CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V

Transcripción

1 6552/2016 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/recurso DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de VISTOS Y CONSIDERANDO: El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo: I.- Que a fs. 193/197 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución N 2807/2008, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se había condenado a la firma Confor Guías y a la compañía aseguradora, en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, al pago de ,76 pesos en concepto de tributos, más el ajuste resultante de la aplicación del CER, y los intereses previstos por el artículo 794 del Código Aduanero y; asimismo, le había sido aplicada a la firma importadora una multa de ,45 pesos, equivalentes a dos veces y media el importe de los tributos adeudados. Impuso las costas en un 59% a cargo de la parte actora y en un 41% a cargo del Fisco. Como fundamento, señaló que al amparo del Decreto Nº 1439/96 y mediante el despacho de importación temporal Nº IT M, la firma importadora había ingresado kgs. de papel para la fabricación de guías telefónicas. Puso de manifiesto que en sede administrativa se había reconocido la reexportación de 476,7 kgs. pero se habían considerado en infracción kgs. con base en que la Solicitud del Certificado de Tipificación y Clasificación n no había sido agregada al sumario administrativo mientras que los Certificados de Tipificación y

2 Clasificación n 5732/98 y 6048/98 no tipificaban la mercadería exportada. Posteriormente analizó los permisos de embarque y los certificados de tipificación y clasificación incorporados a la causa y concluyó que mediante el permiso de embarque n EC E se habían reexportado los kilogramos de papel consignados, de manera tal que se hallaban en infracción únicamente ,30 kilogramos. Por otra parte, al igual que lo concluido en sede administrativa, consideró que no debían ser considerados a los efectos cancelatorios los permisos de embarque n /98, /98, /98 y /98 por cuanto las posiciones arancelarias declaradas en ellos no se correspondían con las consignadas en los Certificados de Tipificación y Clasificación, de manera que no amparaban la relación insumo producto comprometida. En diferente orden de ideas, y con base en el principio de iura novit curia, en lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero y en la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente I.49.XLII, IEF Latinoamericana S.A. (TF A) c/dga, del 14 de agosto de 2013 concluyó que no correspondía el pago del derecho adicional previsto en el artículo 23 del Decreto n 1439/96 toda vez que no se había configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación ya que en el caso se trataba de una importación a consumo irregular. Asimismo, y con relación a la procedencia del CER puso de manifiesto que la obligación nació expresada en dólares estadounidenses, por aplicación del artículo 20 de la ley , subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia n , por lo cual consideró que no existían dudas respecto a que aquella resulta alcanzada por la pesificación dispuesta

3 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V por el decreto 214/02. Indicó que si bien en el caso la suma había sido expresada y exigida en pesos al momento de habérsele corrido vista, ello había ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mencionado decreto y no podía válidamente implicar renuncia alguna por parte del servicio aduanero a la aplicación de dicha normativa, de manera tal que dicho coeficiente resultaba plenamente aplicable. Asimismo, precisó que no correspondía aplicar el C.E.R. sobre la percepción del Impuesto a las Ganancias y del IVA adicional, con base en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se remitió a los fundamentos expuestos en dictamen de la Procuradora General, en la causa Volkswagen Argentina S.A. del 23 de agosto de Indicó que correspondía adicionar los intereses previstos en el artículo 794 el Código Aduanero, devengados desde el 16 de agosto de 2004 y hasta la fecha de efectivo pago. Reliquidó las sumas adeudadas por la parte actora en concepto de tributos en ,89 pesos con más el CER y ,86 pesos sin la inclusión del CER, todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde el 16 de agosto de 2004 hasta la fecha de efectivo pago. Por otra parte, a fs. 205, reguló los honorarios de la representación fiscal en pesos, y señaló que aquellos debían ser soportados por las partes de conformidad con la manera en que habían sido impuestas las costas. II.- Que contra la referida sentencia el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 208/211 y por su parte la actora apeló y expresó agravios a fs. 220/229vta, los que fueron replicados por la contraria a fs. 234/238 y 240/243, respectivamente. Asimismo, a fs. 215/216 el Fisco apeló los honorarios regulados a su favor por

