TEMA: LOS ACUERDOS DE CELAC Y LA POSICIÓN DE LA REGIÓN ANTE LA UNGASS Montevideo, Uruguay, 19 y 20 de agosto 2015

Transcripción

1 CONFERENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEP, RODRIGO VELEZ VALAREZO, EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL NUEVOS ENFOQUES EN POLÍTICA DE DROGAS EN EL SIGLO XXI TEMA: LOS ACUERDOS DE CELAC Y LA POSICIÓN DE LA REGIÓN ANTE LA UNGASS 2016 Montevideo, Uruguay, 19 y 20 de agosto 2015 SEÑORAS Y SEÑORES: Honrado de estar presente en esta Cámara de Representantes, templo de la democracia uruguaya, y de compartir este panel con Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Ernesto Samper, Secretario General de la UNASUR, y Vitore Maximiano, Secretario Nacional de Drogas de Brasil. Mi cordial saludo a las autoridades gubernamentales, legislativas, académicas y a la FES de la hermana República Oriental del Uruguay; a todas y todos los distinguidos expositores, y amigas y amigos presentes. La reflexión que me propongo en torno a los NUEVOS ENFOQUES EN POLÍTICA DE DROGAS EN EL SIGLO XXI, en particular lo que pensamos los ecuatorianos sobre el tema, supone, previamente, reconocer el marco que condiciona la situación actual y, consecuentemente, los enfoques que en política de drogas planteamos hacia el siglo XXI. 1

2 Los países de la CELAC coinciden plenamente en que las políticas de drogas deben estructurarse tomando en cuenta al ser humano como el centro de la atención estatal, con pleno respeto a sus derechos y libertades, trastocando el fracasado enfoque de la sustancia al que estaba atada la funesta lucha contra las drogas. Esa es, a mi juicio, la base ideológica esencial que debe primar en las políticas de drogas. En la Declaración emitida por los ministros de relaciones exteriores, durante la Asamblea General de la OEA realizada en Guatemala, en junio de 2013, se resalta que las políticas sobre drogas deben ser implementadas desde una perspectiva de Derechos Humanos y de género. Es conocido que en el contexto de la implementación de las diversas políticas de control de drogas a nivel internacional se han violado los derechos humanos en nombre de un mundo libre de drogas. Éstos tienen que ejercitarse con plena libertad, sin restricción, ni limitación de ninguna naturaleza y los estados deben respetarlos obligatoriamente, no solo porque están escritos y son mandatorios sino porque pertenecen a la inmanencia de nuestro ser. Me quiero referir a dos uruguayos ilustres: el primero de ellos el defensor de los nadies, el eximio Eduardo Galeano, quien sentenció que las "Naciones Unidas han proclamado extensas listas de Derechos Humanos pero la inmensa mayoría de la humanidad no tienen más derecho que ver, oír y callar". 2

3 El segundo, el ex - Presidente José Mujica, quien repetidamente explicó, con claridad meridiana, los fundamentos que lo impulsaron a proponer una nueva política de drogas en su gobierno: Lo que me asusta, señalaba, es el narcotráfico no la droga. Y por la vía represiva es una guerra perdida: se está perdiendo en todas partes. En efecto, diferenciar entre narcotraficante y usador es tan importante como reconocer que la guerra de las drogas ha sido un fracaso rotundo y que es necesario abrirse a la posibilidad de nuevos enfoques y nuevas miradas, en correspondencia con las realidades de cada país. En el contexto de los Derechos Humanos están las alternativas al encarcelamiento y otras medidas de justicia penal que son fundamentales en el ámbito de las políticas de drogas, y por cierto es un tema que cada vez va ganando más terreno en la visión de los países de la región. El informe elaborado en el 2013 por la OEA: El Problema Mundial de las Drogas en las Américas evidencia la creciente tendencia en América Latina a invocar la descriminalización del consumo de drogas o la posesión de drogas para uso personal; en otras palabras, el consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública, no como un delito, lo que se traduce en el reconocimiento de los derechos de los consumidores de drogas. 3

