Documentos Clave Reporte Anual sobre Derechos Humanos 2005 Departamento de Estado de los EEUU RESUMEN El Reporte Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado es una herramienta del gobierno de los Estados Unidos para la formulación de las políticas y la cooperación del gobierno de los EEUU, a fin de construir estrategias que permitan la promoción de los derechos humanos y el sostenimiento de la democracia en otros países. El 8 de marzo de 2006 el Departamento de Estado de EEUU -DOS- publicó la edición del Reporte Anual para el año 2005, en el cual se dedica un capítulo a evaluar la situación de derechos humanos en Colombia. En este se reconoce un avance en la protección y promoción de los derechos humanos por parte del Estado, no obstante que el conflicto armado interno siga vigente. Para el DOS la mejoría de algunas variables responde a la desmovilización de grupos paramilitares. El reporte indica que durante el año 2005 en Colombia se presentó la disminución de los homicidios en un 10%, con respecto al 2004; asimismo las masacres en un 4%; los asesinatos de sindicalistas en un 67%; los secuestros en un 44% y el desplazamiento forzado en un 27%. Además, resalta que la tasa de homicidios del 2005 fue la menor en los últimos 18 años. El Departamento de Estado también concentra su análisis en los agentes responsables de la violación de los derechos humanos y el DIH. Al respecto, aclara que los grupos armados al margen de la ley son los que mayores infracciones comenten, aunque señala algunas excepciones con respecto a las Fuerzas Militares, en la medida en que persisten las denuncias sobre los vínculos que algunos miembros de esta institución mantiene con grupos paramilitares, que se han ido insertando en otras estancias del Estado exacerbando así prácticas corruptas e ilegales. Frente al paramilitarismo el informe concluye que a pesar del cese al fuego declarado por los paramilitares en el año 2002 para el desarrollo de un proceso de desmovilización, estos continúan violando sistemáticamente los derechos humanos. Durante el año se reportaron crímenes políticos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, interferencia en la privacidad, desplazamiento 1
forzado, soborno e intimidación a jueces y testigos, infracciones a los derechos de propiedad de los ciudadanos, restricciones a la libertad de movilización, ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, reclutamiento de menores para la guerra, y finalmente hostigamiento, intimidación y asesinato de profesores y líderes comunales. Las FARC y el ELN por su parte realizaron asesinatos políticos, desapariciones forzadas, secuestros, ejecuciones de miembros de la Fuerza Pública que se encontraban fuera de servicio, asesinatos de funcionarios locales, desplazamientos masivos, hostigamiento e intimidación a jueces o testigos, irrespeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos, restricciones a la libertad de movimiento, reclutamiento de menores, ataques contra activistas de derechos humanos, hostigamiento, intimidación y asesinatos de profesores o líderes comunales y finalmente, el reclutamiento de mujeres para su explotación sexual. El siguiente es el resumen del capitulo dedicado al análisis de la situación de derechos humanos en Colombia. Colombia Respeto a la Integridad y Libertad humana Privación Arbitraria e Ilegal de la Vida Según el Departamento de Estado los asesinatos políticos y extrajudiciales son un problema extremadamente serio, en el que se ven involucrados todos los grupos armados ilegales y en algunos casos miembros de la Fuerza Publica, señalados de ser responsables de cerca de 94 de estos casos durante los primeros seis meses. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó que cerca de 131 personas murieron en más o menos 26 masacres cometidas por grupos armados al margen de la ley. Por su parte, organizaciones no gubernamentales como el CINEP reportaron 298 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los diferentes actores del conflicto. 2
