VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO COLOMBIANO

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO COLOMBIANO Claudia Cecilia Ramírez Corporación Sisma Mujer y el Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia- En situaciones de conflicto armado las mujeres también tienen derechos Introducción. En el país hay ruido de armas, de autoritarismo, de pensamiento único, de control. También hay trincheras de amabilidad, de solidaridad, de sororidad. Muchas de estas voces se entrecruzan y acompasan. Hay personas que no temen a la libertad, que la pueden vislumbrar como un posible escenario futuro y no con la nostalgia de algo que pertenece al pasado. En tiempos de guerra, muchas de las agendas estratégicas de las mujeres, entre ellas el cuestionamiento feminista a cualquier manifestación de autoritarismo experimenta grandes retrocesos en los imaginarios sociales y en las vidas cotidianas, aún entre mujeres, muchas de las cuales sienten especial atracción por los uniformes, por lo uniforme. Un amplio sector de la opinión pública colombiana reclama leyes, orden y control. Todo aquello que signifique cuestionamiento, diversidad, diferencia adquiere tonalidades de incertidumbre, de peligro. Durante el reciente proceso electoral 1, algunos personajes de la jerarquía de la iglesia católica dieron un ejemplo de la intolerancia que nos ronda. En el debate en torno a la despenalización del aborto provocado por una demanda de inconstitucionalidad, y a propósito de proyectos de ley sobre matrimonio entre homosexuales, utilizaron los púlpitos para ordenar a feligreses abstenerse de votar por candidatos o candidatas a cargos públicos que se declararan a favor de esta iniciativas, haciendo caso omiso de los límites que les impone el hecho de que desde 1991 la Constitución Política declaró a Colombia estado laico. En este contexto, el ofrecimiento de seguridad democrática, término empleado por el gobierno actual para denominar su opción de intervención frente al conflicto armado en Colombia, encuentra amplia acogida. Los desarrollos del concepto de seguridad humana asociada a planos ecológicos, de participación, de solidaridad, de garantía de los derechos humanos, poco tienen que ver con el contenido de la Seguridad democrática. Esta, a través de estrategias como las redes de informantes y el pago por delaciones, acude a la instalación de la desconfianza 1 En marzo se realizaron elecciones para el Congreso de la República y en mayo tendrán lugar las elecciones presidenciales en primera vuelta. Los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo señalan una mayoría Uribista en el congreso con un 56% de las curules. Los demás escaños se encuentran repartidos entre diversas fuerzas políticas. El Polo Democrático Alternativo, con una representatividad del 7% se comienza a perfilar como opción aglutinante de diversas vertientes de la izquierda. Las mujeres, que a través de la historia electoral del país no hemos superado un 14% de presencia en el Congreso, descendimos esta vez a un 10.9% con 29 representantes. Página 1 de 25

en las comunidades como arma de guerra. Las detenciones masivas y la puesta en marcha del Plan Patriota, estrategia contrainsurgente y de lucha contra el narcotráfico implementada en el país por Estados Unidos, han profundizado la militarización la vida civil. Para las mujeres, la seguridad ofrecida por el Estado a través de la presencia militar, se convierte en un mayor factor de inseguridad pues tanto actores armados legales como ilegales incrementan la vulnerabilidad de las comunidades y exponen mayormente a las mujeres, niñas y niños a violaciones a sus derechos y a su dignidad, tales como el desplazamiento, la prostitución forzada, el reclutamiento forzado, la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica. En consonancia con la concepción de seguridad del presidente de Estados Unidos, el gobierno colombiano califica a las organizaciones guerrilleras como terroristas y ha desplegado una efectiva ofensiva diplomática exterior para el efecto. A pesar de persistir tozudamente en la negación de la existencia de un conflicto armado en el país, privilegia la opción militar para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC- guerrilla con mayor presencia en el país. De otro lado, reconoce como sujetos de negociación a organizaciones paramilitares que nacieron y se fortalecieron bajo el amparo y aquiescencia oficial. En la actualidad se lleva a cabo un proceso de negociación entre el gobierno y grupos paramilitares de Colombia y se inicia un diálogo exploratorio con la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional ELN. La normatividad implementada para las desmovilizaciones ha sido calificada desde diferentes sectores nacionales e internacionales como un marco legal propiciatorio de impunidad en tanto la mayoría de los integrantes de los grupos paramilitares que se han incorporado al proceso no serán investigados ni sancionados. Las organizaciones de derechos humanos, mujeres, indígenas, ciudadanas y también los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, señalan el desconocimiento que el proceso ha venido haciendo de los derechos de las víctimas del accionar paramilitar a la verdad, la justicia y la reparación. De otro lado, las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República que se realizan este año, generan interferencias también en las voces feministas y las de aquellas que hablan de las mujeres, dado que los intereses partidistas se anteponen con frecuencia a los intereses estratégicos del movimiento. Las próximas elecciones presidenciales tienen una incidencia fundamental en la forma como es leído en el exterior lo que se dice en estos espacios. El hecho de que el aspirante más opcionado a la presidencia de la República sea el actual presidente, mayormente conocido en el ámbito internacional que los demás candidatos, superpone un ruido ensordecedor sobre las voces diversas. Las desmovilizaciones sumadas al proceso electoral, son las dinámicas determinantes del futuro del país, en términos de intervención frente al conflicto armado y consolidación de grupos de poder político y económico. El copamiento de espacios económicos, sociales, políticos, institucionales y comunitarios por parte de personas que hacen parte o se encuentran vinculadas con el paramilitarismo y con negocios del narcotráfico, es visto por analistas políticos como una seria amenaza al Estado Social de Página 2 de 25

