Reparación integral a las víctimas: Un camino hacia la inclusión social y la construcción de Paz en los territorios

Transcripción

1 Reparación integral a las víctimas: Un camino hacia la inclusión social y la construcción de Paz en los territorios Por Alba García Polanco Directora Gestión Interinstitucional Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Mayo 28 de 2014 Si la guerra es una cosa que se hace, también la paz, es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar. Ortega y Gasset Tan sólo hace cinco años la reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras era un proyecto. Hace tres, se profirió la Ley 1448 de 2011 como un mandato. Hoy, es una realidad, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Colombia es el único Estado del mundo que ha iniciado un proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto sin que éste haya terminado, lo cual, da cuenta del compromiso del gobierno nacional y la sociedad por alcanzar un país más democrático, incluyente, reconciliado y sin violencia, donde el respeto y la tolerancia contribuyan a consolidar la prosperidad para todos. En este sentido, el reto reside en asistir, atender y reparar integralmente a más de víctimas (13% de la población colombiana), que por cuenta del conflicto armado han sufrido daños físicos y emocionales, viendo afectado su proyecto de vida, su patrimonio y sus condiciones de existencia. Es así que la reparación integral a las víctimas es la puerta de entrada a un proceso decisivo que hará que un número importante de colombianas y colombianos reconstruyan su proyecto de vida y alcancen el goce efectivo de sus derechos en condiciones más incluyentes, que a su vez, contribuye a la reconciliación y a la generación de escenarios que serán la base de una paz estable y duradera.

2 La reparación una tarea de todas y todos El legislador entendió, con pragmatismo y sentido de futuro, que una tarea de tal envergadura requería el concurso de todos: nación, entidades territoriales departamentales y municipales, sector privado, cooperación internacional y, por supuesto, las víctimas y comunidades a partir de sus capacidades. Igualmente, creó El Sistema Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral SNARIV-(entendiendo sistema como un conjunto de unidades relacionadas entre sí, que interactúan con un fin común), el cual está integrado en la actualidad por 52 entidades del orden nacional, los Departamentos y Municipios, que a su vez, confluyen en diferentes instancias de articulación, como los 10 Subcomités Técnicos, los Comités de Justicia Transicional en cada entidad territorial, 10 Subcomités Técnicos y las Mesas de Participación de víctimas en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional, donde se encuentran representadas organizaciones de víctimas. La máxima instancia del Sistema Nacional es el Comité Ejecutivo, liderado por el Presidente de la República, siendo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la Coordinadora de todo el Sistema. Voluntad política y recursos El presupuesto inicial para implementar la Ley se estimó en $54,9 billones (Conpes 3712), el cual se aterrizó en un plan de ejecución de metas, presupuestos y mecanismos de seguimiento (Conpes 3726), y con un Marco de Gasto de Mediano Plazo entre (Conpes 3729). Gracias a los avances en coordinación y articulación institucional, en 2013 se ejecutaron $6,6 billones en su implementación y para el 2014 fueron asignados $7 billones. Esto refleja el compromiso del gobierno nacional en avanzar hacia la reparación integral a las víctimas. Sin embargo, se requiere la concurrencia de todos los niveles de gobierno para que sigamos sumando esfuerzos orientados a la consecución de la paz y a la superación de las causas que permitieron el surgimiento del conflicto.

3 La prioridad: el territorio En el marco la estrategia de Corresponsabilidad con las entidades territoriales, bajo los principios de subsidiaridad, complementariedad y concurrencia, desde 2013 se viene implementado un mecanismo de gestión de proyectos a través del cual se ha apoyado la cofinanciación de 7 proyectos de inversión en los departamentos de Nariño, Meta, Antioquia, Atlántico y Guajira por un valor aproximado de $ millones de pesos, de los cuales aportó la Unidad $ millones (60%), en los que se beneficia directamente a más de víctimas en 43 municipios. Para este mismo proyecto, en el año 2014 se recibieron un total de 59 proyectos provenientes de diversos municipios del país en 26 departamentos, en los cuales la Unidad aportará aproximadamente $ millones. La estrategia de Corresponsabilidad en el cumplimiento de las competencias asignadas por la Ley 1448 de 2011 es fundamental en tanto una adecuada estructura de responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales nos llevará a alcanzar las metas que contribuyan al goce efectivo de derechos de las víctimas. En ese sentido, la Unidad actúa conforme a los principios de descentralización, desconcentración y focalización territorial, a partir de criterios técnicos y de acuerdo a las condiciones diferenciales de cada territorio. Para ello, disponemos de elementos que permiten fortalecer la articulación entre la nación y los territorios, tales como: Los Planes de Acción Territorial (PAT) para la reparación integral de las víctimas de cada Departamento y Municipio, que formulan tanto alcaldes como gobernadores, y que se actualizan anualmente. El próximo año, los nuevos mandatarios realizarán este mismo proceso. Los datos y análisis de la Red Nacional de Información que garantizan información rápida y eficaz, nacional y regional, para identificar y diagnosticar las circunstancias que ocasionaron u ocasionan el daño a las víctimas y para adoptar las mejores medidas de asistencia, atención y reparación integral.

