TEXTOS BASE PARA CONSULTA A ACTORES NO GUBERNAMENTALES

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1 TEXTOS BASE PARA CONSULTA A ACTORES NO GUBERNAMENTALES Este documento fue elaborado para ser utilizado como base de trabajo y consulta a Actores No Gubernamentales en el marco de la 35ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Enero 2018

2 2 PONER FIN AL HAMBRE Y ERRADICAR TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN Introducción 1. El hambre aumenta en ALC, lo que significa un cambio inaceptable de la tendencia respecto a los avances de las últimas dos décadas. El número de personas subalimentadas en la región se incrementó en 2,4 millones entre 2015 y 2016, alcanzando un total de 42,5 millones, equivalente al 6,6% de la población. 2. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en problemas de preocupación pública, debido a su gran impacto en la salud y el bienestar de millones de personas. La prevalencia de sobrepeso infantil por ejemplo es de un 7%, un punto porcentual por encima de la media mundial. Además los problemas de malnutrición relacionados con la carencia de micronutrientes sigue estando presente en la región. 3. De mantenerse esta tendencia, no se alcanzarán las metas incluidas en el Objetivo Hambre Cero de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este escenario devela por tanto una amenaza a la realización progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada en la región. A. Hambre cero: eliminar el hambre en los territorios más rezagados 4. La meta de erradicar el hambre requerirá de redoblar esfuerzos y direccionarlos hacia los núcleos de población que presentan menores avances, con especial atención a grupos más vulnerables, tales como mujeres, niños y niñas, adultos mayores, y poblaciones indígenas. 5. Lograr hambre cero implica hacer más eficaces y eficientes los esfuerzos, y se requiere de nuevas alianzas para intervenir en los territorios y las poblaciones más vulnerables. En este sentido, la FAO propone cuatro áreas de cooperación: i) Compromiso político renovado. Es imprescindible un compromiso amplio de distintos sectores y actores de la sociedad (gobiernos, parlamentarios, organizaciones sociales, el sector privado y la academia), capaz de dotar de sostenibilidad y legitimidad política y social a los cambios requeridos para alcanzar esta meta. El Plan SAN de la CELAC puede constituir un marco efectivo para propiciar un compromiso político en torno a la erradicación del hambre. El mundo parlamentario se ha convertido también en un aliado para el compromiso político. Los 19 Frentes Parlamentarios contra el Hambre nacionales son una oportunidad para establecer espacios de dialogo e intercambio para desarrollar política pública relaciona con el tema. ii) Políticas, programas y estrategias intersectoriales, focalizadas en territorios y poblaciones rezagadas. Lograr la seguridad alimentaria requiere un enfoque intersectorial e integrado que permita que todas las personas tengan acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada para mantener una vida saludable. Un abordaje intersectorial es

3 3 fundamental para ampliar la cobertura de los programas y perfeccionar los instrumentos de política, para mejorar sus impactos. El trabajo con estas comunidades, muchas de ellas pertenecientes a grupos indígenas, necesitan de una aproximación innovadora desde la política pública, que ponga a los territorios y sus necesidades al centro del diseño de las mismas. La FAO puede apoyar el diseño y la implementación de nuevos programas que mejoren la disponibilidad y el acceso sostenible de productos con alto valor nutricional, la oferta y mejor utilización de los alimentos locales, o el fortalecimiento de capacidades para diversificar los ingresos. Estas iniciativas deben estar vinculadas a los sistemas de protección social y a la ampliación de los servicios de salud y educación. Los programas de alimentación escolar que incluyen componentes de educación nutricional, y la compra directa de productos provenientes de la agricultura familiar pueden ser un buen ejemplo de ello. iii) Inversiones y capacidades para mejorar la implementación de políticas. A pesar de los marcos de política, institucionales y jurídicos existentes, una de las principales dificultades pendientes consiste en la restricción de recursos financieros y de capacidades para su gestión y uso más eficiente. La FAO puede apoyar en el diseño de iniciativas que logren movilizar recursos nacionales y de la cooperación internacional en los territorios con mayores problemas. Es posible trabajar con diferentes sectores para fortalecer sus principales políticas, y también promover el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y la cooperación sur-sur para que los actores nacionales dispongan de mejores instrumentos y mecanismos de gestión y seguimiento de los programas. iv) Sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación: políticas más focalizadas y transparentes. Las decisiones de política basadas en evidencia, que cuenten con datos desagregados por sexo, particularidades étnicas y territorios, mejorarán su eficacia, al mismo tiempo que les otorgarán sostenibilidad en el largo plazo El apoyo técnico de la FAO para capacitar a los actores públicos y sociales con responsabilidad en la generación e interpretación de información es especialmente relevante. Constituye una especial oportunidad el apoyo que se puede ofrecer a los países para generar los indicadores de los ODS relacionados con el hambre y malnutrición. Del mismo modo, puede ayudar a reforzar el rol de seguimiento y evaluación que ya mantienen algunos espacios de gobernanza inclusiva de la seguridad alimentaria y nutricional. B. Mejorar la nutrición: enfrentar el desafío del sobrepeso y obesidad 6. En muchos países de ALC, el aumento de nos niveles de sobrepeso y obesidad tiende a desplazarse hacia grupos de menor ingreso. Este fenómeno también se presenta diferenciado según el género. La proporción de mujeres en edad adulta con obesidad supera a la de los hombres, y en 20 países la diferencia es igual o mayor a 10 puntos porcentuales. 7. Los drásticos cambios de los patrones alimentarios vividos en la región en las últimas tres décadas explican buena parte de la situación. Ha aumentado el consumo de productos con alta concentración de aceites comestibles, grasas saturadas, sodio, azúcares y endulzantes, también se ha

