INFORME NACIONAL SOBRE EL SISTEMA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Transcripción

1 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN COSTA RICA SINAC-MINAE Informe Nacional sobre el Sistema de Areas Silvestres Protegidas. Febrero, Gerencia de Areas Silvestres Protegidas, Sistema Nacional de Areas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía. San José, Costa Rica. 70 p. INFORME NACIONAL SOBRE EL SISTEMA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS FEBRERO, 2003

2 2 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION COSTA RICA INFORME NACIONAL SOBRE EL SISTEMA DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS RESUMEN EJECUTIVO El establecimiento de las primeras áreas silvestres protegidas en Costa Rica se remonta a Desde entonces se han declarado un total de 155 áreas silvestres protegidas en siete distintas categorías de manejo, a saber: diez reservas biológicas (que incluyen dos reservas naturales absolutas), 26 parques nacionales, 61 refugios nacionales de vida silvestre (25 de ellos (41 %) privados, 24 (39 %) mixtos y 12 (20 %) estatales), 31 zonas protectoras, once reservas forestales, un monumento nacional y 15 humedales. La superficie total cubierta por estas 155 áreas silvestres protegidas reúne poco más de Km 2 (25, 2 % del territorio nacional), distribuidos de la siguiente manera: un 48 % ( ha) de la superficie total protegida corresponde a parques nacionales; un 17 % ( ha) a reservas forestales; un 14 % ( ha) a refugios nacionales de vida silvestre; un 12 % ( ha) a zonas protectoras; un 6 % ( ha) a humedales declarados como áreas protegidas; un 2 % ( ha) a reservas biológicas y el 0,02 % restante (232 ha) al único monumento nacional existente. Además se tienen diez humedales de importancia internacional inscritos dentro de la Convención Ramsar y existen dos reservas de la biosfera del programa MaB y tres sitios del patrimonio mundial natural, declarados por la UNESCO. Las doce zonas de vida existentes en el país, según el sistema de clasificación de Holdridge, están representadas dentro del sistema nacional de áreas silvestres protegidas. No obstante, la proporción en que se hayan representadas varía de una zona de vida a otra. Por otra parte, dentro del sistema nacional de áreas protegidas existen muestras de al menos un 42 % (22) de los 53 macrotipos de vegetación definidos para el país por Gómez & Herrera (1986). Del 7 % del territorio nacional ( ha) que comprenden los ecosistemas de humedal, un 60% se encuentra dentro de las áreas silvestres protegidas. Una superficie aún mayor de los ecosistemas marinos ( ha) está comprendida dentro de alguna de las categorías de manejo que presentan áreas silvestres con extensiones marinas, a saber: reservas biológicas, parques nacionales y refugios nacionales de vida silvestre. De hecho, existen dos parques nacionales marinos en la costa Pacífica y el Parque Nacional Isla del Coco cuenta con cerca del ha protegidas de mar territorial. Los esfuerzos de conservación nacional que se concretan por medio del sistema estatal de áreas silvestres protegidas, administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) a través del Sistema Nacional de Areas de

3 3 Conservación (SINAC), tienen como una valiosa contraparte toda una serie de iniciativas privadas de diversa índole. Entre estas, vale la pena señalar la existencia de la Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas, organización que reúne más de 100 áreas privadas de protección que, en conjunto, representan el 1 % del territorio nacional (más de 545 Km 2 ). Además de las reservas naturales privadas, en Costa Rica se impulsan 50 iniciativas de corredores biológicos locales en procura de restablecer o mantener la conectividad entre las áreas silvestres protegidas del sistema nacional. Algunas de estas experiencias cuentan con más de una década de trayectoria, mientras que otras son apenas proyectos en sus fases iniciales de conceptualización. Estos 50 corredores biológicos locales aglutinan más de Km 2 (más del 23 % del territorio nacional). Un último elemento no menos importante en los esfuerzos nacionales de conservación es la existencia de reservas indígenas, las cuales son administradas en forma autónoma por los pueblos indígenas al amparo de una legislación específica. Las 21 reservas indígenas existentes representan el 6 % del territorio nacional (unos Km 2 ) y, aunque no son áreas silvestres protegidas, su existencia ha contribuido notablemente a salvaguardar la integridad ecológica de buena parte de las áreas protegidas circunvecinas, funcionando como áreas de amortiguamiento. Los objetivos de creación de las áreas silvestres protegidas varían desde la conservación de ecosistemas funcionales hasta la protección de nacientes que abastecen de agua distintas comunidades, tanto rurales como urbanas. La lista de especies de interés para la conservación que se hallan protegidas en estas áreas es extensa y abarca tanto los taxa amenazados en algún grado como grupos de valor económico, científico o cultural. Se encuentran desde los grandes vertebrados como los carnívoros y las rapaces hasta los pequeños anfibios e insectos endémicos. Sólo un 11 % de las áreas silvestres protegidas tienen planes de manejo actualizados y vigentes, en proceso de formulación o por empezar a elaborarse durante el presente año (2003). La mayoría de éstas corresponden a parques nacionales o refugios nacionales de vida silvestre. Muchas de las demás áreas poseen planes de manejo que han perdido su vigencia y que, por lo tanto, no se utilizan para su gestión. En cuanto a la tenencia de la tierra, las tres categorías de manejo en las cuales las leyes costarricenses obligan al Estado a indemnizar a los propietarios al declarar nuevas áreas silvestres protegidas son los parques nacionales, las reservas biológicas y los monumentos nacionales. Actualmente, para estas tres categorías de manejo se adeuda un total cercano a los US $ 55 millones, que corresponden al 12 % de la superficie protegida en dichas categorías y que se concentra principalmente en terrenos de parques nacionales. En Costa Rica la administración de todas las áreas silvestres protegidas es responsabilidad directa del Estado, por medio del Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía. No obstante, en

