RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA

Transcripción

1 Comisión Jurídica de Extremadura C/ Godofredo Ortega y Muñoz, Badajoz Tel: Fax: secretaria.cj@juntaex.es JUNTA DE EXTREMADURA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN Nº 10/2018, de 8 de marzo. Recurso especial en materia de contratación registrado con el número RC 034/2018 interpuesto por don José Luis en representación de la empresa AGROINGAS, SL contra la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio de fecha 15 de enero de 2018 por la que se renuncia al procedimiento de licitación para la contratación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias por lotes (26 lotes), expediente 1732SE1FR356. Ha sido ponente doña Mª Concepción Montero Gómez, acordándose la resolución por unanimidad, y resultando los siguientes, I. ANTECEDENTES. 1.- Con fecha 27 de febrero de 2018 tiene entrada en la Comisión Jurídica de Extremadura, actuando como tribunal administrativo de recursos contractuales, el recurso a que se refiere el encabezamiento. 2.- Con fecha 1 de marzo de 2018 se envía requerimiento al órgano de contratación a fin de que remita copia del expediente administrativo tramitado, dirección de correo electrónico y persona de contacto para realizar las notificaciones, relación de interesados en el procedimiento, el informe correspondiente y demás datos y documentación a que se refiere el art. 72 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura aprobado por Decreto 99/2009 de 8 de mayo, en su modificación realizada por Decreto 3/2016 de 12 de enero, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, documentación que es recibida el día 6 de marzo de Del expediente administrativo remitido es relevante destacar para la resolución del asunto que nos ocupa los siguientes documentos y actuaciones: - Resolución de 15 de enero de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio por la que se renuncia a la contratación del servicio "Asesoramiento a las explotaciones Agrarias. Por Lotes (26 lotes)" Expte. 1732SE1FR356. 1

2 - Envío de la notificación, vía electrónica, de la resolución de renuncia al recurrente con fecha 24 de enero de 2018, constando su recepción con la misma fecha. 4.- No habiéndose considerado necesaria la práctica de más trámites ni de diligencias probatorias, se eleva por la ponente propuesta de resolución, incluida en el orden del día de la sesión plenaria referida en el encabezamiento, que es aprobada por unanimidad de los presentes. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero.- La Comisión Jurídica de Extremadura, actuando como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, es la competente para conocer los recursos especiales en materia de contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 a) de la disposición adicional primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, y, en desarrollo de la misma, por el artículo 52.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura aprobado por Decreto 99/2009, tras la nueva redacción dada por Decreto 3/2016, de 12 de enero, de modificación del anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Segundo.- Dispone el artículo 73 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura citado, en su apartado 1 que recibido el expediente se registrará su entrada y dará cuenta al Presidente sobre la reclamación y sobre el expediente que la sustenta. La presidencia resolverá su admisión, definitiva o provisional, o propondrá al Pleno su inadmisión. ( ), añadiéndose en su apartado 3 que la Comisión Jurídica de Extremadura inadmitirá el recurso, cuestión o reclamación, sin necesidad de practicar los trámites ulteriores, cuando conste de modo manifiesto que se hubiera interpuesto fuera de plazo o frente actos no susceptibles de impugnación, o por persona no legitimada para ello o sin ostentar la debida representación, o, en fin, órgano incompetente. ( ). Tercero.- Por tanto, con carácter previo al estudio de las cuestiones de fondo, procede analizar las distintas causas que, de acuerdo con el artículo arriba trascrito, podrían dar lugar a la inadmisión del recurso. En este sentido, se acredita la legitimación de la recurrente, AGROINGAS, SL para interponer recurso especial, en cuanto entidad admitida a la licitación que puede verse perjudicada por la decisión del órgano de contratación de renunciar a dicha licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP. 2

3 En efecto, dicho artículo 42 del TRLCSP establece que: Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso. Por lo que respecta a la representación, no queda acredita la del compareciente. Ahora bien, si bien esta omisión sería subsanable, este órgano estima que no procede requerir su subsanación al concurrir en el presente caso otro motivo de inadmisión, que se expone a continuación, que no sería susceptible de tal subsanación. Cuarto.- Por lo que respecta a si el contrato y acto recurrido son susceptibles de impugnación mediante el recurso especial en materia de contratación del artículo 40 del TRLCSP, cabe señalar que se interpone recurso especial en materia de contratación en el seno de un expediente de contratación de un servicio sujeto a regulación armonizada, con un valor estimado del total de los lotes que lo integran, que asciende a ,11 euros, y susceptible, por tanto, de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 TRLCSP en relación con el artículo 40 del mismo texto legal. Por lo que se refiere al acto, el recurso especial en materia de contratación, aunque de forma confusa, se dirige frente a la renuncia al procedimiento de licitación. Sobre la consideración de los actos de renuncia como susceptibles de recurso especial en materia de contratación se han pronunciado los distintos tribunales administrativos de recursos contractuales, citando a este respecto los argumentos contenidos en el Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, contenido en su Resolución nº 61/2014 (recurso nº 57/2014), de 2 de abril de 2014: Hemos de proceder a la interpretación del artículo 40 a la luz de la Directiva 2007/66/CE, que modifica la Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. La incorporación de las normas de esta Directiva fue la causa de la modificación de la regulación nacional a través de la Ley 34/2010 hoy integrada en el TRLCSP. Por tanto, la delimitación de los actos recurribles ha de hacerse según las exigencias de la citada Directiva y de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que han ido consagrando un criterio amplio en cuanto a los actos susceptibles de recurso y fundamentalmente la sentencia de 18 de junio de 2002, que declara susceptible de recurso la decisión de la entidad adjudicadora de cancelar la licitación para la adjudicación de un contrato público, en el asunto C-92/00 (TJCE/2002/202). Dicha Sentencia argumenta que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE, obliga a los Estados miembros a prever procedimientos que permitan recurrir contra las decisiones adoptadas en un procedimiento de adjudicación en la medida en que tales decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas jurídicas por las que se adapta el ordenamiento jurídico interno a este Derecho. 3

