MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO. 10 años Construyendo Memoria, Buscando Verdad, Exigiendo Justicia

Transcripción

1 MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO 10 años Construyendo Memoria, Buscando Verdad, Exigiendo Justicia Víctimas de Crímenes de Estado saludan el Acuerdo sobre Víctimas, exigen reconocimiento como tales y proponen la creación de una subcomisión de garantías de no repetición A propósito de la conmemoración de los 10 años del Movimiento de Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice- y del Día Universal de los Derechos Humanos, los días 10, 11 y 12 de diciembre nos reunimos en la ciudad de Bogotá comunidades provenientes de diferentes regiones del país, sindicatos, expresiones del movimiento social, de oposición política y de derechos humanos quienes hemos sufrido la violencia de Estado, con el fin de analizar los avances en el punto cinco, acuerdo sobre víctimas, de los diálogos que se adelantan entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, reflexionar sobre los avances y propuestas que hemos ido construyendo históricamente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición e impulsar una agenda común para fortalecer y posicionar los derechos de diferentes sectores victimizados en el marco del conflicto social y político como exigencia para que estos hechos no se vuelvan a repetir y avanzar hacia una paz estable y duradera. El Encuentro se inició en el Congreso de la República con la Audiencia Pública denominada En el día de los Derechos Humanos, hablemos de Garantías de no repetición, impulsada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y organizaciones sociales y sindicales, con el respaldo de los parlamentarios Alirio Uribe, Iván Cepeda y Ángela María Robledo, entre otros. Durante los días posteriores realizamos jornadas de trabajo con organizaciones de todo el país. Como producto de estas jornadas de trabajo y reflexión, así como ante el anuncio del acuerdo en el punto cinco de la negociación, Acuerdo sobre las víctimas del Conflicto, divulgamos ante la opinión pública la siguiente declaración política: Saludamos y reconocemos los importantes avances logrados en la mesa de conversaciones de La Habana, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP. La solución política al conflicto armando ha sido una búsqueda incesante y una bandera de las víctimas de Crímenes de Estado, del movimiento

2 de derechos humanos y del conjunto de organizaciones sociales y políticas, de izquierda, progresistas y con vocación democrática. Las negociaciones actuales y las que esperamos que se inicien prontamente con la guerrilla del ELN, son un paso fundamental para la construcción de la paz. El fin del conflicto armado entre las FARC- EP y el Estado colombiano significará salvar muchas vidas, abrir espacios para la participación política en democracia y no a través de las armas y el compromiso de que el Estado implemente reformas institucionales, adecue su aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Las víctimas de crímenes de Estado exigimos que en el marco de las actuales negociaciones de paz se reconozca de manera explícita nuestra existencia. La expresión víctimas del conflicto distorsiona el carácter de las violencias a las que hemos sido sometidas. En el mismo sentido, exigimos se aborden de forma diferenciada las infracciones al Derecho internacional Humanitario (DIH), cometidos en el marco del conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y genocidio perpetrados en el contexto del conflicto político, económico y social, por cuanto la respuesta del Estado a esta conflictividad, que se remonta a etapas previas al surgimiento de las guerrillas, ha sido la implementación de estrategias legales, operaciones encubiertas a través del paramilitarismo y doctrinas del enemigo interno, entre otras, que han justificado la estigmatización, la judicialización y el exterminio contra procesos sociales y políticos alternativos de defensa y reivindicación de derechos. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en La Habana deberá abordar este tratamiento diferenciado en relación con los crímenes de Estado, dada sus obligaciones de garante, las responsabilidades por acciones y omisiones de agentes del Estado y de particulares en la violencia sociopolítica para establecer las intencionalidades, objetivos, responsables, beneficiarios, aparatos criminales organizados y el modo como operaron, así como las víctimas individuales y colectivas que fueron blanco de esta persecución, los procesos sociales y políticos destruidos, los mecanismos necesarios para la reparación individual y colectiva y el desmonte de las estructuras y doctrinas bajo las cuales se cometieron y cometen estos crímenes, como Garantía de NO Repetición.

