REPÚBLICA DE PANAMÁ ÓRGANO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

Transcripción

1 ENTRADA Nº Magistrado Ponente:VÍCTOR L. BENAVIDES P. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, interpuesta por la licenciada Rosaura Reyes de González, en representación de ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. REPÚBLICA DE PANAMÁ ÓRGANO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL Panamá, catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014). VISTOS: La licenciada Rosaura Reyes de González, actuando en representación de la sociedad denominada ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. Mediante la resolución de 7 de octubre de 2013 (f.28), se admite la demanda de plena jurisdicción incoada, y se ordena su traslado al Procurador de la Administración, así como al Ente demandado, para que rindiese el informe explicativo de conducta, contemplado en el artículo 33 de la Ley 33 de I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El acto administrativo impugnado, lo constituye la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO); y su acto confirmatorio, que a su vez modificó la resolución anterior, identificado con el N

2 2 A-DPC de 18 de abril de 2013, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), en las cuales se decidieron lo siguiente: Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012 PRIMERO: SANCIONAR al agente económico COLEGIO SAINT GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL, inscrito bajo el Resuelto N 654 de 7 de abril de 1987 del Ministerio de Educación, cuya razón social es ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha 89970, Rollo 8665, Imagen 161, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, cuyo representante legal es RICARDO JOSÉ MUÑOZ TEJEIRA, con cédula N , con multa de OCHO MIL BALBOAS (B/.8,000.00), por haberse determinado su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor.... Resolución N A-DPC de 18 de abril de 2013 PRIMERO: MODIFICAR la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, que SANCIONÓ al agente económico denominado COLEGIO SAINT GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL, con multa de Ocho Mil Balboas (B/.8,000.00), por infringir las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley N 45 de 31 de octubre de SEGUNDO: SANCIONAR al agente económico denominado SAINT GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL OF PANAMA, con multa de Ocho Mil Balboas (B/.8,000.00), por infringir las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley N 45 de 31 de octubre de Al ser notificada la parte actora de la resolución que reformó el acto originario, se agotó de esta forma, la vía administrativa, por lo que procedió con la presentación de la presente demanda en la esfera de lo contencioso administrativo. II. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO La sociedad denominada ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., representada judicialmente por la licenciada Rosaura Reyes de González, manifiesta que el objeto de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, lo constituye la solicitud de ilegalidad, y por tanto nula, de la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por el Director Nacional de Protección al Consumidor, encargado, por la cual se

3 3 sanciona a la parte actora, con una multa de ocho mil balboas con 00/100 (B/.8,000.00), en virtud de una denuncia sobre la base de que el Colegio está obligando a los padres de familia a comprar boletos de un evento social. En este mismo orden, solicitan la declaratoria de ilegalidad, y por tanto, de nulidad, de su acto confirmatorio, identificado por la Resolución N A-DPC de 18 de abril de 2013, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la cual modificó la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, en el sentido de su nombre comercial, y procedió a confirmar la multa impuesta por el orden de los ocho mil balboas con 00/100 (B/.8,000.00). De igual manera, la apoderada judicial de la actora, pide que se deje sin efecto o se revoque la sanción o multa pecuniaria de ocho mil balboas con 00/100 (B/.8,000.00), impuesta al Colegio Internacional Saint George, por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), declarándola que no está obligada a pagarla. Dentro de las disposiciones legales que la actora estima conculcadas, se encuentra el artículo 116 de la Ley N 45 de 2007, en forma directa, ya que a juicio del recurrente, las quejas directas de particulares implican que hay una afectación directa que motiva la queja, sin embargo, en esta ocasión, no conocen bajo que circunstancia se dio el daño al consumidor. Otra de las normas que se consideran infringidas, lo es el artículo 36, numerales 1 y 15 de la Ley 45 de 2007, en concepto de indebida aplicación. Por una parte, el demandante arguye la existencia de evidencias que demuestran su no vulneración de estas prohibiciones; y por la otra parte, se alega la inexistencia del elemento de obligatoriedad que se requiere para incurrir en este tipo de faltas. Estima la parte recurrente, que el artículo 104 de la Ley N 45 de 2007, fue igualmente violado por indebida aplicación, esto es, que no se debió aplicar

4 4 ninguna sanción al agente económico multado, toda vez que ha quedado demostrado que éste no realizó ningún acto que amerite sanción alguna. Por todo lo anterior, la licenciada Reyes de González, apoderada judicial de la sociedad ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., solicita le sean reconocidas, cada una de las pretensiones compelidas en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción instaurada. III. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA Por medio de escrito signado por el Administrador General de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), fechado el 9 de octubre de 2013 (fs.30 a 32), se remite a esta Magistratura, Informe Explicativo de Conducta, tal cual había sido previamente solicitado en la resolución de admisión de la demanda en análisis. En este Informe, el Ente requerido hace de conocimiento de esta Superioridad, las circunstancias fácticas y legales, que motivaron la expedición de las resoluciones demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por infringir las disposiciones de la Ley N 45 de 31 de octubre de IV. CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Luego de un prolijo análisis del negocio que ocupa nuestra atención, contemplado en la Vista Fiscal N 461 de 5 de diciembre de 2013 (fs.33 a 39), el Procurador de la Administración rechaza los argumentos vertidos por la parte actora, solicitando en consecuencia, que la Sala declare la legalidad del acto administrativo impugnado, en virtud de que el proceso sancionador incoado a la sociedad ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., se efectuó en apego a la normativa contentiva en la Ley N 45 de Lo anterior es cónsono con el contenido de la Cláusula N 12 del Contrato de Servicios Escolares de Centro Educativo Saint George International School of Panama, al establecer como actividades extracurriculares, las de carácter cívico, cultural, académico, de formación de la personalidad y de cultura física; las

