FORMULA DENUNCIA PENAL. Señor Fiscal General y de Coordinación:

Transcripción

1 FORMULA DENUNCIA PENAL Señor Fiscal General y de Coordinación: CARLOS QUINTRIQUEO, en mi calidad de Secretario General de la ATE NEUQUEN, constituyendo domicilio ad litem en calle Yrigoyen 554 de la ciudad de Neuquén, ante el Sr. Agente fiscal me presento respetuosamente y digo: I. OBJETO: Que en la calidad invocada y en los términos de los arts.157 y ss. CPPC es que venimos a REALIZAR UNA DENUNCIA PENAL por los hechos que a continuación se detallan y que prima facie son constitutivos de un delito penal cuya responsabilidad penal recaería en la persona de hoy Diputada María Gabriela Suppicich. II. FACULTAD DE DENUNCIAR: Que ejercemos nuestra facultad/deber de denunciar en función de las previsiones de los arts.157 y 160 toda persona que...tenga noticias (de un delito), podrá denunciarlo al agente fiscal o a la policía, asimismo tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: los funcionarios y empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. III. ANTECEDENTES

2 2 La Sra. María Gabriela Suppicich, quien es actualmente, y desde diciembre de 2014, Diputada Provincial por parte del partido Frente de Izquierda. Como Diputada electa, debió, apenas tomo conocimiento de su toma del cargo, presentar la Licencia sin goce de haberes por cargo lectivo ante su organismo de origen: Ministerio de Salud, Hospital de Plottier. Esto a los efectos de evitar la duplicidad de salarios. HECHOS : Desde el momento que el Partido Frente de Izquierda obtuvo en las últimas elecciones una banca en la Honorable Legislatura Provincial, la Sra. Suppicich, ya tenía conocimiento de que forma se desempeñarían los candidatos de lista, alternándose cada año para que así todos ocuparan la banca, haciéndolo equitativo y justo. Asimismo la Sra. María Gabriela Suppicich, obtuvo en las últimas elecciones a Consejeros del ISSN, un lugar como tal (Consejera). Cargo lectivo y a ocupar en el año Estos cargos lectivos, son incompatibles entre sí, no puede un legislador provincial ejercer los dos cargos al mismo tiempo, ni siquiera siendo alguno de ellos ad-honorem, no este caso, aquí los dos cargos son remunerados y tienen capacidad asimilable al menso uno de ellos a cualquier cargo de funcionario público. Mejor dicho los tres cargos que a la fecha esta ejerciendo la Sra. María Gabriela Suppicich. Me explico: la denunciada esta en falta grave a sus deberes como: 1).- Agente de la administración pública: Profesional perteneciente a la planta del Ministerio de Salud de la Provincia, con desempeño en el Hospital de Plottier: No informó o solicitó la licencia correspondiente y que todo empleado, funcionario de la administración pública tiene el deber de hacer conforme lo establece el EPCAPP.

3 3 2).- Como Diputada Electa y con conocimiento fehaciente que asumiría como tal, no debió asumir como Consejera (Gremial) en el Instituto de Seguridad del Neuquén. 3).- Como Consejera del ISSN, debió informar esta situación y/o rechazado su asignación al cargo como Diputada, dejando lugar al siguiente de la lista. En este Orden de ideas y, como se puede observar en la documental que se acompaña la Denunciada habría o ha cobrado por los tres (3) cargos mencionados remuneración, lo cual es ilegal en las formas. Al tomar estado publico esta situación, que tiene como principal responsable a la Sra. Suppicich, tanto por su cargo de Diputada Provincial como lo que ello en si mismo representa. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Partimos de la premisa fundamental de que la Constitución de la Nación establece el principio de la responsabilidad de los que desempeñan una función pública, al margen de la escala o jerarquía en la que estén colocados, y de la importancia y naturaleza del papel que desempeñen, según lo expuesto con verdad por Rafael Bielsa. Ya antes otro gran constitucionalista, Juan Bautista Alberdi, había expresado que...la responsabilidad de los encargados de todo poder público es otro medio de prevenir abusos.... Esa es la esencia del republicanismo respecto de todo depositario o delegatario de una parte de la soberanía popular; pues su misma condición de depositario o delegatario es, a la vez, la consecuencia de una libre determinación de esa misma soberanía popular consensuada, y no la consecuencia de un golpe de fuera, violatorio de la norma fundamental de la República. III. CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO // EMPLEADO PUBLICO

