PROPUESTAS DE CC.OO. SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES La política fiscal es una de las principales herramientas de política económica de las que disponen las Administraciones Públicas. Su orientación más o menos progresiva es determinante para el desarrollo del Estado de Bienestar. El modelo social y su grado de desarrollo son un concepto de sociedad y, por tanto, una opción política. Por eso, aunque lo que hoy nos trae aquí es la reforma del Impuesto de Sociedades, en opinión de CC.OO. de Euskadi, sería necesario una reflexión del conjunto de nuestra política fiscal sobre la que tenemos competencia, es decir los impuestos directos: IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales. En segundo lugar, como ya señalamos en su día al Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, nos preocupa también un proceso cuyo resultado final rompa con los niveles de armonización fiscal de los tres territorios históricos porque pudiera suponer también la ruptura de la cohesión social por la vía de la aplicación de diferentes derechos a la ciudadanía en función de cuál sea el territorio de empadronamiento. En tercer lugar queremos reivindicar la puesta en marcha de una política decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que se han convertido en la mayor lacra social. La extensión del fraude ha sido uno de los grandes fracasos sociales desde la transición democrática al no haber contado con el suficiente interés de los gobiernos que, en los distintos ámbitos, han ostentado la responsabilidad política de combatirlo. Más al contrario, se han aplicado actitudes contemplativas, cuando no comprensivas, alegando problemas de eficiencia a partir de una presunta excesiva presión fiscal, inexistente a la vista de los datos comparados con los países más desarrollados de la Unión Europea. De nada o de poco sirve un sistema tributario bien diseñado técnicamente, cuando se incumple en la práctica. La lucha contra el fraude debe ser tomada en serio por las autoridades de los distintos niveles de Gobierno dentro de un proceso de generación de una cultura fiscal en la población y con actuaciones inspectoras eficientes. Esta sería la verdadera reforma fiscal. Es necesario, por tanto, mejorar los recursos humanos y técnicos disponibles para el control de las obligaciones fiscales y la penalización del fraude, con especial atención en las rentas de las actividades económicas de profesionales y empresarios individuales en el IRPF, porque no es de recibo que la renta media declarada por quienes tienen rentas del trabajo superen en más de un 60% a las declaradas por quien ejerce actividades económicas, empresariales o profesionales. Los signos externos, es decir, ostentar niveles de vida muy por encima de lo que tiene lógica en función de sus declaraciones tributarias debe ser considerado como síntoma de fraude fiscal. No es de recibo tener casas lujosas, coches de alta gama y otras ostentaciones de riqueza y declarar poco o muy poco en el IRPF.
Por eso, es preciso terminar con la sensación de impunidad que el incumplimiento de los deberes fiscales genera en la ciudadanía porque es una clara invitación al fraude. Aunque no estamos ante un problema de semántica, a veces el lenguaje es importante para que la ciudadanía entienda con claridad algunas cosas. Sería más conveniente que la denominación del Impuesto fuera la de Impuesto sobre los beneficios empresariales que clarifica más el objeto del Impuesto de Sociedades que no es otro que gravar sobre los beneficios de las empresas. Entrando el materia, desde las posiciones empresariales se viene afirmando que la fiscalidad en un contexto de globalización puede ser un lastre o una ventaja competitiva y, en relación con el Impuesto de Sociedades de la CAPV, que es también el que con carácter general se aplica en Gipuzkoa, dice que es un claro lastre para la competitividad internacional de las empresas vascas al tener un tipo de gravamen de casi cinco puntos por encima de la media europea. Es preciso señalar que la relación entre competitividad y fiscalidad empresarial no es tan clara como nos quieren hacer ver. En efecto, la competitividad depende de muchos otros factores entre