Derecho con el viraje del régimen político hacia lo que se caracteriza como la paramilitarización del Estado, o la configuración de un Estado mafioso. Su irrupción del control paramilitar en las grandes ciudades y el rumbo que ha tomado la negociación parecen corroborar estas afirmaciones. En medio de todos estos ruidos, la información y los análisis sobre lo que ocurre a las mujeres en el conflicto, sus maneras de vivirlo, las opciones para enfrentarlo, así como las agendas del movimiento, corren por diversos caminos, en algunos casos paralelos, en otros hacia distintas direcciones, que al igual que este espacio de encuentro, se juntan con otras voces y aportan sus tonos diversos, para construir brazo a brazo, espacios de vida sobre las ruinas de la guerra. I. Algunos elementos de contexto Colombia es al lado de Brasil y Guatemala uno de los países más desiguales en un continente que registra la mayor inequidad en el mundo. Según lo señala la Alta Comisionada de las Naciones Unidas: Colombia sigue siendo un país con altos grados de inequidad. El 20% de la población más rica recibe el 62% de los ingresos laborales mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 3%. Según el índice de Gini la desigualdad no ha disminuido durante los últimos años. En comparación con el año 1996 el índice de Gini ha aumentado (de 0,544 a 0,56 en el año 2004). La inequidad económica se refleja también en el acceso limitado a ciertos bienes y servicios por parte de los más desfavorecidos. La desigualdad se manifiesta marcadamente entre los sectores urbano y rural. La diferencia de ingreso por persona en la zona urbana es casi dos veces y medio mayor a la de la zona rural. ( ) Entre los pobres están particularmente afectados los grupos étnicos, las mujeres y la niñez 2. La investigación sobre el grado de avance del país hacia los objetivos de desarrollo del milenio hace un estudio comparativo de municipios y regiones del país y registra resultados desiguales en lo relativo a ingreso, territorio, género y víctimas. Según este informe, el país presentó un aumento de solo 3 puntos en el Índice de Condiciones de Vida 3 durante los últimos 6 años. El caso de la región Pacífica es emblemático. Posee las peores condiciones del país, al estar 15 puntos por debajo del promedio nacional (62 frente a 77). En los últimos 6 años, ha tenido una tasa negativa en el crecimiento de condiciones de vida (-4.7%). Entre 1997 y 2003 cayeron todos los factores que miden la calidad de vida. El 63% de los hogares no tienen acceso a inodoro con conexión a alcantarillado o bajamar; 30% carece de abastecimiento de agua de pila pública, carro- 2 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de Colombia. E/CN.4/2006/9. Enero 2006. 3 El ICV es un índice continuo que va de 0 a 100, donde 0 refleja las peores condiciones de vida y 100 las mejores condiciones de vida. Página 3 de 25

tanque, aguatero o acueducto, 41% aún cocina con carbón, leña o desechos; 60% no tiene servicio de recolección de basuras; 46% de hogares viven en hacinamiento 4. La costa pacífica está habitada principalmente por comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas. Grandes extensiones de sus territorios ancestrales están siendo destinadas a explotación económica a gran escala con la siembra de palma aceitera, agroindustria bananera, explotación maderera y coca. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado la violación de derechos humanos fundamentales de que ha sido víctima la población de la zona ha abonado el terreno a la mercantilización de los territorios dentro de la lógica del mercado global 5. De acuerdo con un informe del Plan Mundial de Alimentos las pérdidas de la población desplazada en términos de despojo de sus tierras en el país, ascendían a más de cuatro millones de hectáreas hasta el año 2001 6. Por su parte, la Contraloría General de la Nación en su informe de febrero de 2005, calcula en 1.063.424 el total de hectáreas abandonadas por las familias en situación de desplazamiento forzado interno, que no han retornado o han sido reubicadas 7. Las desigualdades relacionadas con condiciones económicas, por etnia y por proveniencia rural o urbana se entrecruzan con las desigualdades por sexo. En el tema de acceso a la tierra, el despojo ocasiona a las mujeres efectos particulares. El Sistema de información de Pastoral Social RUT- señala que en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005, dos de cada cinco mujeres desplazadas reportó ser propietaria de la tierra abandonada por el desplazamiento, es decir que las otras tres mujeres de cada cinco, o no tenían ningún tipo de posesión sobre la tierra o no se asumían como propietarias. Según la modalidad de tenencia de la tierra, las mujeres eran arrendatarias en mayor proporción que los hombres (52%). La misma tendencia se da con la figura de la posesión y con otras formas de tenencia. Las desigualdades por género operan en todos los ámbitos. A pesar de reconocer algunos avances en términos de educación y representatividad en algunos niveles, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas constata que para las mujeres en Colombia persisten la violencia e inequidades, principalmente en las áreas de ingresos y empleo, salud y participación. Igualmente destaca que: Las mujeres indígenas, 4 Departamento Nacional de Planeación, Agencia Colombiana para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa Nacional de Desarrollo Humano, Agencia de Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo y Federación Colombiana de Municipios. Los municipios colombianos hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Salud, educación y reducción de la pobreza. Bogotá. Marzo 2006 5 Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz. Reconstruyendo el Estado de derecho. El derecho a la vida y al territorio en el Bajo Atrato. Ponencia presentada en el Seminario Internacional: Territorio, patrimonio y desplazamiento. Procuraduría General de la Nación, Consejo Noruego para refugiados. Bogotá. Diciembre 2005. 6 Contraloría General de la Nación, La política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia: sólo buenas intenciones?. Bogotá. Febrero 1 de 2005. 7 Ibidem. Página 4 de 25