4 4 En la medida que hemos de establecer la responsabilidad que desde el punto de vista penal cabe asignar a los funcionarios públicos, el próximo paso consiste en delimitar este último concepto a la luz del derecho represivo. Es el art. 77 del Código Penal el que se encarga de significar que con los términos funcionario público y empleado público, que en dicho cuerpo legal se utilizan-, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de la autoridad competente. Asimismo, la jurisprudencia ha interpretado que el criterio que en derecho penal define al funcionario o empleado público prescinde de los principios del derecho administrativo, al encontrarse previsto en el art. 77 del C.P., de manera que lo determinante es la realización de la voluntad del Estado en el ámbito de la administración pública por los mismos, sin que quepa distinguir entre la administración central y las entidades autárquicas o mixtas 1. Debemos destacar que lo que singulariza el carácter de funcionario o empleado público a que se refiere la norma penal citada es la facultad de formar la voluntad estatal para la realización de un fin público. Así, conforme surge del texto legal, la participación en el ejercicio de las funciones públicas puede ser de carácter permanente o accidental, debiendo entenderse por el primero a aquel que tiene su razón en un cargo público que autoriza a su titular a ejercer la representación funcional en todos los casos ocurrentes, relativos a la materia de que se trata, tal como lo señala Núñez, quien aventando las críticas doctrinarias de quienes cuestionan el término accidental, enseña que el mismo debe 1 Capel.Crim. y Correc. Sala V, 23/12/77, R.R. con cita de Jorge de la Rúa, Código Penal Argentino, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1972, p. 892.

5 5 interpretarse como sinónimo de eventual; esto es, como delegación para efectuar la representación funcional sólo en el caso determinado de que se trata. Por fin, cabe consignar que, resulta agravante en este caso, la onerosidad que la acumulación de cargos representa. Lo cual puede traer aparejado un perjuicio fiscal a las arcas del estado provincial, atento ser las tres cajas de las cuales se le liquida el salario, son cajas del Estado Provincial en sus distintos estamentos. IV. RESPONSABILIDAD PENAL En estas condiciones resulta posible y fundado realizar esta denuncia penal por violación del artículo 265 del Código Penal que dice: Art [Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. El DR. ADRIÁN GARCIA LOIS sostiene respecto de este delito: La norma, en conclusión, tiende a garantizar la imparcialidad de los funcionarios en la toma de decisiones propias, evitando así cualquier tipo de interferencia indebida o parcialidad, ajenas al funcionamiento e interés de la administración pública. Y ello, se refuerza desde la inclusión al ordenamiento jurídico interno de la Convención Americana contra la corrupción, que claramente exige la transparencia, eficacia y publicidad de los procedimientos que el Estado lleve a cabo para exteriorizar su voluntad. En igual sentido a lo expuesto, se ha señalado que:

6 6 [...] La figura de negociaciones incompatibles exige que el autor (funcionario público) desdoble su personalidad de funcionario adoptando un interés personal a la vez que continúa en funciones como órgano del Estado. Este delito tutela el interés de la colectividad en la imparcialidad de la administración pública y el prestigio de los funcionarios; se pretende el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de sus órganos no sólo sea plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad. C.C.C. Fed. Sala I Martínez de Hoz, José Alfredo s/ inf. art. 265 C.P., c , Rta. 15/11/90 Adentrándonos ya en el propósito de éste trabajo, es en primer término imprescindible recordar la letra del artículo 265 del Código Penal, el cual reza: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. La acción típica, que se desprende del primer párrafo del artículo, consiste en interesarse con miras a un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en la que el funcionario intervenga en razón de su cargo. Como lo señala Sebastián Soler, dicha acción se manifiesta en el desdoblamiento que realiza el agente actuando a la vez como interesado y como funcionario público. Distintas corrientes se han manifestado en cuanto a lo que debe entenderse por interesarse. Por ejemplo, mientras que la escuela italiana formula, en relación al interés, un concepto amplio que incluye en la acción extremos que van más allá del mero beneficio económico, la corriente francesa lo limita a una cuestión pecuniaria. Por su parte, Creus avanza en el concepto diferenciado el contenido de la pretensión que constituye el interés privado (que debe ser exclusivamente patrimonial) de la finalidad que guía al autor (que puede ser de cualquier naturaleza). El artículo en análisis, además, debería aclarar que el concepto de administración pública no alcanza sólo al gobierno central, sino