Desapariciones Aún cuando reconoce que los secuestros siguen bajando, para el Departamento de Estado los secuestros por motivos políticos o extorsivos siguen siendo un tema de gran preocupación. En este sentido, el reporte señala que el año 2005 el número de secuestro se redujo en un 44% comparado con el año 2004, es decir que se dieron 800 secuestros menos, según el Programa Presidencial para los Derechos Humanos. Sin embargo, el reporte llama la atención sobre los datos del Ministerio de Defensa sobre secuestro extorsivo, 339 durante el 2005, que indican un incremento de este delito de casi el 51% respecto al 2004. El DOS también resalta la liberación, durante los primeros ocho meses del 2005, de por lo menos 49 rehenes, y la muerte de al menos 18 personas en cautiverio Tortura u otros tratos crueles e inhumanos Según el DOS existen reportes que involucran a la Policía, a las Fuerzas Militares y a la guardia penitenciaria con prácticas de maltrato y tortura dirigidas a los detenidos. El informe recoge los datos del CINEP donde involucran a las Fuerzas Militares con 25 casos de tortura. Durante los primeros seis meses del año se contabilizaron 97 víctimas de maltrato y tortura, de los cuales cinco fueron producto del abuso de autoridad y la intolerancia social por agentes directos o indirectos del Estado, 75 fueron atribuidos a la persecución política, de los cuales 66 casos son atribuidos a las Fuerzas Militares. Para el mes de septiembre se les atribuía a los paramilitares la responsabilidad de casi 25 casos de tortura Arresto y detención arbitraria En lo referente a las condiciones de los centros de detención carcelaria el informe señala que muchos de los funcionarios que trabajan como guardias o personal administrativo en las cárceles, reciben una escasa capacitación que favorece la existencia de focos de corrupción administrativa. A este problema se le suman otros más recurrentes como el hacinamiento en las cárceles, la inseguridad y la escasez de presupuesto para mantener el sistema penitenciario. Los niveles de hacinamiento en las cárceles del país superan el 200%, como es el caso de la penitenciaría de Bucaramanga que alberga dos mil prisioneros en un espacio diseñado para 664 personas. Durante el año el gobierno no retuvo presos políticos, aún cuando da cuenta de 4.721 prisioneros acusados del delito de rebelión. 3
Con respecto a los grupos paramilitares y la guerrilla, las FARC, especialmente, continuaron realizando tomas de rehenes. Las FARC y el ELN mantienen secuestrados hace ya varios años 56 políticos y militares, para presionar la realización de un intercambio de prisioneros. Impedimentos al ejercicio de la justicia Según el Departamento de Estado el sistema judicial colombiano es un sistema ineficaz y sobrecargado de casos que no pueden ser diligenciados, muchas veces debido a la intimidación y los sobornos que involucran a jueces, abogados y testigos, haciendo de la impunidad un efecto recurrente en el sistema. Para el DOS es de resaltar la estadística del ente administrador de la rama judicial en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, que señala como en menos del 1% de los crímenes investigados, la persona incriminada llegó a ser castigada. El DOS también reporta la victimización de autoridades judiciales que fueron víctimas de amenazas y actos de violencia. El reporte señala que 14 empleados de la rama judicial fueron asesinados y 53 más reportaron amenazas contra sus vidas. Con respecto al programa de protección de testigos, el reporte indica que este falla en alguna medida dada la vulnerabilidad que enfrentan varios de ellos a amenazas y atentados, influyendo negativamente en el desarrollo de los procesos judiciales y en la efectividad de las condenas. Violación Arbitraria de la intimidad El informe sostiene que paramilitares y guerrilla violan sistemáticamente los derechos de propiedad y privacidad de la población civil, entrando forzadamente a las propiedades privadas e interceptando comunicaciones privadas para mantener un control social excesivo sobre esta. Según el reporte, las FARC emplean un gran número de mujeres combatientes a las cuales les prohíben quedar en estado de embarazo cuando son parte de las tropas y existen algunas evidencias de que muchas de ellas al quedar embarazadas han sido ejecutadas. Uso excesivo de la fuerza y otras infracciones excesivas contra DIH El informe del Departamento de Estado aclara que aún cuando el gobierno realizó el proceso de desmovilizaciones con diferentes grupos de autodefensa, aún se encuentra combatiendo otros bloques que no entraron en el proceso. 4
Por otro lado, afirma que la fuerza de guerra de las FARC y del ELN, 12000 y 2000 combatientes respectivamente, ha sido golpeada debido a la presión militar que el gobierno ha ejercido contra estos grupos, ocasionando importantes bajas y la deserción de por lo menos 5000 guerrilleros. Para el DOS, esto ha obligado a las FARC y al ELN a forjar alianzas en algunas regiones del país para enfrentar de manera conjunta la fuerza del Estado y los grupos paramilitares. El reporte señala también en el marco del conflicto armado interno las Fuerzas Militares han cometido varias infracciones contra los derechos humanos. De acuerdo con información del CINEP, el DOS señala la existencia de algunos casos en los que las tropas del Ejército entran a las poblaciones abruptamente a registrar las casas de los habitantes y