Exp: CO Res: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con seis minutos del cinco

Transcripción

1 Exp: CO Res: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con seis minutos del cinco de marzo del dos mil tres.- Recurso de amparo interpuesto por Edwin Fletes Fonseca, portador de la cédula de identidad número ; contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas y cincuenta y ocho minutos del veinte de enero del dos mil tres, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el que manifiesta que el Instituto accionado ha emitido un "estado de cuenta actual", a nombre Edwin Flores Fonseca, portador de la cédula de identidad número , en el cual se detallan una serie de facturas pendientes. Señala que dicho estado de cuenta, le ha sido enviado a pesar de que su nombre y número de cédula son diferentes. Indica que además esa autoridad, en forma ilegítima, ha procedido a suspenderle su servicio de agua potable, sin verificar fehacientemente, si en realidad era deudor de las sumas indicadas en el estado de cuenta referido. El recurrente estima que se ha violado, en su perjuicio, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política y por ello solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- Informa bajo juramento Everardo Rodríguez Bastos, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 7), que el servicio que es tema de estudio en este amparo corresponde al número facturado a nombre de Edwin Flores Fonseca. Señala que ese servicio fue suspendido por AyA el dos de abril del dos mil dos por presentar facturaciones pendientes de pago de una deuda que ascendía a un monto de ciento dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones con diez céntimos; suma que no incluye recargos por mora. Indica que se le garantizó al recurrente el debido proceso pues previo a la suspensión del servicio, se otorgó un plazo de diez días hábiles para normalizar la deuda y después de ello se generó en el sistema de facturación la orden de corta del servicio por no pago oportuno de la deuda, la cual se hizo efectiva con la suspensión del servicio en el campo el dos de abril del dos mil dos. Manifiesta que la fuente pública

2 que abastece esa propiedad fue instalada aproximadamente cien metros al norte de la propiedad del interesado. Agrega que después de efectuarse la suspensión del servicio, se realizó una inspección en el sitio y se comprobó que el servicio se había conectado de manera ilícita pues tenía una conexión directa sin haber formalizado la reconexión ni normalizado la deuda, por lo que se procedió a eliminar la conexión fraudulenta. Considera que la actuación de su representada no lesiona los derechos del recurrente y por ello solicita que se declare sin lugar el recurso. 3.- En resolución de Magistrado Instructor de las quince horas cincuenta y siete minutos del dieciocho de febrero del dos mil tres (folio 29), se solicitó al recurrido que se pronunciara en relación con el alegato del recurrente según el cual se le suspendió el servicio de agua a pesar de que sus datos personales no coinciden con los del deudor. 4.- En atención a la audiencia conferida informa bajo juramento Everardo Rodríguez Bastos en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 38), que según el informe contenido en el oficio CTM del encargado de Area del Centro Técnico, la no coincidencia en cuanto al nombre del recurrente y el nombre registrado en el sistema de facturación (Edwin Flores Fonseca), obedece a que la propiedad inmueble donde reside el recurrente fue encontrada conectada ilícitamente a la prevista de agua potable en el mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, razón por la cual, acatando lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de Prestación de Servicios, se procedió con la inclusión de oficio del servicio en el anterior sistema de facturación. Indica que no siempre que se incluye una conexión ilícita A y A cuenta con todos los elementos necesarios para lograr una información veraz por lo que los inspectores recurren a anotar los datos que se les suministren por parte del cliente o vecinos y en este caso particular, el error se dio en el primer apellido pues se registró como Flores siendo lo correcto Fletes, lo que podría tratarse de un error de fonética pues el nombre y el segundo apellido coinciden a plenitud con el nombre real del recurrente además de que efectivamente el servicio que fue suspendido por falta de pago abastece la propiedad donde reside Fletes Fonseca lo que demuestra que a pesar de que el primer apellido no coincide, el servicio si abastece ese inmueble. En lo que se refiere al número de cédula, indica que ocurre la

3 misma situación pues el inspector no obtuvo el número correcto y en vista de que el sistema de facturación anterior requería que se llenara la casilla correspondiente al número de cédula, se procedió a incorporar una numeración ficticia. Agrega que en agosto de mil novecientos noventa y nueve A y A, implementó un nuevo sistema de facturación denominado Sistema Comercial Integrado al cual le fueron trasladados todos los registros del sistema anterior y en vista de que también exigía el número de cédula, a fin de evitar conflictos de actualización, se procedió a incluir en el caso concreto, el número del servicio en la casilla del número de cédula por lo que el número que aparece en la casilla de la cédula es el número de identificación del servicio. Manifiesta que a pesar de lo anterior, el inmueble ha tenido y disfrutado del servicio de agua potable desde octubre de mil novecientos noventa y siete y a pesar de que se registró el servicio, el cliente no cancelaba lo correspondiente al uso del líquido que hacía. Indica que A y A no suspendía el servicio en ese entonces por tratarse de un servicio fijo que no tenía hidrómetro y fue hasta el dieciséis de noviembre del dos mil uno que se intervino la paja de agua donde se instaló un hidrómetro con lectura 0000 M3 el cual registró un consumo de 137 M3 al dos de abril del dos mil dos y fue en esa fecha cuando se suspendió el servicio por falta de pago; servicio que fue usado a plenitud pues en ciento dieciséis días registró un consumo de 137 M3, lo que señala un promedio de consumo de 23 M3 mensuales. Manifiesta que actualmente A y A se encuentra en negociaciones con el I.C.E. a fin de que este último ceda la base de datos para actualizar la mayoría de los números de cédula y teléfonos de los clientes de A y A. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el magistrado Mora Mora; y, Considerando: I.- Sobre el fondo. Del diagnóstico efectuado al expediente y especialmente, a partir de los informes rendidos bajo la fe del juramento por la autoridad recurrida, la Sala concluye que efectivamente se le suspendió al recurrente el servicio de agua, pero tal suspensión no puede ser considera ilegal o arbitraria sino que se fundamenta en un hecho concreto y real que es la falta de pago del servicio brindado. Ahora

