01 de setiembre del 2017 DCA-1899

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio No de setiembre del 2017 DCA-1899 Señora Odilie Arias Jiménez Directora, Dirección de Inspección Gerencia Financiera CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Fax: Estimada señora: Asunto: Se deniega autorización a la Caja Costarricense del Seguro Social, para la contratación directa para la adquisición de Aditamentos para central telefónica VOIP, amparado en el artículo 2 bis, inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, con la empresa Corporación FONT S.A., por un monto de $20.113,00 (veinte mil ciento trece dólares exactos). Nos referimos a su oficio DI recibido en fecha 31 de julio de 2017 en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. Mediante oficio (DCA-1729) del 14 de agosto de 2017, este órgano contralor requirió información adicional a la Administración, requerimiento que fue contestado mediante oficio DI del 18 de agosto de 2017, recibido en fecha 21 del mismo mes y año. I. Antecedentes y justificación de la solicitud. Entre las razones que expone la Caja Costarricense del Seguro Social para respaldar su solicitud, se señalan las siguientes: 1. Que mediante contratación directa de escasa cuantía en el año 2001, la Dirección de Inspección contrató el arrendamiento del edificio Da Vinci, sin embargo debido a la carencia de espacio físico en los edificios centrales de la CCSS, en el 2016 se procedió al arrendamiento además del edificio El Hierro 2. Que en la actualidad el edificio Da Vinci cuenta con una central telefónica análoga propiedad de la CCSS, la cual se encuentra obsoleta y requiere de reemplazo, ya que es necesaria la instalación de una central que permita una adecuada comunicación interna entre los funcionarios y usuarios de la Dirección.

2 2 3. Que el edificio El Hierro cuenta con una central telefónica moderna adquirida por el arrendante a la empresa Corporación FONT S.A.-, que cumple con las especificaciones técnicas brindadas por el Área de Comunicaciones y Redes Institucional de la CCSS. 4. Que por razones de economía de los recursos, y tomando en consideración el aval otorgado por el propietario del edificio El Hierro para utilizar la central telefónica ya instalada, considera factible aprovechar las extensiones disponibles y solamente adquirir los aditamentos que sean requeridos para el edificio Da Vinci. 5. Que mediante el oficio DI del 26 de mayo de 2017, la Dirección de Inspección solicitó a la Dirección de Presupuesto de la CCSS, recursos adicionales para el financiamiento de compra de la Central Telefónica para el edificio Da Vinci. 6. Que en función de lo expuesto, solicita nuestra autorización para contratar en forma directa con la Corporación Font, los aditamentos compatibles con la central telefónica VOIP. II.-Criterio de la División. Los procedimientos ordinarios de concurso, como derivación del artículo 182 de la Constitución Política, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual la Administración debe como tesis de principio, suplirse de los bienes, obras y servicios necesarios para cumplir con los objetivos y fines institucionales y de ahí, para la satisfacción del interés público. Sin embargo estos mecanismos tradicionales de compras, no deben ser vistos como una barrera insuperable para la Administración en aquellos casos en que de utilizarlos, podría poner en riesgo el cumplimiento de esa finalidad pública. Estas situaciones, por demás excepcionales y expresamente establecidas en la legislación, permiten a la Administración recurrir a mecanismos menos formales con el objetivo de solventar aquellas necesidades que requieran de una atención pronta y cuyo cumplimiento a través de un procedimiento ordinario en virtud de sus mayores formalidades-, no garantizaría la efectiva satisfacción del interés general en un plazo razonable, de frente a la naturaleza del bien, obra o servicio que requiera suplir una institución en un momento determinado. Así, el artículo 2 bis inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, complementado a su vez por el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contempla la posibilidad de separarse de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos donde la Administración, habiendo adquirido ya equipo tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si