los que la fiscalidad no es la más importante. Trasladar la competitividad a ventajas comparativas como los costes fiscales, salariales u otros, es una cuestión que el tiempo ya ha demostrado ineficaz porque siempre habrá alguien que puede producir más barato que tú. Las empresas vascas para ser más competitivas tienen que basar esta competitividad en la producción de mercancías de valor añadido, en la cualificación del capital humano y en la innovación. Y para ello hay que profundizar en la internacionalización de nuestras empresas y en incrementar las exportaciones para lo que es necesario, entre otras cosas, aumentar el tamaño de nuestras empresas que es, el del tamaño tan reducido, un mal endémico que arrastramos desde hace demasiado tiempo. Es preciso apoyar al pequeño emprendedor, pero es muy necesario obtener respuesta a la pregunta de porque nuestras empresas no crecen en dimensión y muchas de ellas se disuelven ante contratiempos no siempre excesivos. El País necesita pequeños empresarios pero también y, sobre todo, medianas y grandes empresas con capacidad de competir internacionalmente. Empresas mas grandes, bien capitalizadas, con estructuras sólidas y sostenibles para afrontar mayores inversiones y depender menos de los vaivenes a corto plazo del mercado. Empresas con menos preocupación de los beneficios a corto. El Impuesto de Sociedades es una figura tributaria compleja que ha sufrido cambios desde su nacimiento en los años 80, en un intento de adecuarlo al funcionamiento de las empresas. Desde 1999 (2,1% PIB) ha mantenido en la CAPV una trayectoria creciente en su recaudación hasta alcanzar un punto máximo en 2007, del 2,9% del PIB. La llegada de la crisis nos hundió en la recesión económica y provocó un 2
fuerte descenso en la recaudación por el Impuesto de Sociedades hasta el 1,8% del PIB en 2009, y ha seguido cayendo durante el año 2010 y 2011 a cifras por debajo del 1% del PIB. La caída del beneficio de las empresas no ha sido la única causa para tan brusco descenso y hay que señalar también a las medidas adoptadas por las Diputaciones Forales en las sucesivas reformas en un intento de favorecer la actividad económica como principales causas del desplome de la recaudación: la reducción de los tipos de gravamen del 32,5% al 28% y al 24% para pequeñas empresas. Al 20% y al 18% respectivamente en el caso de las cooperativas. Además, se incrementan las deducciones de la cuota íntegra. Comparativamente, en el Territorio Común, durante el mismo período, con tipos de gravamen del 35% inicial al 30% final (25% para empresas con menor facturación), se ha pasado de una recaudación en 1999 equivalente al 2,9% del PIB hasta el 4,8% del PIB en 2007, la cota más alta alcanzada, y un descenso hasta el 1,5% del PIB en el año 2010. Todo ello, nos lleva a la conclusión de que la normativa aplicable en la CAPV es más favorable para las empresas que contribuyen en el Impuesto de Sociedades que la aplicable en el Estado Español tanto en el tipo de gravamen como en los incentivos a la cuota. El impuesto sobre sociedades ha acumulado en los últimos años algunas deficiencias que ahora son más evidentes; la principal, la gran diferencia existente entre el tipo de gravamen teórico y el tipo efectivo pagado por las empresas. La distancia entre ambas ha ido incrementándose en el tiempo hasta ser de más de doce puntos en 2010, cuando con un tipo teórico del 28%, alcanzamos un tipo efectivo en torno al 15,6% cuando se compara con la cuota líquida ingresada con la base liquidable de signo positivo. Pero también se produce el fraude en una doble dirección: el uso indebido de algunas de las deducciones y la ocultación de los resultados reales de las empresas (los beneficios). Obsérvese que el año de mayor recaudación, el año 2007, por el Impuesto de Sociedades que alcanzó, como ya se ha señalado, cifras en torno al 2,9% del PIB, casi el 68% de las empresas de la CAPV declararon o pérdidas (un 37%) o beneficios inferiores a 6.000 (el 31%). Estamos ante una clara elusión de las obligaciones fiscales de nuestras empresas. Sabemos que los trabajos de control e inspección de este impuesto son complicados por dimensión, casi 75.000 empresas declararon en la CAPV el año 2007 y la mayoría de reducido tamaño, pero también por la complejidad, que aumenta con el tamaño de las empresas y su posición en distintos países comunitarios y no comunitarios. ALGUNAS REFLEXIONES Desde el inicio de la crisis económica, los ingresos fiscales han caído de forma considerable, pasando de cifras en torno a 13.770 millones de euros en 2007 a 11.481 millones de euros en 2011. Estamos en un nivel de ingresos 3