4 bien, sobre la desconexión de un servicio básico de carácter esencial como se trata del agua, se ha dicho que éste debe cumplir algunos requisitos y garantías mínimas. Al respecto, debe recordarse que la Sala Constitucional en otras oportunidades siguiendo lo dispuesto por la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Ley General de Salud y la Ley de Agua- ha sostenido que no es posible interrumpir el suministro de agua potable cuando no se haya instalado previamente una fuente pública de dónde los afectados puedan surtirse de ese preciado líquido a fin de no privarlos del líquido vital y no causar un problema a la salud pública (ver en ese sentido sentencias número de las quince horas cincuenta y cinco minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y dos; de las quince horas quince minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, entre otras). También ha dicho la Sala que los principios constitucionales que conforman lo dispuesto en artículos 21 y 33 de nuestra Constitución Política, no sólo comprenden el deber del Estado de respetar la vida humana y el de su protección ante la acción de terceros, sino también, la garantía a un modo digno de vida para el que debe procurarse los recursos necesarios que lo hagan posible pues aquel derecho no puede circunscribirse al de mera subsistencia; encontrándose dentro de esos recursos, precisamente el agua. II.- Ahora bien, a partir de lo anterior y visto el caso concreto, de acuerdo con lo previsto por la legislación existente en la materia, sólo se podrá ordenar la suspensión del servicio de agua potable por demora en el pago, previa notificación y otorgamiento de un plazo de cancelación y previa instalación de fuente pública. En el caso bajo estudio, la Sala observa que se le suspendió el servicio de agua al recurrente por falta de pago, pero también se observa que, previo a ello, se hizo la notificación correspondiente de la deuda y se le otorgó al recurrente un plazo de diez días para que realizara el pago como correspondía; sin embargo, el recurrente no canceló la deuda ni llegó a ningún arreglo de pago con la institución y por ello, se hizo indispensable decretar la suspensión del servicio, la cual se hizo previa instalación de la correspondiente fuente pública en las cercanías de la vivienda del interesado. III.- Por otra parte, carece de relevancia para los efectos de este

5 amparo, el alegato del recurrente según el cual se le desconectó el servicio a pesar de que sus datos personales no coincidían con los del supuesto deudor pues tal y como se desprende del segundo informe rendido bajo juramento a esta Sala por parte del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se cometió un error al incluir el primer apellido del recurrente a la base de datos del anterior sistema de facturación así como tampoco se contaba con el número de cédula correcto del recurrente, pero ello no fue obstáculo para denegar el servicio que se estuvo brindando de manera ininterrumpida hasta que se ordenó la desconexión por falta de pago. Aunado a lo anterior, según se afirma también bajo juramento, todos los demás datos como localización y dirección del recurrente sí coinciden, por lo cual no hay duda de que la deuda por falta de pago que originó la suspensión del servicio, es del recurrente. IV.- Así las cosas, no se estima que se hayan lesionado los derechos del recurrente ni los de su familia por cuanto, si bien es cierto se ha dado una suspensión del servicio de suministro de agua potable, lo cierto del caso es que esa medida no se adoptó de manera arbitraria ni desproporcionada, sino dentro del marco legalmente establecido para ello pues como se comprobó supra, el recurrente tiene una deuda pendiente con la Institución por el suministro de agua desde mil novecientos noventa y nueve que no ha cancelado a la fecha y respecto de la cual tampoco ha llegado a ningún acuerdo de pago y a pesar de que se le hizo la prevención correspondiente y se le otorgó diez días para arreglar su situación, se negó y por ende, la suspensión del servicio se encuentra autorizada, sobre todo si se toma en cuenta que se hizo la adecuada instalación de la fuente pública, aún cuando, posteriormente, se logró demostrar que el recurrente ha hecho uso fraudulento de la misma, ello a partir de una inspección realizada el trece de enero del dos mil tres. Por tales razones, al estimarse que no se ha lesionado ningún derecho fundamental en perjuicio del amparado, no procede más que la desestimación del recurso, como en efecto se ordena. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.

6 Luis Fernando Solano C. Presidente Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. 162*