4 El Índice de Riesgo de Victimización (IRV) para el análisis de las dinámicas del conflicto, construido junto con la Universidad Santo Tomás y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA). El Índice de Capacidad Territorial (ICT) que establece categorías entre las entidades territoriales según su capacidad fiscal, administrativa e institucional. El Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (RUSICST) que permite monitorear y evaluar el desempeño de los departamentos y municipios en la implementación de la Ley. Muy pronto, la Nación y las entidades territoriales dispondrán de los hallazgos de una encuesta de caracterización de la población víctima de desplazamiento forzado que por su cobertura, metodología y rigor estadístico se convertirá en una poderosa fuente de decisiones para la política pública en atención y reparación integral a las víctimas del conflicto, a nivel nacional, departamental y municipal Esto da cuenta que hoy contamos con herramientas de coordinación, seguimiento, evaluación y análisis, que nos permiten saber más y mejor sobre las características de las víctimas y sus necesidades, sobre la oferta pertinente, las capacidades institucionales y las dinámicas regionales del conflicto. Del asistencialismo a la inclusión social El nuevo modelo busca la superación del asistencialismo estatal para garantizar la estabilización socioeconómica y la inclusión social de las víctimas. Hasta la fecha más de personas tienen su plan individual de reparación integral, y de ellas, aproximadamente reciben nuestra asesoría en la inversión de los recursos de las indemnizaciones de la siguiente manera: en adquisición o mejoramiento de vivienda, en creación o fortalecimiento de proyectos productivos, en formación técnica o profesional y en adquisición de inmuebles rurales.

5 Durante el actual gobierno, hemos pagado cerca de $2,3 billones por concepto de indemnizaciones a más de personas, igualmente, hemos identificado a más de personas con necesidades especiales de atención psicosocial y a cerca de con necesidades especiales de atención médica. Atendemos y reparamos en medio del conflicto Durante el actual gobierno, hemos ejecutado $2,2 billones para responder a 2,5 millones de solicitudes de atención humanitaria, superando en 150 por ciento los $864 mil millones del cuatrienio anterior. Desde su creación, la Unidad para las Víctimas ha atendido misiones humanitarias de prevención y emergencias en 743 municipios y ha entregado ayudas en especie a hogares en las cuales se han invertido $ millones. En este sentido, somos sin duda, una de las más importantes agencias humanitarias del mundo. Más que un cheque Nuestro modelo, así como la oferta que hemos estado gestionando con la participación creciente de las entidades territoriales, tiene como finalidad que las personas que han visto afectado su proyecto de vida por el conflicto, se sientan como sujetos plenos de derechos y, en esa medida, como ciudadanos que participan activamente y contribuyen a la construcción de un país mejor. Con el modelo de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas, generamos las condiciones para que el proceso de inclusión social que de allí se deriva, tenga presente las características y condiciones diferenciales (étnicas, culturales, poblacionales, de edad, género, etc.) de las víctimas como individuos y como sujetos colectivos. Teniendo en cuenta esto, trabajamos para que la intervención del Estado no provoque más daño. Adicionalmente, incorporamos dimensiones inmateriales como las medidas de satisfacción, los ejercicios de memoria local, las iniciativas de perdón y reconciliación, los duelos colectivos, la reconstrucción de sus imaginarios, el papel de la justicia, el conocimiento de la verdad y las garantías de no repetición, siendo en esta coyuntura la más importante el fin del conflicto armado con uno de sus actores más antiguos, que es el propósito explícito de las negociaciones de paz en La Habana.

6 Acabar el conflicto: máxima garantía de no repetición La reparación integral a las víctimas es hoy una poderosa acción movilizadora de toda la sociedad y del Estado gracias a que superamos la negación institucional del conflicto, reconocimos a las víctimas y la magnitud del reto iniciar un proceso de inclusión social. Empezamos la tarea en medio del conflicto, convencidos que es un paso histórico que requiere voluntad política, pragmatismo, sentido de oportunidad y pertinencia en la acción. La ejecución de esta política de Estado avanzaría, aún más, si llegan a buen término las negociaciones entre el Gobierno y las FARC para poner fin a un conflicto de medio siglo. Esta es la máxima garantía de no repetición que tanto anhelan las víctimas: dejar de lado el miedo de ser nuevamente victimizadas y vivir en un país donde la violencia es reemplazada por la esperanza de un mañana mejor. Los acuerdos sobre reforma rural, participación política, narcotráfico y los derechos de las víctimas contribuirán, en distintos grados y modos, a remover muchas de las causas estructurales que dieron origen al conflicto y que explican su expansión y degradación. Del éxito o fracaso del proceso de La Habana dependerá que no haya más víctimas. Estoy segura que ningún gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, diputado, diputada, concejal o concejala, será esquivo a este llamado por la paz, la inclusión y la reconciliación nacional. De esta manera, la nación, los departamentos, distritos y municipios fortaleceremos nuestro trabajo de manera armónica para hacer de cada uno de los rincones del territorio nacional verdaderos escenarios de construcción de paz. *** NOTA: LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES NI COMENTARIOS EXPRESADOS POR NUESTRA RED DE EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Copyright de Alba García Polanco, todos los derechos reservados, 2014