4 4 algunas de las áreas silvestres se han establecido diferentes acuerdos de gestión compartida con otros actores. Así, pueden reconocerse al menos seis experiencias de administración conjunta que califican dentro del concepto generalmente aceptado como comanejo. Tres de ellas corresponden a zonas protectoras, una se lleva a cabo en un refugio nacional de vida silvestre, otra en un parque nacional y la última en una reserva biológica. Los actores que intervienen son diversos: una universidad estatal, comunidades locales, un centro de enseñanza secundaria, instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y una municipalidad. Además de estas experiencias que sí poseen algún tipo de respaldo formal (leyes, decretos, convenios, etc.), existen otras muchas que han surgido como estrategias informales de gestión ad hoc, en respuesta al contexto y a las necesidades particulares de cada sitio. Un total de 41 áreas silvestres protegidas (26 %) tienen presencia regular de al menos una persona destacada en ellas. En el resto de las áreas silvestres protegidas se realizan acciones puntuales coordinadas por las oficinas subregionales responsables, dentro de cada área de conservación. De estos 41 sitios, 31 (20 % del total nacional) están abiertas al público y llevan registros permanentes de la visitación que reciben. En su mayoría, dichas áreas silvestres cuentan con instalaciones administrativas y ofrecen distintos servicios y facilidades a los visitantes, incluyendo: suministro de información, senderos naturales, áreas de almuerzo, miradores escénicos, áreas de campamento, servicios sanitarios, campos de aterrizaje, estaciones biológicas (19 en total), duchas, agua potable, letrinas, salas de exhibición, cafeterías, estacionamientos, tiendas de souvenirs, guías naturalistas locales o nacionales, porteadores y albergues. El estado general de las instalaciones y la infraestructura de apoyo es aceptable, aunque no el óptimo si se quieren llenar las expectativas de los grupos de interés y garantizar una gestión sostenible en el largo plazo. La visitación a las áreas silvestres protegidas ha mostrado una tendencia al aumento en cifras absolutas durante los últimos diez años, pasando de visitantes (el 56 % extranjeros) en 1992 a la cifra de visitantes (el 45 % extranjeros) en el año Sin embargo, en términos relativos la proporción de los turistas extranjeros que ingresan al país y que visitan las áreas silvestres protegidas se ha mantenido relativamente estable durante este mismo período. En este mismo año (2001) el 90 % de los visitantes ( ) se concentró en sólo diez parques nacionales, equivalentes al 6 % de las áreas silvestres protegidas declaradas en el país. Aún más, el 60 % ( ) de los visitantes recibidos ese año correspondió únicamente a tres parques: Volcán Poás, Manuel Antonio y Volcán Irazú. Conviene señalar que aunque los planes de manejo y los planes anuales de trabajo (planes operativos) incluyen algunas medidas generales relacionadas con el ordenamiento de la actividad turística en las áreas silvestres protegidas, sólo una de estas áreas, el Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuenta con un plan de desarrollo de sitio completo y vigente, que constituye un instrumento de planificación específico para atender el tema en forma adecuada.

