Revista de divulgación de estudiantes, egresados y profesores de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

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1 Revista de divulgación de estudiantes, egresados y profesores de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

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3 EDICION 7 Revista de divulgación de estudiantes, egresados y profesores de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

4 A C T U A L I D A D J U R Í D I C A Actualidad Jurídica 2015, Universidad del Norte Rector Jesús Ferro Bayona Decana de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Silvia Gloria De Vivo Editora Linda Ospino Arredondo Comité editorial Andrea Ariza Lascarro Alfredo Bula Beleño Enith Bula Beleño Gabriel Buitrago Cueto Juan Miguel Cortés Quintero Gabriela De Ávila Abuabara María Camila De la Hoz Gómez Orlando De la Hoz Orozco Giancarlo Freja Tatis Sandra González Botero Carolina Gómez Urueta Cindy Hawkins Rada Walter Hernández Gacham Angie Hinestroza Olascuaga Esteban Lagos González Javier Lizcano Villalba Freddy Lozano Reyes Franklin Martínez Martínez Jahel Mendoza Barrios Pedro Montero Linares Ana María Naranjo Cortés Meylin Ortiz Torres Juan Pablo Sarmiento Erazo Daniela Peñaranda Bolaño Sally Schuster De Hart Maikol Tovar Magdaniel Melanie Vangrieken Alvarado Luis Felipe Velásquez Lyons Alexandra Verano Urueta Corrección de estilo Emilce Restrepo Diagramación Jorge Arenas Potes 4 Universidad del Norte Km.5 Vía Puerto Colombia Barranquilla, Colombia

5 Procedencia de la acción de tutela frente al pago de pólizas de seguro Gabriel E. Buitrago Cueto 1 Sentencia: T-222 de 2014 Corporación: Corte Constitucional de Colombia Magistrado ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva La sentencia objeto de este análisis reúne tres expedientes que por sus similitudes fueron acumulados para su estudio por parte de la Corte Constitucional. Todos los accionantes: adquirieron créditos con entidades financieras, los cuales estaban respaldados por contratos de seguro suscritos con diferentes aseguradoras. Estas garantías operarían por muerte o pérdida de capacidad laboral en porcentaje mayor al 50%. Efectivamente, por distintas causas, los peticionarios fueron calificados con invalidez y, pese a ello, las aseguradoras 1 Estudiante de décimo semestre de Derecho de la Universidad del Norte. Barranquilla (Colombia). Monitor académico de las asignaturas Obligaciones II, Legislación Empresarial II, Derecho Comercial y Procedimiento Civil Especial. Miembro del Semillero de Investigadores de la Universidad del Norte. Nominado al cuadro de honor de Consultorio Jurídico en dos ocasiones. Actualmente miembro del comité evaluador de la revista de estudiantes y profesores Actualidad Jurídica. se negaron a pagar la póliza de los seguros argumentando que la enfermedad adquirida fue anterior a la celebración del contrato. Es decir, alegaron preexistencia. (Corte Constitucional Sentencia, T-222 de 2014) Sin embargo, en este escrito se analizará únicamente el expediente T : Argemiro Arzuaga vs. Seguros de Vida Suramericana S. A. y Bancolombia S. A. 1. PROBLEMA JURÍDICO Existe vulneración de los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital de los deudores de un crédito por la decisión de una aseguradora de negarse a pagar la póliza del seguro de vida por el riesgo de invalidez argumentando que la enfermedad causante de la pérdida de capacidad laboral fue adquirida antes de la celebración del contrato de seguro? 55