3 3 el precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado. Ahora bien, bajo este contexto es claro que más allá de las posibilidades otorgadas a este órgano contralor para excepcionar de los procedimientos ordinarios de concurso ciertas contrataciones, existe una obligación correlativa para la Administración, de contar con el suficiente contenido económico para respaldar los compromisos derivados de esta. En este orden de ideas, asimismo dentro de las normas que debe tomar en cuenta la Administración en todo proceso de compra, se encuentra la del artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, que señala textualmente: Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. En el caso particular, lo que pretende la Caja Costarricense del Seguro Social es la compra directa de Aditamentos para central telefónica VOIP, amparado en el artículo 2 bis, inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, con la empresa Corporación FONT S.A., por un monto de $20.113,00 (veinte mil ciento trece dólares exactos), sea se pretende la contratación con un proveedor en particular. Al respecto y como parte del trámite, este órgano contralor mediante oficio (DCA- 1729) del 14 de agosto de 2017, le indicó a la Caja Costarricense del Seguro Social lo siguiente: ( ) Deberá aportar certificación de contenido presupuestario, donde se indique que el monto de la contratación se tiene debidamente reservado y disponible en la partida respectiva en el presupuesto 2017, y que ese monto es para la contratación cuya autorización ha sido solicitada a este Despacho. ( ) (Resaltado del original) Ante este requerimiento, la Administración mediante oficio DI presentado el 21 de agosto de 2017 indicó: ( )2. Mediante oficio DI (adjunto) del 26 de mayo del 2017, esta Dirección solicita a la Dirección de Presupuesto de la CCSS, recursos adicionales para el financiamiento de compra de Central Telefónica para el Edificio Da Vinci. / En consultas realizadas el 18 de los corrientes, a dicha dependencia indican que la petición se encuentra en trámite y esperan que los recursos solicitados sean asignados en el mes de setiembre del presente año ( ).

4 4 De lo anterior se colige, que esa Administración no cuenta en la actualidad con el contenido económico necesario para cubrir el costo de la contratación mencionada, pues a pesar que se menciona en el referido oficio a una central telefónica, lo cierto del caso es que la Administración no ha certificado que se cuenta con el respectivo recurso presupuestario para amparar la compra objeto de su solicitud, derivándose más bien de este oficio, que los recursos respectivos se encuentra en trámite y no disponibles en la actualidad. Lo que nos permite concluir que no se cuenta con ese disponible y en consecuencia no podría cubrirse esa contratación que en forma directa se pretende efectuar con el proveedor Corporación Font, aspecto que nos inhibe para otorgar la autorización solicitada. En otro orden de ideas, observa este órgano contralor lo señalado en el artículo 146 del RLCA en el cual se indica: ( ) La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés general ; es decir, que le corresponde a la Administración remitir un análisis fundamentado en el que se explique a este órgano contralor cuáles son las razones por las que debe exonerarse de la aplicación del procedimiento ordinario correspondiente. Por lo tanto, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas por la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma. En el caso bajo análisis, parece ser que la Administración requiere la autorización de un procedimiento de contratación directa para la compra de aditamentos para una central telefónica VOIP, que no es de su propiedad y que se encuentra instalada en el edificio El Hierro arrendado actualmente por la institución. No obstante, si bien es cierto es de gran importancia para la Administración dotar al edificio Da Vinci de una central telefónica para suplir la necesidad con la que cuentan actualmente, es recomendable que esa Administración -en una futura gestión- realice un análisis de costo beneficio, de adquirir aditamentos para ser instalados como ya se mencionó en una central que no es de su propiedad por un tiempo determinado y sujeto a un contrato de arrendamiento del edificio El Hierro, esto por cuanto como parte de la información aportada en la presente gestión, se puede determinar que si bien existe un ahorro en la compra solamente de los aditamentos, se debe valorar realmente la satisfacción del interés público y las implicaciones que esto podría generar a un largo plazo.

5 5 Conforme a lo indicado anteriormente, es criterio de este órgano contralor que la solicitud planteada debe ser denegada no sin antes señalar, que una vez que la Administración atienda lo señalado en el presente oficio, podrá someterla nuevamente a nuestro conocimiento. Atentamente, NSM/egm Ci: Archivo Central NI: 19052, G: Edgar Herrera Loaiza Gerente Asociado