5 5 Los recursos humanos con que cuenta el SINAC para hacerle frente a la tarea de proteger los recursos presentes en las áreas silvestres protegidas y al mismo tiempo brindar servicios de calidad a los distintos grupos de interés (entre ellos los turistas), suman en total unas 948 personas. De estas, un 8 % (73) laboran en las oficinas centrales del Sistema, mientras que un 50 % están distribuidas en las once oficinas regionales y 32 oficinas subregionales y un 42 % (395) se hallan ubicadas en las áreas silvestres protegidas. Estas 395 personas incluyen profesionales, técnicos y guardarrecursos, cuyas funciones varían desde la administración de las áreas protegidas y las labores de control y protección, hasta el cobro de las tarifas de admisión en caseta y las tareas de mantenimiento rutinario de las instalaciones. El equipo disponible para apoyar el trabajo de los funcionarios y funcionarias en las áreas silvestres protegidas incluye equipo para comunicación, equipo audiovisual, vehículos para el transporte terrestre y acuático, equipo para orientación en el campo (brújulas, altímetros, GPS), equipo para mantenimiento y equipo de seguridad básico. En algunos sitios, este equipo se halla en buen estado, mientras que en otros es necesaria una nueva dotación del mismo. El presupuesto que sostiene el funcionamiento del sistema nacional de áreas silvestres protegidas de Costa Rica, corresponde a un porcentaje del presupuesto total del SINAC. Incluye distintos tipos de fondos, tales como el presupuesto fiscal básico (Presupuesto Ordinario de la República), tres fondos creados por leyes especiales (Fondo de Parques Nacionales, Fondo Forestal y Fondo de Vida Silvestre), los fondos provenientes de proyectos temporales financiados por la cooperación internacional (principalmente de tipo bilateral), los fondos provenientes de empréstitos con fines específicos (por ejemplo, la iniciativa Ecomercados para el pago de servicios ambientales en algunos corredores biológicos locales) y otros tipos de financiamiento potencial como las donaciones y los fondos de canje de deuda por naturaleza. De todas estas fuentes, dos son las que sostienen el accionar operativo de las áreas silvestres protegidas, en su mayor parte: el Presupuesto Ordinario (destinado casi exclusivamente al pago de la mayor parte de la planilla) y el Fondo de Parques Nacionales, con el que se costean los rubros de materiales y suministros, equipo, viáticos, combustible y, además, parte de la planilla no cubierta por el Presupuesto Ordinario. Como se señaló previamente, casi dos tercios (60 %) de los ingresos que percibe el Fondo de Parques Nacionales por concepto de las tarifas de admisión que se cobran a los visitantes, provienen de solamente tres parques nacionales. Esto da una idea del grado de dependencia que tiene actualmente el SINAC con relación a lo que ocurra en dichas áreas silvestres. Durante el año 2001, el Presupuesto Ordinario de la República fue de US $ A su vez, los fondos especiales registraron un ingreso real de US $ , monto del que no fue posible disponer en su totalidad debido a los topes presupuestarios definidos por la Autoridad Presupuestaria. Un 85 % de lo recaudado por estos tres fondos especiales provino del Fondo de Parques Nacionales. Por su parte, los recursos financieros procedentes de proyectos con la cooperación internacional ascendieron a US $ durante ese mismo año.