6 A C T U A L I D A D J U R Í D I C A EXPEDIENTE 2.1. T : Argemiro Arzuaga vs. Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S. A HECHOS El accionante suscribió un contrato de mutuo por casi veinticinco millones de pesos con Bancolombia S.A., que le exigió adquirir un seguro con el fin de acceder al préstamo para la compra de su vehículo nuevo. Fue así como el peticionario contrajo un contrato de seguro Individual Grupo Deudores con la empresa Seguros de Vida Suramericana S.A. Esta póliza operaría por muerte o incapacidad total y permanente del asegurado. En caso de ocurrir dichos eventos, la aseguradora pagaría el saldo insoluto de la obligación. Posteriormente, la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA dictaminó que el tutelante sufría una pérdida de capacidad laboral del % a raíz del padecimiento de varias enfermedades físicas y del sistema inmune. Tras esta valoración, el actor presentó reclamación a la aseguradora para hacer valer la póliza y solicitó la indemnización contenida en dicha póliza. Sin embargo, la compañía de seguros se negó a la petición del tutelante, pues dijo que al momento de adquirir la póliza el señor Arzuaga ya se encontraba enfermo. Asimismo, en el escrito de tutela el accionante señaló que se encuentra en una condición precaria, pues al no poder trabajar carece de recursos para continuar con el pago de las cuotas mensuales del crédito, dado que tiene que mantenerse a sí mismo y a su núcleo familiar, que se compone de sus tres hijos menores y su cónyuge. Por estos motivos solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, igualdad, derecho al debido proceso y derecho al mínimo vital. La entidad bancaria respondió a lo anterior diciendo que el accionante debió acudir a la jurisdicción ordinaria y no a la acción de tutela, toda vez que se discute un asunto netamente contractual. De esto último hizo eco la aseguradora, que además agregó que el actor incurrió en reticencia DECISIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA El juez de primera instancia negó el amparo constitucional por estimar que el accionante tenía otros medios de defensa, como acudir a la jurisdicción ordinaria. Por su parte, el juez de segunda instancia ratificó lo dicho por el a quo utilizando los mismos argumentos y negando nuevamente el amparo constitucional al actor CONSIDERACIONES La Corte empieza aseverando que efectivamente, y tal y como lo manifestó el accionado, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional la acción de tutela en principio no es el mecanismo adecuado para exigir el cumplimiento de un contrato de seguro. No obstante, manifiesta que en algunos casos (como por ejemplo, aquellos en los que se vulneren derechos fundamentales) la acción de tutela sí es el mecanismo idóneo, toda vez que la jurisdicción ordinaria no es el medio más ágil ni eficaz para cesar la vulneración de tales derechos. Analizando el caso más a fondo, la Corte encontró que la incapacidad del accionante a raíz de sus padecimientos no solo configura el siniestro asegurado pactado en el contrato de seguros, sino que también sitúa al asegurado en condición de vulnerabilidad, pues por sus problemas de salud, se encuentra en una condición de discapacidad que le impide desarrollar su vida como lo venía haciendo (Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014). Es

