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4 Comité mismas capacidades políticas de actuación en su territorio, y que una Comunidad no debe exigir (y no debe tener) lo que no se puede reconocer a las demás, dejando a salvo los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución. Y recordar también, que hemos asumido educación, universidad, sanidad, servicios sociales por tanto, ningún traspaso será comparable ni por su dimensión, ni por su significado político. Ceñidos ya a la problemática socioeconómica más inmediata, destacar algunos asuntos relacionados con la estructura económica de Asturias. Uno el vinculado a la teóricamente próxima desaparición de las tarifas industriales que afecta a empresas muy importantes para Asturias como son Alcoa, de Zinc y Arcelor. Esperamos una prórroga o un acuerdo satisfactorio para todos. Otro el relacionado con una empresa emblemática para el campo asturiano como es CLAS, que queremos que se resuelva con transparencia, respetando los derechos de todos los socios y reforzando su vinculación a la Comunidad a través de las entidades financieras asturianas que participan en el capital de CAPSA.
3 Comité El planteamiento de los socialistas asturianos parte de que mientras consideremos que los residentes de un país forman parte de un proyecto común, lo relevante es la equidad entre personas y no entre territorios. Por eso no consideramos aceptables planteamientos de nivelación parcial de servicios que abrirían la puerta a un sistema menos igualitario, diluyendo la garantía de igualdad y haciendo que los recursos de cada comunidad pasen a depender, en alguna medida, de su nivel de renta. El sistema debe de garantizar los recursos precisos para que todas las comunidades puedan financiar exactamente el mismo nivel de servicios, y la comunidad autónoma que quiera prestar más o mejor servicio, deberá cubrir con sus propios medios los costes adicionales en los que tenga que incurrir. También queremos dejar claro que no aceptaremos como parámetro para la evaluación de las necesidades de gasto, el criterio único de la población, porque frente al criterio de igual gasto por habitante, debe prevalecer el de igual nivel de servicio, y el coste del servicio es distinto en cada territorio por la intensidad de la demanda, el diferente coste de los factores, las singularidades geográficas y climáticas o las particularidades socioeconómicas de la población. Insistimos en este asunto por considerarlo crucial para Asturias y para el conjunto del país, y lo hacemos en el momento en que abordamos la reforma del vigente Estatuto de Autonomía, en el que recogeremos principios básicos de financiación autonómica. Trataremos ese asunto en cuanto cerremos el capítulo relativo a competencias por el que hemos comenzado. No se trata de una casualidad, abordamos una reforma no un nuevo Estatuto, y no resulta ocioso decirlo, porque los aspectos simbólicos de la Autonomía y de la identidad de Asturias ya están contenidos en la norma vigente. La reforma estatutaria no la abordamos para ser más asturianos, sino para hacer una Asturias mejor. Por eso comenzamos por las competencias, porque queremos asumir aquellas que se gestionan mejor desde la proximidad, y pretendemos seguir con la financiación, porque queremos poder ejercerlas con la suficiencia financiera que nos permita ser más eficientes en la gestión. Lo hacemos sin el énfasis que otros legítimamente quieren poner en las competencias exclusivas, por dos motivos: porque potenciar la autonomía no es inflar el fantasma del Estado residual y porque las competencias concurrentes y compartidas son las esenciales en el paso del federalismo dual al cooperativo y suponen la intervención del Estado y de las Comunidades Autónomas en la misma materia, porque la complejidad del Estado moderno hace muy difícil el mantenimiento de toda la competencia en una única instancia y aconseja una distribución y una colaboración entre ambas. Conviene no obstante, recordar que hoy todas las CC.AA. tienen básicamente los mismos techos competenciales, las mismas instituciones y las
2 INFORME DE LA CER AL COMITÉ REGIONAL 16 de mayo de 2008 Comité Sin duda hoy la prioridad política está (o debería estar) enfocada hacia la situación económica. Así lo ha entendido el Gobierno de España, que ha puesto en marcha una serie de medidas con las que afrontar los problemas derivados de la disminución de las expectativas de crecimiento experimentadas por el conjunto de las economías y también por la española. En nuestro caso, aunque menos afectados por la crisis financiera generada por las hipotecas basura lo estamos más, en cambio, con el parón de la construcción, un sector mucho más dinámico hasta ahora que el resto de la Unión Europea. Reciclar trabajadores hacia otros sectores, impulsar un modelo de crecimiento más equilibrado, activar la demanda interna, movilizar la inversión inmobiliaria privada, estatal, autonómica y municipal hacia la vivienda protegida, acometer intervenciones dirigidas hacia la rehabilitación y recuperación urbana, son las medidas en las que trabaja el nuevo Gobierno socialista de España. Sorprende que esas prioridades, junto a las de desplegar en el menor tiempo posible la Ley de Autonomía Personal y la escolarización de cero a tres años, no sean (parece) las prioridades de la oposición políticas (enfrascada en asuntos internos) ni la de gobiernos territoriales preocupados por la puesta en marcha inmediata de un nuevo modelo de financiación autonómica. No parece que los esfuerzos deban de ir en esa dirección en lugar de centrarse en lo más urgente e importante, más aún cuando los menores recursos financieros del sistema, consecuencia del también menor crecimiento, dificultarán sin duda la consecución de un objetivo satisfactorio para el conjunto de las Comunidades afectadas (todas las del sistema común de financiación). Mal momento, por tanto, para un debate de esa naturaleza, porque la financiación es siempre una cuestión crucial en un Estado compuesto. Sin embargo, es verdad que ni el sistema de financiación es un fósil inamovible como pretendía el Gobierno del PP cuando eliminó su revisión periódica de la Lofca, ni es posible abstraerse del asunto cuando, oportuno o no, forma parte de la agenda política. En todo caso, conviene aclarar que un sistema de financiación no viene condicionado por el carácter cuasi federal del Estado. En términos comparados hay tantos federalismos como Estados federales y tantos sistemas de financiación como federalismos. No hay por tanto, ese determinismo en función del cual se pretende imponer un modelo concreto que se correspondería supuestamente con la, también supuesta, forma canónica del Estado Federal.
Informe POLÍTICO de la CER al Comité 16 de MAYO DE 2008