afro-colombianas, de comunidades aisladas, desplazadas, o en situación de extrema pobreza, son especialmente vulnerables y tienen mayores riesgos de ser víctimas de prostitución y trata de personas. Muchas mujeres continuaron siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, homicidios, amenazas y violencia sexual. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas han sido víctimas de actos de "limpieza social", ejecuciones extrajudiciales, homicidios y detenciones arbitrarias 8. En el tema de ingresos, el informe presentado por diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y de mujeres a la Relatora para Colombia y para derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su misión a Colombia durante el año 2005 se reporta respecto del ámbito laboral que Las tasas de población económicamente activa (PEA) de los últimos años (1994 2004) indican una amplia desigualdad entre hombres y mujeres en el campo laboral. Si bien la PEA femenina ha aumentado en forma paulatina y permanente desde 1994 (37%) hasta 2004 (42%), sigue siendo menor a la de las mujeres con relación a los hombres 9. En lo relativo a empleo, el informe señala que: El desempleo femenino pasó del 11% en 1994 a 16% en el último trimestre de 2004 y el masculino de 4% en 1994 a 9% en el mismo periodo 10. Y en materia salarial señala que: Los salarios de los hombres son siempre más altos en cualquier rama de la actividad económica, grupo o categoría de ocupación. En las zonas urbanas los hombres ganan 75% más que las mujeres y en las rurales 66% más. 11 En materia de salud, la Alta Comisionada constata que persiste un alto número de muertes maternas relacionadas con complicaciones del aborto, que la legislación colombiana penaliza en todos los casos. El informe sobre el grado de avance de las metas del milenio destaca en lo relativo a la situación de las mujeres que el mayor riesgo en Colombia de muerte materna es ser madre adolescente, (16 años o menos) con una tasa de 6.800 mujeres muertas por 100.000 nacidos vivos; el 46.8 por mil de los partos ocurridos en instituciones de salud no fueron atendidos por personal idóneo, 7.200 x 100.000 no tuvo control prenatal. La mortalidad materna afecta a las mujeres más pobres: sólo 11% había cursado secundaria incompleta o más; el 34% no tuvo asistencia médica; el 13% vivía en zona rural dispersa 12. 8 Ob. Cit Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 9 Cifras actualizadas con el documento de la Corporación Cactus y Corporación Sisma Mujer. La reforma laboral y las mujeres en Colombia: más trabajo y menos calidad de vida, elaborado para la Campaña Comercio con Justicia: Mis Derechos no se Negocian. Sin publicar. 10 Ibidem. 11 Red Nacional de Mujer y Confluencia de Redes de Mujeres, Informe Derechos de las Mujeres 2003. Corporación Humanizar, Bogotá, 2003. 12 Ob.Cit. Departamento Nacional de Planeación y otros. Página 5 de 25

Respecto a las diversas modalidades de violencia contra las mujeres, la violencia sexual, doméstica y la trata de personas presentan altos grados de ocurrencia. En lo relativo a trata de personas, delito que afecta particularmente a mujeres, niñas y niños, De acuerdo con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 50.000 colombianas ejercen la prostitución en el exterior y son sometidas por mafias que controlan clubes y centros nocturnos en Tokio, Madrid, o Ámsterdam, ciudades que cuentan con el mayor número de trabajadoras sexuales provenientes de Suramérica. ( )De acuerdo con UNICEF hay 25.000 menores víctimas de explotación sexual en Colombia, de los cuales 16.000 se encuentran entre los 8 y los 12 años 13 ( ) La precaria atención estatal a la población en situación de desplazamiento y las condiciones de pobreza en que se encuentran las familias desplazadas han ocasionado que varias mujeres sean víctimas de trata de personas. La Relatora Especial para la violencia contra la mujer señaló en su informe que mujeres y jóvenes de las comunidades de desplazados estaban siendo objeto de trata para ejercer la prostitución forzosa en centros turísticos de Colombia y en el extranjero 14. Entre los delitos de mayor ocurrencia en el país, los sistemas de información oficiales 15 reportan la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar. El Instituto Nacional de Medicina Legal reporta durante los últimos años, porcentajes entre el 76 y 78% de violencia contra mujeres respecto de la violencia contra los hombres. Es necesario resaltar que un alto porcentaje de la violencia ejercida contra los hombres es contra niños. Para el año 2004 se presentaron 55.565 denuncias de las cuales 43.617 tuvieron como víctimas a mujeres y niñas. Hubo una disminución de 3.740 denuncias con respecto al año 2003. Este último año también reportó disminución respecto del 2002. Lesiones por violencia intrafamiliar según sexo. 2001-2004 Casos Año Mujeres Hombres Total 2001 53.238 16.443 69.681 2002 50.710 14.269 64.979 2003 47.357 15.074 62.431 2004 43.617 11.948 55.565 Elaborado por Sisma Mujer sobre la base de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En cuanto a la ausencia de denuncias, PROFAMILIA, entidad privada que trabaja en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, reporta en la Encuesta Nacional de 13 Organización Internacional para las migraciones OIM, Esto no es cuento. es trata de personas, 2003. 14 Relatora Especial para la violencia contra la mujer. Informe sobre la violencia contra las mujeres en Colombia. UN. E/CN.4/2002/83/Add.3. 15 Instituto Nacional de Medicina Legal INML- y Policía Nacional. Página 6 de 25

Demografía y Salud 2005 16 que el 79 por ciento de las mujeres maltratadas no presentó denuncia. Entre las principales razones para no denunciar las mujeres señalaron no considerar que la golpiza fuera tan fuerte (24%), creer que solas podían resolver el problema (24%), miedo a futuras agresiones (16%), no desear dañar al agresor (13%), creer que no volverá a ocurrir o que es normal (9%), no saber a dónde acudir (7%), vergüenza de denunciar, creer que se lo merecía y temor a una separación (entre 5 y 5.5%) En cuanto a violencia sexual, según lo referido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el subregistro en los casos de violencia sexual para Colombia llegaría a ser del 95% 17. No obstante, los casos denunciados reportan tendencia al aumento en las denuncias por año. Las mujeres constituyeron un poco más del 80% de las víctimas con una mayor proporción de víctimas niñas entre 5 y 14 años. Dictámenes sexológicos según edad y sexo. 2001-2004 Año Mujeres Hombres Total 2001 11.561 1.791 13.352 2002 12.262 2.444 14.706 2003 12.011 2.228 14.239 2004 14.369 2.744 17.113 Elaborado por Sisma Mujer sobre la base de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el tema de feminicidio, la información estadística con que se cuenta es escasa porque si bien se reporta el sexo de la víctima, no es posible conocer los móviles ni la relación de parentesco o afectividad entre víctima y victimario. La investigación sobre justicia de género en Colombia, elaborada por la Corporación Sisma Mujer para el informe regional de derechos humanos de las mujeres en diversos países del continente suramericano, avanzó en la búsqueda de información sobre asesinatos de mujeres en los cuales el homicida fuera su cónyuge, compañero permanente novio, pareja o ex pareja. Se transcriben los datos reportados que dan cuenta de una de las tipologías de asesinatos de mujeres que hacen parte del universo del feminicidio: Según información remitida por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 18, el número de mujeres que fallecieron 16 Profamilia. Encuesta anual de demografía y salud ENDS- 2005. Bogotá. 2006. www.profamilia.org.com. 17 Según El devenir de normas y valores tradicionales sobre la sexualidad en Colombia, artículo publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Se sabe por ejemplo que en los Estados Unidos, uno de cada cuatro delitos sexuales es denunciado y en Colombia esta proporción puede llegar a ser uno de cada veinte En Informe de Justicia de Género. Ob.cit. 18 Información obtenida por respuesta a derecho de petición interpuesto por la Corporación Sisma Mujer y respondido con fecha 15 de diciembre 2004. Página 7 de 25