4 considerarlos bajos y la parte actora, a fs. 219 y vta. los apeló al considerarlos altos. El Fisco se agravia de que el Tribunal Fiscal de la Nación haya aplicado de oficio lo establecido en el precedente I.49.XLII, IEF Latinoamericana S.A. (TF A) c/dga, del 14 de agosto de 2013 y dispuesto la revocación del derecho adicional establecido en el artículo 23 del Decreto 1439/96. Considera que se trataba de un aspecto consentido por la parte actora y pasado en autoridad de cosa juzgada. Manifiesta asimismo que las facultades previstas en el artículo 1143 del Código Aduanero no le permitían a ese Tribunal apartarse de lo sometido por las partes a su decisión. Asimismo solicita que se revoque la imposición de costas por su orden respecto del derecho adicional que resultó revocado por cuanto considera que se trató de un aspecto que no había sido introducido en la apelación ante el Tribunal Fiscal. Por su parte la actora sostiene que el Tribunal Fiscal realizó una indebida valoración de la prueba ya que considera que, sin perjuicio de que no existe correspondencia entre la posición arancelaria declarada en los permisos de embarque n /97, /97, /97 y /97 ( ) y la consignada en los CTC n 5732/98 y 6048/98 ( ) la descripción del producto exportado es la misma en ambos documentos y, en consecuencia, no es válido concluir que aquella falta de correspondencia determine la inaplicabilidad de los mencionados certificados. Refiere que los CTC indicados en los permisos de embarque tipifican la relación insumo-producto correspondiente al papel importado temporariamente (papel de imprenta color blanco de 36 gramos por metro cuadrado) para la fabricación de guías telefónicas con hojas tamaño 21 cm. x 28 cm. y 21,5 cm. x 27,5 cm., publicaciones que clasifican por la posición arancelaria por la

5 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V cual resultaron exportadas y que fueron descriptos en ambos documentos de manera idéntica. III.- Que, en primer término, corresponde examinar los agravios de la actora, a fin de establecer si efectivamente en el caso se encuentra prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos adeudados y, en caso contrario determinar si existe un saldo de mercadería en infracción sobre el cual deban ser calculados los tributos adeudadas por la compañía aseguradora en los términos del artículo 970 del Código Aduanero y, en tal caso, con posterioridad, corresponde examinar los agravios de la actora relativos a la aplicación del CER y los del Fisco relativos a la manera en que el Tribunal Fiscal dispuso la revocación del derecho adicional e impuso las costas. IV.- Que con relación al planteo de la parte actora respecto a que en la causa se habría vulnerado el principio de celeridad de los procesos, corresponde señalar que el principio del plazo razonable de duración de los procesos fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal, tal como resulta de los términos en que fue redactado el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV Losicer, Jorge Alberto y otros c/bcra del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años. Por tal motivo, y en atención a que en los presentes autos se discute la procedencia de un reclamo estrictamente tributario, toda vez que la multa no es un concepto que

6 le haya sido reclamado a la compañía aseguradora, no cabe aplicar el referido principio. Por otra parte, y en lo que respecta al planteo de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de los tributos, cabe remitir a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General a fs. 263/265. V.- Que, con relación a los agravios relativos a que la mercadería habría sido reexportada cabe señalar que, como regla, las cuestiones de hecho y prueba son ajenas al recurso que autoriza el artículo 1180 del Código Aduanero. En tal sentido, no es posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y los hechos apreciados por el a quo siempre que la valoración de tales aspectos haya sido razonable, o medie un error evidente (conf. C.S.J.N., Fallos: 300:985; C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II Kopousshian Hnos. S.R.L. (T.F A) c/a.n.a., del 21/05/96; Sala IV Banco de Italia y Río de la Plata S.A. -T.F I 24/09/96; "Sika Argentina S.A. (8569-A) c/ ANA", del 20/07/06), supuesto que se da en el caso de autos en la medida en que el Tribunal Fiscal consideró que no podían ser considerados válidos a los efectos cancelatorios los permisos de embarque n /97, /97, /97 y /97 por cuanto las posiciones arancelarias en ellos declaradas no se correspondían con las indicadas en los Certificados de Tipificación y Clasificación comprometidos, mientras que de la lectura de las hojas de descarga de tales permisos de embarque y del detalle del producto a exportar descripto en los mencionados certificados resulta que se trata de exactamente la misma mercadería y; asimismo, se advierte que los porcentajes de merma declarados en los permisos de embarque y los indicados en los certificados son exactamente los mismos. Por tales motivos, no resulta razonable desconocer que mediante los permisos de embarque cuestionados se haya