4 La Comisión Global de Políticas de Drogas en su Informe 2014 manifiesta: Criminalizar a las personas por la posesión y el uso de drogas es un despilfarro y resulta contraproducente. Aumenta los daños a la salud y estigmatiza a poblaciones vulnerables, además de contribuir a una enorme población carcelaria. Acabar con la criminalización es un requisito previo de cualquier política de drogas realmente centrada en la salud. Los países con las más duras sanciones contra los usuarios tienen los más altos niveles de consumo, así como los más altos niveles de encarcelamiento. Las leyes represivas contra delitos de mera posesión de sustancias controladas se traducen en condenas sociales que se cargan para toda la vida y producen una exclusión social cuyo costo es inconmensurable. De lo dicho se establece, sin lugar a duda, que la alternativa idónea al encarcelamiento debe sustentarse en la implementación de políticas que descriminalicen el consumo de drogas y respeten los Derechos Humanos; políticas que contemplen la proporcionalidad de las penas con relación al delito cometido a fin de evitar que millones de personas sigan encarceladas por la posesión o el uso de drogas fiscalizadas. Exhortamos a reflexionar sobre los recursos invertidos en la interdicción y en la prevención, en términos de costo- beneficio. Lo que se observa, y lo decimos partiendo de nuestra propia experiencia, es una absoluta desproporción en beneficio de la interdicción. 4

5 Si miramos a UNGASS 2016 uno de sus propósitos tiene que ser lograr una motivación a todos los países del mundo a poner fin a la pena de muerte y a la criminalización de las personas que usan drogas, así como la posesión de drogas para uso personal. Al mismo tiempo implementar para ello políticas de drogas basadas en la salud y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, con preeminencia en la prevención integral. En nuestra realidad ecuatoriana hemos venido construyendo una nueva política de drogas comenzando por indultar a las denominadas mulas del narcotráfico, en el Eran personas, de bajos recursos económicos condenadas a penas desproporcionadas por el tráfico de pequeñas cantidades, en su mayoría mujeres. Posteriormente y como resultado del aparecimiento de un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), se consagró el principio de proporcionalidad de las penas, determinándose, además, que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Aquella normativa se refiere a la tabla de umbrales aprobada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP-, entidad rectora en políticas de drogas en Ecuador, en el año

6 Desde hace un año que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal, un total de personas han recuperado la libertad, acogiéndose al principio de favorabilidad por el cual se aplica la sanción menos rigurosa cuando hay dos normas que contemplan penas diferentes para el mismo delito. De ese total el 99% purgaba condenas por drogas, y de éste, el 21% son mujeres. En definitiva, esta normativa penal castiga severamente al gran traficante diferenciándolo del pequeño expendedor y ratifica la descriminalización al consumo, como lo determina nuestra Constitución. A pocos meses de UNGASS 2016 parecerían delinearse diversas posiciones considerando el hecho esencial que se ha roto el Consenso de Viena que dominó la política de drogas en los últimos veinte años. Lo que señalamos son hechos tangibles y evidentes. De una parte hay un importante número de países con la aspiración de que se mantenga el actual statu quo y, consecuentemente, UNGASS 2016 ratifique las políticas que se vienen implementando, especialmente el Plan de acción aprobado en el 2009, buscando lograr una reducción significativa o eliminar la oferta y la demanda de drogas ; y de otra parte, otro grupo de países, especialmente los del continente americano, que se proponen sugerir cambios significativos a la actual política de drogas, con ciertos matices, aun reconociendo mantener las convenciones vigentes. 6

