REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Transcripción

1 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Magistrado Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN Expediente Demandante ALDEMAR GILON INSUASTY Demandado NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL Acción NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA Popayán, ocho (8) de Julio del año dos mil diez (2.010) Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán el 13 de agosto de 2.009, mediante la cual se ordenó a la demandada reconocer y pagar al señor ALDEMAR GILON INSUASTY una pensión de invalidez a partir del 29 de marzo de 2000, así como el reconocimiento de una indemnización conforme a los nuevos porcentajes de disminución de su capacidad laboral. I ANTECEDENTES El señor ALDEMAR GILON INSUASTY, obrando en nombre propio, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formuló demanda dirigida en contra de la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL en la que solicitó se declare la nulidad del acto ficto o presunto que surgió del silencio administrativo negativo por falta de pronunciamiento sobre la petición elevada por el actor el 29 de marzo de 2004, en la que solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez y el reajuste de una indemnización. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, requirió se ordene a la demandada reconocer y pagar al actor una pensión por sanidad o invalidez en cuantía superior al 75% del salario que devengaba un Cabo Segundo, y a

2 partir del instante que resultó discapacitado. Así mismo, demandó reconocer y pagar el reajuste a la indemnización por incapacidad psicofísica en la cuantía que realmente le corresponda, valores todos debidamente indexados y aplicación de los artículos 176 y 778 del C.C.A. Para fundamentar sus pedimentos la parte demandante expuso los siguientes hechos: ALDEMAR GILON INSUASTY permaneció al servicio de la Policía Nacional por más de siete años, y fue retirado del mismo el 17 de agosto de 1989 por incapacidad psicofísica según acta No. 517 proferida por la Junta Médico Laboral que arrojó un porcentaje de disminución de la capacidad laboral de un 50.5% y que fue modificada posteriormente por el Tribunal de Revisión Médico Laboral en su numeral tercero en el sentido de imputar la lesión al servicio. Señala que mediante Resolución No del 27 de agosto de 1990, la Policía Nacional reconoció cesantía definitiva e indemnización por incapacidad psicofísica de conformidad con la tabla C del Decreto 094 de Finalmente, el señor GILON INSUASTI solicitó a la demandada el 29 de marzo de 2004 el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez así como el reajuste de la indemnización por incapacidad psicofísica en la cuantía correspondiente, petición que no fue resuelta por la administración configurándose un silencio administrativo negativo, acto ficto objeto de la presente acción contenciosa. La sentencia apelada. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, en síntesis, por considerar que el dictamen médico laboral practicado por la Junta Médica de Calificación e Invalidez del Valle del Cauca arrojó como resultado un 100% de merma laboral por enfermedad profesional, y en consecuencia el actor es beneficiario de la pensión de invalidez consagrada en el Decreto 094 de En el mismo orden de ideas, el Juzgado de instancia accedió al aumento de la indemnización por incapacidad psicofísica reconocida en consonancia con el nuevo porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Como fundamento de su fallo consideró que no le asiste razón a la entidad para negar el reconocimiento y pago del derecho pensional por cuanto los derechos prestacionales no tienen término prescriptivo, así mismo, recalcó que al demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho un acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo no se predican de él los términos de caducidad. Actuación en segunda instancia Mediante auto de 29 de septiembre de se admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandada y el 7 de octubre del mismo año se corrió traslado

