RUC: Domicilio fiscal: Jr. Juan de Arona 809, Urb. Jardín, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

Transcripción

1 PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA SUR N 1 PROCEDIMIENTO : DE PARTE DENUNCIANTE : LUCY ANGELINA RODRÍGUEZ ZAMORA DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A. MATERIA : SERVICIOS BANCARIOS ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Lucy Angelina Rodríguez Zamora contra Scotiabank del Perú S.A.A. en la medida que no ha quedado acreditado que el denunciado incurriera en las infracciones referidas a la evaluación financiera y otorgamiento de créditos a su cónyuge. Asimismo, se confirman también los demás extremos que declararon infundada la denuncia, referidos al intento de gravar bienes conyugales, a la discriminación en el acceso a un crédito y a la suscripción de una carta fianza. Lima, 20 de mayo de 2013 ANTECEDENTES 1. El 12 de julio de 2011, la señora Lucy Angelina Rodríguez Zamora (en adelante, la señora Rodríguez) denunció a Scotiabank Perú S.A.A. 1 (en adelante, el Banco) por infracción de los artículos 1.1º literales c) y d), 38º, 18º y 19 de la Ley 29751, Código de Protección y Defensa del Consumidor 2 (en adelante, el Código) por los siguientes hechos: (i) Realizó una evaluación crediticia errónea de su cónyuge pues le otorgó un crédito y, posteriormente, un refinanciamiento del mismo sin corroborar su estado civil y sin estimar otros factores que limitaban su capacidad de pago o que evidenciaban la existencia de un vínculo conyugal 3, lo que se constituyó en una afectación económica para su sociedad de gananciales, además también fue negligente al otorgarle un crédito a su hija pues ello afectó la economía de su familia; RUC: Domicilio fiscal: Jr. Juan de Arona 809, Urb. Jardín, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. Publicado el 2 de septiembre de 2010 en el diario oficial El Peruano. Entró en vigencia a los 30 días calendario. Tales como los descuentos que figuraron en sus boletas de pago por concepto de pensión de alimentos, que estuvo reportado con calificación negativa en las centrales de riesgos y que la dirección declarada tiene el suministro de energía eléctrica a nombre de la denunciante. M-SPC-13/1B

2 (ii) el 10 de mayo de 2011 le remitió una carta notarial a su domicilio donde le informó sobre la deuda de su esposo y los gravámenes que serían trabados a sus bienes conyugales; (iii) le negó acceder a un crédito de compra de deuda por presentar un reporte negativo en la central de riesgos, lo que consideró sin fundamento objetivo y, además, le brindó un trato desigual injustificado pues a pesar de ostentar la misma situación económica que su esposo, le negó tal crédito, por tales motivos, incurrió en una conducta discriminatoria; y, (iv) no obstante que aceptó su intervención como aval de una carta fianza por la suma de S/ ,00 no le concedió un crédito para una compra de deuda en el sistema financiero ni cumplió con absolver un requerimiento de información solicitado sobre dicho contrato el cual, además, negó haber suscrito. 2. En sus descargos, el Banco manifestó lo siguiente: (i) (ii) La señora Rodríguez carecía de legitimidad para obrar en la presente denuncia pues los créditos otorgados a su esposo fueron a título personal, de la misma forma que el otorgado a su hija, por lo tanto, no formó parte de la relación de consumo que cuestionó; la carta notarial cursada a su domicilio se dirigió únicamente a su esposo y su contenido no hizo referencia alguna a gravar bienes conyugales; (iii) el cónyuge de la denunciante contrató como soltero tanto el contrato de tarjeta de crédito como el refinanciamiento; (iv) la denunciante solo se limitó a señalar que fue discriminada y no adjuntó prueba alguna que corrobore o suponga indicios de ello y que la negativa a contratar una compra de deuda, se debió al reporte negativo registrado ante la central de riesgos; (v) respecto del contrato de refinanciamiento celebrado con su esposo, ello se debió a que él era cliente del banco; (vi) el requerimiento de información de la denunciante sobre la carta fianza se absolvió dentro del plazo adicional informado oportunamente y además cumplió con remitir adjunta una copia fedateada de dicho documento; (vii) respecto de dicha carta fianza, fue suscrita antes de que la denunciante solicitara contratar una compra de deuda, en tal sentido, su situación económica sufrió una variación que devino en la negativa a dicho crédito; y, 2/10