7 7 también al provincial y municipal, en cualquiera de sus ramas. (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), e incluir expresamente a los órganos extrapoder y fundamentalmente a los organismos de contralor y entes reguladores de las empresas privatizadas por cumplir una función pública, cuya gravitación en el cuerpo social en lo que hace a su labor suele ser idéntica a la de cualquier funcionario público de alto rango, y ello no fue asentado expresamente. (GARCIA LOIS, ADRIÁN. Críticas al art. 265 del Código Penal enmarcado en el ámbito de los delitos contra la Administración Pública Por su parte el Art. 249º CP establece: Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Como se puede apreciar en los dos artículos se contemplan conductas omisivas por las que un funcionario deja de hacer un acto de su oficio. La distinción entre una y otra figura ha sido hecha por la Cámara del Crimen de la Capital sobre la base de que los supuestos del artículo 248º se refieren a la violación o incumplimiento de disposiciones expresas de un texto legal, en tanto que los del artículo 249º comprenden el incumplimiento de las funciones administrativas del cargo (Fallos, t. 2, pág. 467; en el mismo sentido la Suprema Corte de Tucumán, L.L., t. 37, pág. 727; Soler, Derecho Penal argentino, t. V, º 140, II: el artículo 249º tutela el desenvolvimiento normal y diligente de la administración; Manigot, Código Penal, nota 1591; Creus, Derecho Penal. Parte especial, t. 2, º 1910, pág. 253; Breglia Arias - Gauna, Código Penal, t. II, pág. 607). La acción punible consiste en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto propio de las funciones. Los verbos empleados para definir el hecho denotan claramente que se trata de un delito de pura omisión. Omitir es no hacer; rehusar a hacer es, además, negarse, de modo que para este supuesto es necesario que haya habido una interpelación legítima en determinado sentido. El delito consiste, también, en retardar el acto. Retardar es no hacer a su tiempo.

8 8 La consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna. Cuando se trata del retardo y existe un término prescripto o fijado, el perfeccionamiento del delito coincide con el de la expiración de ese término. A falta de él, al finalizar el tiempo útil para que el acto produzca sus efectos normales, aun cuando el retardo no determine la invalidez del acto sucesivamente cumplido (Oderigo, Código Penal, nota 1356; Creus, Derecho Penal. Parte especial, t. 2, º 1908, pág. 25). Es evidente que en el caso planteado han existido violaciones a la Constitución Provincial, a las leyes de administración financiera (ley 2141) y a las normas que rigen los principios generales a los funcionarios o empleados públicos en cuanto omitir, retardar, etc., un acto en beneficio propio. V. PRUEBA Documental: Adjuntamos: 1. Copia liquidación haberes del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén. 2. Copia del detalle del alta y la liquidación efectuada a la Sra. Suppicich María Gabriela, como Consejera del Instituto Social de Seguridad del Neuquén. Informativa: Solicitamos 1.- Se oficie al Ministerio de Salud de la Provincia, a los fines de que remita los originales o copias certificadas de las liquidaciones efectuadas a la Sra. María Gabriela Suppicich, correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, SAC y enero. Asimismo informe la situación en la cual se encuentra. 2.- Se oficie al ISSN a los fines de que informen la situación o calidad que reviste la Sra. Suppicich, en el Organismo, remitan las liquidaciones efectuadas a la fecha de febrero 2015.

9 9 3.- Se oficie a la Honorable Legislatura Provincial a los fines de que informen en que fecha asumió como Diputada la denunciada en ésta. 4.- Se oficie al Banco Provincia del Neuquén a los fines de que remitan extracto bancario correspondiente a la/s cuenta/s Caja de Ahorro pertenecientes a la Sra. Suppicich María Gabriela de los meses de diciembre 2014 y enero de VI. PETITORIO 1. Se tenga por presentada denuncia penal, dándosele el trámite de estilo y práctica. 2. Se tenga por acompañada la prueba. 3. Se provea la ofrecida PROVEER DE CONFORMIDAD ES JUSTO