en un homicidio cuyo posible agresor fue su cónyuge, compañero permanente, novio, pareja (incluidos los ex) se desagrega según se muestra en la siguiente tabla. Año Víctimas Una mujer muere víctima de su pareja o expareja cada No de días al año 2001 66 5.5 2002 61 5.9 2003 64 5.7 2004 63 5.7 Nota: La información del 2004 es con corte a octubre. Fuente: Elaborada por la Corporación Sisma Mujer sobre la base de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (respuesta en diciembre 15 de 2004 a derecho de petición de la Corporación Sisma Mujer). Esto significa que, sin tomar en consideración la existencia de subregistro o cifra negra, en Colombia muere aproximadamente cada seis días una mujer en manos de su pareja o ex pareja. El Instituto Nacional de Medicina Legal reporta datos sobre el tipo de arma empleada en los homicidios. Si bien, tanto hombres como mujeres mueren principalmente por arma de fuego, lo que da cuenta de la relación de muchas de estas muertes con el conflicto armado e introduce el debate sobre la permisibidad en el uso de este tipo de armas, llama la atención la mayor proporción de mujeres que son asesinadas mediante arma cortopunzante y estrangulamiento, eventos en los que podría deducirse la existencia de mayores grados de violencia. Homicidios según tipo de arma o mecanismo 2004 Mujeres Hombres Sin determinar Total % Mujeres sobre total Estrangulamiento 49 4% 89 1% 0% 138 36% Otras armas 71 5% 234 1% 4 20% 309 23% Arma contundente 41 3% 218 1% 0% 259 16% Arma cortopunzante 207 1 5% 1652 10% 1 5% 1860 11% Explosivos 19 1% 196 1% 1 5% 216 9% Arma de fuego 976 71% 13555 84% 14 70% 14545 7% Arma cortocontundente 15 1% 214 1% 0% 229 7% Total 1378 16158 20 17556 Elaborado por Sisma Mujer sobre la base de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses II: Los rumbos del conflicto y las violencias contra las mujeres En una dinámica en la que la desigualdad, la discriminación, los intereses de explotación económica sobre los territorios y el conflicto armado interno se retroalimentan, el país arriba a la quinta década de un conflicto armado que reproduce Página 8 de 25

los patrones autoritarios históricos de resolución de los conflictos sociales, exacerbando y aprovechando la discriminación que afecta en mayor medida a amplios sectores de la población colombiana, entre ellos los pueblos indígenas, afrodescendientes, sectores campesinos y urbanos pobres y dentro de todos ellos, de manera desproporcionada, a las mujeres, niñas y niños, las víctimas ocultas de la pobreza y la guerra. Durante los últimos dos años el país registra disminuciones en la tasa de homicidios. El estudio sobre cumplimiento de las metas del mileno señala que la tasa de homicidios del país disminuyó un 20% en 2003 con respecto al 2002 con 55 muertes por cada 100.000 habitantes. No obstante, se registró una de las mayores tasas de América Latina. En otros países como Venezuela mueren 33 personas por cada 100.000 habitantes, en Brasil 20, en Argentina 5 y en Chile 3. El documento afirma que Los municipios que registraron las tasas más altas de homicidio están asociados a la presencia de actividades económicas como la explotación de riquezas naturales. Algunos registran presencia de cultivos ilícitos o son corredores viales de narcotraficantes y grupos armados ilegales, los cuales se disputan el territorio para la obtención de rentas. Es el caso de Tame (374.5), Puerto Asís (289.2), Saravena (248.6). Desafortunadamente, el estudio no presenta cifras desagregadas según sexo. Adicionalmente señala que: La presencia de cultivos ilícitos, el número de masacres, las tasas considerables de población expulsada, hacen ver que los homicidios son causados en su gran mayoría por grupos armados ilegales 19. La disminución en homicidios y otras conductas delictivas se ha atribuido en parte a las desmovilizaciones de grupos paramilitares, pero es importante destacar que además de la disminución en determinadas conductas delictivas tales como los homicidios asociados a masacres, la dinámica paramiliar ha experimentado cambios en su estrategia, focalizando sus víctimas a través de ataques frecuentes y precisos en lugar de masivos e indiscriminados, de manera que para la opinión pública nacional e internacional su accionar delictivo se invisibiliza, con el fin de no poner en riesgo el proceso de negociación con el gobierno. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en la Declaración Conjunta ante la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, muestra que Entre agosto/2002 y junio/2005, alrededor de 6.648 personas fueron detenidas arbitrariamente desconociendo los derechos a la libertad personal y al debido proceso, en muchos casos con base en acusaciones falsas de reinsertados e informantes. Respecto de defensores y defensoras de derechos humanos señala que: Entre agosto de 2002 y junio de 2005, fueron asesinados o desaparecidos 43 defensores, el índice más 19 Ob. Cit. Departamento Nacional de Planeación y otros. Página 9 de 25