a robar pertenencias y dinero de los ocupantes. Para el Departamento de Estado, hay graves indicios de que algunos miembros de la Fuerza Pública, entre ellos personal de alto rango, son tolerantes con las acciones de grupos paramilitares. Según el reporte, las evidencias sugieren pactos de no agresión entre personal oficial local y los grupos paramilitares que dominan las diferentes regiones del país, la prestación de asistencia a estos grupos y la operación conjunta en varios operativos militares. Para el DOS, el principal problema alrededor de estas denuncias, es que no se abren procesos de investigación al respecto y los casos continúan impunes. Con respecto a los grupos paramilitares, el reporte el Departamento de Estado indica que estos infringen continuamente el Derecho Internacional Humanitario, realizando actos dirigidos específicamente a la población civil. Al respecto, la Defensoría del Pueblo recibió hasta el mes de noviembre cerca de 1.132 denuncias de violaciones de cese al fuego que incluían masacres, secuestros, asesinatos selectivos, robos, reclutamiento de menores y desplazamientos. Una cifra menor en un 28% a la reportada por esa entidad en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Como ejemplo, el Departamento de Estado toma el reporte de la muerte de 2548 civiles, que la Comisión Colombiana de Juristas CCJ- señala como el número de muertos a manos de los paramilitares desde la declaratoria de cese al fuego, para la iniciación del proceso de desmovilización. Asimismo, el reporte apunta que los paramilitares siguen llevando a cabo las denominadas limpiezas sociales de las que son víctimas prostitutas, drogadictos e indigentes, entre otros. Igualmente, señala que durante el año 2005 estos grupos realizaron por lo menos 30 desapariciones durante los primeros seis meses del año, lo que representa una disminución en 18 casos frente al año 5
inmediatamente anterior. En lo que respecta al desplazamiento forzado, los paramilitares siguen utilizando esta practica como mecanismo para el control de corredores para le tráfico de armas y narcóticos. Sobre el número de masacres realizadas, el informe anota que los grupos paramilitares continúan disminuyendo el número de masacres cometidas, como lo muestra la tendencia desde 2002, reportándose una disminución del número de personas muertas por masacre de 18 en el 2004 a 8 en el 2005, según informa el Programa Presidencial para los Derechos Humanos. De igual manera, el DOS señala que los paramilitares controlan y limitan la entrada de alimentos y medicinas a los pueblos que consideran simpatizantes de la guerrilla, perjudicando las economías locales y ocasionando miedo entre la población generando desplazamientos masivos. En lo concerniente al tema del reclutamiento de menores para la guerra, el informe del Departamento de Estado anota que del total de niños involucrados en el conflicto armado colombiano, el 20% hacen de los grupos paramilitares. Sobre los grupos guerrilleros, el reporte indica que el mayor numero de crímenes realizados por las FARC están relacionados con el negocio del narcotráfico, aunque tienen una importante incidencia el ajusticiamiento de presuntos colaboradores de los grupos paramilitares o de las autoridades gubernamentales. Al respecto, el Departamento de Estado recoge los datos de la Fundación Seguridad y Democracia para reportar la muerte de por lo menos 43 ex combatientes de los grupos paramilitares a manos de esa guerrilla. El informe también reporta que durante los primeros ocho meses del año la guerrilla llevó a cabo 392 actos terroristas y 120 ejecuciones extrajudiciales. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó que para junio de 2005, las FARC asesinó a 14 personas en 3 masacres, y para el mes de septiembre, las FARC dio de baja 300 miembros de las Fuerzas Militares. El Departamento de Estado señala que el secuestro extorsivo continua siendo una fuente importante de financiamiento para las FARC y el ELN. En este sentido, el informe indica que durante el año 2005 se reportaron 187 secuestros extorsivos durante los primeros siete meses del año. Estos grupos también realizan secuestros políticos. Ni las FARC ni el ELN respetaron a los heridos o al personal médico, realizando ejecuciones a los prisioneros heridos, amenazando e intimidando al personal médico y asesinando a los combatientes enemigos que estaban recibiendo alguna atención médica. 6