6 6 Todas las áreas silvestres protegidas de Costa Rica (155) cuentan con leyes o decretos ejecutivos que las respalden formalmente, los cuales detallan sus límites geográficos y establecen los propósitos generales, a manera de justificación, con los cuales se estableció cada área. Las leyes que respaldan la existencia del sistema nacional de áreas silvestres protegidas, además de aquellas que oficializan las distintas convenciones internacionales suscritas por el país, son las siguientes: Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y Ley Forestal. Además, existen otras leyes que tratan asuntos directa o indirectamente relacionados con las áreas silvestres, como la Ley de Uso y Conservación de Suelos, la Ley de Aguas, el Código de Minería y la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, entre otras. Existe una sóla área silvestre protegida en Costa Rica de carácter transfronterizo (binacional). Se trata del Parque Internacional La Amistad, ubicado en la cordillera de Talamanca, al sureste del país. Este parque tiene una extensión de ha en su porción costarricense (cerca del 4 % de territorio nacional) y es el área protegida de mayores dimensiones en el país. Su administración es compartida por dos Areas de Conservación: La Amistad Caribe (ACLAC, con el 87 % de la superficie del Parque) y La Amistad Pacífico (ACLAP, con el 13 % restante). Existe un convenio binacional con Panamá que ampara el carácter internacional de esta área. En 1982 fue declarado Reserva de la Biosfera La Amistad por el programa MaB de la UNESCO, junto con varias reservas indígenas y algunas áreas silvestres protegidas aledañas de diversas categorías de manejo. Un año más tarde, en 1983, fue declarada como Sitio del Patrimonio Mundial Natural por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para movilizar recursos que permitan una gestión binacional de este parque, se ha contado con un comité binacional de coordinación que ha logrado algunas acciones con recursos de la Organización de Estados Americanos. Esta iniciativa binacional aglutina once municipalidades fronterizas de Costa Rica junto con las panameñas, además de las instituciones gubernamentales responsables de cinco sectores, entre ellos el de Recursos Naturales (del cual forma parte el MINAE). Las principales acciones para fortalecer el sistema nacional de áreas silvestres protegidas durante los próximos diez años, están compiladas en la Agenda para las Areas Silvestres Protegidas Administradas por el SINAC, documento elaborado en el 2002 a partir de cuatro insumos básicos, a saber: la Agenda del Foro Ambiental Nacional para las ASP, la propuesta Consolidación del Sistema de Areas Protegidas Públicas de Costa Rica, las Políticas para las ASP del SINAC (redactadas en 1998 y revisadas en el 2001) y la Estrategia Nacional de Uso y Conservación de la Biodiversidad, en su capítulo de conservación in situ. En esta Agenda se consignan un total de 39 acciones generales y 159 específicas, organizadas en cinco ámbitos de gestión: ámbito social, ámbito administrativo, ámbito de los recursos naturales y culturales, ámbito político-legal y ámbito económico-financiero. Cada uno de estos

7 7 ámbitos, a su vez, se halla dividido en un número de secciones que totalizan las doce. Para la ejecución de todas estas acciones, algunas de ellas de carácter muy estratégico y otras extremadamente operativas y urgentes, se ha propuesto un esquema colaborativo que propicie la participación de otros actores de la sociedad costarricense, entre ellos: las universidades, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones gubernamentales clave, la empresa privada y los gobiernos locales (municipalidades). Algunas de las tareas que plantea la Agenda Institucional incluyen: la formulación y ejecución de un Plan Estratégico Nacional para el Sistema de Areas Silvestres Protegidas, que contempla una evaluación de las categorías de manejo existentes; la elaboración de planes de manejo; la formulación de un plan estratégico nacional para el desarrollo del ecoturismo en las áreas silvestres protegidas de Costa Rica; el desarrollo de planes de ordenamiento de la actividad turística en las áreas protegidas que reciben visitantes; la revisión de la delimitación geográfica; la clasificación de las áreas silvestres según su importancia regional, nacional o local; la definición de los lineamientos nacionales para el manejo compartido de las áreas; las estrategias de financiamiento a largo plazo; la dotación de infraestructura y demás recursos adecuados para brindar servicios de calidad a los distintos grupos de interés; así como la adecuación del marco legal sobre áreas protegidas, entre otros asuntos de importancia. También se propone la promoción del personal que labora en las áreas silvestres protegidas por medio de un plan de desarrollo integral del recurso humano. Con esta serie de medidas se espera mitigar los efectos negativos de algunas de las principales amenazas que inciden sobre las áreas silvestres y los recursos presentes en ellas. Entre dichas amenazas resulta oportuno recordar las siguientes: incendios forestales ( ha anuales en promedio, de las cuales cerca del 17 % afectan directamente las áreas silvestres protegidas); cacería y pesca furtivas, que han reducido notablemente las poblaciones de grandes vertebrados, como sucede en el Parque Nacional Corcovado con los chanchos de monte; precarismo; tala ilegal; extracción ilegal de flora y fauna silvestres para el comercio clandestino; contaminación de las fuentes de agua; fragmentación del paisaje y aislamiento genético de las poblaciones silvestres; presión del sector turístico por aumentar el número de áreas protegidas abiertas a los visitantes y los volúmenes de visitación diaria en cada una de ellas; y proyectos de desarrollo urbanístico o turístico en las cercanías de las áreas silvestres. De igual modo es preciso reconocer y atacar algunas debilidades institucionales como: la limitación presupuestaria, que redunda en insuficientes recursos operativos para atender las labores cotidianas en forma óptima; la escasez y subutilización de la información técnica y científica para la toma de decisiones de manejo; la carencia de una visión integral para todo el sistema nacional de áreas silvestres protegidas; y la necesidad de llevar aún más adelante los esfuerzos realizados hasta ahora en materia de control y aseguramiento de la calidad.

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