CÀMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÒN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINUTOS DEL DIA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

Transcripción

1 REF.: 95-A CÀMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÒN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINUTOS DEL DIA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE. Conocemos del recurso de apelación interpuesto por la Licda. NORMA ZHULLY ATENEA MENDOZA PADILLA, como apoderada del señor ********************, quien es mayor de edad, comerciante, del domicilio de Apopa y de Soyapango. Impugna la resolución pronunciada en audiencia preliminar por el JUEZ DE FAMILIA DE SOYAPANGO, Licenciado JULIO CESAR CHICAS MARQUEZ, en el PROCESO DE DIVORCIO por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, promovido por el impetrante contra la señora ********************, mayor de edad, inicialmente de domicilio ignorado, pero en el curso del proceso se estableciò que es del domicilio del Estado de Colorado, Estados Unidos de América, cuya representación fue asumida por la Procuradora de Familia adscrita al juzgado a-quo, Licda. EVA GLADYS BRIZUELA VASQUEZ. I. La resolución impugnada se pronunciò a las once horas del día veinticinco de abril de dos mil seis, (fs 36), por medio de la cual el juez a-quo revocó la resolución que admitió la demanda interpuesta, así como todos aquellos actos procesales posteriores que sean consecuencia de dicha resolución, declarando INADMISIBLE la demanda, quedando a salvo el derecho de la parte demandante de poder plantear nuevamente la demanda. El fundamento de dicha resolución fue por haber transcurrido el término concedido a la Licda. MENDOZA PADILLA para subsanar la prevención que bajo el apercibimiento de la inadmisibilidad de la demanda, se le habìa hecho en providencia anterior. Inconforme con dicha resolución, la Licda. NORMA ZHULLY ATENEA MENDOZA interpuso la alzada que conocemos argumentando en síntesis lo siguiente: Que no está de acuerdo con tal proveído en virtud que el juez revocó todo lo actuado y declaró inadmisible la demanda, lo cual no tiene razón de ser ni mucho menos un asidero legal, más bien es un atropello al debido proceso ya que tal auto se hace a consecuencia de no haberse subsanado la prevención hecha en audiencia preliminar, la cual fue producto de un segundo informe social, el cual nunca fue ordenado en vista que la trabajadora social ya había rendido un informe en el cual informó que no había certeza del paradero de la demandada; sin embargo posteriormente rinde un segundo informe de oficio por una llamada telefónica que dice sostuvo con la demandada en la que le manifestó su interés por mostrarse parte en el proceso; motivo por el cual el juez declaró nulo el emplazamiento y le previno a la apelante que presentara copia de la demanda para emplazarla vía suplicatorio. Esta situación, de que efectivamente se tratara de la demandada no se puede corroborar, porque cualquier persona se puede identificar en el teléfono con cualquier nombre, y en