Con respecto al desplazamiento forzado, el DOS anota que los grupos guerrilleros lo utilizan como una estrategia para despejar rutas para el tráfico de narcóticos. Asimismo, realizan bloqueos y paros armados para mantener el control sobre la población en sus zonas de influencia y minan campos como método de control territorial. Respeto a las Libertades Civiles Libertad de expresión, de asociación, de religión y de movilización En la sección relacionada con las libertades civiles, el Departamento de Estado enuncia que la libertad de expresión se ve afectada por el hostigamiento y la intimidación de los que son víctimas los periodistas en todo el país. Para el DOS, si bien no hay reportes específicos sobre la infracción de este derecho por parte de la Fuerza Publica, existen algunas informaciones en las que se reportan amenazas contra periodistas por parte de algunos oficiales corruptos. Según el reporte, esta situación ha generado entre la prensa un ambiente de autocensura como medio para evitar represalias de funcionarios del Estado o de los grupos armados ilegales. Durante el año se denunciaron varios crímenes en contra del gremio periodístico por parte de los grupos armados al margen de la ley, mediante amenazas, secuestros y homicidios. En este sentido, cinco periodistas reconocidos debieron exiliarse debido a las amenazas recurrentes contra su vida. De parte del Estado no existe ninguna restricción del uso de los medios informáticos o limitaciones a la libertad académica. No obstante, los grupos armados ilegales mantienen una presencia importante en algunos campus universitarios, desde donde hacen trabajo político. Algunos miembros de la academia son objetos de violencia por parte de paramilitares y guerrillas. Según el Ministerio de Educación, 18 académicos fueron asesinados durante el año, cifra que refleja un descenso de 62% respecto al año anterior. Según el DOS, la libertad de asociación estuvo amenazada por las acciones violentas que los grupos armados al margen de la ley realizaron en contra de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones indígenas y las uniones sindicales. Tanto guerrillas como paramilitares hostigan, amenazan y asesinan a líderes religiosos y activistas, generalmente por cuestiones políticas. El programa presidencial para los derechos humanos reportó que durante el año fueron asesinados cinco sacerdotes. 7
De otro lado, el informe reporta la denuncia de algunas ONG s sobre la restricción del derecho de libre movilidad por causa de algunos operativos militares y la ocupación de algunas áreas rurales por parte de la Fuerza Pública. Asimismo, el DOS señala que los grupos armados ilegales continuaron levantando retenes ilegales en las carreteras del país, aunque destaca que el aumento de seguridad en las carreteras impuesto por el gobierno como parte de su política de seguridad, disminuyó significativamente los retenes y secuestros masivos que en éstos se presentaban. Frente al desplazamiento interno, el DOS recoge datos del gobierno que hacen referencia a 131.716 nuevos desplazados, revelando así una disminución de 30.205 personas desplazadas en comparación con el año anterior. Para el Departamento de Estado, esta disminución puede ser el resultado de las negociaciones de paz que el gobierno esta realizando con los grupos paramilitares. El reporte también reconoce la existencia de información que controvierte los resultados promocionados por el gobierno, como el reporte de 252.801 desplazados durante los primeros nueve meses del 2005, por parte de la ONG CODHES. Respeto de los derechos políticos El Departamento de Estado informa que durante el año 2005 los grupos armados ilegales asesinaron a ocho alcaldes en servicio y 23 concejales, de los cuales el 70% de los casos fue atribuido a las FARC. Así mismo, indica que muchos alcaldes locales debieron renunciar a sus cargos debido a las amenazas que profería las FARC contra su vida, por lo cual el Ministerio de Interior y de Justicia empezó a implementar un programa para su protección, que en el 2005 beneficio 195 alcaldes y 1006 concejales. El DOS reitera que el país sufre una corrupción endémica tanto en las esferas públicas como en las privadas y que este fenómeno se fortalece debido a la injerencia del narcotráfico en la sociedad colombiana. Aunque la organización Transparencia por Colombia reporta que la percepción sobre los niveles de corrupción tuvo una mejoría leve, para el DOS casos como la infiltración de grupos paramilitares en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS-, es una muestra del alto impacto de la corrupción relacionada con los grupos armados ilegales. Respecto a la presencia de organizaciones no gubernamentales y grupos internacionales defensores de derechos humanos, el informe resalta la posición crítica del gobierno frente las actividades que realizan este tipo de grupos en el 8