3 (viii) la Comisión debía sancionar a la señora Rodríguez pues su denuncia tenía como finalidad la obtención de información, por ello debió calificarse tal denuncia como maliciosa. 3. Mediante Resolución /CPC del 18 de julio de 2012, la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Sur N 1 (en adelante, la Comisión) emitió el siguiente pronunciamiento: (i) Declaró infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por el Banco; (ii) declaró infundada la denuncia presentada por la señora Rodríguez contra el Banco en todos sus extremos, en tanto no se verificó la comisión de infracción alguna por parte de la denunciada; (iii) denegó las medidas correctivas solicitadas por la denunciante; así como, el pago de las costas y costos del procedimiento; y, (iv) desestimó el pedido del Banco en el extremo de declarar la denuncia como maliciosa. 4. El 7 de agosto de 2012, la señora Rodríguez apeló la Resolución /CPC, señalando que: (i) (ii) La Comisión efectuó un análisis erróneo de las posibles consecuencias del crédito otorgado a su cónyuge y de la información de cobranza de la carta notarial del Banco donde se hizo referencia al embargo de bienes en caso de morosidad, pues tales supuestos afectaron la seguridad económica de su sociedad conyugal; fue discriminada y ello fue comprobado en el hecho de que su esposo sí obtuvo el crédito y ella no, pues ambos ostentaron la misma situación económica, además reiteró que el Banco se sustentó indebidamente en su reporte negativo ante la central de riesgos para impedirle acceder al crédito lo que no se constituyó en una razón objetiva; (iii) la Comisión no ejerció las facultades previstas en la normativa interna del Indecopi referidas a la actuación de pruebas de oficio, por ello no efectuó un análisis adecuado de la controversia, en los extremos referidos a la evaluación financiera de su cónyuge, a los cargos por discriminación y a la validez de la carta fianza; y, (iv) la legitimidad de la referida carta fianza fue denunciada ante el Ministerio Público pues negó haber suscrito tal instrumento. 5. El 25 de octubre de 2012, el Banco presentó un escrito absolviendo la apelación y solicitando se confirme la apelada, asimismo manifestó que: (i) Se mantenía en su posición respecto de la legitimidad para obrar de la señora Rodríguez por no ser parte de la relación de consumo; 3/10

4 (ii) la carga de la prueba invocada por la denunciante correspondía a los administrados; (iii) la carta de cobranza estuvo dirigida al cónyuge de la denunciante y no hizo referencia alguna a gravámenes de bienes conyugales; (iv) no incurrió en discriminación pues la negativa al crédito se debió a (v) ANÁLISIS causas objetivas y a la libertad de contratación; cumplió dentro del plazo con el requerimiento de información constituido por la copia fedateada de la carta fianza; y, (vi) dicho instrumento fue suscrito por la denunciante y el contrato fue celebrado previamente a su solicitud de compra de deuda, por lo que no existió relación entre tales hechos que supongan el acceso al crédito solicitado. Sobre la legitimidad para obrar de la denunciante 6. En sus escritos de descargos y apelación, el Banco dedujo una excepción de legitimidad para obrar activa de la señora Rodríguez toda vez que, en algunos extremos de su denuncia se hizo referencia a relaciones de consumo donde ella no participó, por lo cual dichas pretensiones deberían ser declaradas improcedentes. En ese sentido, corresponde analizar la legitimidad para obrar activa aplicada en el presente caso. 7. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como lo señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar La legitimidad para obrar es la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues sólo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuando al fondo 5. Así, la Administración 6 resolverá el fondo de MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis 27, p 124. MATHEUS LOPEZ, Carlos Alberto. Teoría General del Proceso. El Litisconsorcio Necesario. Ara Editores P. 53 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Primera Disposición Complementaria y Final.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 4/10

5 la cuestión denunciada siempre que haya identidad entre los sujetos intervinientes en los hechos analizados y los sujetos intervinientes en el procedimiento Siendo así, un administrado carecerá de legitimidad para obrar activa, cuando no sea la persona que conforme a la ley deba ser titular de las pretensiones denunciadas. 10. Dicha aseveración haría suponer que la legitimidad para obrar está circunscrita a la relación pactada únicamente entre el proveedor y el consumidor; sin embargo, tal afirmación obedece a un ideal jurídico que no se condice con la real envergadura de una relación de consumo, la misma que por su propia naturaleza, no se agota en una mera operación traslativa servicio-precio, sino que trasciende en sus consecuencias y, de concurrir ciertos presupuestos hasta una posible afectación de derechos de terceros. 11. En el presente caso, la señora Rodríguez denunció que los créditos otorgados a su esposo provinieron de una evaluación crediticia errónea por parte del Banco, alegando que ello le generó un perjuicio, pues de incurrir su cónyuge en morosidad se vería afectada en su patrimonio conyugal. Por ello sostuvo que tales hechos supusieron una afectación a su derecho previsto en el artículo 1.1º literal c) del Código En concordancia a lo antes expuesto, si bien dicha relación de consumo fue concretada individualmente por el esposo de la denunciante y no se advierte que la señora Rodríguez haya intervenido en dicho crédito, este Colegiado considera que, toda vez que la denunciante constituye una sociedad conyugal con el cliente del Banco, tal hecho le otorga el interés legítimo en este extremo. 7 8 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 427º. Improcedencia de la Demanda. El Juez declarará la improcedencia de la demanda cuando: 1.- El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. ( ) LEY CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1º.- Derechos de los consumidores En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: ( ) c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. 5/10