3 Para las víctimas de crímenes de Estado es de gran importancia que los hallazgos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición contribuyan al sistema integral de justicia. Las víctimas de crímenes de Estado proponemos a la Mesa de La Habana la creación de una Subcomisión de Garantías de No Repetición dentro del último punto de la negociación: el Acuerdo para la terminación del Conflicto. Esta subcomisión de alto nivel, con presencia internacional, hará seguimiento a la implementación de los acuerdos y responderá a las realidades estructurales que es necesario transformar para que el conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia no se repitan. Con este fin, las víctimas de crímenes de Estado impulsaremos su creación, con presencia internacional que aborde las responsabilidades del Estado en garantías de no repetición, a través recomendaciones y seguimiento a su cumplimiento. Dicha subcomisión debería tener en cuenta al menos los siguientes aspectos: En materia de verdad Las discusiones sobre quién empezó la guerra en Colombia son relevantes para poner fin al conflicto armado, porque permiten contar con el diagnóstico adecuado para remediar las violencias que hemos vivido. En este sentido, la verdad de 60 años de conflicto entre las guerrillas y el Estado no puede ser una suma de versiones, sino una narrativa explicativa del pasado que dé cuenta de la complejidad de la historia de Colombia y ponga de relieve los orígenes, las motivaciones e intereses que hay que desarticular y transformar para que estos hechos no se repitan. El esclarecimiento de las causas de la violencia sociopolítica implica una reconstrucción del pasado, partiendo de la voz de las víctimas, con la confesión plena de los victimarios y el reconocimiento de su responsabilidad, así como de la identificación de los intereses, actores y poderes que operaron detrás de lo ocurrido. Es necesaria la repatriación de paramilitares para que aporten en la reconstrucción de la verdad histórica sobre estas estructuras. La verdad debe reconocer la dimensión colectiva del daño causado por parte del Estado, el reconocimiento de aparatos de poder diseñados desde las más altas esferas. Sólo así es posible reconocer la dimensión de hechos de violencia sistemática, masiva y generalizada, que fueron ejercidos por el aparato estatal contra amplios sectores de la sociedad vistos como enemigo desde las doctrinas de seguridad implementadas, que impidieron la aspiración legítima de vivir en una

4 democracia auténtica respetuosa de la diferencia. La desclasificación y depuración de los archivos de inteligencia de instituciones civiles y militares, que sustentaron el discurso del enemigo interno, señalando a la oposición como objetivo militar, debe contribuir a ese propósito Esta verdad completa debe ser ampliamente difundida de manera pedagógica, recurriendo a lenguajes que hagan posible que el conjunto de la sociedad comprenda las causas y consecuencias de lo ocurrido, contribuyendo a la formación de sujetos críticos para la transformación social y la no repetición. En el desarrollo de trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición debe tenerse en cuenta que son las instituciones las obligadas a garantizar los derechos de las víctimas y en la medida de lo posible, resarcir el daño causado y no las víctimas las obligadas a perdonar. La protección a las víctimas debe mantenerse durante todo el proceso de esclarecimiento de la verdad. Las víctimas de crímenes de Estado aportaremos los insumos de décadas de trabajo a esa Comisión y seguiremos desarrollando la tarea de reconstrucción de este relato colectivo a través de audiencias regionales para el establecimiento de la verdad con dimensión territorial, más allá de los alcances y límites del Acuerdo, como una tarea histórica de cara a la sociedad. En materia de justicia El derecho a la justicia es una deuda histórica con las víctimas de crímenes de Estado. El aparato judicial ha actuado garantizando amplios márgenes de impunidad a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, en particular para los máximos responsables, a través de la inoperancia deliberada y la promoción de leyes que favorecen a los victimarios. La definición de los hechos de los cuales conocerá la jurisdicción especial para la Paz, como aquellos ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este, puede conllevar a que graves violaciones de los derechos humanos, propias de la violencia sociopolítica ejercida desde el Estado, se asuman como hechos del conflicto armado. De allí la importancia de que se reconozca la existencia de una criminalidad de Estado, que derive en el reconocimiento de una mayor responsabilidad de agentes estatales, por su obligación de garantes. Las víctimas de crímenes de Estado promoveremos una reforma estructural al sistema de justicia que garantice este derecho más allá de los acuerdos de La Habana. Necesitamos un sistema de justicia garantista, moderno, basado en la meritocracia, comprometido con los derechos de las víctimas y depurado en su conjunto, que destruya todo vínculo con estructuras criminales paramilitares,

