los efectos que aquí nos interesan, se hace constar que el condenado entró en la vivienda del asegurado reventando los candados de la puerta de acceso, produciendo varios desperfectos en la vivienda. Mediante certificado emitido por la Secretaria del Juzgado de lo Penal número 2, el 26 de febrero de 2012, fue abonada la responsabilidad civil. Por tanto, habiendo sido satisfecho el importe de los desperfectos que han quedado acreditados en el procedimiento penal, no procede la reclamación de la aseguradora, puesto que ya no existen daños pendientes de indemnizar. 2. En cuanto a la situación de A, en el tiempo de los hechos, se encontraba internado en el Centro Hospitalario de Rehabilitación Psiquiátrica, bajo la tutela ex lege del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, habiéndose fugado del citado centro el 5 de diciembre de En virtud de sentencia nº 98/09 del Juzgado de Menores número 1 de Zaragoza, se condena al menor A por la comisión de un delito de uso ilegítimo de vehículo a motor y de robo con fuerza de carácter continuado. Los únicos daños que se consideran probados, en relación con este menor, son los desperfectos en la puerta de la vivienda del asegurado, por valor de 384,13 euros. Posteriormente, por sentencia nº 351/2010, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Menores, se condena expresamente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales como responsable civil solidario al pago de aquella cantidad. Ha quedado acreditado, por la documentación incorporada al expediente que nos ocupa, que la cantidad de 384,13 euros ha sido satisfecha por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por lo que, al igual que en el caso del mayor de edad interviniente en los hechos, no procede la reclamación de la aseguradora, puesto que ya no existen daños causados por este menor de edad pendientes de indemnizar. 3. Por último, debemos hacer referencia a la situación del menor B, que también se encontraba internado en el Centro Hospitalario de Rehabilitación Psiquiátrica, bajo la tutela ex lege del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, habiéndose fugado del citado centro tras un permiso de salida. En virtud de la Sentencia del Juzgado de Menores antes citada, se condena a B y a otro menor, ajeno a esta reclamación, por un delito de robo con fuerza de carácter continuado. Se considera hecho probado que B y otro menor sustrajeron de la vivienda en cuestión un televisor y un DVD. En definitiva, la entidad reclamante solicita indemnización por todos los desperfectos y bienes sustraídos de la vivienda de su asegurado, que enumera en los informes periciales que aporta con el escrito de reclamación, haciendo una valoración total de los mismos de 7.052,51 euros. Sin embargo, dejando a un lado los desperfectos causados en la puerta de entrada de la vivienda, cuyo importe de reparación ya fue satisfecho, lo único que se ha podido acreditar, 8

9 Consejo Consultivo de Aragón según los hechos probados de la sentencia citada, es que B y otro menor, no incluido en esta reclamación, han sustraído un televisor y un DVD de la vivienda del asegurado. Por tanto, estos son los únicos daños por los que la compañía aseguradora puede reclamar, puesto que no ha aportado al procedimiento nuevos elementos de prueba que acrediten la existencia de otras sustracciones o desperfectos. Una vez determinados los daños que se pueden considerar acreditados, procedemos a examinar si existe o no obligación de la Administración Autonómica de responder de la comisión de los mismos. Se trata, en el presente caso, de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Y, además, este delito ha sido cometido por personas menores de edad. Por tanto, debemos acudir a lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. En concreto, el artículo 61.3 de la citada norma establece expresamente que: V Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez, según los casos. Teniendo en cuenta la solidaridad establecida en el precepto citado, y, siendo así que el menor B se encontraba, en el momento de comisión de los hechos, bajo tutela ex lege del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, no podemos sino afirmar que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón debe responder de los perjuicios causados. No obstante lo anterior, en relación con la cuantía, debemos hacer algunas precisiones. En primer lugar, en la sustracción de los dos bienes (televisor y DVD) participó, además de B, otro menor que no se encontraba bajo la tutela del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. La Administración Autonómica no tiene obligación de responder de los perjuicios causados por este otro menor. Ambos menores han reconocido que sustrajeron los dos bienes, pero no ha quedado delimitada la participación individual de cada uno de ellos en los hechos. Por tanto, consideramos que la Administración aragonesa no debe reparar la totalidad del importe de los perjuicios causados, sino solamente la mitad del mismo. Por otra parte, no queda acreditado el valor exacto de los bienes sustraídos, puesto que en la enumeración de daños de los informes periciales aportados por la reclamante figuran dos televisores de muy distinto valor, pero en los hechos probados de la sentencia VI 9

10 CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN sólo se hace referencia a la sustracción de un DVD y un televisor, sin determinar la marca o el precio. En virtud de lo anterior, si el órgano competente sigue el criterio de este Dictamen en cuanto al fondo de la cuestión, deberá pronunciarse también en cuanto al importe de la reclamación, a la vista de los daños y perjuicios acreditados por la reclamante, sometiéndolo, en su caso, a un nuevo dictamen de este Consejo Consultivo. DICTAMEN: En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente Que, en contra de lo establecido en la propuesta de resolución, procede estimar parcialmente la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración interpuesta por la aseguradora AXA AURORA IBÉRICA, S.A., derivada de daños y perjuicios causados por menores tutelados por la Administración Autonómica de Aragón. En Zaragoza, a veintisiete de mayo de dos mil trece. 10