6 Sobre los créditos otorgados por el Banco 13. En su escrito de apelación, la señora Rodriguez reiteró que el Banco le hizo una mala evaluación y posterior concesión de créditos a su cónyuge, alegando que no verificó ni le requirió la información relevante que le limite su capacidad de endeudamiento y así no resulte perjudicada en un supuesto de morosidad. Tanto en sus alegatos como durante la tramitación del procedimiento adjuntó documentos referidos a descuentos por pensión de alimentos, recibos del servicio eléctrico de su domicilio, un pronunciamiento referido al estado civil de su cónyuge emitido por la autoridad administrativa respectiva, entre otros. 14. La Comisión declaró infundada la denuncia en este extremo porque de la revisión de los actuados no se encontraron medios probatorios que acrediten que, a consecuencia de una negligencia del Banco, se le haya causado un perjuicio económico a la denunciada. 15. En la medida que la señora Rodríguez no ha presentado medios probatorios idóneos para sustentar el supuesto daño causado por el Banco como consecuencia de una evaluación crediticia irregular y una posterior concesión de créditos a su cónyuge, la Sala coincide con los fundamentos expresados por la Comisión en ese extremo. 16. En tal sentido, ni la evaluación ni el otorgamiento de crédito realizado por el Banco evidencian infracción alguna, puesto que se desarrolló tras examinar la información financiera del esposo de la denunciante, por lo que dicha conducta no ha mostrado ser indebida ni causarle un perjuicio económico a la señora Rodríguez, por lo tanto corresponde desestimar dicho alegato. 17. Adicionalmente, cabe agregar que de la revisión de la carta de cobranza dirigida al esposo de la denunciante, la Sala advierte que a través de esta el Banco únicamente informó a su cliente sobre las posibles consecuencias por haber incurrido en morosidad. 18. Por lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución /CPC; que declaró infundada la denuncia en los extremos referidos a la obtención de créditos mediante una evaluación financiera indebida del cónyuge de la denunciante y al intento de gravar sus bienes conyugales. 6/10

7 Sobre la discriminación alegada por la denunciante 19. La señora Rodríguez señaló que fue víctima de discriminación alegando dos situaciones que vulneraron los derechos estipulados en los artículos 1.1 literal d) y 38º del Código 9, las que deberán ser analizadas por este Colegiado a continuación. 20. En primer término, se planteó la discriminación en el sentido que el Banco le otorgó un crédito de refinanciamiento a su esposo y le negó una compra de deuda a ella, sin considerar que ambos eran sus clientes y estaban reportados con calificación negativa ante las centrales de riesgo, por lo tanto asumió que ostentaron la misma situación económica para efectos de la clasificación crediticia que realizó el denunciado; y en segundo plano, sostuvo que el reporte negativo que registró en las centrales de riesgos se utilizó indebidamente como un factor de discriminación para negarle tal crédito. 21. Al respecto, se debe precisar que la denunciante no adjuntó medio probatorio alguno que corrobore que el Banco les otorgó la misma calificación crediticia a ella y a su esposo; de otro lado, sí quedó acreditado que el cónyuge de la señora Rodríguez ya era cliente del Banco con una línea de crédito aprobada previamente y que fue refinanciada, lo que constituyó una circunstancia distinta a la de la denunciante puesto que la única relación que ella demostró mantener con el Banco se restringió a una cuenta débito, la cual es una operación de naturaleza pasiva distinta a la de su cónyuge, la misma que no requiere una evaluación crediticia previa y que fue obtenida después de ocurridos los hechos de discriminación denunciados. 9 LEY Nº CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1º.- Derechos de los consumidores En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: ( ) d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores 38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se encuentren es tos dentro o expuestos a una relación de consumo Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. 7/10

