C O N S I D E R A N D O : A juicio de este Pleno, resultan INFUNDADOS los agravios de la parte actora, acorde con las siguientes consideraciones.

Transcripción

1 C O N S I D E R A N D O : [...] TERCERO.- [...] A juicio de este Pleno, resultan INFUNDADOS los agravios de la parte actora, acorde con las siguientes consideraciones. En primer término es dable atender al contenido de la resolución impugnada, misma que se encuentra contenida en el oficio número , de fecha 6 de enero de 2011, el cual obra de folios 45 a 49 del expediente principal y que es del tenor siguiente: [N.E. Se omiten imágenes] De la digitalización anterior, se aprecia que el Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria resolvió desechar el recurso de revocación RR01204/10, interpuesto por LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, S.A. DE C.V., en contra del Mandamiento de Ejecución de fecha 3 de septiembre de 2010, emitido por la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, diligenciado mediante las Actas de Requerimiento de Pago y Embargo de 13 de septiembre de 2010, respecto del crédito fiscal , con importe actualizado de $ , Lo anterior pues el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando se impugnen actos del procedimiento administrativo de ejecución, el recurso de revocación es procedente hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, cuestión que no aconteció en el caso.

2 Dicha autoridad señaló además que la recurrente tampoco acreditó que los actos recurridos se encontraran en los supuestos de excepción que prevé el artículo 127 del Código Tributario Federal, esto es, que los actos de ejecución se hubieren realizado sobre bienes inembargables o que los mismos trajeran como consecuencia actos de imposible reparación, lo que ratificaba la improcedencia del recurso promovido. En este sentido, la resolutora indicó que en tratándose de los actos señalados en la fracción II, del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, el recurso de revocación procedería hasta que se actualice el momento señalado por el artículo 127 del mismo ordenamiento. En consecuencia, la autoridad demandada indicó que del análisis al escrito presentado por la contribuyente, observó que los actos recurridos consistentes en el Mandamiento de Ejecución de fecha 3 de septiembre de 2010, diligenciado el 13 de septiembre de 2010, mediante las Actas de Requerimiento de Pago y Embargo, respecto al crédito fiscal número , fueron realizados por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, por lo que solo podían impugnarse hasta el momento que se señala en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Por ende, la resolutora determinó que procedía desechar el recurso de revocación, en virtud de que los actos recurridos del procedimiento administrativo de ejecución aplicado al contribuyente, no se encuentran en el momento procesal al que alude el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, a más de que tampoco se acreditaba que se estuviera en los supuestos de excepción del mismo precepto legal. Ahora bien, la litis a dilucidar en primera instancia se constriñe en determinar si el desechamiento del recurso de revocación resulta ilegal y en el caso de que lo fuere, si los actos recurridos resultan ilegales o no.

3 En este sentido, a fin de dilucidar lo anterior resulta conveniente precisar algunas cuestiones. El llamado procedimiento económico-coactivo, o procedimiento administrativo de ejecución, como lo denomina el Código Tributario, constituye uno de los aspectos más importantes de los privilegios del fisco frente a los contribuyentes. Mediante el ejercicio de las facultades derivadas del procedimiento económico coactivo la autoridad fiscal tiene el derecho de cobrar por la vía ejecutiva los créditos fiscales que el contribuyente no haya pagado en forma voluntaria, una vez vencido el plazo que da la ley para pagar, o bien, cuando no haya garantizado el interés fiscal, en caso de que no hubiere estado de acuerdo con el pago de los créditos y hubiere tomado la decisión de impugnarlos por la vía legalmente procedente, en la forma y términos dispuestos por los ordenamientos legales. La denominada vía ejecutiva consiste en que la autoridad fiscal de manera directa, sin necesidad de requerir la participación de ninguna autoridad judicial, ni de ninguna otra naturaleza, puede trabar embargo sobre los bienes del deudor, rematarlos, y el producto de la venta aplicarlo al pago de los créditos fiscales insolutos. Dicho procedimiento tiene las siguientes características: Se trata de una concatenación de actos jurídicos en los que existe relación causal de unos con otros y orientación hacia un mismo fin. Es un procedimiento administrativo porque se lleva a cabo por las autoridades de la administración pública. Sus presupuestos son la existencia de un crédito fiscal insoluto, líquido, determinado por resolución administrativa y exigible. Finalmente, el procedimiento administrativo de ejecución apoya su eficacia en el embargo de los bienes del deudor, a fin de asegurarse de que no realice actos jurídicos destinados a enajenar sus bienes y caer en insolvencia.

4 Ahora bien los artículos 116, 117, 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación establecen lo siguiente: [N.E. Se omite transcripción] Conforme a los preceptos transcritos, se desprende que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Asimismo se prevé que el recurso de revocación procederá en contra de los siguientes actos: 1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 del Código Fiscal de la Federación. 2. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 del Código.