país, lo cual las pone en situación de riesgo debido a las medidas que frente a estas posiciones puedan tomar los grupos paramilitares. En este sentido, muchas ONG S domésticas han denunciado que el gobierno ha capturado a varios activistas de derechos humanos, particularmente en las áreas de conflicto. Por su parte, el gobierno alega que varios grupos de activistas de derechos humanos están relacionados con acciones de los grupos terroristas. Con respecto a las ONG, el reporte reconoce que el gobierno ha invertido recursos por 25 millones de dólares para garantizar su protección y de los activistas de derechos humanos. Durante el año el gobierno brindó protección a más de 604 activistas de derechos humanos. Pese a estos esfuerzos, en el año se reportaron 38 activistas asesinados, de los cuales, 8 fueron atribuidos a los paramilitares, y 3 desapariciones. Discriminación, abusos sociales y tráfico de personas Mujeres y Niños Frente a la situación de la mujer, el informe recoge los datos de Medicina Legal, donde se recibieron en el año casi 17.802 casos relacionados con crímenes sexuales. Paramilitares y guerrilla son responsables de violaciones, abusos sexuales y mutilaciones sexuales a mujeres y niñas que hayan establecido alguna relación con frentes enemigos, trabajen en la prostitución, sostengan alguna relación extramatrimonial o que hayan violado algún código de conducta que cualquiera de los dos grupos haya impuesto. Así mismo, el tráfico sexual de mujeres continúa siendo un problema y no existen leyes concretas contra el hostigamiento sexual haciendo de éste un problema pasivo. Respecto a la infancia, se reportaron 10.170 casos de abusos contra menores de edad. Y en cuanto a su vinculación a la guerra, el reporte recoge las conclusiones del estudio de la UNICEF donde se resalta que la falta de educación y de oportunidades económicas así como el deseo de aceptación, son factores que influyen en casi un 83% de los casos en que los niños se enlistan a los grupos armados voluntariamente. La ACNUR, reportó que de la población desplazada, el 74% son mujeres y niños que en la mayoría de los casos están expuestos al abuso sexual, la explotación y el reclutamiento en grupos armados. Siguiendo esta misma línea el informe denuncia que el país fue fuente de tráfico de personas, especialmente con propósitos sexuales; los países de destino 9
incluyeron España, Japón, Hong Kong, Estados Unidos y algunos países de América Latina. La mayoría de las víctimas de este flagelo son mujeres jóvenes. Minorías y Grupos Étnicos El tema de las comunidades indígenas tiene una especial importancia en lo que a la situación de las minorías étnicas y culturales se refiere; en este sentido el informe denuncia que una de las situaciones más difíciles que enfrentan estas comunidades en medio del conflicto es el irrespeto a sus tierras y resguardos, ya que ellos no tienen títulos de propiedad sobre las tierras y los grupos armados le expropian sus resguardos o los usan para sembrar cultivos ilícitos. Los líderes indígenas se han quejado de la presencia ocasional de las fuerzas del Estado en sus resguardos, ya que siempre han demandado que el gobierno consulte con las autoridades indígenas antes de realizar cualquier acción militar contra paramilitares o guerrillas en sus territorios. De igual manera, las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de todos los actores del conflicto. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó 48 asesinatos de indígenas durante el año, donde se atribuyen 3 casos a los paramilitares y 13 a las FARC. Así mismo se registraron varios casos donde las comunidades indígenas son víctimas del reclutamiento forzado, restricciones a la libertad de movilización y confinamientos en las reservas indígenas. Derecho al trabajo La violencia indiscriminada contra los miembros de sindicatos de trabajadores ha sido un gran obstáculo para la organización sindical, lo cual se refleja en el descenso en el número de estas agremiaciones y del número de sus miembros. Tan sólo el 5% de la fuerza laboral hace parte de una organización sindical. Los líderes laborales continúan siendo blanco de ataques de los grupos armados, tanto por motivos políticos como económicos. Frente al tema del trabajo forzado el informe se atiene a mencionar que tanto guerrillas como paramilitares han recurrido a esta práctica sobre todo en el uso de menores de edad en zonas alejadas del control del Estado. En este sentido el tema del trabajo infantil sigue siendo un problema recurrente sobre todo en el sector informal, apoyando esta premisa en los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que reporta casi 2.500.000 niños trabajadores, de los cuales, 300.000 se encuentran trabajando en las minas; también se desempeñan como recolectores de hoja de coca en los cultivos ilícitos o en sectores del narcotráfico. 10