2 segundo lugar porque la trabajadora social no posee Fe Judicial, y lo único que puede afirmar es lo que ella misma presencia, es decir, lo que ve. Sostiene que ella siempre ha sido respetuosa de las providencias judiciales, sin embargo no comparte la prevención que le formuló el a-quo ya que de acuerdo a su experiencia en el ejercicio de la abogacía, las traducciones al idioma inglés no son necesarias en estos casos, sino que es la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Secretaría General, quien canaliza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se emplace a un salvadoreño en el extranjero, dicho ministerio lo hace a través del consulado en donde se supone tiene su domicilio el demandado(a). El emplazamiento que se realizaría a la demandada, lo efectuarían autoridades nacionales y no extranjeras, ya que el consulado únicamente se limitaría a citar a la demandada para que comparezca a la sede del consulado y es en dichas oficinas donde de haberse presentado la demandada se hubiera procedido a emplazarla; por tanto no era necesario traducir los documentos al idioma inglés, en vista que la Corte Suprema de Justicia siempre lo ha hecho en el idioma castellano, por lo cual lo que se debió haber hecho es remitir la copia de la demanda, de los documentos que con ella fueron presentados y de las resoluciones que a su consecuencia han sido emitidos en el idioma en que se encuentran en el expediente respectivo, sin embargo eso no se hizo. Asimismo sostiene que el juez en vez de formularle ese requerimiento le hizo una prevención, habiendo confundido tales conceptos, y al formularle la prevención debió además establecer la sanción en caso no se cumpliera con lo ordenado, cosa que no hizo y por lo tanto tal prevención equivalía a un simple requerimiento, pues éste último no tiene consecuencia en caso que no se cumpla lo solicitado. Arguye que al dictar una resolución como la que recurre, implica vulneración al derecho de defensa y los principios generales del debido proceso, inobservando así el a-quo el debido proceso, violentando el derecho de defensa y acceso a la justicia, en vista que con esa resolución le quita vida al proceso y va en detrimento de los intereses de su representado. Pide que esta Cámara revoque la resolución impugnada y pronuncie la que a derecho corresponde. II. En ese sentido, el quid de la alzada consiste en dilucidar si la interlocutoria que declarò inadmisible la demanda fue dictada conforme a los preceptos legales aplicables y en consecuencia decidir si procede confirmar la inadmisibilidad de la demanda o revocar ese decisorio y consecuentemente admitirla y ordenar el trámite correspondiente. Previo a conocer el fondo del recurso es necesario acotar que la resolución impugnada tiene su génesis en la audiencia preliminar celebrada a las nueve horas del día veintisiete de marzo de dos mil seis, en cuyo fallo el juez a-quo resolvió declarar nulo el emplazamiento realizado por edictos a la señora ********************, ordenar verificar el emplazamiento de ley por medio de suplicatorio a través de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual se le previno a la Licda. MENDOZA PADILLA para que dentro del plazo de quince días hábiles presentara al tribunal los documentos que conformaban la demanda y

3 sus anexos traducidos al idioma inglés, para posteriormente librar el oficio correspondiente a la Corte Suprema de Justicia. El a-quo fundamentó su resolución manifestando que la demandada fue emplazada por medio de edictos por haberse manifestado en la demanda que era de paradero ignorado, pero al tener intervención la trabajadora social del tribunal se obtuvo información que tiene domicilio conocido en Estados Unidos y al mismo tiempo trasladó su inquietud de intervenir en el proceso para salvaguardar los derechos principalmente de sus hijas, aún cuando éstas son mayores de edad, y siendo que por principio constitucional se le debe garantizar el derecho de audiencia y de defensa, al conocer el tribunal el domicilio actual de la demandada, está en la obligación de cumplir con el debido proceso y darle el trámite que legalmente corresponde al emplazamiento. III. El sub lite es un proceso de Divorcio por Separación de los Cónyuges durante uno o más años consecutivos, en cuya demanda se manifestó que las partes se encuentran separados desde el tres de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que dentro del matrimonio procrearon cuatro hijas, quienes a la fecha son mayores de edad, que dentro del matrimonio no se adquirieron bienes sobre los cuales haya de pronunciarse, asimismo no se solicitó pretensión alimenticia ni pensión compensatoria, manifestándose que la demandada el día de la separación se fue rumbo a Estados Unidos desconociendo su domicilio en la actualidad por lo cual se solicitó su emplazamiento por medio de edictos. La demanda fue admitida bajo ese contexto y se ordenó el emplazamiento de la demandada por medio de edictos, cuyas publicaciones se agregan a folios 25/27, así como la práctica de estudio social por parte de una trabajadora social del tribunal a-quo. El estudio social practicado se agrega a folios 21/23, dentro del cual se concluyó que la demandada reside desde hace diez años en Colorado, Estados Unidos de América, manteniendo comunicación con sus hijas, habiéndose establecido también en dicho estudio que las partes tienen dos viviendas en Apopa a su nombre. No obstante haberse realizado el estudio social, la trabajadora social Licda. MARIBEL GUZMAN DE GARAY presentó un informe a fs 31 en donde manifestó haber recibido llamada telefónica de la demandada por medio de la cual ésta le dio a conocer pormenores del divorcio, así como su dirección y número telefónico en Estados Unidos, manifestándole que su cónyuge tiene conocimiento de su residencia y que mantenían comunicación. Fue en virtud de este último estudio que el juez a-quo formuló la prevención que originó la revocatoria del auto de admisión del proceso, y consecuentemente la alzada que conocemos. Esta Cámara comparte lo resuelto por el juez a-quo, por cuanto, no obstante habernos pronunciado en pretéritas sentencias con respecto a que los estudios practicados por los equipos multidisciplinarios de los tribunales de familia, no constituyen prueba en los procesos, sino que simplemente son elementos que ayudan a los juzgadores a obtener un mejor parámetro de los casos, para dictar un fallo con mayor acierto y equidad, también son importantes en casos como el sub judice en vista que en los casos en los cuales se

