A L E G A C I O N E S

Transcripción

1 Tribunal Supremo Sala de lo Penal Causa Especial nº 20907/2017 Pieza Personal: Jordi Sànchez AL EXCMO. SR. INSTRUCTOR PARA ANTE LA EXCMA. SALA ANÍBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales, actuando en representación del Ilustre Sr. JORDI SÀNCHEZ I PICANYOL, diputado al Parlament de Catalunya, cuya representación tengo debidamente acreditada en autos, ante el Excmo. Sr. Instructor comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: Que habiéndoseme notificado Auto de 9 de marzo de 2018 por el que, entre otros pronunciamientos, se deniega el permiso extraordinario solicitado por mi mandante para acudir al pleno de investidura del Parlament de Catalunya y, estando en desacuerdo con dicha resolución, procedo a interponer contra ella RECURSO DE APELACIÓN, que baso en las siguientes A L E G A C I O N E S PRIMERA.- resolución Objeto del recurso y extrema urgencia en su El presente recurso se centra en una única cuestión, a saber, la denegación a mi mandante del permiso solicitado al amparo de los art. 47 y 48 LOGP para poder acudir, con las oportunas medidas de seguridad, al Pleno de Investidura 1

2 en el que debe defender ante la Cámara parlamentaria su candidatura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña tras haber sido propuesto para ello por el Presidente del Parlament, previas consultas a los grupos parlamentarios. Dada la suma excepcionalidad de los intereses en juego ya no sólo los derechos políticos del Sr. Sànchez, sino de los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura y la credibilidad del propio sistema democrático- esta representación solicita al Excm. Sr. Instructor que se tramite el presente recurso por trámite de urgencia y en su momento, a la Excma. Sala que resuelva el presente recurso, como ya hizo en su día el Sr. Instructor, con la máxima celeridad posible. Así, si bien el Pleno de investidura previsto para el día 12/03/2018 ha quedado por el momento en suspenso, resulta a todas luces evidente que el Presidente del Parlament no puede esperar indefinidamente a saber si el candidato Jordi Sànchez podrá o no acudir al Pleno, máxime teniendo en cuenta que, de manera ciertamente discutible, el Tribunal Constitucional ha interpretado (cautelarmente) que la investidura tiene que ser presencial a propósito del candidato Carles Puigdemont. Por ello, cualquier demora en la resolución de este recurso por parte del Tribunal puede suponer la frustración irremediable de los legítimos derechos de mi mandante, lo que sucederá si su candidatura se considera definitivamente decaída por el Presidente del Parlament y éste decide dar paso a otros candidatos. Dada la urgencia del caso, esta defensa renuncia a cuestionar en el presente recurso los restantes pronunciamientos contenidos en el Auto (la denegación de libertad de Jordi Sànchez habida cuenta por lo demás que ya pende ante la Superioridad recurso de apelación sobre la situación personal de mi principal, y por ello sería redundante- y la denegación adicional de ciertas 2

3 diligencias) sin que ello suponga, de ninguna manera, la conformidad de esta defensa con dichas decisiones, antes al contrario. Sucede, sin embargo, que siendo mucho más perentoria la cuestión del permiso penitenciario se opta por centrar el recurso en esta única cuestión para facilitar una respuesta urgente por parte de la Excma. Sala. SEGUNDA.- Vulneración de derechos fundamentales de mi mandante, de derechos fundamentales de sus votantes y grave lesión de valores fundamentales del ordenamiento constitucional, como la democracia, el pluralismo político, la autonomía política de Cataluña y la división de poderes, motivada por la denegación del permiso solicitado Los arts. 47 y 48 de la Ley Orgánica General Penitenciaria permiten el otorgamiento de permisos de excarcelación a los presos preventivos cuando concurran importantes motivos y salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo desaconsejen. Como esta defensa sostuvo ya en el escrito de solicitud del permiso denegado, la aplicación de este precepto requiere de la ponderación por parte del Magistrado Instructor de todos los motivos a favor y en contra de la concesión del permiso. Por un lado, cabe constatar que la denegación a un parlamentario democráticamente elegido de la posibilidad de acudir al Pleno de investidura al que ha sido propuesto como candidato a presidente comporta graves lesiones de derechos fundamentales y es una decisión que socava gravemente algunos de los pilares básicos de cualquier sistema constitucional. Tales afectaciones son las siguientes: 1. Vulneración del art. 23 de la Constitución, del art. 3 del Protocolo 1 adicional al Convenio Europeo de Derechos 3

4 Humanos y del art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen los derechos a la participación política y al acceso a los cargos públicos. En el presente caso dicha vulneración tiene una dimensión tanto individual (se está impidiendo a un diputado inocente y que goza plenamente de sus derechos políticos acceder a un determinado cargo) como también colectiva, pues con ella se ve frustrada la voluntad de los más de dos millones de personas que en las elecciones del 21/12/2017 votaron a partidos políticos que eventualmente podrían dar apoyo a la candidatura de mi mandante. 2. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 CE, 6.2 CEDH y 14.2 PIDCyP. La privación al Sr. Sànchez de la posibilidad de defender su candidatura comporta la evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito. En tal sentido, conviene señalar que la única medida cautelar que comporta suspensión de funciones públicas en Derecho español está prevista en el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un precepto cuya aplicación al caso es sumamente dudosa ratione materiae y totalmente inviable procesalmente por cuanto no ha recaído Auto de procesamiento firme en la presente causa. Por lo demás, su condición temporal de preso preventivo en modo alguno le impediría el ejercicio del cargo durante la estancia en prisión, pues prácticamente todas las funciones del presidente de la Generalitat son delegables según dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 67.9) y la Ley 13/2008 de la Presidencia de la Generalitat (art. 12.2). 3. Vulneración al derecho de expresión de opiniones políticas, reconocido en los arts. 20 CE, 10 CEDH y 19 PIDCyP, por cuanto una de las razones básicas por las que se ha denegado el permiso solicitado por mi mandante es el 4