similares a los del año 2006 con gastos del año 2012, lo que dificulta que el sector público asegure unos servicios públicos de calidad, reduce las inversiones públicas y pone en peligro el pago de algunas prestaciones sociales, salvo incremento del déficit público y de la deuda, lo que en este contexto es una quimera. Las Administraciones han optado por aplicar políticas de recorte y ajuste que no sólo no han servido para salir de la crisis sino que nos ha situado a las puertas de una nueva recesión. Los recortes contraen el consumo y si cae la demanda la oferta baja y, en consecuencia, el desempleo se incrementa. Además se dificulta la realización de políticas públicas que reactiven nuestra economía. Pero la reducción de la recaudación no obedece únicamente a la situación de crisis. En los tiempos de bonanza económica, las Administraciones Públicas hicieron políticas procíclicas en materia fiscal y su consecuencia fue el diseño de un sistema tributario que ha mermado nuestra capacidad recaudatoria. La crisis ha venido a demostrar lo erróneo y desenfocado de las políticas fiscales llevadas a cabo, por lo que es necesario revertir la situación con una reforma que permita mejorar alguna de las limitaciones de nuestra economía. Caída de la recaudación de los impuestos cocertados AÑO 2011 2010 2009 2008 2007 PIB precios corrientes 66.596,8 65.419,2 64.225,6 67.924,4 66.354,0 Recaudación 11.481,0 11.700,0 10.792,0 12.834,1 13.772,1 impuestos Presión fiscal 17,2% 17,8% 16,7% 18,8% 20,8% Más allá de las oscilaciones entre un año y otro, todas las previsiones indican que la recaudación por impuestos concertados en Euskadi no va a volver a llegar a los niveles anteriores a la crisis en mucho tiempo si no hay un cambio en la estructura fiscal que conlleve una mayor presión fiscal, al ser imposible y nada deseable, volver a la senda de la proliferación de las operaciones inmobiliarias y del crecimiento del precio de la vivienda, que ya nos llevó a 161.000 parados en la CAPV-5,3 millones en España-; a un precio inaccesible de un bien básico como la vivienda; a una deuda privada de grandes dimensiones y a un sistema financiero muy debilitado. Se puede decir que el déficit público que hoy tienen las instituciones vascas es producto fundamentalmente de ese margen de presión fiscal que se está dejando de activar. Porque debemos preguntarnos que parte del déficit y de la deuda pública corresponde a la evolución del ciclo económico, cuales a las medidas adoptadas para hacer frente a la recesión y que parte es estructural, es decir que no se soluciona aunque se alcance el crecimiento potencial de nuestra economía. Y comprobaremos que una parte importante del desequilibrio en las cuentas públicas tiene su origen en no haber desarrollado un sistema tributario suficiente frente a las necesidades del gasto. 4
Algunos de los servicios públicos más importantes en el país van a requerir de incrementos presupuestarios para mantener la calidad del servicio, producto de variables como el envejecimiento de la edad de la población (en materia sanitaria y de servicios sociales) o el aumento de alumnos que se incorporan cada año a la educación reglada. De igual manera, numerosos servicios a las personas como la ayuda domiciliaria, los sectores de la intervención social y en general todo el llamado tercer sector, dependen de forma casi total de recursos públicos. Los recortes de los mismos tendrán una creciente influencia en el nivel de prestación de servicios o la calidad de los mismos, con efectos muy negativos para el ejercicio pleno del derecho de ciudadanía. Paralelamente, el empleo que ha aumentado de forma importante en los últimos años se verá mermado. Por otro lado, existe una particular configuración de nuestro entramado institucional, según el cual la Administración Autónoma Vasca (Gobierno y Parlamento) apenas tiene capacidad de influir en las políticas de ingreso, salvo medidas excepcionales de recargo o armonización fiscal. Cuestión ésta sin parangón probablemente en el mundo desarrollado y que dificulta de forma clara cualquier planteamiento de pacto global al respecto. Pero este es otro debate pendiente. Si bien los niveles de déficit y endeudamiento público en la CAPV, el bajísimo nivel de deuda viva (en torno al 7,4%) dejarían un amplio margen para hacer política anticiclo en base a emisión de deuda o incremento de déficit. Las restricciones impulsadas desde el Gobierno de España y las instituciones europeas a este respecto hacen prever que las políticas impositivas serán la única forma real de mejorar los ingresos públicos. Es una prioridad analizar nuestro sistema tributario en su conjunto con el objetivo de realizar una reforma que diseñe unos impuestos que obedezcan a tres principios básicos: recaudación (suficiencia para poner en práctica las políticas elegidas), distribución de esfuerzos con principios de equidad y niveles de renta (que paguen todos y que pague más el que más tiene) y fomento del crecimiento económico. Analizar la composición comparada con la Unión Europea. En el contexto actual de falta de confianza en la deuda pública y elevados déficits presupuestarios, puede ser útil hacer un repaso sobre algunas características del sistema fiscal de la Unión Europea. El gasto público en la UE 27 fue en 2010 equivalente al 50% del PIB, con un máximo en Dinamarca (58,4% del PIB) y un mínimo en Bulgaria (37,7% del PIB) siendo la media cercana al máximo del citado gasto público. Los ingresos totales de la UE se mantienen en porcentajes elevados del PIB (44,1% en 2009). La presión fiscal en la CAPV en 2009 fue del 28,8% del PIB y la de la UE-27 del 38,4% es decir 9,6 puntos más que en la CAPV que también 5
se situó por debajo del Territorio Común que alcanzó una presión fiscal 30,4% del PIB. A la vista de las cifras se observa una fuerte correlación positiva entre presión fiscal y desarrollo económico. Con excepción de Hungría los países con mayor recaudación mediante impuestos y cuotas sociales mantienen también un nivel más alto del PIB por habitante. Las causas de esta mayor riqueza están lideradas por la competitividad en la venta de mercancías con valor añadido, se puede afirmar que la mayor creación de riqueza está acompañada de un nivel de bienestar alto, con una participación destacada de las políticas públicas. También cabe señalar la estrecha correlación entre baja presión fiscal y elevado saldo negativo de las cuentas públicas, junto con un menor nivel de actividad económica, como es el caso de la CAPV, España, Grecia, Bulgaria, Rumania, Lituania, Letonia y Eslovaquia. Una de las ideas que más se han trasladado en el tiempo por las Instituciones y, como ya se ha señalado anteriormente, por las asociaciones empresariales es que el impuesto de sociedades que soportan nuestras empresas es la de los más altos de la Unión Europea y, en consecuencia, las reformas que han reducido el tipo de gravamen estaban justificadas. Sin embargo, en 2008, la presión fiscal del Impuesto de Sociedades fue del 2,1% del PIB en la CAPV, en España de un 2,7% del PIB y, por encima de estas cifras estuvieron Dinamarca (3,4% del PIB), Luxemburgo (5,5% PIB), Suecia (3,3% PIB), Reino Unido (3,5% PIB), Italia (3,7% PIB), Holanda (3,3% PIB), Portugal (3,8% PIB), Bélgica (3,3% PIB). Somos, con la excepción de Alemania (1,9% PIB) los que tenemos presión fiscal más baja de todos Estados de la UE-15, en el Impuesto de Sociedades. Además, la mayoría de las empresas que declaran el Impuesto sobre Sociedades pagan poco o nada, lo que viene a demostrar, junto con el dato referido a la declaración de actividades económicas, empresariales y profesionales, que el único impuesto que está totalmente controlado y sin posibilidad de fraude es el correspondiente a las rentas del trabajo. En relación con el Impuesto de Sociedades la CAPV y también Gipuzkoa, tienen un impuesto con tipos de gravamen más bajos que Navarra y que el Territorio Común, con bastantes más incentivos y con deducciones más generosas. En concreto los incentivos han sido muy generosos para determinados tipos de inversión y al empleo. También se han incentivado los gastos del I+D+i sin evaluar cuánto de ese gasto ha retornado con resultados efectivos a la economía real. Según se desprende de los Presupuestos de Gastos Fiscales en el Impuesto de Sociedades para el año 2010, el total de gastos fiscales fueron de más de 568 millones de euros, es decir casi el 36% de lo recaudado por el impuesto. 6