3 a las partes para alegar. Inconforme con la anterior providencia, la parte demandada apeló la sentencia en tiempo oportuno, sustentó el recurso debidamente el día 16 de octubre de 2009, tal y como obra en los folios del cuaderno principal, y manifestó que el demandante fue retirado del cargo en acuerdo a la normatividad vigente para la fecha de los hechos. Además señaló que el actor debió demandar ante la Jurisdicción contenciosa el acto administrativo compuesto derivado de la calificación de aptitud laboral y del retiro. II CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. Lo probado en el proceso Encuentra el Tribunal acreditado que el señor ALDEMAR GILON INSUASTY prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 26 de abril de 1982 hasta el 1 de octubre de 1989, fecha en que fue retirado, con base en la causal de: incapacidad relativa permanente. (Folios y 20 del C. P.pal). Sobre las causas de dicha disminución aparece Acta No. 517 calendada el 5 de abril de 1989 emitida por la Junta Médico Laboral de Policía que arrojó una pérdida de capacidad laboral en un porcentaje de 50.5% con las siguientes conclusiones: 1º) El cuadro depresivo crónico de 1.5 a. de evolución que requiere tratamiento siquiátrico, le origina una INCAPACIDAD RELATIVA PERMANENTE. (Folio 6 y 8 del C. P.pal). ( ) 3º) Se trata de lesiones adquiridas en el servicio pero NO POR CAUSA NI RAZON DEL MISMO, según informativo prestacional No. 008 diligenciado en Decau. Inconforme con la anterior decisión, el accionante solicito la realización de Tribunal Medico Laboral, el cual mediante Acta No. 541 de 16 de julio de 1989 confirmó lo correspondiente al porcentaje de invalidez pero modificó la imputación de la lesión de la siguiente manera: (folios 9 a 11 del C. Ppal.) ( ) Modificar la tercera (3ª.) Conclusión de la Junta Médica No. 517 del , imputando su lesión al servicio, ya que revisada la historia clínica del AG. GILON INSUASTY ALDEMAR, hay conceptos de que su lesión fue desencadenada por actos del servicio. Que el actor elevó ante la entidad demandada, el 29 de marzo de 2004, solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez así como el reajuste de una indemnización, petición que no fue objeto de respuesta conformándose el acto ficto que hoy se demanda. (Folios 2 y 3 del C. P.pal). Así mismo, obra en el expediente, dictamen emitido por la Junta de Calificación

4 de Invalidez del Valle del Cauca acorde con el Manual Único para la calificación de invalidez del Decreto 094 de 1989 en el cual se determinó que el grado de pérdida de la capacidad laboral del señor ALDEMAR GYLON INSUASTY es de 100%, y que tiene como diagnostico de calificación: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO. (Folios 11 a 14 del C. de P.). 2. Sobre la naturaleza de las actas de la Junta y Tribunal Médico Laboral El recurso de alzada solicita la declaratoria de inepta demanda, ya que en su sentir se hace necesario demandar el acto complejo formado por las actas de las calificaciones de disminución de capacidad y el acto de retiro. Sobre el tema es reiterada la jurisprudencia del H. Consejo de Estado que ha manifestado la improcedencia de demandar tales determinaciones, es así como en sentencia proferida por la Sección Tercera con fecha 1 de febrero de 2007 y ponencia del H. Consejero ALEJANDRO ORDONÉZ MALDONADO concluyó de la siguiente forma: A efectos de resolver la presente controversia se hace necesario señalar que los actos acusados lo constituyen actas por medio de las cuales por la primera se determinó una disminución de la capacidad laboral y por la segunda se modifica las conclusiones de la JML No. 930 de Agosto 29 de 1997, en relación con el No , literal A, índice, índice cinco (5), a literal B, índice catorce (14). Al respecto cabe precisar que estas actas no pueden ser enjuiciadas directamente por cuanto no contienen en sí mismas una decisión de carácter definitivo respecto del presunto derecho prestacional reclamado (pensión de invalidez) que sirva para instaurar la correspondiente acción. Los actos acusados en la presente controversia pertenecen a lo que la doctrina denomina actos preparatorios, que sirven de fundamento para la decisión final en donde se expresa la voluntad de la administración, es decir, en el caso subjudice no se puso fin a una actuación administrativa que hubiera decidido de fondo la situación del actor, en relación al reconocimiento de la pensión de invalidez. Razón por la cual se concluye y se confirma la decisión del Tribunal, en lo referente a que hay ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la acusación en nulidad de las actas médicas demandadas, dado que ellas no contienen la voluntad administrativa respecto del derecho reclamado y por tanto no son justiciables directamente. Se precisa que en esta clase de controversias se enjuicia el acto decisorio. (Negrillas fuera de texto) Por tanto, las actas de calificación de pérdida de la capacidad laboral emitídas