4 4 presentado un incremento en el consumo de calorías y nutrientes provenientes de fuentes animales frente a la disminución en el consumo de legumbres, cereales, frutas y vegetales. 8. Las grandes cadenas de supermercados, empresas transnacionales de alimentos y marcas internacionales de comida rápida han pasado a predominar en el mercado. Existen también intereses que influyen en la producción, el procesamiento, el transporte, la comercialización y el consumo y sobre los denominados ambientes alimentarios y las prácticas culturales. Es necesario implementar estrategias para re-gobernar el sistema alimentario, con énfasis en promover dietas nutritivas y saludables. En este sentido, la FAO propone dos áreas de cooperación: i) Disponibilidad de alimentos variados y saludables. Los sistemas alimentarios deben pasar de alimentar a nutrir adecuadamente a la población. Para ello la FAO puede ayudar a fortalecer acciones en distintas áreas: Incentivar la producción de alimentos saludables (legumbres, frutas, vegetales, hortalizas, etc.) provenientes en los posible de la agricultura familiar; El establecimiento de circuitos cortos, reduciendo la intermediación mediante espacios como ferias libres, mercados tradicionales o tiendas de abasto local, o con la promoción de acuerdos entre productores y cadenas de venta al detalle. El mejoramiento y la modernización del acceso a centrales de abasto y su funcionamiento, como mecanismos que faciliten el acceso a alimentos frescos y saludables para la población de núcleos urbanos y rurales. El fortalecimiento de los programas de compras públicas y la consolidación de los sistemas de abastecimiento de alimentos públicos para garantizar así el abasto de alimentos en caso de shocks de carácter económico o natural. El fortalecimiento del comercio que permita aumentar la oferta de alimentos inocuos y más nutritivos para toda la población, incluyendo la promoción de productos alimenticios más nutritivos, y favoreciendo un comercio que contemple las particularidades culturales y valorice las prácticas culinarias saludables. El establecimiento de alianzas con el sector privado, para promover la presencia de alimentos más diversos y saludables en supermercados y otro tipo de cadenas comerciales, particularmente en las áreas urbanas y rurales más vulnerables. ii) Acceso y consumo de alimentos variados y saludables. Algunas de las iniciativas que tienen efectos positivos en esta área y en las cuales la FAO puede ofrecer su apoyo a los países son: Promoción de los programas de protección social para cerrar la brecha urbano-rural, especialmente referida a los ingresos de las poblaciones más vulnerables, de forma de que puedan cubrir el costo de una dieta más diversa y saludable.

5 5 Inclusión de iniciativas de educación alimentaria y nutricional que permiten fomentar cambios en los hábitos de consumo de la población. El establecimiento de guías alimentarias basadas en alimentos que son instrumentos validados y muy extendidos para la promoción de patrones alimentarios más saludables Regulación de la venta, empaquetado y publicidad de alimentos con altos niveles de azúcar, grasas y sal, para reducir su consumo. Leyes o reglamentos para regular la publicidad dirigida a menores de edad; reglamentos para el etiquetado frontal de alimentos, y regulación y/o prohibición de la venta de estos productos en escuelas.