Otra cuestión a destacar es que el Impuesto de Sociedades lo pagan esencialmente las grandes empresas. El año 2006 en Bizkaia de 33.000 declaraciones por el Impuesto de Sociedades, 434 empresas pagaban el 45% de lo que se recaudaba y en Gipúzkoa, sólo 90 empresas de las casi 23.000 que presentaron declaración pagaban ese 45% de lo recaudado por este impuesto. Por eso, extraña que las asociaciones patronales se quejen afirmando que el Impuesto de Sociedades es un lastre para la competitividad cuando, como ya se ha dicho, la mayoría de las empresas paga poco o nada por este impuesto. Además, es público y notorio que muchos pequeños empresarios, ante las dificultades de inspección y control del impuesto, cargan gastos personales en la empresa y así evitan el pago del IRPF. A pesar de lo anterior, hay un amplio convencimiento de que, en general, los incentivos en el Impuesto de Sociedades son ineficientes y son una gran carga para los recursos públicos. En general, las decisiones empresariales para realizar inversiones y crear empleo dependen de su rentabilidad, necesidad y expectativas de mercado. Las empresas sólo harán inversiones que les sean rentables y crean empleo para rentabilizar una inversión y sacar beneficios como no puede ser de otra forma. Sin embargo, como en la última Reforma Laboral, se le conceden por contratar trabajadores y trabajadoras incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social que no son justificables. Dicho de otra forma, los empresarios no acostumbran a realizar actuaciones que no sean rentables por lo que los incentivos no generan por sí mismos inversiones o empleos adicionales. NUESTRAS PROPUESTAS El pasado mes de diciembre, hicimos entrega al Gobierno de la Diputación Foral de Gipúzkoa, encabezada por el Diputado General Sr. Garitano, la propuesta de CC.OO. de Euskadi sobre una Iniciativa Vasca por el Empleo y ante la Crisis, en las que estaban incluidas nuestras propuestas para una reforma de la fiscalidad en la CAPV. Propuestas realizadas desde la preocupación por el deterioro de las cuentas públicas del País que tiene como consecuencia la reducción del gasto público ante la imposibilidad del endeudamiento. La importancia de fortalecer la economía productiva y de conciliar la fortaleza de nuestra capacidad exportadora con la necesaria activación de la demanda interna aconseja reformas fiscales selectivas y progresivas que no deterioren la competitividad ni el consumo. En concreto planteábamos en el IRPF nuevos tramos para las rentas más altas; eliminar la dualidad del impuesto recuperando su carácter sintético, integrando todas las rentas (de trabajo y capital) en la misma base imponible o, en su defecto, creando una tarifa para las rentas de ahorro con una estructura progresiva, del mínimo de la general 23% al 35%; la restitución del impuesto de Patrimonio y medidas en el Impuesto de Sucesión y donaciones. 7
Sobre el Impuesto de Sociedades concretábamos la propuesta en las siguientes medidas: Incrementar el tipo buscando un punto de equilibrio que optimice la medida fiscal respecto al nivel de recaudación efectiva. Unificar el tipo de gravamen: el foco debe ponerse en los beneficios y no sobre el tamaño de la empresa. Aplicación del tipo más alto que se da en el IRPF a las empresas sin actividad empresarial (sociedades ficticias, interpuestas o instrumentales sin fines productivos) y a las que se dediquen únicamente a la gestión de patrimonios personales. Eliminación de todas las deducciones que se aplican en la actualidad. Mejorar los trabajos de control e inspección de este impuesto reforzando los recursos humanos y técnicos y aplicando mayores sanciones por delitos fiscales. Donosita 3 de Abril de 2012 8