5 por las Juntas Médicas Laborales constituyen actos preparatorios que sirven de fundamento a la decisión final sobre el derecho pensional sin que deba solicitarse la nulidad de las mismas, por lo que no asiste razón al apelante en su pedimento. 3. Sobre la pensión de invalidez solicitada. Debe precisar la Sala que la pensión de invalidez para los miembros de la Policía Nacional para el momento en que ocurrió la lesión del actor, se encontraba regulada en el Decreto 0094 de 1989, arts 89 y ss que preceptúan: ARTICULO 89 PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y AGENTES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad el sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así: a) El 50% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance al 75% y no alcance el 95%.c) El 100 % de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. ARTÍCULO 90. PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así: a). El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%. b). El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. ARTÍCULO 91. PENSIÓN DE INVALIDEZ DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, adquiera una incapacidad en actos del servicio y por causa y razón del mismo que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así: ( )

6 b). Alumnos Escuelas de Formación de Suboficiales y Agentes: 1.- El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%. 2.- El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. Así las cosas, si bien las normas transcritas no hacen referencia expresa a los Agentes de Policía, de las mismas se lee que para el caso de Soldados, Grumetes y alumnos de escuelas de formación de Suboficiales y Agentes, el porcentaje sobre el cual se determinará el monto pensional es el del sueldo básico de un Cabo Segundo, por lo que se debe entender, por analogía, que a los Agentes se les determinará dicho monto bajo igual premisa normativa. Con base en lo antedicho, y de acuerdo al último dictamen de calificación de invalidez que practicó la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca el 24 de mayo de 2007, se lee que el grado de disminución de la capacidad laboral del actor es de 100%, dictamen que no fue objetado por las partes lo que implica su firmeza. Del acerbo probatorio que aparece en el proceso, observa la Sala que a la luz de la normatividad aplicable del Decreto 094 de 1989, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada dentro del sub-lite mediante petición para la que no operan los términos de caducidad consagrados en el C.C.A. por tratarse de una prestación periódica como adecuadamente lo anotó el Juzgado de instancia. En consecuencia debe confirmarse el reconocimiento de la pensión de invalidez realizado por el A Quo y procede la Sala al estudio de la orden de incrementar la indemnización por incapacidad psicofísica plasmada en la sentencia apelada. 4. Del reconocimiento de la indemnización en un nuevo porcentaje Con extrañeza observa el Tribunal que no obra en el proceso la Resolución No mediante la cual se reconoció una indemnización por incapacidad psicofísica ni tampoco se demandó la nulidad de tal Resolución y tan sólo se conoce de su existencia por la mención realizada en el hecho cuarto de la demanda, sin embargo, el A Quo ordenó el aumento de dicha indemnización de conformidad con el nuevo porcentaje de disminución de la capacidad laboral. Tal reconocimiento no es compartido por la Sala en tanto no era dable al juez de instancia realizar dicho reconocimiento como pasa a explicarse enseguida. De la lectura del libelo de demanda, puede inferirse que el accionante pretende el aumento del reconocimiento de la indemnización otorgada, con base en la nueva petición realizada, sin embargo dicha petición de prosperar conllevaría a declarar también la nulidad de la Resolución No mediante la cual se reconoció la indemnización por pérdida de la capacidad psicofísica, cosa que