5 b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que este no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 del Código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 del Código. Se establece también que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que en aquellos casos en donde el recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, esta lo turnará a la que sea competente. Finalmente se establece que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Asimismo se prevé que si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta. Ahora bien, tal como se desprende de autos, así como de la resolución impugnada, la hoy actora procedió a recurrir el Mandamiento de Ejecución

6 de fecha 3 de septiembre de 2010, emitido por la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, diligenciado mediante las Actas de Requerimiento de Pago y Embargo de 13 de septiembre de 2010, respecto del crédito fiscal , con un importe actualizado de $ ,834.48, es decir, actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Al respecto es de señalarse que la forma como opera el recurso de revocación contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución está regulada, básicamente en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece una regla general, cuyo propósito es no entorpecer el cobro coactivo de contribuciones, consistente en evitar que dentro de dicho procedimiento cualquier acto pueda reclamarse en forma indiscriminada, sino que deberá esperarse a la citación para la convocatoria de remate para intentar algún medio de defensa. Esto es, la regla general para la procedencia del recurso de revocación, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, las presuntas violaciones acaecidas durante él, solo podrán reclamarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de remate, lo cual significa que, en principio, ningún acto dictado antes de la citada publicación es posible impugnarlo a través de este medio de defensa. Ahora bien, del artículo 117, fracción II, incisos a) y b), del Código mencionado, se tiene que el recurso de revocación es procedente contra el requerimiento de pago y todos aquellos actos del procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que este no se ha ajustado a la ley; procedencia que, sin embargo, está sujeta a la condición de que los actos correspondientes que se estimen violatorios del procedimiento sean definitivos. En este punto resulta importante resaltar que en términos del artículo 127 del código tributario federal, vigente a partir del 28 de junio de 2006, el recurso de revocación podrá hacerse valer, tratándose de violaciones ocurridas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate,

7 hasta que se publique la convocatoria de remate, contando para ello con un plazo de diez días hábiles a partir de tal publicación. En efecto, en el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, se establece una regla que puede entenderse como general en lo que atañe a la inimpugnabilidad de las violaciones cometidas antes del remate, sin que pase por alto que la misma disposición señala salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, en los que opera una regla distinta o de excepción, ya que el plazo para presentar el recurso se contará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo (cuestión que no sucede en la especie). Se invoca al respecto la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMA- DO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE [N.E. Se omite transcripción consultable en Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Marzo de 2009, Página: 451 Tesis: 2a./J. 18/2009 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa] Ahora bien, la regla general que impide impugnar indiscriminadamente cualquier acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución previamente a la publicación de la convocatoria de remate, admite diversas excepciones instituidas en el primer párrafo del artículo 127 del

8 Código Fiscal de la Federación que establece que no tendrían que esperar a la publicación de la convocatoria de remate quienes esgrimieran, como fundamento de su defensa, el trabamiento de embargo sobre bienes que conforme a la ley están exceptuados de ser enajenados para cubrir créditos fiscales, por tratarse de objetos de uso indispensable o ser necesarios para desempeñar un arte, oficio o profesión o en tratándose de actos de imposible reparación. Consecuentemente, al no estar dentro de los supuestos de excepción previstos en el propio artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, debe estimarse que el hoy actor debió esperar a que se publicara la convocatoria de remate para estar en posibilidad de impugnar todo acto preliminar emitido en el procedimiento administrativo de ejecución, en la vía administrativa o en la contenciosa. El anterior criterio se encuentra plasmado en la siguiente Jurisprudencia: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁN- DOSE DE EMBARGOS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL DEUDOR ALEGUE QUE RECAYERON SOBRE BIENES INEMBARGABLES, CONFORME AL ARTÍCULO 127, PRI- MER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA- CIÓN. [N.E. Se omite transcripción consultable en Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Abril de 2010, Página: 429, Tesis: 2a./J. 51/2010, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa] En atención a lo anterior, dado que no se surte ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, esta Juzgadora considera que resulta legal que la autoridad demandada hubiere resuelto desechar el recurso interpuesto.

9 Lo anterior dado que los actos materia de impugnación resultan no definitivos, configurándose así las causales de improcedencia y sobreseimiento alegadas por la demandada. Sirve de apoyo a las consideraciones alcanzadas: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO EN CON- TRA DE ACTOS EMITIDOS ANTES DEL REMATE POR CARECER DE DEFINITIVIDAD, CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE [N.E. Se omite transcripción consultable con clave VI- P-2aS-623] No es óbice a lo anterior lo manifestado por la actora cuando refiere que la interpretación que hizo la autoridad demandada respecto del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación haría nugatorio el derecho previsto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Para explicar lo anterior es dable tener a la vista lo dispuesto por el artículo 23 del referido ordenamiento, mismo que a la letra establece lo siguiente: [N.E. Se omite transcripción] El referido numeral dispone que los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.