alto durante los últimos ocho años 20. Mugarik Gabe Nafarroa En cuanto al desplazamiento forzado interno cuyo porcentaje de víctimas mujeres, niñas y niños representa entre un 75 y un 80%, durante el periodo 2002 2005, más de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia en Colombia. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (antes Red de Solidaridad Social) reporta 937.823 personas en el Sistema Único de Registro mientras que CODHES, ONG que realiza monitoreo al desplazamiento en el país, estima la cifra en 1.160.542. Esto representa una diferencia del 24% entre las dos fuentes para el periodo analizado. En 2005, la brecha en las estadísticas de las dos entidades fue la más grande de los últimos 5 años, pues CODHES registró casi el doble (92%) de población desplazada que Acción Social. El Gobierno y CODHES dieron cuenta de 131.716 y 252.801 personas desplazadas respectivamente. En lo relativo a asesinatos por causa de violencia sociopolítica, por fuera de combate, perdieron la vida 1.050 personas durante el primer semestre de 2005, por violencia sociopolítica. En el 77% de tales muertes se atribuyó responsabilidad al Estado: por perpetración directa de agentes estatales el 18% (111 víctimas); por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 59% (358 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó el 23% de los casos (139 víctimas) 21. Durante el primer semestre de 2004 fueron asesinadas o desaparecidas 2.512 personas. El 51% fueron víctimas de homicidios políticos o ejecuciones extrajudiciales y el 46% murieron en medio de combates. El Estado es el responsable del 73% de las víctimas, en el 17% por autoría de agentes estatales y en el 56% por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares ; las guerrillas son responsables del otro 27% de víctimas. 22 Para las mujeres la situación en lugar de mejorar, ha empeorado. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que el conflicto armado sigue afectando a las mujeres en diversas formas: Han sido víctimas de ejecuciones, homicidios y agresiones físicas e intimidación, especialmente cuando son compañeras o familiares de personas presuntamente vinculadas a los que participan activamente en las hostilidades. Muchos de estos hechos han sido atribuidos a los grupos armados al margen de la ley. Se registraron 20 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Declaración conjunta sobre la situación de derechos humanos en Colombia para la 62 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- 2006. Bogotá. Marzo 2006 21 Comisión Colombiana de Juristas. Colombia 2005, situación de derechos humanos y derecho humanitario. www.coljuristas.org. 22 Comisión Colombiana de Juristas, El deber de la memoria: imprescindible para superar la crisis de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2005 (Informe sobre el año 2004), sin publicar. Página 10 de 25

algunas denuncias atribuidas a miembros de la fuerza pública. Las mujeres también han sido víctimas de amenazas que a veces han obligado su desplazamiento, con frecuencia acompañadas de hijos menores de edad. Las amenazas provienen de los grupos armados ilegales, tanto paramilitares como guerrilleros. La mayoría de estas amenazas están dirigidas contra mujeres en posiciones de liderazgo o responsabilidad, dirigentes de organizaciones civiles o mujeres que ocupan cargos públicos o de representación política. La respuesta estatal frente a la violencia de género, incluyendo la violencia intrafamiliar y sexual, continúa siendo precaria 23. Cifras sobre violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres que muestran tendencia a aumento relativo de violaciones de derechos humanos de las mujeres respecto a los niveles de violaciones de los derechos humanos de los hombres con ocasión del conflicto armado interno, complementadas con testimonios de mujeres, indican que en Colombia podríamos estar avanzando hacia una feminización del conflicto 24. El Informe sobre la violación a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el año 2005 elaborado por la Escuela Nacional Sindical indica que durante ese año las mujeres sindicalizadas fueron víctimas de quince femicidios, 102 amenazas de muerte, diez detenciones arbitrarias, quince hostigamientos y persecuciones por su actividad sindical, dos atentados de muerte, siete desplazamientos forzados y un secuestro 25. Con respecto al año inmediatamente anterior, el Informe señala que el número de asesinatos de mujeres se mantuvo constante, presentando sólo un registro menos en 2005; esto es, de dieciséis casos registrados en 2004 se pasó a quince en 2005. Al contrario de lo que podría parecer, se registra un desbordado incremento del 650% en las persecuciones y hostigamientos a la actividad sindical de las mujeres, pasando de dos casos registrados durante 2004 a 15 casos en 2005; las detenciones arbitrarias crecieron en un 25%, pues de ocho casos se pasó a diez en 2005, los secuestros se mantuvieron constantes y se presentaron dos intentos de asesinato en 2005 como nueva modalidad de violencia 26. En un análisis de la Fundación Hemera 27 se reporta que el número de mujeres víctimas indígenas del primer semestre en 2003 fue de 13 (6% del total de víctimas indígenas) y en el 2004 para el mismo periodo fue 25 (23% del total). Esto significa un incremento del 92% de víctimas mujeres entre los periodos comparados y una disminución del 58% 23 Ob.Cit. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 24 Corporación Sisma Mujer Estadísticas de las mujeres colombianas: estamos frente a una feminización del conflicto?. Bogotá. Octubre de 2005. 25 Escuela Nacional Sindical. Informe sobre la violación a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el año 2005. Medellín, 2005. Página 13 26 Escuela Nacional Sindical. Informe sobre la violación a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el año 2005. Medellín, 2005. Página 14 27 Restrepo, Olga Luz, Ciudadanía, género y conflicto en pueblos indígenas, Ponencia al Seminario Internacional en ciudadanía y conflicto, Bogotá, octubre de 2004, EN: Fundación Hemera, Periódico Virtual Actualidad Étnica, www.etniasdecolombia.org. Página 11 de 25

de hombres víctimas. Más de 4.200 mujeres indígenas fueron víctimas de la violencia paramilitar, guerrillera y estatal durante el primer semestre de 2004. Los reportes sobre homicidios en general en el país del Instituto Nacional de Medicina Legal INML- muestran que, si bien durante los últimos años ha habido una disminución de homicidios de hombres y mujeres, los porcentajes de homicidios de mujeres respecto de los de hombres han aumentado. Histórico Medicina Legal según Sexo Homicidios Hombres Mujeres TOTAL % Hombres 2001 24339 1972 26311 92,5% 7,5% 2002 26251 2283 28534 92,0% 8,0% 15,8% 2003 20373 1799 22172 91,9% 8,1% -21,2% 2004 16158 1378 17536 92,1% 7,9% -23,4% Elaborado por Sisma Mujer sobre la base de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses % Mujeres Variación Mujeres En cuanto a las modalidades delictivas, el siguiente cuadro elaborado a partir de información suministrada por la Policía Nacional, muestra que si bien se presentan disminuciones en algunos delitos, en lo relativo a delitos que afectan de manera particular a las mujeres, la tendencia va en aumento. Modalidad Delictiva 2002 2003 2004 I. Delitos Contra La Vida Y La Integridad Personal 91.244 82.584 68.597 II. Delitos Contra Personas Y Bienes Protegidos Por El Derecho Internacional Humanitario 176 55 73 III. Delitos Contra La Libertad Individual Y Otras Garantías 3.820 3.147 2.380 IV. Delitos Contra La Libertad Integridad Y Formación Sexuales 2.885 4.153 4.322 V. Delitos Contra La Integridad Moral 824 698 520 VI. Delitos Contra La Familia 13.850 14.367 14.555 VII. Delitos Contra El Patrimonio Económico 117.520 125.387 114.239 VIII. Delitos Contra Los Derechos De Autor 1.203 7.078 10.495 IX. Delitos Contra La Fe Pública 2.681 4.018 5.321 X. Delitos Contra El Orden Económico Y Social 2.836 9.069 11.054 XI. Delitos Contra Los Recursos Naturales Y El Medio Ambiente 754 1.459 2.396 XII. Delitos Contra La Seguridad Pública 19.011 19.525 17.379 XIII. Delitos Contra La Salud Pública 22.277 35.133 48.334 XIV. Delitos Contra Mecanismos De Participación Democrática 322 392 20 XV. Delitos Contra La Administración Pública 843 1.093 1.091 XVI. Delitos Contra La Eficaz Y Recta Impartición De Justicia 1.121 1.504 1.564 XVII. Delitos Contra La Existencia Y Seguridad Del Estado 2 0 5 XVIII. Delitos Contra El Régimen Constitucional Y Legal 240 503 352 Total Delitos 281.609 310.165 302.697 Elaborado por Sisma Mujer sobre la base de información de la Policía Nacional. Página 12 de 25