5 mafias del narcotráfico y poderes locales que hoy controlan a los operadores de justicia en las regiones. Un aparato de justicia que también elimine todo fuero para altos funcionarios responsables de graves crímenes y permite su juzgamiento efectivo. En materia de desaparición forzada Como movimiento de víctimas consideramos que el acuerdo sobre Medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado es, sin duda, un esfuerzo humanitario, teniendo en cuenta la magnitud de este crimen y la incertidumbre en la que aún viven miles de familias. El Estado debe asumir su responsabilidad en este crimen que le es inherente, ya que hasta el momento no lo ha hecho, así como avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de todas y todos los desaparecidos, fortaleciendo las iniciativas orientadas a ese fin, como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Banco de ADN, buscando el acompañamiento y veeduría internacional, garantizando la seguridad de los familiares y organizaciones que trabajan por la búsqueda de las personas desaparecidas. No podrá haber paz ni garantías de no repetición si las instituciones militares y de inteligencia no suprimen de sus manuales de entrenamiento cualquier práctica de tortura, tratos crueles y degradantes que, por lo general, terminan en casos de desaparición forzada temporal o permanente. Consideramos importante valorar y validar el conocimiento territorial de las comunidades para encontrar más fácilmente las fosas o cementerios clandestinos en los territorios. Los procedimientos de exhumación deben contribuir a la memoria de las víctimas y a la verdad de los hechos y del contexto sociopolítico en el cual se cometieron muchas de estas violaciones en contra de nuestros familiares. En materia de participación social y política Es fundamental que se nos garantice la participación social y política en escenarios de movilización social, lo electoral y la difusión de ideas y propuestas en los medios de comunicación. La movilización y participación social son derechos y como tales, deben ser respetados, protegidos y nunca más criminalizada o reprimida por entes como el ESMAD, que debe ser desmontado, al igual que las leyes que asimilan y responden a la protesta y propuesta social desde la doctrina del enemigo interno.

6 Por esto, saludamos lo contemplado en la Jurisdicción Especial para la Paz en materia del derecho a la protesta social y la amnistía al delito de pobreza. Consideramos que es un gran avance para superar la estigmatización y criminalización al movimiento social y esperamos que logre la liberación de muchos luchadores y luchadoras sociales que se encuentran privados de la libertad y que cesen los actos de hostigamiento, persecución y violencia contra integrantes del movimiento social y de derechos humanos. El genocidio de un partido político de oposición, como fue el caso de la Unión Patriótica (UP), y la persecución a todas las formas de expresión política contrarias a los intereses del establecimiento, dan cuenta de la falta de garantías para la participación política, que se cimentaron en políticas estatales de exterminio y persecución legales e ilegales. Una expresión del silenciamiento que sufren las víctimas de crímenes de Estado y el ocultamiento de los victimarios es la tenaz persecución -a través del Procurador General, Alejandro Ordoñez- que actualmente sufre el congresista Iván Cepeda Castro, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y quien ha llevado al Congreso nuestra voz y aspiraciones de justicia y verdad. Un aspecto importante en materia de garantías de no repetición es la reestructuración de los entes encargados de garantizar y vigilar los procesos electorales y sobre todo, una reforma del sistema electoral que incorpore principios y mecanismos que garanticen los derechos constitucionales. Consideramos de gran importancia garantizar el acceso del movimiento social y los partidos de oposición a los medios de comunicación, con el fin de dar a conocer la historia desde las víctimas y sus procesos de resistencia, acercar a la población civil a las exigencias de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas de crímenes de Estado y de esta manera, contribuir a la construcción de una cultura de paz. En materia de garantías de no repetición Exigimos al Estado colombiano el reconocimiento expreso de su responsabilidad, por acción u omisión, en el proceso de victimización y aniquilamiento de diversos procesos sociales, políticos y organizativos y en general, de gran parte de la sociedad civil, que se ha visto afectada por la violencia social y política ejercida bajo el pretexto del conflicto armado. Este reconocimiento implica, además, cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, depuración de todas las ramas del poder público, el desmonte del paramilitarismo y la transformación de las estructuras económicas y políticas que

7 han contribuido a la injusticia social y la falta de garantías para la participación de las expresiones del movimiento social, popular y de oposición en Colombia. Además de las ya planteadas, como garantía de no repetición exigimos la revocatoria del fuero penal militar, ya que solo ha contribuido a aumentar el manto de impunidad por todos los crímenes cometidos por las fuerzas militares, así como que la Policía Nacional deje de ser una institución armada adscrita al Ministerio de Defensa y pase a ser un cuerpo de carácter civil, adscrito al Ministerio del Interior. En consecuencia con lo anterior, en la etapa de posacuerdo se debe reducir drásticamente el gasto militar, eliminar el impuesto de guerra y enfocar todos los esfuerzos económicos y políticos a garantizar la reparación integral de las víctimas y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a toda la población colombiana. El Estado colombiano deberá reconocer y garantizar la actividad social y política de los diversos procesos sociales y definir mecanismos claros para el análisis y las medidas de protección para los dirigentes populares, de partidos de oposición, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos y víctimas, entre otros, que se encuentran amenazados como consecuencia de la labor que desarrollan en pro de las comunidades que representan. De igual manera, asumir de forma directa la protección de los mismos y no entregar esta responsabilidad a las empresas privadas. Seguiremos exigiendo al Estado colombiano que asuma el compromiso del desmonte real de paramilitarismo, proceso que debe estar vigilado por un mecanismo de verificación, en el que debe haber presencia de integrantes del movimiento social y de organizaciones de carácter internacional; igualmente debe definirse tiempo para dicho proceso. Bogotá, diciembre de 2015.