4 manifiesta que el(la) demandado(a) es de paradero ignorado, se hace necesaria la práctica de un estudio social de verificación para descartar mala fe por parte de la parte actora y para cumplir la garantía de audiencia y el derecho de defensa de aquél contra quien se incoa la demanda. En el sub lite, el a-quo le previno a la apelante que cumpliera con lo prevenido en un plazo de quince días hábiles, aùn cuando el Art. 96 L. Pr. F. establece ùnicamente tres dìas; pero ademàs se expresò concretamente que era bajo prevención de inadmisibilidad, pues se infiere que si se había anulado el emplazamiento, la prevención era formulada para que en caso de incumplimiento su sanción fuese la inadmisibilidad de la demanda. Ante tal situación, la Licda. MENDOZA PADILLA tenía tres posibilidades: a) Evacuar debidamente dicha prevención en el plazo proporcionado para que de esta forma se le tuviera por subsanada su prevención y se le diera el trámite al suplicatorio que menciona el a-quo; b) Dejar pasar el plazo o evacuarla extemporáneamente; y c) Subsanarla parcialmente. En los dos últimos casos la demanda puede ser declarada inadmisible, sin perjuicio de que dicha resolución pueda ser impugnada probando que la prevención fue correctamente evacuada o que la misma era obscura, innecesaria, inútil o impertinente. Al respecto, cabe aclarar que la Licda. MENDOZA PADILLA no sólo no subsanó la prevención en el plazo estipulado, ni tampoco lo hizo extemporáneamente, sino que no obstante habérsele formulado tal prevención dejó que transcurriera el plazo concedido. Por lo que se le declarò inadmisible la demanda sin ni siquiera intentar subsanar la prevención (la que ella llama requerimiento). Independientemente que haya sido un "requerimiento" o una "prevención", lo cierto es que el director del proceso es el juez y la Licda. MENDOZA PADILLA debió impugnar la resolución del tribunal y en el plazo concedido, en vista de no estar de acuerdo con lo resuelto; pudo presentar la documentación de la forma en que ella consideraba debía tramitarse la rogatoria procesal para emplazar a su demandada y fundamentar la misma con los argumentos que ha utilizado en su escrito de alzada, es decir, que existió un momento procesal para que ella hiciera valer su posición en el juzgado. Sin embargo, lo que se cuestiona en el sub lite es la inadmisibilidad de la demanda y respecto a ello estimamos que si la Licda. MENDOZA PADILLA fue prevenida para que en determinado plazo subsanara una prevención, con el único fin de emplazar vía suplicatorio a su demandada, y dejó transcurrir antojadizamente dicho plazo y nunca subsanó la misma, ni atacò dicho proveìdo, el actuar del a-quo se encuentra apegado a derecho y consecuentemente era procedente declarar inadmisible la demanda, como lo hizo el juez a-quo. Asimismo aclaramos que el hecho de haberse declarado inadmisible la demanda no inhabilita a la interesada para promover nuevamente el proceso por el mismo motivo invocado.

5 Por lo anterior, somos del criterio que la resolución impugnada debe confirmarse. Por tanto, con base a los Arts. 3 lits, b) y h), 148, 153, 156, 160, 161, 218 L. Pr. F.; 2, 417, 418 Pr.C, esta Cámara RESUELVE: Confirmase la interlocutoria impugnada que declaró inadmisible la demanda de divorcio por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos entre los señores ******************** y ********************, por estar apegada a derecho. Devuélvanse los originales al tribunal remitente con certificación de esta resolución. NOTIFIQUESE. PROVEÍDO POR LOS MAGISTRADOS: DR. JOSÈ ARCADIO SÀNCHEZ VALENCIA Y LICDA. PATRICIA ELIZABETH MOLINA NUILA. SECRETARIO.