Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo. Contencioso-Administrativo, Sección 2ª).Sentencia núm. 606/2012 de 19 abriljur\2012\204396

Transcripción

1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª). Sentencia núm. 606/2012 de 19 abril JUR\2012\ SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Intervención en la edificación y uso del suelo: ordenes de ejecución: orden de ejecución de obras de seguridad, salubridad y ornato público: incumplimiento: ejecución sustitutoria: costes de ejecución: pago: obligación personal que no se transmite con el inmueble y que debe cumplirse por quien sea propietario en la fecha en que se dicta la resolución en la que se ordena la realización de las obras en ejecución sustitutoria: reclamación de pago procedente. Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso de Apelación núm. 849/2011 Ponente: IIlma. Sra. fátima blanca de la cruz mera Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda C/ General Castaños, NIG: / RECURSO DE APELACIÓN 849/2011 -T SENTENCIA NÚMERO 606 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Iltmos Señores: Presidente. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Magistrados: D. José Daniel Sanz Heredero Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

2 D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera En la Villa de Madrid, a diecinueve de abril de dos mil doce. Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso de apelación número 849/2011, interpuesto por "PROASEGO, S.L.", representado por el Procurador D. Emilio García Guillén, contra la Sentencia de fecha 26 de abril de 2010, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de los de Madrid, en el recurso de Procedimiento Ordinario nº 7/2009. Ha sido parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, estando representado por el Letrado Consistorial. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día 26 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 25 de los de esta ciudad, en el Procedimiento Ordinario nº 7/2009, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice:"desestimo la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil PROASEGO, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Emilio García Guillén, contra la Resolución de fecha 9 de Octubre de 2008 del Tribunal Económico Administrativo Municipal por la que se desestima el recurso económico administrativo interpuesto contra la liquidación definitiva en concepto de obras en ejecución sustitutoria realizadas en la calle Pez número 21 de Madrid, por ajustarse a Derecho. Todo ello sin condena en costas a la parte recurrente". SEGUNDO.- Por escrito presentado el día 26 de mayo de 2010 de la parte actora interpuso recurso de apelación contra el citado auto formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando su admisión y estimación. TERCERO.- Por diligencia de ordenación de fecha 9 de junio de 2010, se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por la representación de la parte demandada escrito el día 20 de julio de 2010 por el que se opuso al mismo y solicitó su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. CUARTO.- Por resolución de fecha 6 de septiembre de 2010 se elevaron las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Segunda, siendo designado Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera, señalándose el día 19 de Abril de 2012 para la deliberación votación y fallo del recurso de apelación en que tuvo lugar. QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/ FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO La sentencia recurrida en apelación, dictada el 26 de abril del 2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 25 de Madrid desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de 9 de octubre de 2008 del Tribunal Económico Administrativo Municipal desestimatoria de la reclamación económico administrativa contra la carta de pago-abonaré, conteniendo liquidación por importe de ,04 euros, al objeto de obtener el pago del importe de la actuación inmediata realizada en el edificio sito en el nº 21 de la C/ Pez de Madrid. Mientras la sentencia apelada considera que la mercantil demandante es la que debe hacer frente al pago de la liquidación, en el recurso de apelación se reitera su falta de legitimación pasiva, aduciendo que al tiempo de iniciarse el expediente recaudatorio del importe de las obras, ya se había transmitido el inmueble a otra mercantil, que es quien debe asumir dicho gasto, teniendo en cuenta además el contenido de la cláusula tercera de la escritura de compraventa, inscrita en el Registro de la Propiedad. El Ayuntamiento de Madrid, parte apelada, solicita la desestimación del recurso deducido de adverso. SEGUNDO Los hechos de los que trae causa el presente recurso son indiscutidos por las partes, a saber, que por Decreto de 19 de noviembre de 2004 se puso en conocimiento del apelante, como propietario del inmueble en cuestión, que la adopción de las medidas de seguridad que en ella se relataban (tanto la primera, consistente en estabilización de los forjados de la 5ª planta y otras subsiguientes), a 26 de septiembre de 2012 Thomson Aranzadi 2