7 por ello que el caso del señor Argemiro Arzuaga adquiere relevancia constitucional, configurándose así otra razón por la cual la justicia ordinaria no es el mecanismo de protección idóneo. No obstante, la Corte también hace hincapié en que no siempre que el accionante presente condición de discapacidad podrá recurrirse a la acción de tutela para lograr el pago de la póliza de seguros, sino que únicamente en aquellos casos en los que la persona con discapacidad carezca de los recursos suficientes para continuar efectuando el pago de la póliza (como ocurre en el caso en cuestión) procederá esta acción constitucional. Ello con el fin de no tergiversar el alcance de este mecanismo de protección, ya que la esencia misma del contrato de seguro dejaría de existir si la tutela sirviera como el mecanismo para desconocer las cláusulas de un contrato (Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014). Ahora bien, la Corte procede a analizar si el fenómeno de la reticencia aplica al caso en concreto. Empieza enfatizando en que la reticencia no es sinónimo de preexistencia, toda vez que la preexistencia es un hecho objetivo, mientras que la reticencia es un hecho subjetivo, que se fundamenta en la mala fe y, por consiguiente, necesita ser probado. Añade la Corte que la aseguradora no podrá alegar reticencia si no realizó los exámenes médicos pertinentes o si no le solicitó al futuro asegurado dichos exámenes. Ello por cuanto de no hacerse tales exámenes difícilmente se podrá establecer la onerosidad del seguro o decidir sobre su no celebración. Observa el alto tribunal constitucional que la aseguradora no realizó ni solicitó los exámenes descritos anteriormente, ni mucho menos demostró la mala fe del asegurado, sino que se limitó únicamente a señalar un caso de preexistencia DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional decide conceder el amparo a los derechos fundamentales del señor Argemiro Arzuaga Manjarrez. En consecuencia, ordena a la Compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. cancelar la póliza correspondiente, y como tal, pagar el saldo insoluto de la obligación adquirida con el Banco Bancolombia S. A. En caso de haberse iniciado algún proceso judicial en contra del peticionario, ordenó levantarse y dar por terminado cualquier proceso en su contra. 3. CONCLUSIONES La acción de tutela para obtener el pago de una póliza de seguros solo procederá cuando el accionante carezca de los recursos económicos suficientes para seguir efectuando el pago de la obligación principal, y no únicamente por encontrarse en situación de discapacidad. Las aseguradoras no podrán alegar reticencia si no realizaron los exámenes médicos pertinentes antes de la celebración del contrato de seguros. 4. COMENTARIOS En esta sentencia la Corte Constitucional sigue la línea jurisprudencial que años atrás había adoptado, hace eco de ella. Es así como en materia de procedencia de la acción de tutela frente a contratos de seguro, en la Sentencia T-751 de 2012 dijo: al referirse a las compañías de seguros, esta Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter contractual, cuando estén amenazados derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional. Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica no tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital de una persona puede ser viable la acción de tutela para amparar tales dere- 57

8 A C T U A L I D A D J U R Í D I C A chos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del medio ordinario de defensa judicial (La negrilla no es del texto). Asimismo, al hablar sobre la obligatoriedad de la realización de los exámenes médicos previos a la celebración del contrato de seguro es imperativo mencionar la Sentencia T-152 de 2006 respecto de la realización de completos y exhaustivos exámenes de ingreso: Para los efectos de establecer la cobertura del contrato de seguros médicos, la jurisprudencia ha sostenido que cuando una persona ingrese al sistema de medicina prepagada o contrate un seguro en salud, la entidad aseguradora o de Medicina Prepagada están en el deber de exigirle al futuro afiliado la realización de completos y exhaustivos exámenes de ingreso. Los exámenes deben ser lo suficientemente rigurosos como para poder establecer con exactitud su condición física y por lo tanto las preexistencias o exclusiones respecto de las cuales no se dará cubrimiento alguno. Si no se practica el examen de ingreso, ni la Compañía de Medicina Prepagada ni la Compañía de Seguros Médicos pueden abstenerse de prestar o cubrir un servicio, alegando una preexistencia o una exclusión de servicio que no fue consecuencia del examen físico de ingreso y que no aparece expresamente contenido en el acto o contrato La posición de la Corte es acertada por cuanto la justicia ordinaria no es el medio más ágil para hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos. La acción de tutela, en virtud del principio de inmediatez, constituye la vía más rápida y efectiva para salvaguardar los derechos de los asociados. Por su parte, considero que las aseguradoras no pueden endosar a los futuros asegurados la responsabilidad que recae en ellas de verificar las condiciones de salud de los mismos, porque ello significaría la obtención de un beneficio directo de la culpa grave en la que incurren por no ser diligentes a la hora de realizar los exámenes pertinentes. BIBLIOGRAFÍA Colombia, Corte Constitucional (2014, abril). Sentencia T - 222, M. P. L. E. Vargas Silva. Colombia, Corte Constitucional (2012, septiembre). Sentencia T - 751, M. P. M. V. Calle Correa. Colombia, Corte Constitucional (2006, febrero). Sentencia T - 152, M. P. R. Escobar Gil. 58