7 Como se ha dicho reiteradamente, la región americana ha sido la más golpeada por el tráfico internacional de drogas con altísimos costos en violación a los DDHH, el medio ambiente, la economía sustentable y la estabilidad política. A lo anterior se agrega un número no menor de países que, oportunamente, se alinearán en torno a una posición que, sin ningún desmerecimiento nuestro, podemos calificarla de intermedia en términos de reconocer la actual crisis, pero al mismo tiempo, pueden establecer una rigurosa gradualidad en los posibles cambios. Un hecho incuestionable es que la geopolítica es parte del entramado de la actual discusión. Si no reflexionamos desde la Realpolitik nada de lo que propongamos tendrá el necesario sustento. Por lo mismo, un nuevo enfoque supone efectivamente evaluar, sugerir y proponer, en definitiva, cambios al diseño vigente. En la región, en los últimos años, hemos ido generando importantes aproximaciones en la política de drogas a pesar de nuestra diversidad geográfica, humana y económica, y la pluralidad de problemas que los países enfrentan. Específicamente me refiero a los acuerdos en el marco de la CELAC de Santiago de Chile en el 2013; La Habana en el 2014; la Declaración Especial de Belén, Costa Rica, 2015; y, recientemente, la Declaración de Quito de mayo

8 En dichos eventos se emitieron Declaraciones de las que es posible extraer aspectos esenciales y concordantes que reflejan la posición de la región en el abordaje del fenómeno socio económico de las drogas y, consecuentemente, que van a trascender hacia la Sesión Especial Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en abril del 2016, los cuales se contraen en los siguientes contenidos: 1.- Las políticas públicas de drogas deben mirar al ser humano en forma preeminente, con pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, promoviendo medidas legislativas y administrativas en el ámbito de la salud, la educación e inclusión social para prevenir el uso indebido de drogas, sustancias psicotrópicas y de nuevas sustancias psicoactivas. 2.- Reconocer que el consumo de drogas es un problema de salud pública y social y que su manifestación extrema, la dependencia o la adicción, requieren abordar este fenómeno socioeconómico y cultural a través de la implementación de políticas de atención integral. 3.- Las políticas de drogas deben tomar en cuenta las diferentes realidades de cada uno de los Estados, así como el pleno respeto de su soberanía e integridad territorial. 4.- Reconocer la urgente conveniencia de buscar alternativas al encarcelamiento de los consumidores, considerando particularmente, la atención, rehabilitación e inclusión social y productiva. 8

9 5.- Coinciden en la necesidad de alcanzar una mejor comprensión de la naturaleza económica que subyace y anima el tráfico ilícito de drogas para fortalecer la respuesta estatal contra este fenómeno. 6.- Los Estados miembros debemos desarrollar esfuerzos, conjuntamente con la sociedad civil, la academia y con los actores sociales involucrados, para avanzar en el abordaje integral, equilibrado y multidisciplinario sobre el fenómeno socio económico de las drogas, alentando un amplio y abierto debate basado en el conocimiento y la evidencia científica e inspirados siempre en el principio de la unidad en la diversidad. 7.- Destacar la importancia de fortalecer, en el marco de sus políticas nacionales, el desarrollo económico local mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido, cuando proceda, aquellos con enfoque preventivo, como un conjunto de medidas importantes orientadas a contrarrestar las consecuencias negativas de este fenómeno socio económico. 8.- Reconocer la necesidad de disminuir el delito y la violencia a través del fortalecimiento del Estado. 9.- Se hace imperativo contar con una visión de consenso en el marco de la CELAC de cara a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas- UNGASS 2016 ( nombre de la sesión); y, 9

10 10.- Los Estados miembros de CELAC considerarán las contribuciones de todos los órganos del sistema de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, los legisladores y otros actores relevantes, cuando corresponda, en el marco del proceso hacia la UNGASS En lo fundamental, este es el acuerdo macro al que la región se está aproximando. Los convoco para que actuemos como una sola voz en UNGASS 2016, lo que desde ya es relevante. Los desafíos que nos proponemos. Los desafíos en torno a la implementación de la nueva política son enormes y complejos. Suponen una decidida voluntad política por cuanto el diseño propuesto afecta, de forma importante, aspectos estructurales de la economía internacional vigente. Hablamos de los + - US$ millones de dólares declarados, que mueve el tráfico ilícito de drogas en el mundo anualmente y el consecuente lavado de dinero. La nueva política exige en los hechos, y no en las palabras, cuestionar la actual estructura del sistema financiero internacional donde sabemos que el gran lavado de dinero se realiza en los países desarrollados. Supone explícitamente objetar los mecanismos de control financiero y de drogas desarrollados al amparo de las Naciones Unidas. En definitiva - digámoslo claramente- avanzar finalmente hacia una Nuevo Orden Económico Internacional. No somos los primeros en decirlo, por el contrario, una diversidad de voces del más amplio espectro lo han venido señalando. 10