7 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V exportado la mercadería indicada como producto en los Certificados de Tipificación y Clasificación por el hecho de que no exista correspondencia entre las posiciones arancelarias declaradas. Ello, en la medida en que al momento de documentarse los permisos de embarque cuestionados la descripción de la mercadería necesariamente se realizaba de manera manual y esa descripción permite identificarla de manera indubitable con el producto que se comprometió a exportar en los Certificados de Tipificación y Clasificación (Guías Telefónicas o bien Ejemplares de Publicidad impresos en Hojas Blancas de 36grs por metro cuadrado, de 21,5cm x 27,5cm y de 21cm x 28cm) al igual que se puede establecer la relación de correspondencia entre los kilos de insumo utilizados para la elaboración del producto exportado y la medida de merma recuperable declarada en los permisos de embarque y la comprometida en los Certificados de Tipificación y Clasificación (21,12% de merma recuperable). En consecuencia, y al considerarse válidos los permisos de embarque n /97, /97, /97 y /97 puede concluirse que fueron efectivamente exportados ,08 kilogramos, mientras que ,92 kilogramos representativos precisamente de la medida de la merma recuperable, cuya reexportación o nacionalización no se encuentra acreditada en los presentes autos, deben ser considerados en infracción. VI.- Que, asimismo, y en orden al agravio relativo a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia sobre el monto adeudado en concepto de tributos, cabe señalar que las constancias de la causa resulta que la infracción tuvo lugar el 2 de febrero de 2000, es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley y del decreto 214/02.

8 La deuda por los derechos de importación fue liquidada por primera vez, en pesos, el 29 de mayo de 2003, en ocasión de ser corrida la vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero, y el 19 de mayo de 2008 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución Nº 2807/08, en la que condenó a la firma importadora al pago de la multa y la intimó, juntamente con la compañía aseguradora, al pago de los tributos adeudados. En esa resolución condenatoria, agregada a fs. 87/90vta. de las actuaciones administrativas, el importe adeudado fue expresado en pesos, indicándose expresamente que correspondía el ajuste por aplicación del CER, previsto en el artículo 4º del decreto 214/02. Es preciso señalar que la actualización de la suma reclamada mediante la aplicación del coeficiente en cuestión, constituye un modo de mantener constante, o en una relación de equivalencia aproximada, el valor de la deuda, y, en principio, su aplicación no altera sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada. Más aún si se tiene en cuenta que el ajuste fue dispuesto en forma expresa por normas de orden público, aplicables de oficio por la autoridad que corresponda. De lo contrario, es decir, si el monto de la deuda por tal concepto no fuera actualizado mediante la aplicación del C.E.R. se estaría alterando la relación de necesaria equivalencia entre el monto originalmente adeudado a la Aduana y la cuantía del exigido en último término (Fallos: 301:1002; 311:2152; 317:377; 319:2300; 325:1454; 327:508, entre otros). Asimismo, corresponde añadir que la omisión del servicio aduanero, de incluir el monto relativo a la aplicación del referido coeficiente de actualización sobre el capital adeudado en la primera liquidación tributaria, no obsta a que se lo reclame con posterioridad, pues las resoluciones o actos administrativos dictados en contradicción con las leyes y reglamentaciones aplicables (en la