10 Igualmente establece que cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo. A consideración de esta Juzgadora, la autoridad demandada en ningún momento contravino lo dispuesto por tal numeral pues el hecho de que hubiere desechado el recurso de revocación intentado, en ningún momento implica que la actora se encontrara en imposibilidad de interponer los recursos y medios de defensa que procedieran, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales. Lo anterior pues el recurso de revocación sí resulta procedente, pero hasta el momento en que se señala en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, con las excepciones ya establecidas, por lo que considerando que el desechamiento resulta legal, es evidente que no se le impidió el acceso a la justicia a que alude la demandante. Tampoco es óbice lo manifestado por la actora en el sentido de que la autoridad demandada dejó de aplicar en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 117, fracción II, inciso a) y 127, ambos del Código Fiscal de la Federación. Ello pues como se ha indicado, conforme al artículo 117, fracción II, inciso a), del Código mencionado, se tiene que el recurso de revocación es procedente contra los actos por los que se exija el pago de créditos fiscales, sin embargo en cuanto a su procedencia, esta se encuentra sujeta a la condición de que los actos sean definitivos, mientras que en términos del artículo 127 del Código Tributario Federal, el recurso de revocación podrá hacerse valer, tratándose de violaciones ocurridas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate, hasta que se publique la convocatoria de remate, contando para ello con un plazo de diez días hábiles a partir de tal publicación, salvo que se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en este último numeral.

11 Luego entonces si la actora no alegó o acreditó que los actos de ejecución recayeron sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, en los que opera una regla distinta o de excepción, es legal que la autoridad demandada hubiere desechado el recurso interpuesto, sin que ello significara que hubiere inaplicado los artículos 117, fracción II, inciso a) y 127, ambos del Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, no pasa desapercibido para esta Juzgadora lo manifestado por la demandante en el sentido de que la autoridad fiscal no estudió los argumentos expuestos en el recurso de revocación, específicamente el agravio cuarto, en donde indicó que los actos impugnados se basaban en la exigencia de pago y embargo del crédito fiscal número , el cual se extinguió por virtud de la sentencia dictada por la Sala Regional de Oriente de este Tribunal, razón por la cual el recurso de revocación resultaba procedente en relación con la excepción a que se refiere el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo dicho argumento también resulta infundado para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada en virtud de que tal como se ha referido, en el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, se establece una regla que puede entenderse como general en lo que atañe a la inimpugnabilidad de las violaciones cometidas antes del remate, con solo dos excepciones es decir, cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material. En este sentido, el hecho de que la actora alegue que los actos impugnados se basaban en la exigencia de pago y embargo del crédito fiscal número , el cual se extinguió por virtud de la sentencia dictada por la Sala Regional de Oriente de este Tribunal, no implica que se haya actualizado alguno de los supuestos de excepción, a más de que la actora es omisa en acreditar tales extremos. Tampoco pasa desapercibido para esta Juzgadora que la demandante alegue el desconocimiento del crédito fiscal que se le pretende cobrar, sin

12 embargo lo cierto es que contrario a lo aseverado, de autos se desprende que a la actora se le notificó el crédito fiscal el 1 de noviembre de 1995, tal como se desprende de la constancia de notificación que exhibió la autoridad demandada y que, no fue controvertida por la parte actora, aun cuando se le otorgó el plazo de ley para que ampliara su demanda. Finalmente por cuanto hace a los argumentos vertidos por la actora, en el sentido que el crédito fiscal ha prescrito y que la autoridad no demostró su existencia, los mismos resultan inatendibles por parte de esta Juzgadora. Lo anterior pues a través de ellos, la demandante pretende controvertir la legalidad de las resoluciones recurridas y si bien en el juicio contencioso administrativo opera la litis abierta, lo cierto es que en el caso resultaba indispensable que la actora desvirtuara la legalidad de la resolución recaída al recurso de revocación, a fin de que esta Juzgadora estuviera en aptitud de pronunciarse a su vez sobre la legalidad de los actos recurridos. Luego entonces, si la actora no logró desvirtuar la legalidad de la resolución por la cual se desechó el recurso de revocación interpuesto, esta Juzgadora no se encuentra en posibilidad de pronunciarse sobre la legalidad de los actos recurridos. [...] Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 23, fracción II, de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal, se resuelve: I.- La actora no acreditó los extremos de su pretensión, en consecuencia;

13 II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, misma que ha quedado precisada en el Resultando Primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el Considerando Tercero del mismo. III.- NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión efectuada el 30 de mayo de 2013, por unanimidad de cinco votos a favor de la Ponencia de los CC. Magistrados Alejandro Sánchez Hernández, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Nora Elizabeth Urby Genel, Guillermo Domínguez Belloc y Rafael Anzures Uribe. Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó. Se elaboró el presente engrose el 4 de junio de 2013, y con fundamento en lo previsto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.