6 6 HACIA UNA AGENDA TRANSFORMADORA DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE Introducción 9. Pese a los avances en la disminución de la pobreza urbana y rural en términos absolutos desde la década de 1990, en la actualidad la pobreza y la indigencia siguen siendo fenómenos de mayor incidencia en zonas rurales que en las zonas urbanas en América Latina y el Caribe, lo que junto a la ralentización de su disminución en los últimos años plantea un escenario de mayor complejidad, poniendo presión sobre las estrategias de desarrollo económico y las políticas sociales a nivel territorial. 10. Esta situación ha dejado en evidencia los problemas estructurales de las dinámicas del desarrollo actual, las que han sido insuficientes para erradicar los núcleos duros de la pobreza, especialmente de la población rural, que enfrenta múltiples brechas sociales. 11. Hoy se necesita un nuevo abordaje territorial del desarrollo rural que reconozca e incentive la construcción participativa de políticas públicas de carácter multisectorial. Este abordaje debe fomentar la coordinación interinstitucional y tomar en cuenta a las pequeñas y medianas ciudades como elementos centrales para la transformación estructural de las dinámicas del mundo rural. C. Principios para la transformación rural incluyente 12. Diferentes políticas para diferentes realidades. Es fundamental desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, con una mirada hacia la diversidad de los hogares rurales y sus territorios, que vaya más allá de la dimensión netamente agropecuaria. 13. Construcción participativa de políticas públicas con enfoque territorial. Los procesos de construcción de políticas deben ser realizados de forma participativa, incluyendo una diversidad de actores, como las instituciones locales y centrales de gobierno, la sociedad civil y la empresa privada, entre otros. Los Estados deben tomar el liderazgo de estos procesos y generar instancias de participación y diálogo que permitan la construcción colectiva de políticas públicas que sean capaces de apoyar e impulsar el desarrollo incluyente de los territorios, en el marco de estrategias nacionales de desarrollo rural renovadas. 14. Fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil. El empoderamiento de la sociedad civil como un interlocutor válido e informado, es particularmente relevante. Tradicionalmente, los sectores más empobrecidos de la población quedan alejados de los espacios de discusión, sin poder influenciar las decisiones que les afectan directamente, Muchas veces se los considera sólo como beneficiarios de dichas políticas, y no como sujetos activos en la construcción e implementación de las mismas. 15. Estrategias de desarrollo multisectoriales. La atomización y compartimentalización de las políticas públicas, definidas por sectores de actividad o por las diferentes funciones y responsabilidades de los ministerios y secretarías públicas, limitan los impactos sostenibles en los territorios. Se necesita una visión interdisciplinaria y una construcción e implementación coordinada de

7 7 las diferentes políticas sectoriales para poder enfrentar adecuadamente las limitaciones estructurales que enfrentan los hogares, las empresas y los territorios rurales. D. Desencadenar el potencial económico de los territorios rurales 16. Inversiones estratégicas en los territorios. Las asimetrías territoriales hacen necesario dotar a los territorios de activos capaces de generar dinámicas de cohesión social y reducción de la pobreza y la desigualdad, creando además las condiciones para la inversión privada, fundamental para la generación de impactos positivos en las economías locales. La inversión en infraestructura es determinante, pero debe ir de la mano de la inversión social y del fortalecimiento de la gobernanza. 17. Acceso a activos productivos y servicios rurales. Las diversas actividades económicas que se desarrollan en los territorios, constituyen un desafío importante para las políticas públicas vinculadas al acceso y a la competencia por activos productivos (agua, tierra, infraestructura y energía). Por ello, es fundamental la planificación territorial y el diseño de estrategias que tengan en cuenta las ventajas comparativas y de competitividad de los territorios, estrategias que tengan una visión integrada de la economía rural y que consideren la diversificación de actividades y el uso diferenciado de los recursos productivos. Por otro lado, el limitado acceso a servicios ha sido un elemento preponderante en el rezago de los territorios rurales. El bajo acceso a servicios financieros (de crédito, ahorro y seguro) y no financieros (asistencia técnica y de extensión rural, servicios de información de precios, meteorológicos, y otros) repercute en estrategias económicas poco arriesgadas y menos rentables, con bajos niveles de inversión en innovación. Por eso es clave desarrollar nuevos esquemas que combinen de forma innovadora los servicios rurales financieros y no financieros, bajo una mirada más plural e incluyente. 18. Construcción social de mercados. Junto con ampliar el acceso a mercados existentes se debe construir socialmente mercados más permeables a las demandas contemporáneas de una sociedad crecientemente urbanizada y con consumidores más conscientes de su rol, derechos y del impacto de sus actos de consumo. La valorización de atributos culturales, sociales y ambientales en los mercados abre oportunidades para la innovación en las formas de producción, procesamiento y distribución que están al alcance de los agricultores familiares y de los pequeños empresarios rurales de la región. E. No dejar nadie atrás: la dimensión social del desarrollo rural sostenible 19. Protección social integral e incluyente para el medio rural. Junto con medidas de protección social para garantizar los derechos fundamentales de la población, lo que se está viendo en la región es la emergencia de estrategias combinadas de inclusión laboral y productiva para los participantes de programas sociales, ligados al fortalecimiento de sus medios de subsistencia y su vinculación con organizaciones intermedias y circuitos económicos que los habilitan. En esta perspectiva, es fundamental alinear la protección social con las intervenciones en agricultura (y otras actividades económicas) en el marco de estrategias más amplias de desarrollo rural. 20. Políticas adecuadas de empleo rural. Una agenda contemporánea de empleo rural deberá apuntar a la erradicación de las peores formas de explotación y trabajo infantil, y al cumplimiento de los estándares internacionales de empleo decente y seguro, dos aspectos de mucha relevancia en las actividades agrícolas asalariadas. También debe incluir medidas de formación para el trabajo, en sintonía