Se toma en consideración el aumento en el item sobre delitos contra el derecho internacional humanitario pues este comprende diversos delitos relativos a violencia sexual en persona protegida. Respecto del aumento particular de diversas modalidades delictivas relacionadas directamente con el conflicto armado, el documento de Sisma Mujer afirma Dos son las posibles razones que podrían explicar este hecho. Primero las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales están denunciando y visibilizando violaciones a los derechos humanos de las mujeres que antes no eran considerados como tales y las organizaciones de derechos humanos han empezado a registrar la información desagregándola por sexo. La segunda, las mujeres están ocupando espacios de liderazgo dejados por hombres como consecuencia de su asesinato, desaparición o persecución 28. El informe presentado por las organizaciones sociales, de derechos humanos y de mujeres a la Relatora sobre la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace referencia al trabajo de documentación y análisis de la afectación del conflicto armado en las mujeres y las niñas que realiza la Mesa de trabajo: Mujer y conflicto armado, así como lo reportado por Amnistía Internacional, organizaciones que han develado la forma como las mujeres se han constituido en botín de guerra, una de las modalidades de vulneración y degradación de comunidades calificadas como enemigas. Al respecto se afirma: La violencia sexual reconfigura y arrecia la discriminación hacia las mujeres. Si sobre los datos relacionados con asesinatos, desapariciones y torturas cae el peso del temor a la retaliación, sobre los relacionados con violencia sexual (en particular sobre violaciones sexuales) se adiciona la humillación y la vergüenza 29. Además de la violación sexual, la violencia particular que los grupos armados legales e ilegales ejercen sobre las mujeres y niñas en Colombia comprende la esclavitud sexual y doméstica, la anticoncepción forzada, el aborto forzado, el desplazamiento por su afectación desproporcionada en las mujeres, la estigmatización por su relación de parentesco con alguno de los actores armados y el control social y de las condiciones de vida de las mujeres en las zonas de dominio territorial. En muchas ocasiones la violación y la mutilación sexual son prácticas que preceden las masacres pero que, tal como lo indicó la Relatora especial sobre violencia contra las mujeres en su visita a Colombia durante el año 2001, no aparecen en los registros oficiales pues cuando se realizan los levantamientos de los cadáveres no se recopilan pruebas sobre la posible violencia sexual previa al asesinato. Los combatientes han incurrido en múltiples violaciones a los derechos humanos de mujeres dirigentes e integrantes de organizaciones de mujeres Las organizaciones más afectadas han sido sobre todo las conformadas por campesinas, indígenas y afrocolombianas. Tal es el caso de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e 28 Ob Cit. Corporación Sisma Mujer. 29 Amnistía Internacional. Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. AMR 23/040/2004/s Página 13 de 25

Indígenas ANMUCIC la cual a finales de los 90 contaba con 100.000 afiliadas. Para el 2003, habían sido asesinadas más de 35 afiliadas y dirigentes locales, dos mujeres desaparecidas, más de 7.000 desplazadas y durante ese año se produjo el más duro deplazamiento de la dirigencia. Algunas de las mujeres desplazadas y refugiadas fueron previamente torturadas, incluyendo la tortura sexual y en algunos de los casos sus hijas e hijos fueron asesinadas/os. Los niveles de impunidad en relación con violaciones a derechos humanos de las mujeres son mayores que respecto de otros grupos poblacionales. La Relatora Especial de violencia contra la mujer señaló que el hecho de que no se haya investigado, procesado y castigado a los responsables de violaciones y otras formas de violencia por motivo de género, ha contribuido a crear en Colombia un clima de impunidad que perpetúa la violencia contra la mujer y contribuye al aumento de la violencia en general. En este sentido, responsabilizó al Estado por las violaciones de los derechos humanos que ocurran mientras no adopte medidas para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa y eficaz en el país 30. Entre las medidas recomendadas por la Relatora para hacer frente a la impunidad en lo relativo a delitos contra las mujeres frente a las cuales el Estado colombiano aún no ha realizado ninguna acción, se encuentran las siguientes: - Nombramiento de un asesor jurídico de alto nivel en la Fiscalía sobre violencia sexual o basada en el género. - Impartir capacitación específica a todas las dependencias del sistema de justicia penal respecto de la violencia basada en el género y los derechos humanos de la mujer. - En lo relativo al apoyo técnico-científico en la investigación, contar con profesionales calificados que tengan conocimiento y experticia en delitos sexuales. - Implementación de un sistema de compilación de estadísticas en que se indique lo que le ha ocurrido a una mujer antes de perecer en una matanza. - Incluir en los estudios sobre la administración de justicia, indicadores para medir el impacto en las mujeres en su condición de sujetas activas como de víctimas de las políticas y los sistemas que se implementen. El Estatuto de Roma y sus Reglas de Procedimiento y Prueba aportan importantes avances en la legislación y procedimientos que contemplan el enfoque de género en la administración de justicia en contextos de conflictos armados, los cuales deben ser incorporados a la legislación interna colombiana. En el tema de la violencia intrafamiliar y de género, diagnósticos de las organizaciones de mujeres y de diversas organizaciones protectoras de derechos humanos en el ámbito internacional coinciden en señalar como una de las causas de los altos índices de 30 Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer. Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/2002/83/Add.3; op. cit. Página 14 de 25