7 no sucedió dentro de la presente causa. Así las cosas, encuentra el Tribunal que al no demandar la Resolución No. 8742, el actor no cumplió con las exigencias del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo que exige que la demanda se dirija contra la totalidad de los actos administrativos que sean adversos a lo solicitado por el administrado, así indica la norma: ARTICULO 138. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES. <Subrogado por el artículo 24 del Decreto Extraordinario 2304 de Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren. Por lo anterior, forzoso resulta declarar inepta la demanda frente a la pretensión de re -liquidación de indemnización por incapacidad psicofísica, así como lo ha señalado el Honorable Consejo de Estado Sentencia con Radicación (870-05), Sección Segunda, de 02 de febrero de 2006, con ponencia del H Consejero JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE, en la que al respecto se dijo: La ley exige la individualización de todos los actos que modificaron o confirmaron el acto definitivo, salvo que este haya sido revocado, lo cual resulta sustancial puesto que estos son actos que resolvieron una situación jurídica determinada, además de que gozan de presunción de legalidad, lo cual significa que dichos actos seguirán surtiendo efecto hasta que sean declarados nulos por la administración. Sobre el particular ha señalado doctrina reconocida: 4º. Individualización del acto acusado y de las pretensiones. En relación con el punto aquí tratado (lo que se demanda) debe tenerse una idea clara en cuanto a las individualizaciones aludidas, ya que el art. 138 del C.C.A. hace algunas precisiones y exigencias a este respecto. Así, en los contenciosos de anulación y de restablecimiento deberá individualizarse con toda precisión el acto que se pretende sea declarado nulo. La individualización del acto no ofrece dificultades en la mayoría de los casos, pero cuando se trate de un acto que fue objeto de recursos debe impugnarse como una unidad; y por ende, no puede omitirse ninguno de sus extremos.

8 Aunque durante la vigencia del artículo 138 del C.C.A. no se logró acuerdo en la jurisprudencia del Consejo de Estado por la redacción opcional que traía su texto, que permitía que se podían indicar también los actos de trámite o los que fueron modificados o confirmados en la vía gubernativa, el decreto 2304, en su artículo 24, clarificó las cosas al disponer: Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Como se observa, la demanda del acto que conforma total o parcialmente el acto inicial (el definitivo, según el artículo 50 in fine del C.C.A.) también será obligatoria. Se entiende así que el acto solo quedará bien individualizado cuando se impugne como una unidad, compuesta por el primer pronunciamiento y por los que resolvieron los recursos de vía gubernativa. [ ] En esta, como se señaló, se hace necesario demandar los distintos actos que modificaron o confirmaron el acto definitivo. Su razón de ser estriba en que el cuestionamiento se dirige contra la totalidad de la manifestación de voluntad de la administración. Esta no puede ser segmentada, como lo pretende el demandante, solicitando que, en su caso, se admita como válida una acusación parcial del pronunciamiento de la administración. En consecuencia, la circunstancia de que el actor no haya impugnado la totalidad del acto torna en inepta la demanda y ello impide efectuar un pronunciamiento de fondo Por las razones expresadas se confirmará la decisión de primera instancia por medio de la cual el Tribunal se declaró inhibido para conocer de la controversia. Tampoco puede entenderse que el actor pretende la nulidad únicamente de la Resolución No de 27 de agosto de 1990 y sus modificatorias, si existieran, ya que en tal caso, la acción se encontraría evidentemente caducada a la fecha de presentación de la demanda, 8 de septiembre de En consecuencia y de conformidad con lo explicado la Sala modificará la sentencia apelada en lo concerniente a la indemnización por incapacidad psicofísica, y confirmará lo relativo al reconocimiento de la pensión de invalidez al actor. III. DECISIÓN Por las razones expuestas el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

9 F A L L A: 1. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia de 13 de agosto de 2.009, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán el cual quedará de la siguiente manera: 4. Declarar probada la excepción de inepta demanda frente a la solicitud reconocimiento de la indemnización cancelada al actor mediante Resolución No del 27 de agosto de 1990 y en consecuencia se encuentra inhibida la Sala para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 2. CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto. 3. REMITIR el proceso al Despacho de origen. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por el Tribunal en sesión de la fecha según Acta Nº. Los Magistrados, HERNÁN ANDRADE RINCÓN HILDA CALVACHE ROJAS PRESIDENTE NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