5 riesgo de que en su discurso parlamentario pueda incurrir en algún supuesto nuevo delito, una afirmación que sólo es posible si se pasa por alto los arts. 71 CE y 57 del Estatuto de Cataluña, que reconocen a los diputados inviolabilidad por las opiniones que puedan manifestar en el ejercicio de sus cargos. 4. Finalmente, la privación al candidato de la posibilidad de acudir al pleno lesiona otros muchos valores constitucionales: suponen una grave restricción de la democracia como valor superior del ordenamiento constitucional español, por cuanto se impide a una cámara parlamentaria designada por sufragio escoger al candidato con más apoyos; supone una vulneración del derecho al pluralismo político, por cuanto, aduciendo para la denegación un posible riesgo de reiteración, se criminalizan determinadas ideas que el candidato pueda llegar a proponer aun cuando su realización se proponga por vías pacíficas y legales; comporta una grave limitación del derecho de Cataluña a la autonomía política reconocida en el art. 2 CE, pues se impide a su Parlamento designar al candidato con más apoyos; y, finalmente, algunos pasajes del Auto contienen consideraciones de oportunidad política totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes. En concreto cuando el Sr. Instructor afirma: la restricción de la capacidad de representación que aquí se impone: a) Afecta a un candidato en quien, al iniciarse el proceso electoral, ya concurría la privación de libertad que condiciona hoy su representación; b) Se trata de un candidato que, además de estar privado de libertad al momento de iniciarse los comicios, no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama; c) La candidatura presenta otros integrantes, todos ellos con el mismo número de apoyos en los electores, en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse y d) La decisión 5

6 no priva al Sr. Sánchez de que pueda participar en las decisiones parlamentarias mediante la delegación de su voto. Con los debidos respetos, resulta sencillamente inaudito que, en un sistema donde rige la división de poderes, un Tribunal efectúe tan abiertamente manifestaciones acerca de la oportunidad política de elegir a unos candidatos y no a otros por parte de un Parlamento. Todos los anteriores son, sucintamente, los intereses lesionados con la decisión del Sr. Instructor Qué intereses pretenden protegerse con dicha denegación? 1. Por un lado, el Sr. Magistrado alude en su Auto a posibles riesgos para el orden público en la conducción del candidato manifestando que la conducción vigilada que se peticiona no aporta la contención precisa para un traslado seguro. Con los debidos respetos, esta defensa no logra saber en qué se basa el Sr. Instructor para sostener tal afirmación Cuáles son sus evidencias empíricas para valorar si existe o no tal riesgo? Que sin justificación alguna se sostenga que en un determinado traslado de un preso puede haber riesgos sin citar un solo dato que avale tal afirmación lleva a entender que tal juicio se basa en puras intuiciones personales, que no deberían ser nunca la base de decisiones judiciales tan gravosas como las que se están adoptando en el presente caso. 2. El segundo factor al que se alude es la posibilidad de que el recluso reincida durante su permiso penitenciario. Tal afirmación, sin embargo, resulta chocante. En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sánchez una nueva sedición o rebelión? Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament? Este es el único momento en el que parece que el diputado podría cometer un delito, pues como ya antes se ha expuesto, si lo 6

7 que ha pretendido sostener el Sr. Magistrado es que el delito se podría cometer en la alocución del candidato ante la cámara tal afirmación sólo es posible sostenerla pasando absolutamente por alto la inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios. En otras palabras: el riesgo de reiteración aludido para denegar el permiso lo es de la comisión de delitos sencillamente imposibles, ya sea física o constitucionalmente. En resumen: el resultado de la ponderación efectuada entre motivos a favor y motivos en contra del permiso es tan abrumadora a favor de los primeros que no requiere mucha más argumentación. En un sistema democrático mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas nunca riesgos sobre el orden público basados en intuiciones personales o riesgos de futuros delitos de improbabilísima comisión pueden legitimar vulneraciones ciertas e irreparables de tantos derechos fundamentales y de tan diversos valores constitucionales como los aludidos. Tan evidente es ello que el único precedente que el Sr. Instructor ha podido citar en apoyo de su decisión es una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (y no del TEDH, como se dice erróneamente en el Auto) sobre el caso Delvigne v. Francia, un supuesto de privación del derecho de sufragio activo a un ciudadano condenado por delito grave que no tiene absolutamente nada que ver con el supuesto aquí estudiado, en el que el recurrente goza de la presunción de inocencia. Por ello se solicita a la Sala que revoque la decisión denegatoria y otorgue el permiso solicitado. Por todo lo expuesto: 7

8 AL SR. INSTRUCTOR SOLICITO: que tenga por presentado en tiempo y forma este recurso y proceda a su tramitación urgente. OTROSÍ DIGO: que para la sustanciación del recurso se testimonie el escrito de petición de libertad y permiso presentado por esta defensa, así como el Auto impugnado. A LA EXCMA. SALA SOLICITO: que de conformidad con lo solicitado estime el presente recurso y, revocando la resolución impugnada, otorgue a la mayor brevedad posible al candidato Jordi Sánchez el permiso interesado. En Madrid, a 12 de marzo de 2018 Ltdo. Jordi Pina Massachs MOLINS & SILVA 8