impunidad de la administración de justicia en materia de violencia intrafamiliar, sexual y todas las modalidades de violencia contra las mujeres asociadas al conflicto armado interno, la inmensa dispersión normativa y una serie de retrocesos legislativos y reformas al sistema de administración de justicia en Colombia, que han ido alejando cada vez más a las mujeres de las posibilidades de acceso a la justicia. En este sentido, la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas en su informe sobre Colombia 2005 insta al gobierno y al Congreso colombiano a revisar la legislación en materia de violencia intrafamiliar y violencia de género y adecuarla a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano. Actualmente, una iniciativa de Sisma Mujer con el apoyo del Instituto de la Mujer de España para la creación en Colombia de una ley integral de violencia contra las mujeres, ha encontrado eco en diversas organizaciones de mujeres y en entidades de protección de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Mujer y Géneros de la Alcaldía de Bogotá, lo que nos posibilita unir esfuerzos a fin de lograr consensos sociales y políticos nacionales para la aprobación de la ley en el Congreso de la República. III. El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación Las negociaciones del gobierno colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia se iniciaron en el 2003. A pesar de que el gobierno estableció como condición el cese de hostilidades de los grupos paramilitares, durante este tiempo, organizaciones paramilitares han continuado con sus acciones delictivas y las violaciones a los derechos humanos de la población. Al respecto, se advierte que desde el primero de enero de 1988 hasta el 30 de junio de 2005 se han registrado 17.010 acciones contra la población civil en las que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violación sexual) fueron vulnerados por los grupos paramilitares 31. Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el primer semestre de 2005, casi se duplicó el número de violaciones al derecho a la vida atribuibles directamente a los agentes estatales: 62 víctimas durante el segundo semestre de 2004; 111, durante el primer semestre de 2005. Igualmente, la Comisión Colombiana de Juristas resalta que 31 Análisis de cifras elaborado por la Corporación Sisma Mujer sobre la base de datos de Cinep, Justicia y Paz en Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo de Estado. 1988-2003. Banco de Datos de violencia política, Codice. Bogotá. Diciembre 2004. Cinep, Justicia y Paz. Noche y niebla.números 29-30 y 31 en: www.nocheyniebla.org. Página 15 de 25

Continúa siendo alto el número de personas asesinadas o desaparecidas por los grupos paramilitares (358). A pesar del proceso de negociaciones con el Gobierno, estos grupos continúan siendo los mayores violadores al derecho a la vida. Las infracciones al derecho humanitario que vulneran el derecho a la vida cometidas por los grupos guerrilleros también permanecen en el mismo nivel que durante el segundo semestre de 2004 (130 personas víctimas entre julio y diciembre de 2004 y 139 en el mismo período de 2005). Del total de muertes registradas de enero a junio de 2005, 111 eran mujeres. Por lo menos 183 jóvenes y 79 niñas y niños perdieron la vida por las mismas causas en el mismo período 32. Según el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, hasta el 15 de febrero de este año se habían desmovilizado 22.842 paramilitares en 30 actos de desmovilización. En su informe sobre Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas expresó: Tres años después de iniciadas las negociaciones, llama la atención la presencia continua de niños y niñas en las filas de los grupos paramilitares. Informaciones recogidas por la Oficina indican que, en varios casos, los paramilitares han entregado a los niños directamente a sus familias. De esta manera se impide que quede algún registro en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), institución estatal a quien deben ser entregados por disposición legal. Esta situación puede tener consecuencias de impunidad sobre la responsabilidad de esos grupos e igualmente sobre los derechos básicos de los niños y niñas víctimas del reclutamiento. Estos últimos quedan por fuera de la protección estatal y de los programas a los que tienen derecho 33. En cuanto al marco legal de la negociación, el año 2003 el gobierno nacional expidió el decreto 128 en desarrollo de la ley 782 de 2002, que establecía los parámetros normativos para la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley. En el año 2005 se aprobó la ley 975 de 2005 por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones para acuerdos humanitarios. Esta última ley tiene una aplicación residual, porque solamente cubre a desmovilizados que tengan procesos judiciales en curso, si no tienen procesos judiciales, como ocurre con la mayoría de ellos, porque no han podido ser identificados por las víctimas o no han sido denunciados, se les aplica la normatividad anterior. Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas puntualiza: Los combatientes que se someten a la desmovilización pueden estar en dos situaciones. En primer lugar, pueden no tener procesos judiciales o condenas en contra. En segundo lugar pueden tener procesos o condenas judiciales. En el primer 32 Ob.Cit. Comisión Colombiana de Juristas 33 Ob. Cit. Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Página 16 de 25

caso, de acuerdo al decreto 128, la persona tiene derecho a una inmunidad judicial con un certificado del Comité de Dejación de Armas (CODA) del Ministerio del Interior y de Justicia (arts. 2 y 13 del decreto). En el segundo caso, surgen dos nuevas posibilidades. De un lado, puede que la persona a desmovilizar tenga abiertos procesos judiciales por delitos amnistiables o indultables que de acuerdo a la Constitución sólo pueden ser delitos políticos-. En tal caso la persona tendrá derecho a que se cierre su proceso judicial, sea cual fuere el estado en que esté, o se revoque su condena. Esto es, puede recibir el beneficio de resolución inhibitoria, cesación de procedimiento, preclusión o indulto dependiendo del estado del proceso (art. 13 del decreto). Por último, la persona puede tener procesos o condenas por delitos no amnistiables o no indultables, es decir, por delitos comunes y por violaciones a derechos humanos y derecho humanitario. Sólo en este último caso se aplica la ley de justicia y paz. 34 Una vez sometido a consideración del Congreso de la República, el proyecto de ley 975 de 2005 acaparó la atención pública. Los aspectos más polémicos en el Congreso estuvieron relacionados con la incompatibilidad del proyecto de ley con los estándares internacionales en términos de verdad, justicia y reparación. La ley prevé para quienes hayan cometido graves crímenes y cumplan ciertos requisitos, la concesión de beneficios judiciales, en especial la reducción de la privación de la libertad a un período entre cinco y ocho años, pero como contraprestación no exige, - por el contrario desestimula - la plena cooperación del desmovilizado con la justicia. Quien se acoja al proceso debe rendir una versión libre y espontánea y los delitos que confiese serán los susceptibles de aplicación de los beneficios. En caso de que durante el proceso o con posterioridad a la obtención de los beneficios se llegaren a imputar otros delitos, también a éstos se les aplicarán los beneficios. En términos de reparación, la ley prevé una escasa participación de las víctimas, crea una comisión de reparación con funciones de asesoría y sin autonomía, no determina de manera clara la responsabilidad concurrente del Estado, la garantía de reparación monetaria se encuentra principalmente en manos de los condenados quienes deberán responder con sus bienes adquiridos ilícitamente si declaran su propiedad. La Red Nacional de Mujeres y la Iniciativa de Mujeres por la paz, adelantaron una estrategia de incidencia ante el Congreso de la República y ante organizaciones de derechos humanos, con el fin de incorporar en la ley garantías de los derechos de las víctimas en general y de los derechos particulares de las mujeres víctimas, tomando como parámetros los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres suscritos y ratificados por el Estado colombiano tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW 35 ; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 34 Comisión Colombiana de Juristas. Sin paz y sin justicia. Boletín No. 6. Bogotá, junio 29 de 2005. www.coljuristas.org. 35 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor para Colombia en virtud de la ley 51 de 1981. Página 17 de 25