11 Quiero citar al Papa Francisco, quien recientemente visitó Ecuador, y que acaba de publicar la Carta Encíclica LAUDATO SI mi Signore ( Alabado seas mi Señor ) sobre el cuidado de la casa común. Allí entre otras cosas señala: El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar ; señaló la necesidad de «eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. De todos los males que produce el narcotráfico, probablemente la degradación del ser humano es el daño mayor. Por eso sostenemos que la dimensión humana en el abordaje del fenómeno de las drogas debe ser el gran cambio que proponemos. En efecto, si queremos avanzar en nuevos enfoques de la política de drogas en el siglo XXI, los aspectos estructurales que condicionan los graves efectos sociales del tráfico de drogas son el elemento esencial del problema. Señoras y Señores Por estos días se debate la agenda que guiará el evento donde- y lo decimos claramente- la interpelación de un importante número de países no puede ser cuestionada por los interpelados; es decir, los que hasta ahora han guiado la política de drogas en el marco de las Naciones Unidas. 11

12 Reiteramos la exigencia de un debate abierto, incluyente y constructivo en lo que deberá ser el marco de referencia de la política de drogas para los próximos años. En este sentido varios países han expresado su apoyo a la idea de utilizar el nuevo mecanismo de un grupo asesor de expertos para la UNGASS 2016, ahora con una composición más inclusiva y un mandato más amplio. En el debate temático de la Asamblea General del 7 de mayo acerca de UNGASS 2016, países como Jamaica expresaron estar a favor de la creación de un grupo consultivo de expertos para examinar la arquitectura del control de drogas de la ONU, la coherencia de todo el sistema, las inconsistencias de todos los tratados y las tensiones legales de la regulación del cannabis. La expectativa es que este grupo asesor se constituya en una comisión permanente para el seguimiento y evaluación de las líneas de acción derivadas de UNGASS 2016 y sus resultados. No puedo dejar de insistir que el Ecuador viene proponiendo avanzar en crear las condiciones para una nueva arquitectura institucional en la política internacional de drogas de las Naciones Unidas, incluyendo en dicha tarea a otras agencias de las Naciones Unidas, como por ejemplo: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD); el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA); la Organización Mundial de la Salud (OMS); y, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a lo que se agregaría la participación de la academia y la sociedad civil. 12

13 Uno de los escenarios posibles es que el resultado de UNGASS 2016 sea una reunión con más de lo mismo. Independientemente de ello Latinoamérica continuará reestructurando su pensamiento y acción para la implementación de nuevas políticas públicas de drogas, luego de haber transitado por imposiciones que evidentemente han fracasado por más de cincuenta años. Parece claro, en todo caso, que las decisiones soberanas de los estados, al menos en la región, están ganando la partida en abordar la política de drogas desde sus propias realidades sociales, históricas, culturales y económicas. Debemos estar seguros que el consenso de los países de la región americana es una clara muestra de cuánto hemos avanzado hacia una nueva política que tenga al humanismo como el elemento central, en un marco de respeto a la diversidad. El Ecuador, honrando los instrumentos internacionales en materia de drogas, está abriendo su propio camino, su propia experiencia en beneficio de su población. No pretendemos imponer nuestra visión, pero así también exigimos respeto y tolerancia como Estado soberano, como seguramente lo va a seguir haciendo el pueblo uruguayo y el resto de las hermanas naciones latinoamericanas. Gracias. 13