5 5 curriculares, desfiles y de prácticas culturales organizadas por el Colegio; sin indicarse de manera expresa que esos eventos tendrán un costo monetario, el cual deberán cubrir los padres de familia, sentencia el señor Procurador. V. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA Luego de surtidas las etapas procesales, la Sala procede a resolverlo en el fondo, previo a las siguientes consideraciones. Este Tribunal Colegiado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numerales 1 y 3 del Código Judicial y el artículo 42b de la Ley N 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley N 33 de 1946, es competente para conocer este tipo de acciones. Bajo estos preceptos, la Sala se pronunciará respecto a la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción incoada, contra la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por el Director Nacional de Protección al Consumidor; y su acto confirmatorio, que a su vez modificó la resolución anterior, identificado con el N A-DPC de 18 de abril de 2013, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), en las cuales se decidieron lo siguiente: Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012 PRIMERO: SANCIONAR al agente económico COLEGIO SAINT GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL, inscrito bajo el Resuelto N 654 de 7 de abril de 1987 del Ministerio de Educación, cuya razón social es ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha 89970, Rollo 8665, Imagen 161, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, cuyo representante legal es RICARDO JOSÉ MUÑOZ TEJEIRA, con cédula N , con multa de OCHO MIL BALBOAS (B/.8,000.00), por haberse determinado su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor.... Resolución N A-DPC de 18 de abril de 2013 PRIMERO: MODIFICAR la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, que SANCIONÓ al agente económico denominado COLEGIO SAINT GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL, con multa de Ocho Mil Balboas (B/.8,000.00), por infringir

6 6 las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley N 45 de 31 de octubre de SEGUNDO: SANCIONAR al agente económico denominado SAINT GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL OF PANAMA, con multa de Ocho Mil Balboas (B/.8,000.00), por infringir las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley N 45 de 31 de octubre de Esta Corporación de Justicia, luego de un estudio pormenorizado de los cargos de ilegalidad imputados, observa que los mismos no encuentran sostén jurídico, en base a las consideraciones que procedemos a externar a continuación. Aprecia la Sala que el acto administrativo impugnado tiene su origen en una denuncia presentada en forma anónima, ante el Departamento de Asistencia al Consumidor y Conciliación, de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), contra el agente económico denominado Colegio Saint George International School, cuyo propietario lo es la sociedad ENSEÑANZA ESPECIALIZADA BILINGÜE, S.A. En el formulario contentivo de la Denuncia N de 30 de agosto de 2012 (f.1 del expediente de antecedentes), el denunciante señaló lo siguiente:...están obligando a los padres de familia a comprar boletos de un evento social (sarao intercolegial 2012 programado para el 22 de septiembre).... Dentro de las pruebas que presentó el denunciante, estaba la volante y los boletos del Colegio. La solicitud del denunciante anónimo, es que se inicie una investigación respecto a la situación denunciada. Observa este Tribunal Colegiado que los argumentos de la parte actora, se centran en que la actividad motivo de la sanción, era la compra de instrumentos musicales para la banda, pretendiendo enaltecer los valores cívicos de los estudiantes, honrándose a la Patria en todos los eventos novembrinos y en todas las actividades cívicas y culturales donde tenga que hacer acto de presencia la banda del Colegio. Sostiene que esta situación, sí se

7 7 encuentra enmarcada dentro de las actividades extracurriculares que enaltecen a los estudiantes y por ende, incluidas en el Contrato. Sobre este último punto, esta aseveración debe ser desestimada, toda vez que la actora no logró probar dicho suceso, y fue el motivo que resultó de las investigaciones que se surtieron en la etapa administrativa, con la posterior sanción pecuniaria (Cfr. expediente de antecedentes). Por otra parte, contrario a lo expuesto por el demandante, el Director Nacional de Protección al Consumidor estaba plenamente facultado para aplicar la sanción impuesta a través del acto administrativo objeto de estudio. En efecto, la Ley N 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, establece en sus dos primeros artículos sus objetivos y ámbito de aplicación: Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciantes o profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes, por cualquier otro título, participen como sujetos activos en la actividad económica. Igualmente, se aplicará a todos los actos o prácticas que surtan sus efectos en la República de Panamá, indistintamente del lugar en donde se perfeccionen. Asimismo, en esta misma excerta legal queda establecido en el artículo 32, comprendido dentro del Título II, Protección al Consumidor, Capítulo I, Contratos, Garantías y Normas de Publicidad, que son beneficiarios de las normas de este Título todos los consumidores de bienes y servicios finales, y quedan obligados a su cumplimiento todos los proveedores. También se deja claro que los contratos o las transacciones para la compra de bienes muebles destinados al consumidor y la prestación de servicios profesionales o técnicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en dicho título.

8 8 Debe la Sala advertir, que en el apartado de la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación, la parte actora presenta una fundamentación lasa, en donde sucintamente señala que las normas que estima vulneradas lo fueron de manera directa por indebida aplicación, toda vez que no se tomó en cuenta la existencia de un contrato mercantil entre las partes. Razonamos que las normas presuntamente vulneradas, fueron aplicadas adecuadamente al momento de emitir el acto administrativo contenido en la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), así como en su acto confirmatorio; es decir, que no se aprecia tal vulneración a las normas invocadas por el demandante. En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución DNP N INV de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), así como tampoco lo es el acto confirmatorio; y en consecuencia, NIEGA las demás declaraciones solicitadas por la parte demandante. NOTIFÍQUESE, VÍCTOR L. BENAVIDES P. MAGISTRADO LUIS RAMÓN FÁBREGA S. MAGISTRADO ALEJANDRO MONCADA LUNA MAGISTRADO KATIA ROSAS SECRETARIA