9 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V especie, en contradicción con lo establecido al respecto en el decreto 214/02) carecen de efectos vinculantes. En tales condiciones, la aplicación del C.E.R a la deuda por tributos efectuada por la aduana y confirmada por el Tribunal Fiscal, resulta ajustada a derecho. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la actora adeuda ,1 pesos más el ajuste por aplicación del CER más ,48 pesos sin la aplicación del CER, en concepto de tributos, más los intereses que devengados desde el 16 de agosto de 2004 hasta la fecha de efectivo pago. En virtud de la manera en que se decide corresponde imponer las costas de ambas instancias en un 9% a cargo de la parte actora y en un 91% a cargo del Fisco. VII.- Que, con relación a los agravios planteados por el Fisco, relativos a que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación excedió el planteo inicial de la accionante, y se pronunció respecto de una cuestión (derecho adicional) que había sido consentida por la parte actora en la medida en que no expresó un agravio concreto respecto a su improcedencia. Al respecto cabe destacar que el principio iura novit curia aplicable analógicamente a los integrantes del tribunal administrativo que dictó la sentencia aquí apelada faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (Fallos: 333:828). Por su parte, el artículo 1143 del Código Aduanero establece que el Tribunal Fiscal de la Nación posee amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes. Además, el artículo 1164 de dicho cuerpo normativo prescribe que la resolución que dicte el tribunal administrativo no podrá contener pronunciamiento respecto

10 de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal. En el sub lite, el ejercicio de dicha potestad aparece plenamente justificado, toda vez que la parte actora controvirtió la totalidad del reclamo tributario que le fuera realizado, incluído el derecho adicional y en el precedente I.49.XLII, IEF Latinoamericana S.A. (TF A) c/dga, del 14 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que no correspondía el pago del derecho adicional previsto en el artículo 23 del Decreto n 1439/96 toda vez que no se había configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación ya que en el caso se trataba de una importación a consumo irregular. Por consiguiente, el pronunciamiento del a quo fundado en el precedente mencionado de la Corte Suprema no puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido, en tanto que el Tribunal Fiscal posee amplias facultades para resolver los litigios que son sometidos a su decisión con independencia de los argumentos jurídicos invocados por las partes y, aun aplicar los criterios del Alto Tribunal en materia de invalidez constitucional de normas. En consecuencia, se rechaza el planteo realizado por la demandada. En igual sentido, esta Sala se expidió en la causa n /2015 caratulada Fiat Auto Argentina S.A. c/dga, del 4 de marzo de 2016 y n 83498/2015 caratulada Pescarmona SAICyF c/dga, del 24 de noviembre de VIII.- Que, en atención a la forma en la que se decide, se torna inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación de los honorarios regulados a favor de la representación fiscal, en atención al contenido del nuevo pronunciamiento. Por ello,

11 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 205 y reenviar las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos de que readecue dicha regulación al resultado del nuevo pronunciamiento. Asimismo, se difieren las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas ante esta instancia hasta tanto sean regulados los honorarios en la instancia anterior. Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, de conformidad con lo establecido en los considerandos IV y V. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco, de conformidad con lo establecido en el considerando VI. 3) Imponer las costas de ambas instancias conforme los respectivos vencimientos, los que se fijan en un 9% a cargo de la parte actora y en un 91% a cargo del Fisco (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 4) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la instancia anterior y remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal para que regule nuevamente los honorarios correspondientes a los trabajos realizados ante esa instancia de conformidad con el contenido de este pronunciamiento. 5) Diferir las regulaciones de honorarios por los actuaciones cumplidas ante esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia anterior. El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani dijo: I. Que en cuanto al relato de los hechos me remito a los considerandos I y II del voto que antecede. II.Que en cuanto al planteo de prescripción opuesto por la parte actora me remito al considerando IV del voto del Dr. Alemany. Asimismo, en relación con el agravio del Fisco Nacional referido a que el tribunal Fiscal se habría excedido al resolver sobre cuestiones no planteadas por la demandada, me remito