4 De ello deduce que si una decisión adoptada por una entidad adjudicadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público está sujeta a las normas del Derecho comunitario en materia de contratos públicos y, por lo tanto, puede infringirlas, el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, exige que tal decisión pueda ser objeto de recurso de anulación. La exigencia de comunicación de los motivos que subyacen al acuerdo por el que se cancela la licitación, establecida en la Directiva 2004/18/CE, obedece al empeño de garantizar un nivel mínimo de transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos a los que se aplica esta Directiva y, por lo tanto, la observancia del principio de igualdad de trato. Una normativa nacional por la que se limite el alcance del control de la legalidad de la cancelación de una licitación para un contrato público al examen del carácter arbitrario de tal decisión no es compatible con lo dispuesto en las Directivas porque no puede interpretarse de manera restrictiva el alcance del control que debe ejercerse en el marco de los recursos a que dicha Directiva se refiere. Por otro lado, siendo recurrible, la renuncia no puede insertarse dentro de la consideración de acto de trámite, pues junto a la resolución y el desistimiento es una de las formas de poner fin al procedimiento. No cabe encuadrar la renuncia dentro del supuesto del artículo 40.2.b). De lo argumentado anteriormente, cabe concluir que aquellos actos que ponen fin al procedimiento de adjudicación, bien con la selección de un licitador o bien con la no selección de ninguno, como pueden ser el desistimiento, la renuncia o la declaración de desierta de una licitación, a efectos del recurso especial en materia de contratación, deben considerarse equiparados dentro del supuesto del artículo 40.2 del TRLCSP c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. Quinto.- Finalmente, por lo que se refiere a la presentación del recurso, la interposición se ha producido en el registro de este órgano. Por lo que respecta al plazo, acudimos nuevamente al Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid antes citado, para indicar que: << En cuanto a la interposición en plazo del recurso debe tenerse en cuenta que el artículo del TRLCSP establece que En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificara a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Al igual que en los supuestos de desistimiento o declaración de desierto, que se consideran también equiparables, en cuanto a la posibilidad de recurso, a la adjudicación, el sistema de cómputo del plazo para la interposición del recurso especial no es el específico previsto en el artículo 44.2 del TRLCSP desde la remisión, sino el tradicional de nuestro ordenamiento. Si la especialidad de la forma de cómputo, cuando el acto recurrido es la adjudicación, es la necesidad de establecer un plazo suspensivo para la formalización del contrato y la necesidad de 4

5 que ese plazo sea uniforme para todos los interesados y no dependa de otro factor que la propia remisión cuya fecha indubitada conoce el órgano de contratación, dicha argumentación quiebra en los supuestos en que la finalización del procedimiento de adjudicación no acaba con la selección de un adjudicatario con lo cual no se producirá riesgo para la formalización antes de la finalización del plazo de interposición del recurso. No puede olvidarse que el sistema de cómputo de plazos arraigado en el ordenamiento jurídico español en coherencia con los principios de seguridad jurídica y defensa del administrado, es el de considerar dies a quo el de la fecha de notificación en forma del acto susceptible de recurso. Al respecto debe tenerse en cuenta la exigencia del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. En consecuencia, siendo la notificación requisito de eficacia del acto administrativo es evidente que las notificaciones efectuadas no pueden producir el efecto de dar inicio al transcurso del plazo para recurrir sino cuando conste su recepción, ( )>>. Como hemos señalado en antecedentes, la resolución de renuncia se envía a la recurrente el día 24 de enero de 2018, constando su recepción en esa misma fecha, circunstancia esta que es confirmada en el escrito de interposición del recurso, por lo que tomando como día inicial del cómputo la fecha señalada de 24 de enero la interposición del recurso se ha producido fuera del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 44.2 del TRLCSP, pues el recurso se interpuso el 27 de febrero de Téngase en cuenta además que tanto el oficio de notificación como la resolución misma indicaban de manera suficiente los recursos procedentes frente a dicha resolución. En vista de lo expuesto, el Pleno de la Comisión Jurídica de Extremadura, a propuesta de su Presidencia, RESUELVE Inadmitir, por extemporáneo, el recurso interpuesto don interpuesto por don José Luis en representación de la empresa AGROINGAS, SL contra la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio de fecha 15 de enero de 2018 por la que se renuncia al procedimiento de licitación para la contratación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias por lotes (26 lotes), expediente 1732SE1FR356. Notifíquese a los interesados con la indicación que la resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 5

6 siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 6