3 consecuencia de un incendio acaecido el 13 de noviembre de 2004, se estaban realizando a su costa, en aplicación de la actuación inmediata prevista en el art. 16 de la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 22 de diciembre de 2003, llevándose a cabo la ejecución material por el empresa adjudicataria Ortiz. En la citada resolución se indicaba, además, que dada la urgencia no podía adelantarse presupuesto, por lo que una vez conocido su importe estimado se le notificaría a la propiedad de la finca para su ingreso con carácter cautelar. Esta resolución administrativa le fue notificada a la apelante el 25 de noviembre de 2004, consintiéndola y deviniendo, por tanto, firme. El 1 de junio de 2006 se formalizó escritura pública de compraventa del inmueble, a favor de otra empresa, estipulándose en su cláusula tercera que la adquirente "asume desde este momento los trámites administrativos que haya en curso, entre los que se citan a título enunciativo pero no exhaustivo. Expedientes de legalización de obras, órdenes de ejecución... en los que se subrogará y se hará cargo totalmente, de los gastos que generen los mismo, incluso por gastos devengados con anterioridad a este acto pero que no se hayan hecho exigibles hasta la fecha...". El requerimiento de pago del importe de las obras, una vez determinado, tuvo lugar en enero de TERCERO Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo La cuestión litigiosa ha sido correctamente enjuiciada por el juzgador a quo, cuyos argumentos jurídicos se basan, fundamentalmente en el criterio sostenido por esta Sección en sentencia de 4 de abril de Aunque en esta sentencia se abordaba el importe de unas obras ejecutadas subsidiariamente, no a consecuencia de una actuación inmediata como en este caso, lo cierto es que lo allí afirmado es plenamente aplicable a este caso: "Dicha liquidación y por consiguiente, el requerimiento de pago, debe ser dirigido al propietario a quien se notificó tanto la orden de realizar obras como el acuerdo de ejecución subsidiaria derivado del incumplimiento de aquella; es decir al propietario del inmueble en 1994, que siguió siéndolo durante la realización de las obras, pero no a un tercero adquirente, tal y como solicita la apelante, a quien no se dirigió orden alguna, que, por tanto, no pudo incumplir; (...), y sin que el nuevo adquirente haya podido tener conocimiento de las mismas ni posibilidad de ejecutarlas por haber comprado después de terminadas las obras que originaron la obligación de pago, y además haber adquirido la finca libre de cargas y gravámenes. Por tanto, extinguida la obligación urbanística por haber sido cumplida ya en abril de 1997, no opera el supuesto de transmisibilidad establecido en el art. 22 del TRLS de que vino a ser sustituido por el art. 21 de la Ley 6/98 de 13 de abril ( RCL 1998, 959 ) que establece que la enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes instituidos por la legislación urbanística aplicable o impuestos en virtud de la misma por los actos de ejecución de sus preceptos." En idéntico sentido esta Sección se pronunció en sentencia de 22 de octubre de 2009, citada por el apelado: "La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y valoraciones, vigente en la fecha en que se dictó la resolución que requiere de pago, dispone en el Artículo 21. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos "La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de las mismas respecto de los deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable o exigible por los actos de ejecución derivados de la misma. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así como en los compromisos que éste hubiera acordado con la Administración urbanística competente y hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales compromisos se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. Sin embargo hay que distinguir a) entre la obligación de mantenimiento, conservación o rehabilitación, que es una obligación real que se transmite con el inmueble y que debe cumplirse por quien sea propietario en el momento en que se requiera por la administración y b) los gastos en que incurre la administración como consecuencia de una ejecución sustitutoria que es una obligación personal que no se transmite con el inmueble y que debe cumplirse por quien sea propietario en la fecha en que se dicta la resolución en la que se ordena la realización de las obras en ejecución sustitutoria. La cuestión planteada ya ha sido resuelta en varias

4 sentencias de esta Sección 2ª como la dictada el 16 de mayo de 2002, nº 561/02, Nº de Recurso: 1330/1997 que determina que "es evidente, por tanto, que la orden de ejecución dada al anterior propietario no podía obligar a la recurrente por no estar en aquel tiempo relacionada con la propiedad de la finca. La obligación pecuniaria derivada de la ejecución subsidiaria de las obras no constituye una obligación propter rem transmisible al posterior adquiriente de la finca, y tanto el art. 98 de la LRJPA como el art del TRLS./1992 permiten sostener, por el contrario, su naturaleza personal, porque, aunque vinculada a la propiedad de un inmueble, tal obligación deriva directamente de una conducta omisiva consistente en el incumplimiento de un mandato de ejecución de obras, debiendo exigirse su pago a la persona por cuenta de quien se ejecutaron las mismas subsidiariamente y a su costa, y no al adquirente posterior que en su momento no pudo verificar el objeto de la orden ni el coste y validez de las obras ejecutadas por la Administración que habrá de dirigirse contra el anterior propietario para cobrar su crédito, ya que la enajenación ulterior de la finca no ha comportado la extinción de la obligación de éste ni su transmisión al adquirente posterior, y ello con independencia de los pactos meramente civiles entre ambos en orden al pago de las cantidades pendientes de abonar que, en su caso, podrían fundamentar una acción de repetición". En este caso las obras se ejecutaron en su totalidad mientras el apelante era el dueño del inmueble, por lo que el importe de las mismas debe ser satisfecho por aquél. Y a ello no obsta el contenido de la cláusula tercera de la escritura de compraventa, pues tales pactos no son oponibles a terceros, como la Administración, sin perjuicio del derecho del apelante a reclamar, ante el orden jurisdiccional ordinario, el importe de las obras frente al adquirente del inmueble. A todo ello debe añadirse, como sostuvo el juzgador a quo, que la novación subjetiva operada a consecuencia de la transmisión del inmueble tampoco es oponible a la Administración, sin haber mediado su consentimiento ( arts y siguientes del CC ( LEG 1889, 27 ) ). CUARTO Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art LJCA ( RCL 1998, 1741 ), son de expresa imposición al apelante, y por aplicación de la habilitación de dicho precepto, se fija la cantidad máxima por el concepto de honorarios de Abogado de la parte contraria en la cantidad de 900 euros. VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ), FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. García Guillén, en nombre y representación de "PROASEGO, S.L." contra la sentencia de 26 de abril del 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 25 de Madrid, que se confirma, condenando a la parte apelante al abono de las costas procesales causadas en esta segunda instancia hasta la cuantía máxima fijada en el último fundamento jurídico. Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que la misma es firme por lo que no cabe contra ella recurso alguno. Así por esta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de

5 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales. 26 de septiembre de 2012 Thomson Aranzadi 5