8 8 con las nuevas tendencias ocupacionales del campo, como el desarrollo de nuevas habilidades vinculadas a gestión, finanzas y contabilidad; asociatividad y cooperativismo; y la formulación y evaluación de proyectos. 21. Para no dejar a nadie atrás, un enfoque diferenciado. Las políticas de desarrollo rural no pueden ser neutras desde el punto de vista de los colectivos de población históricamente más discriminados y perjudicados de las dinámicas imperantes de desarrollo territorial rural. Los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes rurales enfrentan brechas estructurales que impiden su inclusión social y productiva. Dicho proceso de inclusión no sólo pasa por dar acceso preferente a esquemas pertinentes de protección social, inclusión productiva y gobernanza de los recursos naturales, sino que también por implementar procesos de participación en donde estos colectivos puedan ejercer su voz ciudadana. Por ello, es clave una mirada más amplia del mundo rural, que vaya más allá de los aspectos meramente agrícolas o productivos. La revitalización de los territorios rurales es fundamental para que la juventud, la mujer rural y los pueblos indígenas puedan desarrollarse en igualdad de derechos en ellos. F. Renovar y fortalecer la institucionalidad del desarrollo rural en la región 22. La calidad de las instituciones es un determinante clave del desarrollo. Frente a un proceso tan rápido y vigoroso de transformación rural como el que está experimentando la región, se hace necesario contar con una institucionalidad renovada y fortalecida para la promoción de un desarrollo rural más incluyente y sostenible. Para ello, es fundamental renovar no solamente las políticas y sus instrumentos, sino también las capacidades para su implementación de forma más eficaz, ágil e innovadora. 23. Promover el desarrollo rural sostenible no es una tarea que un actor aislado pueda lograr. Enfrentar los retos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, requiere crear nuevas coaliciones y alianzas innovadoras que involucren una gran diversidad de actores sociales gubernamentales y no gubernamentales, públicos y privados.

9 9 AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE AL CLIMA Introducción 24. El crecimiento poblacional y la modificación de los hábitos alimentarios de una población que incrementa su poder adquisitivo demanda el aumento de la producción de alimentos, que a su vez es también alentado por el incremento de la participación de la región en las exportaciones mundiales. 25. La expansión de la producción agrícola ha ido generalmente de la mano del uso intensivo y de la degradación de los recursos naturales, lo que afecta la capacidad de producción agropecuaria. Esto es exacerbado por el cambio climático. 26. Súmase a la necesidad de promover un "gran impulso ambiental" en la agricultura regional, la necesidad de realizar un salto cualitativo en términos sociales, donde el empleo decente, la inclusión productiva de la agricultura familiar campesina, de las mujeres y los jóvenes, permitirá una reducción radical de la desigualdad y generará la economía política del aprendizaje y del cambio climático. G. Reducción del impacto ambiental de los sistemas agroalimentarios 27. Los principales impactos negativos de la agricultura en el ambiente son la erosión del suelo, la salinización de suelos irrigados, la contaminación de suelos y agua por el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, el agotamiento de los acuíferos, la pérdida de la diversidad genética por la deforestación y el uso extensivo de monoculturas, y la emisión de gases de efecto invernadero. 28. Entre los desafíos para la reducción del impacto de los sistemas productivos se pueden mencionar: i) Intensificación sostenible de la producción agrícola (ISPA), lo que implica la incorporación de principios científicos de manejo de los servicios de la biodiversidad y de los ecosistemas en las prácticas agrícolas. ii) Reducción de la huella de carbono de la ganadería, lo que adquiere una gran importancia considerando que la región es responsable de casi el 30% de la producción global de carne de vacuno. iii) Deforestación neta cero, con criterios de sostenibilidad y conservación frente a las prácticas o usos destructivos de los recursos forestales. iv) Combate a la pesca ilegal, considerando que la pesca contribuye a combatir la pobreza y promover la seguridad alimentaria y nutricional. v) Pérdida de recursos vivos y biodiversidad, que son esenciales para la productividad, adaptabilidad y sostenibilidad de la agricultura. H. Gestión de riesgos de desastres para una agricultura resiliente 29. En la región, las instancias subregionales han establecido acuerdos para trabajar de manera conjunta en la gestión de riesgos de desastres, no obstante persisten algunos desafíos importantes:

10 10 i) Institucionalización. Todos los ministerios de agricultura y/o las administraciones técnicas sectoriales deberían tener una unidad dedicada a la gestión del riesgo de desastres que puede estar vinculada a la del cambio climático. ii) Acción preventiva. En el sector agrícola es importante poner atención en el riesgo y no solo en el desastre, y las políticas deben evolucionar desde la gestión de los desastres hacia la gestión del riesgo de desastres. iii) Asignación presupuestaria. La asignación de recursos está todavía concentrada en la respuesta a los desastres, y no en la gestión del riesgo. iv) Inversión en resiliencia a nivel local. Si bien los países han avanzado en los marcos políticos e institucionales para la gestión del riesgo, queda pendiente traducir los esfuerzos a nivel nacional en resultados concretos a nivel local. v) Alerta temprana. Los instrumentos para la gestión de riesgos que más han sido implementados en la región son los sistemas de alerta temprana. Es importante que la respuesta vaya más allá de activar protocolos y que las acciones sean integradas entre los diferentes sectores. vi) Coordinación entre el nivel central y local. Desafortunadamente, las instituciones ministeriales a nivel central no siempre acompañan a las instituciones locales y de protección civil en el terreno en la planificación e implementación de la gestión del riesgo y respuesta. vii) Evaluación de daños y pérdidas. Estas evaluaciones son todavía limitadas en muchos países, pues no siempre están disponibles las capacidades para el efecto. I. Financiamiento climático/ambiental en el sector agropecuario 30. En la región se encuentran alrededor de 16 fondos activos para el financiamiento climático/ambiental. Una fuente importante de financiamiento es el Fondo Verde para el Clima (FVC), instrumento financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y que contribuye a la implementación del Acuerdo de París. Otra fuente importante de recursos para acciones relacionadas con el proceso de transición hacia una agricultura más sostenible y adaptada al cambio climático, es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés). El GEF7 está considerando los siguientes programas de impacto relacionados directamente con la temática agropecuaria: sistemas alimentarios, paisajes amazónicos sostenibles, desarrollo sostenible de la vida silvestre, océanos saludables para la pesca sostenible, restauración de paisajes y cadena de abastecimiento de commodities agrícolas. 31. Es importante que los países promuevan la preparación de un plan de acción para la implementación de la Estrategia Regional de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, que deberá incluir el apoyo a los países para la implementación de las CND. Será importante trabajar también en la preparación e implementación de una Estrategia regional para el financiamiento de proyectos de para la gestión sostenible de los recursos naturales y sistemas agrícolas resilientes.

11 11 J. Desarrollo de marcos políticos estratégicos y de capacidades institucionales para la adaptación de la agricultura al cambio climático 32. La mayoría de los países de la región están trabajando para dar respuesta efectiva a las consecuencias del cambio climático. Reducir la vulnerabilidad al cambio climático e incrementar la capacidad de adaptación, requiere el fortalecimiento de la institucionalidad y la adopción de políticas definidas a través de un trabajo inter-sectorial. 33. Las instituciones rectoras de la política pública relacionada con el cambio climático en los países de la región, enfrentan varios desafíos: i) la necesidad de una mayor articulación de los instrumentos de política pública de diferentes sectores para alcanzar efectos significativos de adaptación; ii) la temporalidad de los procesos de cambio climático y sus impactos. Las acciones de mitigación y adaptación generalmente toman algunos años para alcanzar los resultados, más allá de los cuatro o cinco años de los períodos de gobierno; iii) la menor capacidad de incidencia política de los órganos gestores públicos en material de clima/ambiente, frente a las instituciones gestoras de la macroeconomía. 34. En lo que corresponde a institucionalidad, legislación y políticas públicas sobre el cambio climático, de los 33 países de la región, 10 disponen de instituciones específicas que abordan la temática del cambio climático, 14 tienen leyes específicas o sectoriales o decretos sobre el cambio climático, y 20 han implementado políticas públicas que promueven la adaptación o mitigación al cambio climático.