12 al dictamen del Sr. Fiscal General de fs. 263/265, específicamente punto 6. III.- Que, en cuanto al fondo de la cuestión adhiero a lo manifestado por el Dr. Alemany en el considerando V; respecto del CER la cuestión debatida en autos exige dilucidar, primeramente, si al cargo aduanero exigido a la firma recurrente corresponde la aplicación del dicho coeficiente regulado en los artículos 4 y 8 del Decreto N 214/02. Al respecto, debe destacarse que -conforme surge de fs. 10 de las actuaciones administrativas-, en la corrida de vista se determinó la deuda en pesos sin efectuar mención alguna al coeficiente en cuestión y es en virtud de esa corrida de vista por la que la compañía aseguradora efectuó sus presentaciones de fs. 17/18 y 32 y vta., siendo incluido el CER en la Resolución Nº 2807/08. Atento a ello, y más allá de que por error u otras razones, la autoridad de aplicación, al momento de liquidar los tributos, no aplicó el artículo 20 de la Ley N , que dispone que las liquidaciones de los tributos aduaneros deben hacerse en dólares estadounidenses, lo cierto es que no puede modificarse la moneda en que aquellas fueron fijadas, en tanto ello importaría un agravamiento de la condena (cfr Sala II in re Acerotecnica Textil SRL y Braga Hnos SA (TF A) c/ DGA del 5/10/2006). De la misma manera, esta Cámara, en una causa sustancialmente análoga, ha dicho que si en el reclamo del servicio aduanero se expresó el crédito en moneda nacional y esa fue la base de la defensa de su contraria, esos son los términos en que se trabó la litis, no pudiéndose luego cambiar, a tenor de una modificación de la relación de cambio de la originaria moneda que ya había sido convertida a moneda nacional al momento de la traba de la litis (cfr Sala IV in re Volkswagen Arg SA (TF A) c/ DGA del 14/12/2007; Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF A c/

13 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V DGA del 01/02/2008; Sala II in re Sevel Argentina SA (TF A c/ DGA del 29/08/2006). Asimismo, en el precedente Editorial Perfil SA (T.F A) c/d.g.a del , la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhirió al dictamen de la Procuradora Fiscal, donde expresaba que aun cuando esa moneda no haya sido la prevista en el art. 20 de la ley , entiendo que resulta prístino que las normas del decreto 214/02 no resultan aplicables dado que, en el sub lite, no hay que transformar a pesos obligación alguna, pues -con independencia del monto resultante tras la discusión de los conceptos que debían incorporarse a la base imponible- la cantidad a pagar no estaba expresada en dólares (arg. arts. 11, 81 y cc. del citado decreto), sino que ya lo estaba en pesos. Por lo expuesto es que corresponde hacer lugar al planteo de la parte actora y revocar la sentencia apelada en este punto. IV.- Que, en cuanto a la imposición de las costas, se imponen conforme sus respectivos vencimientos (art. 71 CPCCN), en ambas instancias, en atención a la forma en que se resuelve; por lo que corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs ASI VOTO.- El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo: I.- Que adhiero al voto del Dr. Alemany, con excepción de lo allí expresado respecto del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), aspecto sobre el cual adhiero al voto del Dr. Gallegos Fedriani. II.- Que en consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y rechazar la apelación del Fisco Nacional. En consecuencia, se revoca parcialmente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación y la Resolución DE

14 PRLA Nº 2807/2008, de acuerdo a lo expresado en los considerandos V del voto del Dr. Alemany y III del voto del Dr. Gallegos Fedriani. Asimismo, corresponde dejar sin efecto los emolumentos profesionales determinados por el tribunal a quo y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones contra esa regulación de honorarios. Las costas se imponen conforme los respectivos vencimientos (art. 71 del CPCCN).ASI VOTO. Por todo lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, rechazar la apelación del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar parcialmente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación y la Resolución DE PRLA Nº 2807/2008, de acuerdo a lo expresado en los considerandos V del voto del Dr. Alemany y III del voto del Dr. Gallegos Fedriani. 2) Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos (art. 71 del CPCCN) 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la instancia anterior y remitir las actuaciones al Tribunal Fiscal para que regule nuevamente los honorarios correspondientes a los trabajos realizados ante esa instancia de conformidad con el contenido de este pronunciamiento. 4) Diferir las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas ante esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Regístrese, notifíquese al Señor Fiscal General en su público despacho y devuélvanse. Jorge F. Alemany (en disidencia parcial) Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani