La reforma de las pensiones



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Transcripción:

Monográfico nº 1 Diciembre 2013 La reforma de las pensiones Los retos del sistema de pensiones. Cómo se puede afrontar esta situación? El factor de sostenibilidad. La reforma que plantea el gobierno. Las pensiones de 2014. Efectos de la reforma. Cuál es la razón de la urgencia de esta reforma? Otras medidas y situaciones en materia de pensiones. Hay alternativas. El Gobierno ha llevado a las Cortes un proyecto de reforma del sistema de pensiones que se centra exclusivamente la reforma en la reducción del gasto, disminuyendo el valor de las pensiones actuales y futuras y sin considerar la realidad de un país en el que el 28 % de los hogares españoles viven gracias a una pensión como única fuente de ingresos. CCOO rechaza la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y reclama medidas que incrementen los ingresos que financian el Sistema. Los retos del sistema de pensiones En la actualidad la Seguridad Social paga al mes 9 millones de pensiones. En los próximos años, la población mayor irá aumentando hasta que en el año 2052 alcancemos los 15 millones de pensionistas. Este incremento se debe a dos factores fundamentales: 1. La entrada en la edad de jubilación de las generaciones del baby-boom de los años 60 y 70. 2. Y el aumento de la esperanza de vida, variable que determina que la pensión de jubilación se perciba durante más años. Este importante aumento del número de pensionistas es el reto estructural más importante al que se enfrentan todos los sistemas de pensiones públicas y de reparto del entorno europeo. Cómo se puede afrontar esta situación? El factor de sostenibilidad El Factor de Sostenibilidad es el mecanismo previsto para hacer frente a este reto y asegurar que los sistemas públicos de pensiones puedan seguir, durante muchos años, pagando pensiones que permitan a los trabajadores mantener su nivel de vida a lo largo de su jubilación. Cómo funciona Su funcionamiento responde a la siguiente lógica: cuando un elemento concreto se comporta de forma que pudiera poner en riesgo el sistema o aumentar las necesidades del mismo (por ejemplo: reducción de 1

ingresos, o aumento de la esperanza de vida que obliga a pagar las pensiones durante más tiempo, etc.), se activa un procedimiento que corrige el efecto anterior actuando sobre otros elementos (por ejemplo: aumentando las cotizaciones sociales, o actuando sobre otros parámetros). Hay un solo modelo? No existe una fórmula única para determinar qué debe ser un Factor de Sostenibilidad y cómo debe ser su mecánica. Cada país europeo que lo ha puesto en marcha aplica una fórmula diferente. La experiencia en los países europeos ha demostrado que no es aconsejable establecer automatismos sin dejar margen de actuación política en su aplicación. En el Acuerdo Social y Económico de 2011, entre las medidas a adoptar en la reforma del sistema de pensiones para asegurar su mantenimiento y adaptarlo a los cambios sociales y laborales, se incorpora la aplicación del factor de sostenibilidad. La medida, recogida en la Ley 27/2011, sería de aplicación a partir del año 2027 con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y, así, garantizar su sostenibilidad. Para ello, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida de la población a los 67 años, en el año en que se efectúe la revisión, y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. La reforma que plantea el Gobierno La reforma del sistema de pensiones que plantea el Gobierno se apoya fundamentalmente en dos elementos: 1. El Factor de Sostenibilidad, 2. La fórmula a aplicar para la revalorización de las pensiones. El Factor de Sostenibilidad El nuevo Factor de Sostenibilidad propuesto ahora por el gobierno consiste en el cálculo de un índice basado en la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de edad, que se actualizaría cada cinco años. Así, la cuantía inicial de la pensión se reducirá en proporción a lo que aumente la esperanza de vida. La idea es que, en el futuro, los pensionistas reciban a lo largo de toda la jubilación la misma prestación independientemente de la generación a que pertenezcan. Este índice se multiplicaría por la cuantía de la pensión calculada según la regulación actual. La consideración única de la evolución de la esperanza de vida supone que, mientras ésta siga aumentando, la aplicación del factor repercutirá en una reducción de la cuantía de la pensión de jubilación, independientemente de que otros parámetros, como pueden ser los ingresos o la relación entre cotizantes y pensionistas, evolucionen mejorando la financiación del sistema. Su aplicación se prevé para los trabajadores que accedan a la pensión a partir del año 2019. Por tanto, la aplicación del factor de sostenibilidad propuesto por el gobierno, siempre que siga aumentando la esperanza de vida, reduciría la pensión. Sin embargo, la formula prevista en la Ley 27/2011 es mucho más justa y equitativa, al tener en cuenta otros parámetros en la relación ingresos y gastos que pueden evitar o reducir el efecto negativo sobre la cuantía de la pensión. La revalorización de las pensiones La propuesta de reforma de las pensiones del Gobierno incluye, además, una nueva fórmula de revalorización de pensiones, en sustitución de la inflación real (IPC), para aplicar desde el año 2014. La nueva fórmula tiene en cuenta la inflación y la situación de gastos e ingresos del sistema durante 11 años: el año de aplicación, los 5 inmediatamente anteriores y los 5 posteriores al mismo (lo que no deja de ser una previsión fijada unilateralmente por el gobierno de turno). Con este sistema el Gobierno tendrá un margen de discrecionalidad importante. 2

Por otro lado, la revalorización cualquiera que sea el resultado del cálculo anterior, oscilaría entre un mínimo del 0,25 y un máximo de la cuantía de la inflación (IPC) más el 0,50. Estos límites impiden, con una inflación media del 2-2,5 % al año, recuperar el poder adquisitivo si se producen unos años de malos ingresos. El derecho a la revalorización automática de las pensiones de acuerdo con el IPC, que se consiguió en 1996, va a desaparecer para ser sustituido por este nuevo y complicado índice de revalorización cuyo único objetivo es enmascarar unos incrementos de las pensiones por debajo del IPC y justificar pérdidas de poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno hace caso con esta fórmula a las exigencias de la Unión Europea, que reclamó desvincular la evolución de las pensiones del IPC. Su entrada en vigor sería el 1 de enero de 2014 y afectará tanto a los pensionistas actuales como futuros. A quién afecta? Estas medias afectan tanto a los trabajadores acogidos al Régimen General de la Seguridad Social como al Régimen de Clases Pasivas del Estado. La modificación introducida por el Partido Popular en el texto de la Ley General de Seguridad Social durante su trámite parlamentario, amplía la aplicación del nuevo índice de revalorización de las pensiones al régimen de Clases Pasivas del Estado. Como consecuencia, en torno a medio millón de mutualistas de la enseñanza universitaria y no universitaria se verán afectados. Efectos de la reforma Un pensionista que perciba una pensión de 1.000 euros mensuales: Con el sistema de revalorización actual, percibiría, tras 10 años, una pensión de 1.219 euros. Con la propuesta actual del gobierno, en el supuesto de que la pensión se revalorizase al 0,25 % anualmente, la pensión a percibir pasados esos diez años sería 1025 (186 menos), Por tanto, el pensionista, tras ese periodo, vería reducido su poder adquisitivo en hasta un 15,9%, o hasta el 20% si la inflación del periodo fuese similar a la media de los 10 últimos años (una inflación de un 2,5%). En los próximos 15 años dicha pérdida se situaría entre un 14,8% y un 28,3%. Pensión 2013 2023 Diferencia Sistema actual 1.000 1.219 + 219 Nuevo sistema 1.000 1.025-196 El Gobierno reconoce que las medidas que propone tendrán como efecto que los pensionistas en los próximos 9 años dejarán de percibir un total de 33.000 millones de euros menos de lo que les hubiera correspondido con la normativa actual (unos 4.000 millones de euros en media anual). Para CCOO esta cifra será mayor y se situará entre 71.000 y 84.000 millones de euros menos (8.000-9.000 millones en media anual), ya que el Gobierno utiliza una previsión de inflación que no se producirá. Las pensiones de 2014. La pensión máxima subirá 6,3 euros en 2014 y las mínimas, entre 0,5 y 3 euros. Como consecuencia de la aplicación de las reformas del gobierno y salvo modificación de última hora todas las pensiones subirán un 0,25% el año que viene, ya que tanto este año como los anteriores y posteriores el sistema de pensiones será deficitario. El incremento para las pensiones mínimas el próximo año se traducirá en una subida que oscila entre los 0,5 euros para los huérfanos sin minusvalías o para los beneficiarios de una prestación en favor de familiares (la cuantía quedará en 193,3 euros al mes) y un incremento de tres euros (1.171 euros mensuales) para los beneficiarios mayores de 65 años con una gran invalidez y un cónyuge a su cargo. 3

A las pensiones máximas se aplicará el mismo porcentaje de revalorización, el 0,25%. Esto supone que aumentarán en 6,37 euros mensuales hasta quedar una prestación de 2.554,49, a percibir por el jubilado en 14 pagas anuales. Esto supone que la revalorización de pensiones perdería la ligera progresividad que ha tenido este año. Este año 2013, tras no revisar las pensiones del año 2012 de acuerdo con la evolución de los precios, el Gobierno de Rajoy subió un 2 % las pensiones menores de 1.000 euros al mes y las mayores lo hicieron en un 1%. Modalidad jubilación Con cónyuge a cargo Sin con cónyuge a cargo. Unipersonal Con el cónyuge no a cargo 2013 2014 2013 2014 2014 Mayores de 65 % incremento 1 % 0,25 % 1 % 0,25 % 600,30 años Cantidad 730 731,9 (+1,9 ) 590,5 592 (+ 1,5 ) Menores de 65 % incremento 1 % 0,25 % 1 % 0,25 % 559.40 años Cantidad 778,90 780,90 (+ 2 ) 631,30 632,90 (+1,60 ) Con 65 años procedente de 1.1168,4 1.171,4 (+3 ) 949,40 900,50 gran invalidez Incapacidad permanente Con cónyuge a cargo Sin con cónyuge a cargo. Unipersonal Con el cónyuge no a cargo 2013 2014 2013 2014 2014 Gran Invalidez 1.1168,4 1.171,4 (+3 ) 949,40 900,50 Absoluta 778,90 780,90 (+2 ) 631,3 632,90 (+1,6 ) 600,30 Total (con 65 años cumplidos) 778,90 780,90 (+2 ) 631,3 632,90 (+1,6 ) 600,30 Total (60-64 años) 730 731,9 (+1,9 ) 590,5 592 (+ 1,5 ) 559,40 Total (derivada de enfermedad 393,60 393.60 55 % de la base mínima de común, menor de 60 años) cotización al régimen General Parcial del régimen de accidente de trabajo, con 65 años 780,90 632,90 600,30 Viudedad 2013 2014 Con cargas familiares 730 731,90 (+1,9 ) 65 años cumplidos o discapacidad igual o superior al 65 % 631,3 632,90 (+1,6 ) 60-64 años 590,5 592 (+ 1,5 ) Menores de 60 años 479,10 Orfandad 2013 2014 Por beneficiario 192,8 193,30 (+0,50 ) (en la orfandad absoluta el mínimo de incrementará en 6.707,40 /año, distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios) Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una 380,40 discapacidad igual o superior al 65 % 4

Cuál es la razón de la urgencia de esta reforma? La propuesta se ha presentado directamente en forma de proyecto de ley, que se está tramitando en este momento en el Congreso de los Diputados, sin mediar antes un proceso de Diálogo Social como ha sido habitual en todas las reformas producidas desde que existe el Pacto de Toledo (1995). El Gobierno tiene prevista la aprobación definitiva del proyecto de ley antes del 31 de diciembre de este año. Partiendo de la necesidad de preservar el Pacto de Toledo como método idóneo para realizar cualquier reforma sobre la base previa de acuerdos sociales y políticos amplios, el imponer un plazo temporal concreto (en este caso el 31 de diciembre) carece de cualquier tipo de justificación desde el punto de vista de las verdaderas necesidades del sistema de pensiones. Incluso, desde el punto de vista de la propia reforma que se pretende, los efectos económicos previstos a consecuencia de ésta, en el primer año, no alcanzan los 1.000 millones de ya que su impacto se irá desarrollando en el tiempo y con efectos acumulativos. Por ello, no hay otra razón aparente para la urgencia y sometimiento a plazos que impone el Gobierno, más allá de los compromisos en la sombra que éste ha contraído con instituciones internacionales. Sin embargo, no debemos olvidar que ni en las condiciones que se le han impuesto al Gobierno español para ampliar en dos años el objetivo de déficit, ni en compromiso alguno, ha aparecido la necesidad de cambiar la fórmula de revalorización de pensiones, siendo ésta una decisión cuya iniciativa hay que imputar con claridad al Gobierno de España. De hecho, CCOO entiende que esta reforma, en los términos en los que se ha planteado, parece responder más a un requerimiento relacionado con la política económica de austeridad (exigencia de la Comisión Europea para refinanciar el objetivo de déficit público) y no para responder a los retos que verdaderamente tiene el sistema de Seguridad Social. Es esta es la verdadera razón por la que Esta es la verdadera razón por la que el Gobierno se empeña en aprobar la reforma antes del 31 de diciembre. No debemos olvidar que en España, el gasto en pensiones sobre el PIB si sitúa en el 10,2 %, mientras que en la UE alcanza el 13,5 %, es decir, hay algo más de tres puntos de diferencia. Otras medidas y situaciones en materia de pensiones Coincidiendo con su propuesta de reformas, el gobierno ha planteado también una serie de medidas que contribuyen de manera decidida a la potenciación de los planes privados de pensiones, con el objeto de favorecer estos productos en el marco de sus políticas de desmantelamiento de lo público, siendo el sistema público de pensiones una piedra angular del mismo: 1. Las administraciones podrán hacer aportaciones a planes de pensiones. En los Presupuestos Generales de Estado se contempla, contrariamente a lo establecido en los dos últimos años, que las administraciones públicas, entidades y sociedades podrán realizar aportaciones a prestaciones de jubilación que se deriven de planes de empleo o contratos de seguro colectivo que hayan sido suscritos antes del 31 de diciembre de 2011 y siempre que no suponga un incremento de la masa salarial de los empleados públicos. Según la enmienda transaccional acordada entre el PP y el PNV, se mantiene la prohibición generalizada a las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Sin embargo, sí podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluya la cobertura de contingencias distintas a la jubilación o aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. 2. El Gobierno estudia fomentar los planes de pensiones mejorando su fiscalidad, reduciendo comisiones o flexibilizando el rescate, más allá de los casos que ahora están estipulados. El Gobierno podría incluir estas modificaciones aprovechando la reforma fiscal prevista para 2014 o, de forma más inmediata, en la reforma de la ley financiera antes de fin de año. 5

No es casual que el dinero invertido en planes de pensiones alcance máximos coincidiendo con la reforma. El dinero invertido en planes de pensiones privados alcanzó este pasado mes de septiembre los 89.632 millones de euros, lo que supone un alza del 6,5% con respecto al mismo mes de 2012. El patrimonio de los planes de pensiones registró un leve avance de unos 1.100 millones hasta junio. Sin embargo, en el último trimestre ha aumentado el doble con unos 1.997 millones y, en lo que va de año, el incremento del dinero se acerca mucho al avance registrado en todo 2012 (cuando creció en 3.380 millones). Hay alternativas CCOO rechaza esta reforma porque los cambios en el sistema de revalorización de las pensiones provocarán una importante pérdida del poder adquisitivo de las mismas, de entre un 14,8 y un 28,3% durante los próximos 15 años, cargando sobre los pensionistas actuales y futuros el coste de la estabilidad financiera y otorgando un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de la fórmula al quedar algunas de sus variables dependiente de decisiones políticas del Gobierno de turno. Nuestro sistema de pensiones tiene dos retos diferentes que exigen una respuesta distinta: 1. EI primer reto es grave pero coyuntural. Se trata del déficit que presenta nuestro sistema de Seguridad Social, como consecuencia de la destrucción de empleo y consecuente caída de ingresos por la crisis económica y la equivocada política económica de austeridad a ultranza. De 2007 a hoy se han destruido más de 3 millones de empleos. Esto ha generado un déficit coyuntural ciertamente importante (11.000 millones de euros en 2013, una cifra similar o superior en 2014 y previsión de mantener esta situación en los próximos años) producido como consecuencia de la pérdida de trabajadores cotizantes derivados de la crisis, la reforma laboral y la política de austeridad. Esto exige actuaciones en el corto y medio plazo orientadas a mejorar los ingresos, pero no una reforma estructural como la presentada por el Gobierno. 2. El segundo reto es más estructural. En las próximas tres décadas llegará a la jubilación las generaciones más numerosas de Ia historia de España. Situación conocida y previsible que hará que a mediados de siglo el número de pensionistas alcance los 15 millones. Este reto precisa de actuaciones anticipadas como las que venimos abordando desde hace 20 años, además de seguir actuando en el medio y largo plazo. EI Gobierno está renunciando a medidas que mejoren los ingresos e intenta utilizar Ia reforma del factor de sostenibilidad para recortar las pensiones y corregir así el déficit que coyunturalmente presenta el sistema de Seguridad Social. CCOO reclama al Gobierno la retirada de su propuesta y que se ajuste a lo establecido en la Ley 27/2011. Considera necesario mejorar los ingresos que financian el Sistema de Pensiones con medidas a tomar en el corto plazo, para estabilizar las cuentas y dar cumplimiento a los compromisos de revalorización de las pensiones, y con otras medidas en el medio y largo plazo que sirvan para asegurar la sostenibilidad futura del sistema. Entre otras: 1. Incremento temporal de los tipos de cotización que financian las pensiones, mediante un esfuerzo adicional compartido y proporcional entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado. Dos puntos porcentuales de ingresos adicionales equivalne a unos 6.000/7.000 millones de euros al año. Este aumento de cotizaciones se mantendría por la cuantía y el tiempo que exigiese la actual coyuntura del déficit, permitiría reducir el consumo anticipado del Fondo de Reserva y prolongaría su papel de garantía de las pensiones. 2. Convergencia de Ia base media de cotización del Régimen de Autónomos con Ia del Régimen General. La media de cotización de los autónomos es un 42% inferior a Ia que declaran los trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General. 6

3. Políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los 3 millones de empleados perdidos en lo que va de crisis. La pérdida de cada millón de afiliados a Ia Seguridad Social supone una reducción de ingresos de 5.000 millones de euros anuales. Los 3 millones de empleos destruidos equivalen a un 1,43% del PlB en términos de cotizaciones que no ingresan cada año en Seguridad Social, siendo ésta una consecuencia derivada del drama humano que provoca Ia masiva destrucción de empleo que padecemos. 4. Financiación de manera directa por el Estado de las prestaciones de muerte y supervivencia, aplicando un período transitorio de hasta 25 años. No se trata de modificar el régimen jurídico de estas prestaciones, ni su cuantía actual, que en muchos casos debería mejorar. Con ello, se reforzaría Ia financiación del conjunto de prestaciones de Ia Seguridad Social. En 2013 estas prestaciones supondrán 21.800 millones de euros (2,08% del PIB y más de un 20% del gasto total en pensiones). 5. La reforma fiscal es Ia actuación estructural más determinante y necesaria en la economía española que determina la capacidad de actuación del Estado. Si bien la estructura normativa de los ingresos en España es similar a la europea, incluso algunos impuestos son más gravosos (como el IVA tras la última subida), Ia recaudación es mucho menor (casi 90.000 millones menos de ingresos en 2012, y casi 70.000 millones menos de gasto público que la media Comunitaria). La razón es el menor cumplimiento de las obligaciones fiscales comparado con los países del entorno. La tolerancia con el fraude fiscal en España es insostenible en términos económicos y éticos. Para CCOO el sistema público de pensiones debe preservar el objetivo de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con independencia de los diferentes métodos que pueden garantizarlo. Por lo tanto, rechazamos abiertamente el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) propuesto en la nueva reforma ya que, de aprobarse en los términos planteados, supondrá necesariamente una importante pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en las próximas décadas. En lo referido al Factor de Sostenibilidad, desde CCOO hemos insistido en la necesidad de reconducir este índice, en el marco del diálogo social, a los términos de equilibrio en los que fue planteado en la reforma pactada de 2011: Se deben considerar todos los elementos del sistema de pensiones (número de pensionistas, ingresos, esperanza de vida, etc.). Desde CCOO defendemos que el sistema de pensiones debe intentar garantizar, para los trabajadores jubilados, una pensión sustitutiva del salario suficiente que mantenga el poder de compra a lo largo del periodo en que es pensionista. 7