8 22. Al respecto, esta Sala considera pertinente precisar que para evaluar la capacidad de pago, se han establecido criterios regulados 10, los mismos que no suponen discriminación en ningún sentido y que constituyen una razón objetiva del Banco para conceder o no el crédito solicitado. 23. En virtud a lo antes expuesto, quedan desvirtuados los argumentos referidos a la discriminación denunciada por la apelante, dado que si bien se comprobó un trato diferenciado ante la solicitud del crédito, el mismo se sustentó en factores objetivos ya señalados y por los mismos argumentos, se desestima el cuestionamiento del uso del reporte negativo como factor para denegar el crédito solicitado por la denunciante por ser este un elemento válido para la evaluación de su capacidad de endeudamiento. 24. En ese sentido, también queda desestimado el cuestionamiento que supuso que la intervención como aval de una carta fianza con el Banco era factor suficiente para acceder al crédito negado a la denunciante, argumento que fue planteado como infracción a los artículos 18º y 19º del Código Respecto a la referida carta fianza, este Colegiado advierte que si bien la denunciante mantuvo una relación contractual con el Banco su participación consistió en obligarse como fiadora solidaria siendo que tal contrato se dejó sin efecto conforme obra en el expediente 12, sin embargo, se hace la precisión que dicha celebración está limitada a los términos de la misma y no guarda relación con los actos de consumo de su cónyuge. 26. En su apelación, la denunciante sostuvo en reiteradas oportunidades que la Comisión tramitó el expediente sin hacer ejercicio de las facultades que le RESOLUCIÓN SBS Nº Clasificación Crediticia del Deudor.- Criterios Generales.- a) La clasificación crediticia del deudor está determinada principalmente por la capacidad de pago del deudor, a través de su flujo de caja y el grado de cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, deben tomarse en consideración su solvencia, las clasificaciones crediticias asignadas por otras empresas del sistema financiero, así como su historial crediticio, entre otros elementos prudenciales. ( ) LEY Nº CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 18º.- Idoneidad. Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. Artículo 19º.- Obligación de los proveedores. El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. En la foja 123 del expediente. 8/10

9 permiten requerir de oficio medios probatorios adicionales y así, contar con mayores elementos de juicio para mejor resolver, por lo que la apelada adolecía de una adecuada motivación. 27. Al respecto, este Colegiado considera que dicho alegato debe ser desestimado, en tanto que de la revisión de la resolución apelada se aprecia que la misma fue debidamente motivada, al haberse tomado en cuenta todos alegatos y medios probatorios presentados por las partes hasta ese momento, siendo obligación de éstas aportar los documentos adecuados y suficientes que sustenten sus alegatos, sin necesidad de mediar requerimiento alguno por parte de la autoridad administrativa. 28. Cabe precisar que la señora Rodríguez tuvo la oportunidad de presentar medios probatorios desde la interposición de su denuncia, así como de desvirtuar los descargos presentados por el Banco, al haber sido debidamente notificada con tales escritos; sin embargo, no presentó medio probatorio alguno que permita a este Colegiado generar convicción respecto de los hechos denunciados. En tal sentido, exigir a la Comisión que agote toda posibilidad de investigación en su favor, sería pretender que reemplace el deber que la denunciante tenía de probar sus alegaciones. 29. En ese orden de ideas, esta Sala considera que en lo que respecta a los alegatos referidos a los créditos de su cónyuge y a la discriminación ya fueron desvirtuados en los párrafos precedentes por lo que carece de objeto pronunciarse sobre los cuestionamientos probatorios que les conciernen. Finalmente, en el argumento referido a la carta fianza, la denunciante no demostró que la firma no le pertenece, sólo ha presentado declaraciones de parte sin medios que sustenten sus afirmaciones. 30. Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la Resolución /CPC que declaró infundada la denuncia presentada por la señora Rodríguez contra el Banco, en los extremos referidos a la discriminación y al cuestionamiento de la carta fianza pues no se ha acreditado que el Banco haya cometido tales infracciones. En consecuencia, se confirma también dicha resolución en el extremo que denegó las medidas correctivas solicitadas por la denunciante y el pago de las costas y costos del procedimiento. RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la Resolución /CPC del 18 de julio de 2012, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Sur N 1 en el extremo referido a la infracción al artículo 1.1º literal c) de la Ley 29751, Código de 9/10

10 Protección y Defensa del Consumidor, que declaró infundada la denuncia contra Scotiabank Perú S.A.A., pues no quedó acreditado que incurriera en irregularidades en la evaluación financiera y el otorgamiento de créditos del cónyuge de la denunciante y tampoco quedó acreditado que intentó gravar sus bienes conyugales. SEGUNDO: Confirmar la Resolución /CPC en el extremo referido a la infracción al artículo 1.1º literal d) de la Ley 29751, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que declaró infundada la denuncia pues no quedó acreditado que el denunciado haya incurrido en discriminación en el acceso a un crédito. TERCERO: Confirmar la Resolución /CPC en el extremo referido a la infracción a los artículos 18 y 19 de la Ley 29751, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que declaró infundada la denuncia pues no quedó acreditado que el denunciado haya incurrido en irregularidades respecto de la carta fianza suscrita con la denunciante. CUARTO: Confirmar la Resolución /CPC en el extremo que denegó las medidas correctivas solicitadas por la denunciante y el pago de las costas y costos del procedimiento. Con la intervención de los señores vocales Julio Baltazar Durand Carrión, Hernando Montoya Alberti, Ana Asunción Ampuero Miranda y Alejandro José Rospigliosi Vega. JULIO BALTAZAR DURAND CARRIÓN Presidente 10/10