Informe del Gobierno Nacional

REPÚBLICA DE COLOMBIA PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2002-2006 Informe del Gobierno Nacional Bogotá D.C., abril 6 de 2006

TABLA DE CONTENIDO Introducción...3 1. DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL:... 5 1.1Programas para promover los entornos protectores y prevenir las causas que generan o aumentan la discapacidad:... 7 1.1.1 Diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en el país... 7 1.1.2 Elaboración de Mapas de riesgo y promoción de entornos saludables... 10 1.1.3 Promoción de la Salud Ocupacional y Prevención de riesgos profesionales... 12 1.1.4 Prevención de la accidentalidad vial... 13 1.1.5 Prevención y atención de accidentes de minas antipersona... 15 1.2Oferta de servicios de rehabilitación integral... 16 1.2.1 Mejora de la calidad de los servicios de rehabilitación... 16 1.2.2 Rehabilitación profesional... 19 1.2.3 Manual de calificación de invalidez... 20 1.2.4 Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC...20 1.2.5 Servicios de Rehabilitación en las Fuerzas Militares:...21 1.2.6 Pensiones de invalidez en las Fuerzas Militares: 1.3 Suministro de ayudas técnicas... 23 2. DERECHO A LA EDUCACIÓN:... 24 2.1 Sistema de información - educación... 24 2.2 Ampliación de Cobertura en educación:... 24 2.3 Fortalecimiento de la oferta educativa para la integración educativa... 25 3. DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO... 30 4. DERECHO A LA CULTURA.... 36 5. DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE... 38 6. DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN... 40 7. DERECHO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN... 44 7.1 Tecnologías para el acceso a la información:... 44 7.2 Servicio de intérpretes para el acceso a la información de la población sorda:... 47 7.3 Portal de discapacidad... 47 8. DERECHO A LA VIVIENDA... 48 9. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON DISCAPACIDAD:... 49 10. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER Y HACER VISIBLES LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD... 54 10.1 Formulación de una Convención internacional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas... 54 10.2 Estrategia de Comunicaciones...55 10.3 Gestión de recursos de cooperación internacional...56 10.4 Articulación con otras políticas sociales:... 58 10.4.1Política de infancia:... 58 10.4.2 Política de equidad de género:... 59 2

Informe del Gobierno Nacional PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2002-2006 En desarrollo de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 Hacia un Estado Comunitario 1 y dando continuidad al proceso de formación de una política pública en discapacidad iniciado hace varios años, las entidades que integran el Gobierno Nacional 2 han implementado acciones sectoriales e intersectoriales orientadas al respeto y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante estrategias de Promoción y Prevención, de Equiparación de Oportunidades y de Atención Integral a esta población, conforme a las Normas Uniformes de las Naciones Unidas. 3 La situación de discapacidad es actualmente entendida no sólo desde una perspectiva médica en la que se tienen en cuenta la funcionalidad del individuo, sino también desde un modelo social que hace referencia a la integración y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y responsabilidad colectiva de la sociedad para hacer las modificaciones ambientales necesarias con el fin de garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. 4 En la medida que el tema de discapacidad sea un tema transversal, es decir, que exiga una intervención integral frente al individuo y a su entorno para su efectiva integración y participación, es preciso la articulación de los diferentes actores y entidades que integran el Estado, tanto en sus niveles de descentralización: 1 Para atender la situación de Discapacidad en el país se desarrollará el Plan Nacional de Intervención en Discapacidad, dentro del marco de la Política Pública, con el fin de garantizar los programas y estrategias intersectoriales que prevengan las situaciones de discapacidad. Propenderá por el respeto y el reconocimiento de las diferencias que de la condición de discapacidad se derivan, así como proveer las condiciones para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con discapacidad en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, compromiso y solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado. 2 Entre otras: Consejería Presidencial de Programas Especiales, Consejería Presidencial para la Política Social-Red de Solidaridad Social, Vicepresidencia de la República, Ministerio de la Protección Social- ICBF, SENA, Ministerio de Educación- INCI; INSOR, DANE, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Comunicaciones Agenda de Conectividad, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Cultura Coldeportes. 3 Normas Uniformes de Naciones Unidas Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993. 4 Ver Clasificación internacional del Funcionamiento y la discapacidad - CIF. - OMS. Ginebra, 2000 3

nacional, departamental y municipal, como desde los distintos sectores: salud, educación, empleo, cultura, transporte, etc.; desde la sociedad civil: instituciones prestadoras de servicios, lideres comunitarios, empresarios, gremios, y en general la ciudadanía. En esa medida, bajo la coordinación del Ministerio de la Protección Social, desde su Dirección de Promoción Social 5, con el acompañamiento del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, 6 se ha buscado permanentemente articular las acciones entre las entidades que integran el Gobierno en el nivel nacional, las instancias territoriales y la comunidad, en aras de construir la Política Nacional de Discapacidad que permita consolidar la articulación del tema de discapacidad dentro del Sistema de la Protección Social y su plena coordinación con los demás sistemas y políticas públicas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los colombianos en condiciones de equidad. Ahora bien, es importante comprender que la construcción de una política pública social más que un documento, un plan o una matriz, supone un conjunto de acciones colectivas orientadas a garantizar los derechos sociales, las cuales configuran un compromiso público para lograr un fin determinado 7 Este fin, para el caso concreto de la Política Nacional de Discapacidad, no es otra cosa distinta a lograr la máxima autonomía y la plena participación de la persona con discapacidad en el desarrollo humano y social del país. En este sentido, a partir de las recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social, contemplados en el Documento Conpes 080 de 2004 8 bajo el enfoque del manejo social del riesgo, se ha venido construyendo un Plan de Acción Nacional que busca dar respuestas transversales e integrales a las principales necesidades de las personas con discapacidad, aspirando a establecer políticas de Estado a partir de una visión integrada que permita dar soluciones estructurales para el manejo de la situación de Discapacidad en un marco de derechos y deberes ciudadanos, con descentralización y participación de la comunidad. Es así como el Ministerio de la Protección Social con el apoyo de la Consejería Presidencial de Programas Especiales y de la Vicepresidencia de la República, realizó el diseño y la construcción del Plan Nacional de Intervención en Discapacidad con los sectores y entidades del orden nacional. De manera conjunta trabajó con los diferentes actores que conforman el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, el Comité Técnico Nacional de 5 Decreto 205 de 2002. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones. 6 Ley 361 de 1997 y decreto 276 de 2000. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 7 Guareschi, Comunello, Nardini & Hoenisch, 2004, pág. 180 8 DNP-DDS-SS. Documento Conpes Social 80 26 de julio del 2004, Bogotá Colombia. http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/subdireccion_conpes/social080.pdf 4

Discapacidad y los Grupos de Enlace Sectorial 9, con el propósito de coordinar las acciones para el desarrollo de dicha Política. Igualmente apoyó en la definición del nivel de compromiso y grado de participación de los diferentes departamentos en la formulación y planificación del proceso del desarrollo del Plan. Dentro de las acciones gubernamentales realizadas en dicho contexto durante este gobierno, dirigidas a materializar los derechos humanos de la población con discapacidad en el país y avanzar en los mecanismos de planeación y participación social de este sector de población, encontramos: 1. DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 10. Igualmente nuestra Constitución Política define la salud como un derecho fundamental y un servicio público que debe ser garantizado a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad manifiesta como es el caso de las personas con discapacidad. 11. A partir de la Ley 100 de 1993 se creó en el país el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el objetivo entre otros, de alcanzar la cobertura universal en salud, mejorar el flujo de recursos hacia el sector y brindar una mayor asistencia en salud pública a todos los colombianos. Estó comprendido dentro de Sistema de la Protección Social, establece las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura en salud, pensiones y riesgos profesionales y otros servicios complementarios para asegurar el bienestar, la calidad de vida y la salud pública de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. De acuerdo con la información del Registro DANE, se está evidenciando una cobertura del 62%, es decir están por fuera del sistema aproximadamente el 38% de las personas con discapacidad, situación que es más crítica en unas regiones. 12 En particular, las personas con discapacidad deben no solo poder acceder a este Sistema de Salud sin ningún tipo de discriminación frente a los demás ciudadanos, sino además recibir efectivamente los servicios de rehabilitación integral y demás 9 El objetivo de esta instancia es la de servir de enlace entre los entes públicos y las organizaciones no gubernamentales para la planeación en el nivel nacional y territorial y el apoyo técnico a diferentes sectores. 10 Principios básicos de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en la Conferencia Sanitaria Internacional. Celebrada en Nueva York entre el 19 de junio y 22 de julio de 1946 y suscrita el 22 de julio por los representantes de 61 Estados. 11 Constitución Política de Colombia Art. 13 y 47. 12 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Aplicación del Registro Único para la Localización y caracterización de personas con discapacidad. 2002-actual. 5

recursos que les permitirán alcanzar y mantener su mayor grado de autonomía e independencia. Para asegurar el acceso y la cobertura de servicios en el Sistema de Salud y Seguridad Social de las personas con discapacidad en Colombia, el Consejo Nacional de Seguridad en Salud y Seguridad Social (CNSSSS), 13 ha incluido dentro de los Planes de Atención Individual Obligatorios, tanto en el Régimen Subsidiado como en el Contributivo 14, acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y recuperación de la salud, particularmente servicios de atención en rehabilitación y suministro de ayudas técnicas para las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación. Se contemplan acciones de promoción y prevención para la atención comunitaria, en los Planes de Atención Básica (PAB) dentro de las políticas de atención en Salud Pública. 15 De igual forma, el Ministerio de la Protección Social, ha transferido recursos de la Nación a las entidades territoriales responsables, para la atención de las necesidades de las personas con discapacidad en sus respectivas comunidades, así: Mediante la Resolución 2529 de 2003, se asignaron recursos de $2.500 000.000 a 17 departamentos: Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caquetá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre y Tolima. Mediante la Resolución 1834 del 16 de Junio de 2004, se asignaron recursos por $2.650 000.000 a los siguientes 15 departamentos del país: Amazonas, Arauca, Atlántico, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Magdalena, Putumayo, San Andrés, Santander, Valle, Vaupés y Vichada y a la ciudad de Bogotá D.C. Así mismo, a través de la Resolución 000746 del 18 de marzo de 2005, se asignaron $2.800.000.000 a 15 departamentos: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Nariño, Sucre, Tolima, Valle y a 3 Ciudades: Barranquilla, Cartagena y Santiago de Calí. de 2005 13 Organismo que tiene a su cargo la concertación de elementos de regulación para el SGSSS en todo el territorio nacional. (Departamento Nacional de Planeación. http:// www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=609.) 14 Ver entre otros: Acuerdo 000306 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y CNSSS, Resolución 5261 de 1994, 15 La Salud Pública debe ser entendida como el conjunto de políticas públicas, acciones y servicios que buscan mejorar las condiciones de vida y el bienestar del individuo y las colectividades, bajo la rectoría del Estado y la participación responsable de la comunidad, los particulares y todos los sectores. Ésta incluye las intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el control de los factores de riesgo biológicos, la vigilancia epidemiológica y las acciones en patologías de interés de la salud pública. 6

Para el año 2006, se asignarán recursos por valor de 2.940 000.000 al D.C. de Bogotá y a los siguientes departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Vaupés y Vichada. Los recursos transferidos a los departamentos buscan apoyar la cofinanciación de las siguientes acciones: Registro y Caracterización de la Población con Discapacidad acorde a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Estadística - DANE. Implementación de metodologías y estrategias de Rehabilitación Basada en la Comunidad. Fortalecimiento de Bancos de Ayudas Técnicas. Mejoramiento de Centros y Unidades de Rehabilitación. Fortalecimiento de Comité Técnicos Territoriales. Apoyo a la implementación de proyectos productivos. Por otra parte, el Ministerio realizará este año un estudio de costos de actividades de rehabilitación en discapacidad del Plan Obligatorio de Salud POS y del Plan Obligatorio de Salud - Subsidiado POSS, por un valor de $ 80 000.000, con el fin de determinar el costo y los requerimientos técnicos de las actividades y servicios que conforman el proceso de habilitación y rehabilitación integral, en el marco del Sistema de salud y seguridad social para la para atención de las personas con discapacidad y que actualmente no se encuentran incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud -POS. Lo anterior, con miras a definir el contenido legal y técnico que se propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSSS) para incluir en los Planes de Beneficios y de Salud Pública del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que sirvan de referencia para la planeación del gasto de subsidios a la oferta de servicios por parte de las direcciones territoriales de salud. Así mismo, dentro de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para la realización de este derecho, encontramos: 1.1 Programas para promover los entornos protectores y prevenir las causas que generan o aumentan la discapacidad: 1.1.1 Diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en el país Frente a la sentida necesidad de que el país pudiera conocer la verdadera dimensión de la situación de discapacidad, para hacerla visible y tener una oferta 7

de programas acordes con las necesidades de esta población, el Gobierno Nacional asumió el compromiso de apoyar la conformación de un Sistema de Información en discapacidad para conocer las condiciones de vida, las características de las personas con discapacidad en el país y la disponibilidad de servicios para satisfacer sus necesidades. Así, el DANE, entidad competente para generar información estadística nacional para la planeación socioeconómica y la toma de decisiones públicas, con el apoyo de la Vicepresidencia de la Republica, incluyó en el Censo de 2005 una pregunta sobre discapacidad, que permitirá conocer cuántas personas con discapacidad existen en Colombia, qué tipo, y en qué municipios y departamentos. Adicionalmente, el DANE, contando con la activa participación de algunos representantes de organizaciones de y para la población con discapacidad, creó el Formulario Único de Registro para la Localización y Caracterización de las personas con discapacidad. Este Registro es un instrumento que le permitirá a las autoridades locales conocer en detalle las características, condiciones y necesidades de las personas con discapacidad en un determinado municipio y departamento, para que, con base en ella, se puedan establecer planes y programas acordes con estas necesidades capaces de brindar una atención integral y oportuna a las personas con discapacidad, administrando eficientemente sus recursos públicos. Varias entidades del Gobierno Nacional han apoyado con gestión y recursos al DANE para que pueda brindar asistencia técnica a los departamentos en la implementación del Registro. Entre ellas, se destacan: el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Protección Social, la Consejería Presidencial de Programas Especiales, y la Vicepresidencia de la República. Las acciones van desde la convocatoria y sensibilización de alcaldes y gobernadores sobre la importancia de contar con esta información en sus territorios, hasta la aplicación y actualización continua de esta información. El Ministerio de Educación mediante convenios interadministrativos durante los años 2002, 2004, 2005 ha invertido en el proyecto un total de $327.000.000 de pesos de su presupuesto. Hoy en día, el DANE dentro de su presupuesto cuenta con una línea propia para cofinanciar el Registro continuo, si bien no son suficientes $300 000.000, se ha permitido brindar el apoyo técnico que los entes territoriales solicitan. Hasta el momento 18 entidades territoriales están participando en el proceso de implementación del Registro continuo. 406 municipios, incluido Bogotá, han enviado 345.658 formularios diligenciados al DANE, logrando un 76.66% de la meta proyectada y se tienen datos procesados de 248.670 personas. Los resultados generales se pueden apreciar en la siguiente tabla: 8

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS PERS / DISCAPAC 93 Meta Formularios a Diligenciar FORM RECIBIDOS DANE % ENVIOS / META FORM PROCESADOS ANTIOQUIA 49 28 646 42 996 26 472 0,61568518 21 420 ATLANTICO 22 24 733 37 142 14 389 0,38741031 14 379 BOGOTA 1 63 372 95 058 88 759 0,93373519 30 772 BOLIVAR 1 357 536 329 0,61437908 - BOYACA 40 8 573 14 321 12 473 0,87095873 10 984 CALDAS 2 1 370 2 055 1 323 0,64379562 1 323 CAUCA 36 20 731 31 215 21 490 0,68845107 15 064 CESAR 12 6 956 10 434 14 888 1,42687368 13 656 CORDOBA 28 18 177 27 266 25 044 0,91852341 24 794 CUNDINAMARCA 30 6 572 10 144 7 817 0,7706413 7 769 HUILA 37 18 682 28 044 26 497 0,94483669 25 994 LA GUAJIRA 15 6 058 9 087 9 490 1,04434907 2 144 NARIÑO 43 17 601 26 546 26 169 0,98581681 14 352 SANTANDER 3 3 142 4 719 4 089 0,86649714 3 897 Tolima 46 18 968 28 604 31 211 1,09116017 31 195 VALLE 15 50 164 75 246 25 931 0,34461633 24 619 ARAUCA 7 2 354 3 644 2 855 0,78358721 - CASANARE 19 2 156 3 828 6 432 1,68025078 6 308 TOTAL 406 298 612 450 882 345 658 76.66% 248 670 Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía Los departamentos de Arauca, Bogotá, Casanare, Huila, La Guajira y Córdoba, cuentan con esta valiosa información en el 100% de sus municipios, se espera que durante 2006 lo logren los departamentos del Tolima y Atlántico. Durante el 2006 el Ministerio de Protección Social apoyará esta estrategia con la asignación de recursos para el desarrollo de programas de atención en discapacidad a 17 departamentos. La asignación de recursos a los entes territoriales por parte de las entidades del orden nacional, estará condicionada a que los respectivos alcaldes y gobernadores implementen el registro de información y caracterización de personas con discapacidad en sus comunidades, de tal manera que todos sus programas y proyectos sociales tengan como base las necesidades reales de las personas con discapacidad. Para el año 2006 el DANE inicia procesos de implementación del Registro continuo en los departamentos de: Departamento Total de municipios Municipios con registro Cobertura geográfica Registros esperados Amazonas 11 0,0% 1 721 Caldas 27 2 7,4% 23 310 Guainía 9 0,0% 360 Guaviare 4 0,0% 758 Quindío 12 0,0% 13 182 9

Risaralda 14 0,0% 22 125 TOTAL 77 2 2,6% 61 456 Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía Igualmente el DANE realizará el mantenimiento y actualización de las bases de datos de todos aquellos municipios que reporten nueva información, se prestará apoyo técnico a los departamentos que así lo soliciten y participará en el diseño del subsistema de información sobre oferta de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el CONPES 80/2004. Es indispensable que las entidades territoriales, con el acompañamiento del DANE y demás entidades del Gobierno Nacional, continúen implementando y actualizando el Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad en sus respectivos municipios y departamentos, para asegurar el Registro en todo el territorio nacional. Igualmente, el DANE diseñará y avanzará en la oferta de información sobre principales causas de mortalidad a nivel territorial, en la elaboración de estrategias de sensibilización sobre captura y utilización de información estadística sobre discapacidad, tanto de la que proviene del registro como la de los censos nacionales de población, tarea que se desarrollará en coordinación con las demás entidades del Comité Técnico Nacional de Discapacidad. 1.1.2 Elaboración de Mapas de riesgo y promoción de entornos saludables Con el objetivo que las entidades territoriales responsables construyan mapas de factores de riesgo relacionados con discapacidad que les permitan a las personas, la familia y la comunidad identificar, prevenir y mitigar los riesgos que producen discapacidad, y desarrollar el autocuidado, las entidades del Gobierno nacional buscan definir orientaciones y brindar asistencia para que las autoridades departamentales y municipales elaboren mapas de riesgo para la prevención de discapacidad y el desarrollo de entornos protectores. En este sentido, el Ministerio de la Protección Social realizará este año el diseño y la divulgación de la Metodología para la elaboración de mapas de riesgos para la prevención de discapacidades, la cual permitirá que los entes territoriales en desarrollo de sus competencias en materia de salud, implementen programas de promoción y prevención en sus comunidades frente a la situación de discapacidad. En el marco del proyecto de Prevención en salud auditiva y Comunicativa el Instituto Nacional para Sordos, INSOR (entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional) realizó una inversión de $75.000.000. Se destacan entre otras acciones el diseñó del documento "Pautas para el Diseño de estrategias de Comunicación para la Movilización social", enfocado hacia la salud auditiva y 10

comunicativa. El Insor cuenta con un resumen ejecutivo de la experiencia "Validación del Instrumento de Tamizaje para la Detección Temprana de Deficiencias Auditivas Igualmente, el INSOR apoyó la elaboración del apartado Derechos y Deberes dentro del documento "Lineamientos de Política para la Promoción de Entornos Protectores y Prevención de la Discapacidad, y ha brindado asesorías y capacitaciones a los diversos entes territoriales en promoción y prevención de la salud auditiva, en las cuales se beneficiaron 13.488 personas de Bogotá, Cartagena, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Guaviare, Boyacá, Putumayo, Risaralda.. Finalmente, esta entidad hizo entrega del video "Pare Oreja " para su respectiva divulgación en las regiones. En el marco de estudios e investigación en el área de salud auditiva comunicativa el INSOR realizó la producción técnica de documentos de orientación Guía Sobre la Organización de servicios de Audiologia. Finalizó la investigación criterios básicos para orientar la toma de decisiones sobre elegibilidad de candidatos para implante coclear. Realizó la divulgación de materiales en salud auditiva comunicativa como publicaciones y videos. Se brindó asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de promoción y prevención de los departamentos de Tolima, Guaviare, Boyacá y Cundinamarca, así mismo para el Programa Colombia Oye en los componentes de diagnostico, selección y adaptación de audífonos, desarrollo de jornadas de capacitación y talleres teóricos prácticos hacia la identificación de la población escolar con deficiencia auditiva. En trabajo conjunto con entes territoriales se promovió la integración de acciónes multisectoriales en salud y educación. Para el 2006 el INSOR espera fortalecer los programas de promoción y prevención implementados en algunos departamentos y realizar seguimiento al uso del material Pare Oreja a la salud auditiva de los colombianos que fue entregado a las regiones- Igualmente hará la publicación y divulgación del material actualizado sobre "Uso, Mantenimiento y Cuidado del Audífono. De igual manera, el Instituto Nacional para Ciegos INCI desarrolló programas de prevención orientados a la detección de problemas visuales y oculares de la población escolar, en coordinación con entidades de salud y educación. Se capacitó a 4.884 personas entre docentes, profesionales de crecimiento y desarrollo, optómetras y oftalmólogos, coordinadores y profesionales del Plan de Atención Básica PAB, Jardineras del ICBF y del DABS, líderes y madres comunitarias para la detección de alteraciones visuales y oculares en los 11

Departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guainía, Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y el Distrito Capital. Como soporte a la temática, se realizaron dos videos; el primero denominado Una mirada al ojo sobre anatomofisiología ocular, y el segundo Ojo con tus ojos sobre acciones de prevención. En éstas acciones se invirtió un presupuesto de $52.600.489, lo que corresponde al 3.3% del presupuesto de inversión del Instituto en los últimos tres años. Con la Fundación Oftalmológica Nacional FUNDONAL, se dio inicio en el año del 2005 a la investigación en salud visual denominada Prevalencia del Glaucoma en la Raza Negra Nativa del Chocó, con una inversión de $50 000.000. El estudio obedece a que alrededor de 5.000 personas en ese departamento tienen ceguera, de las cuales el 15 % tendrían la limitación visual ocasionada por el Glaucoma. Los resultados aportarán información para diseñar un sistema de evaluación de riesgo de la presencia del Glaucoma en la población nativa del Chocó y plantear estrategias para intervenir en la historia natural de la enfermedad en comunidades afrocolombianas en el resto del país. Para el año 2006 el INCI asesorará en 10 departamentos (Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Tolima) a entidades competentes en prevención de la ceguera y baja visión, para fortalecer la cultura de la salud visual y ocular en la población en general. El DANE espera igualmente diseñar y avanzar en la oferta de información sobre principales causas de mortalidad a nivel territorial y en la elaboración de estrategias de sensibilización sobre captura y utilización de información estadística proveniente de los Censos Nacionales de Población, en coordinación con demás entidades del Comité Técnico Nacional de Discapacidad. 1.1.3 Promoción de la Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Profesionales Como parte de los objetivos del Plan Nacional de Salud Ocupacional y como estrategia que garantice la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas de los trabajadores que sufran discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social, desarrolló campañas publicitarias para promover la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, campañas publicitarias para disminuir la evasión y elusión "Evasión y Elusión una Mala Decisión", se reglamentó a través de los Decretos 2800 de 2003 y 3615 de 2005, la afiliación de trabajadores independientes. La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se incrementó de 4.164.950 en el 2002, a 5.104.050 al finalizar el 2005. 12

Así mismo, se desarrollaron campañas pedagógicas a través de medios de comunicación en: prevención del síndrome del túnel del carpo a través de la campaña "Que no se le Vaya la Mano"; sobre los derechos de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales; la campaña "Cuida tu Salud en el Trabajo", dirigida a poblaciones vulnerables e informales (artesanos, campesinos, metalmecánica). Además se realizaron en cada año 34 eventos en cada Dirección Territorial, para conmemorar el Día Nacional de la Salud Ocupacional en el Mundo del Trabajo". En estos eventos se abordan temas relacionas con la promoción de la salud ocupacional y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como estrategia para promover la cultura en salud ocupacional para involucrar otros sectores como el académico, el Ministerio de la Protección Social firmó un convenio interinstitucional con la Universidad Industrial de Santander cuyo objeto es diseñar y validar el programa nacional de promoción de una cultura en salud ocupacional en el marco de la estrategia de Escuela Saludable a través de una prueba piloto. Este proyecto se llevará a cabo en el transcurso del 2006. 1.1.4 Prevención de la accidentalidad vial El Ministerio de Transporte ha llevado a cabo medidas preventivas para reducir el número de accidentes de tránsito que traen como consecuencia la discapacidad. Una de las acciones más representativas frente a este tema es el Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 2008 el cual ha contribuido a la reducción de los índices de accidentalidad, de personas lesionadas y de muertes ocasionadas durante el 2005. Los programas y acciones desarrolladas dentro del Plan, han contribuido a la reducción de estos índices del año 2004 al 2005 donde las cifras estimadas demuestran que de 229.184 accidentes de tránsito paso a 180.000 con una disminución del 21%; de 5.483 muertos a 5.418 con un decrecimiento del 1.2 % y de 35.914 heridos por accidente a 34.660 con una reducción del 3.5%. Para continuar con esta labor y como una estrategia para reducir los riesgos de adquirir una discapacidad, el Ministerio de Transporte con el Fondo de Prevención Vial, organizó la socialización del Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 2008 al interior del Ministerio de Transporte a sus respectivas Direcciones Territoriales y a las Secretarías de Tránsito, bajo el marco de las Mesas Regionales de Trabajo de Seguridad Vial llegando al 90% de los organismos de tránsito del país con cubrimiento de todo el territorio nacional. Igualmente, con la colaboración del Fondo de Prevención Vial se ha trabajado en diversas campañas en los medios de comunicación tendientes a prevenir la 13

accidentalidad vial, como caso especial la campaña Al discapacitado y al aciano dale tiempo dale la mano y en la parte de capacitación para niños de primaria, profesores, juego rueda la rueda, caperucicla roja y el lobo veloz, redacción Manual Pedagógico Interinstitucional del Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Transporte. De igual manera, se desarrolló el Programa de instrucción en comportamiento seguro en el tránsito por medio del Parque Didáctico Infantil de Tránsito Ciudad Vital Otras de las acciones encaminadas a la prevención de la discapacidad y la generación de entornos saludables es la Implementación del Programa SALVAVIAS, en las principales carreteras de Colombia a cargo de la Nación, cuyo propósito fundamental es establecer la presencia real del Estado a través de sus entidades para el control del tránsito de vehículos de pasajeros y así reducir la accidentalidad vial. Igualmente se expidió un conjunto de reglamentación relacionada con la seguridad vial y prevención de la accidentalidad, tales como: 1. Manual de Señalización Vial, dispositivos de Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas en Colombia. 2. Plan Nacional de Seguridad Vial. 3. Resolución de uso obligatorio de luces medias encendidas durante las 24 horas del día para la circulación de todos los vehículos en carretera. 4. Resolución de uso de dispositivos de velocidad en vehículos de transporte intermunicipal de pasajeros y de transporte especial. 5. Resolución para el Transporte de mercancías peligrosas. 6. Participación en la elaboración de Normas ICONTEC en accesibilidad y riesgos. 7. Resolución de reglamentación de la habilitación y funcionamiento de Centros de Enseñanza Automovilística. 8. Reglamentación de los exámenes teórico-prácticos y psicosensométricos para la expedición de la licencia de conducción de vehículos automotores. 9. Resolución para la autorización del transporte de cargas extradimensionada y extrapesada por las vías del país. 10. Resolución del vehículo accesible Por último, se suscribió un convenio entre el Ministerio de Transporte y Colciencias por valor de 200 millones de pesos para la investigación sobre las verdaderas causas de la accidentalidad en los corredores viales de alta accidentalidad y la implementación de un piloto de intervención para reducir la accidentalidad. 14

1.1.5 Prevención y atención de accidentes de minas antipersonal Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo, después de Afganistán y Angola, en cuanto a número de víctimas causadas por las Minas Antipersonales (MAP) y es el único país de América Latina en donde aún se siembran Minas Antipersonales y donde la población se ve expuesta a Municiones Sin Explotar (MUSE) de manera alarmante. Uno de cada dos municipios se ve afectado por la presencia o sospecha de un campo minado que alcanza una vida útil de hasta medio siglo. En 31 de los 32 departamentos nacionales la población está en riesgo por la presencia de campos minados y municiones abandonadas sin detonar, o en peligro ante la sospecha de que el fenómeno pueda estar a su alrededor. No son sólo las víctimas directas de estas armas quienes se ven afectadas: sus familias y sus comunidades también, cuando deben, abruptamente, modificar su forma de vida pues se trata de una amenaza de alto riesgo para la población civil. A nivel colectivo, las comunidades pierden la confianza en sus territorios, y les restan tan sólo dos alternativas: Convivir con ello o huir dejándolo todo. El territorio contaminado por minas antipersonales afecta la movilidad de las gentes, la productividad de los predios y la gobernabilidad de los mismos. En Colombia el 92% de los casos se presenta en áreas rurales. El total de víctimas registradas durante 2004 fue de 812 y desde 1990 hasta la fecha es de 3404. En promedio, se presentan dos víctimas diarias, 40% de las cuales son civiles, la mitad de ellas niñas y niños. El 48% de las niñas y niños víctimas han sufrido el accidente al momento de manipular artefactos abandonados, generalmente granadas. La problemática del desplazamiento forzado crece donde hay peligro de campos contaminados por minas antipersonales. En el momento de la huída se enfrentan también al riesgo de las municiones sin explotar que quedan después de un enfrentamiento. Los actores armados ilegales utilizan el minado indiscriminado en corredores estratégicos y campamentos. En lugares sagrados como los alrededores de escuelas, fuentes de agua, áreas comunales y de vivienda, zonas de cultivos y caminos de acceso a las comunidades. Un alto porcentaje de la población ignora las señales de peligro, las medidas de seguridad y protección, localización de los campos minados y los mecanismos para solicitar protección del Estado. El desarrollo económico se ve afectado, pues el 88% de las víctimas son jóvenes y adultos en edad productiva. 15

Ante esta crítica realidad, el Gobierno nacional apropió los recursos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Convención de Ottawa, asignando del Presupuesto General de la Nación los siguientes montos: a. Para la vigencia 2004, por medio de la Ley 848 de 2003, la suma de $2.500 000.000, valor para ser ejecutados entre julio de 2004 y junio 2005. El presupuesto de inversión corresponde al siguiente proyecto: Implantación del Programa Nacional de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonales y Atención a Víctimas. b. Para el año 2005 de conformidad con la ley 921 de 2004 se asignaron $571.000.000, los cuales se ejecutarán durante el periodo comprendido entre julio 2005 y junio 2006. El presupuesto de inversión corresponde al siguiente proyecto: Implantación del Programa Nacional de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonales y Atención a Víctimas. En desarrollo de su misión, el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, desarrolla estrategias para Promover una cultura de seguridad y protección contra las minas antipersonales y los artefactos explosivos abandonados no detonados, desarrollando la línea estratégica de información y educación, a través de un proceso participativo, masivo y sostenible. Igualmente, promueve una respuesta oportuna para garantizar la vida, la integridad, la salud, la convivencia y la seguridad de la población civil más vulnerable víctima del conflicto armado interno, respondiendo oportunamente a Emergencias Humanitarias. A través de la gestión de información en el tema, se ha conformado un Sistema información para la detección de zonas afectadas por minas antipersonales y artefactos explosivos no detonados y se ha generado conocimiento para facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas, atención a víctimas y monitoreo. Igualmente se ha generado conocimiento para facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas, atención a víctimas y monitoreo 1.2 Oferta de servicios de rehabilitación integral 1.2.1 Mejora de la calidad de los servicios de rehabilitación La rehabilitación integral se define como el conjunto de acciones sociales, terapéuticas, educativas y de formación, de tiempo limitado, articuladas, definidas y conducidas por un equipo interdisciplinario, en el que se involucra al usuario como sujeto activo de su propio proceso, a la familia, a la comunidad laboral y la comunidad social, en el cumplimiento de los objetivos trazados, que apunten a 16

lograr cambios en el trabajador y en su entorno, y que conduzcan a una reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional satisfactoria y a una experiencia de vida con calidad. 16 Sólo mediante el reconocimiento de la importante contribución que las personas con discapacidad aportan a la sociedad, y entendiendo que la asignación de recursos para su rehabilitación es una inversión para el desarrollo, es posible superar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad. En efecto, tradicionalmente las instituciones de rehabilitación no han prestado servicios exclusivos de educación, salud o protección, sino varios de ellos. Para aquellas que ofrecen servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o con algún otro servicio, es incuestionable el deber de cumplir con los requerimientos mínimos que garantizan la salud y seguridad de los individuos que atienden y de enmarcarse en los preceptos del Sistema de Garantía de Calidad, para asegurar que las condiciones bajo las cuales proporcionan la atención, sean las más propicias para lograr que el paciente reciba una atención de calidad, entendida como el mayor beneficio, al menor riesgo y costo. 17 Con este objetivo y teniendo en cuenta las necesidades y características de la oferta de los servicios de rehabilitación en el país, el Ministerio de la Protección Social 18 adelantó en el año 2004 mediante contrato con el Centro de Gestión Hospitalaria, el Estudio para el establecimiento de estándares de acreditación de prestadores de servicios de salud de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad física, mental, cognitiva o sensorial en el territorio nacional, en el marco del Sistema de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, con un valor de $80'000.000 (recurso de vigencia 2004). A través de este estudio, se definen los procesos básicos para garantizar la calidad de la atención de la institución de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad física, mental, cognitiva o sensorial, en la prestación de los servicios de salud, independientemente de su tamaño y nivel de complejidad, de tal manera que se brinde una atención centrada en el usuario o paciente, y el mejoramiento continuo de la calidad. Con base en el anterior soporte técnico, el Ministerio de la Protección Social expedirá durante el primer semestre de 2006 una norma legal que establece los 16 Lineamientos de Política de Habilitación/Rehabilitación Integral. Ministerio9 de la Protección Social. 2004 17 Estudio para el establecimiento de estándares de acreditación de prestadores de servicios de salud de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad física, mental, cognitiva o sensorial en el territorio nacional. 18 Mediante el Decreto 2309 del 15 de Octubre del 2002 se estableció la Acreditación, como un instrumento destinado a mejorar la gestión por calidad de las organizaciones de salud, mediante un proceso voluntario de autoevaluación y evaluación externa, con unos estándares óptimos factibles, para mejorar la salud de los colombianos. Como parte del componente operativo del Sistema Único de Acreditación, mediante la Resolución 1474 del mismo año, se pusieron a disposición de las instituciones de salud (prestadoras de servicios y promotoras de salud) los estándares para llevar a cabo la autoevaluación y la evaluación externa que permitan la acreditación 17

estándares de habilitación y acreditación de prestadores de servicios de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad. Con base en este marco conceptual es necesario que las entidades con responsabilidad en el tema, tomen conciencia de la necesidad de garantizar una óptima calidad en los servicios de salud y rehabilitación de las personas con discapacidad así como del costo social y económico que implica su exclusión de la sociedad. De otra parte, el Ministerio de la Protección Social coordinó la elaboración y publicación del documento "Lineamientos de Política de Habilitación y Rehabilitación Integral para el Desarrollo Familiar, Ocupacional y Social de las personas con discapacidad", el cual fue realizado en el marco del trabajo del Grupo de Enlace Sectorial -GES de Rehabilitación y por el cual se busca ofrecer lineamientos técnicos a las Organizaciones Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales y a la comunidad en general para facilitar los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad. La publicación de este documento tuvo un costo de $9'800.000 (recurso de vigencia 2004). Adicionalmente, este Ministerio realizó el Primer Encuentro Nacional Sobre Políticas, Planes y Programas de Atención Integral a la Discapacidad adelantado en diciembre de 2004 con un costo de $10'000.000. Igualmente, para el año 2006 se desarrollará un estudio técnico con su respectivo análisis de costos que permitirá el análisis de los procesos normativos necesarios para mejorar la calidad y oportunidad de acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, en función del logro de su autonomía para el desarrollo de actividades cotidianas, de acuerdo con sus características personales y de su entorno cercano. Un avance en este sentido lo constituye la expedición y difusión de una circular externa dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Directores Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, Gerentes de Empresas Sociales del Estado, ESE, Directores y Representantes Legales de Entidades Promotoras de Salud, EPS, IPS y de Administradoras del Régimen Subsidiado de Salud, ARS suscrita por el Señor Ministro de la Protección Social, mediante la cual se determina el carácter obligatorio de la prestación de Servicios de Rehabilitación a la población con y en situación de Discapacidad. Lo anterior pretende analizar y proponer los elementos necesarios para ajustar las normas legales y técnicas para la prestación de servicios de rehabilitación en el Marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS. Por su parte, el Instituto Nacional para Ciegos INCI- entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, desarrolló servicios de asesoría y acompañamiento a entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la 18

implementación de servicios de rehabilitación. De esta manera brindó capacitación a 40 Entidades ubicadas en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima y los Distritos Bogotá, Barranquilla y Cartagena. De igual forma, el INCI desarrolló estrategias para promover el servicio de rehabilitación funcional a través de un seminario internacional en baja visión, evento que contó con la participación de 16 profesionales de 6 países de Centroamérica y el Caribe y de 5 departamentos del País. A lo anterior lo acompañan la realización de 6 eventos cuyo objetivo consistía en la promoción del servicio de rehabilitación funcional en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Fusagasuga, Pasto, Medellín y Yopal. Participaron 163 personas entre directivos, administradores y profesionales de Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, Entidades Promotoras de Salud-EPS, Empresas Sociales del Estado- ESE, Secretarías de Salud, Asociaciones de Limitados Visuales y comunidad en general. El presupuesto invertido en estas áreas ascendió a $52.155.795. En el presente año el INCI asesorará la organización e implementación de servicios de salud visual a la población en general y de rehabilitación para la población con limitación visual en los siguientes 10 departamentos: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Tolima. Para ello realizará una inversión de $37.600.000. 1.2.2 Rehabilitación profesional En el marco del Sistema General de Riesgos Profesionales- SGRP, el Ministerio de Protección Social, diseñó y difundió el Manual Guía de Rehabilitación que brinda orientaciones y lineamientos en el proceso de rehabilitación integral a los administradores del Sistema y sus usuarios. Además incluyó dentro del sistema de información del SGRP todas las variables del proceso de rehabilitación, para hacerle seguimiento a la gestión que las administradoras de riesgos profesionales realizan en este tema. En concordancia con esta estrategia, con el objeto de contar con un soporte técnico para la orientación laboral y la rehabilitación profesional el INCI elaboró un documento sobre perfiles ocupacionales basado en actividades económicas, buscando generar respuestas positivas de las entidades de formación para el trabajo así como de empresarios frente a las demandas de personas con limitación visual tanto de capacitación como de ubicación laboral. 19

1.2.3 Manual de calificación de invalidez Con base en lo solicitado en el documento CONPES 80 de 2004 y lo Planteado en el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003 2007, la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, tiene previsto para el año 2006, la realización de un contrato cuyo objeto será: Revisión y Actualización del Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999). Este Manual contiene los criterios técnicos que permiten que las entidades de la Seguridad Social y las Juntas de Calificación de invalidez determinen el origen de los accidentes y enfermedades califiquen y revisen la pérdida de capacidad laboral a las personas con discapacidad bajo los mismo parámetros objetivos. 1.2.4 Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC La metodología de Rehabilitación Basada en la Comunidad -RBC es un importante mecanismo para la inclusión de personas con discapacidad cuyo principal aporte es la adaptación de la comunidad a las necesidades de estas personas, de tal manera que se garantice el máximo desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, su igualdad de oportunidades y su participación para que se conviertan en miembros activos de sociedad mediante la transformación de la comunidad. El Ministerio de la Protección Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud- OPS brindará soporte técnico a todos los entes territoriales a través de esta metodología, debidamente validada y complementada con manuales teórico-prácticos. Así mismo, con base en un proyecto piloto adelantado durante el año 2004 en Córdoba, Sucre y Chocó, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF adelanta desde noviembre de 2005 en las Regionales y Agencias ICBF de Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Putumayo el proyecto Fortalecimiento de Redes Comunitarias para la prevención e integración de personas con discapacidad, desde un enfoque de Rehabilitación Basado en la Comunidad - RBC. Con el desarrollo de este proyecto se espera contar con cinco nuevas redes de agentes comunitarios ICBF que articulen su trabajo con el de los comités departamentales y municipales de discapacidad, mejore la detección, prevención y atención de discapacidad en la región. Para el desarrollo de este proyecto el ICBF contó con un presupuesto de $214.889.724. Como principal contribución de esta institución al fortalecimiento de la atención a la situación de discapacidad de la región y a la descentralización de la Política Pública de discapacidad; el ICBF tiene programado para el segundo semestre del 20