Convención Belém do Pará 36 y de manera particular las reglas de procedimiento y prueba en caso de delitos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños del Estatuto de Roma 37. Las acciones de incidencia partieron de la exigencia de los estándares internacionales en derecho a la verdad, la justicia y la reparación, por ello, pese a que se logró la inclusión de algunas formulaciones generales relativas a protección de la intimidad de víctimas y testigos en casos de violencia sexual, sin que en los aspectos procedimentales ni en la reglamentación de la misma estas formulaciones se hayan hecho operativas. Dada la insatisfacción con la ley tanto en términos de garantías de los derechos de las víctimas como en cuanto a las disposiciones relativas a afectaciones particulares de las mujeres, la evaluación de Sisma Mujer coincide con las visiones de diversas organizaciones nacionales e internacionales, en el sentido de señalar que se trata de una ley propiciatoria de impunidad. Al respecto, la Alta Comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas advierte que faltan mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En particular, la ley no exige la plena cooperación del desmovilizado con la justicia. La ley no exige su contribución efectiva para el esclarecimiento de los hechos. No es posible hacer justicia ni garantizar la reparación sin esclarecer la verdad y puntualiza que Tampoco atiende suficientemente la situación particular de las mujeres, de niños y niñas, y de las minorías étnicas 38. A pesar de diversas advertencias por parte de organismos de protección de derechos humanos, así como de numerosas demandas de inconstitucionalidad, la ley se comenzó a aplicar, aunque, tal como lo había advertido la Comisión Colombiana de Juristas, de manera bastante residual. La Declaración Conjunta de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos para la Comisión de Derechos Humanos en sus sesiones de 2006, señala a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, que mediante el Decreto 128/2003, al menos 11.200 paramilitares (99% de los desmovilizados) han sido dejados en libertad sin ser investigados o juzgados, bajo el argumento de no tener procesos penales abiertos en su contra, así hubiesen cometido graves violaciones incluyendo crímenes de lesa humanidad (únicamente 55 tenían procesos en su contra) 39. Dentro de las principales preocupaciones por la forma como se ha desarrollado el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, se señala el crecimiento exagerado en el número paramilitares durante el curso de la desmovilización. El 19 de mayo de 2004 el Alto Comisionado para la Paz dijo que en las filas paramilitares había 20.000 combatientes. Cuando comenzaron las desmovilizaciones, el gobierno y las AUC anunciaron una cifra total de combatientes por desmovilizar equivalente a 15.000. 36 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Belém do Pará Brasil el 9 de junio de 1994. Entrada en vigor para Colombia en virtud de la ley 248 de 1995. 37 Adoptado en Roma por los países signatarios el 17 de julio de 1998. Entrada en vigor para Colombia en virtud de la ley 742 de 2002. 38 Ob. Cit. Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas 39 Ob.Cit. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Página 18 de 25

Ahora, se habla de aproximadamente 30.000 paramilitares en proceso de desmovilización. De otro lado, existe gran preocupación por las relativamente pocas armas entregadas por los distintos bloques de las AUC. La Alta comisionada para los derechos humanos observó una importante brecha entre el número de desmovilizados y el de armas entregadas. Una de las mayores preocupaciones respecto de la forma como se está implementado el proceso de negociación es por supuesto la violencia que siguen ejerciendo los paramilitares, desmovilizados o no, y la conservación de sus estructuras lo que se denominado reciclaje. En el artículo las ruedas sueltas publicado en la revista Semana el 13 de febrero de 2006 se afirma que Tan solo entre junio y diciembre de 2005, las autoridades detectaron 13 nuevos grupos paramilitares que empezaron a actuar en zonas en donde se habían producido desmovilizaciones. Por último se registran serias deficiencias en el proceso de reinserción de los paramilitares. Para las mujeres es evidente el continuo de la violencia ejercida por los paramilitares durante el cese de hostilidades. Igualmente se observa la tendencia general en el sentido de focalización del accionar paramilitar. Según lo manifestado por la Corporación Reiniciar ante la Relatora sobre las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia en el año 2005, las mujeres pertenecientes la Unión Patriótica han sido perseguidas por su condición de militantes de la oposición política. Desde el 2002 hasta febrero de 2005, 12 mujeres fueron víctimas de homicidio, entre los cuales se registra 1 con tortura y 2 antecedidas por desaparición forzada; 1 fue víctima de desaparición forzada, y 1 de tentativa de homicidio. De estos casos hay mujeres que fueron agredidas sexualmente por el Ejército Nacional y por los paramilitares y en algunos de los casos en acciones conjuntas. En su informe sobre Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas reseña varios casos de violación de derechos humanos de las mujeres ocurridos durante el presunto cese de hostilidades cuyos responsables son paramilitares. El proceso de desmovilización ha contado con un seguimiento por parte de la Organización de los Estados Americanos a través de la misión Mapp OEA que ha sido objeto de críticas relacionadas con las deficiencias presentadas en la verificación de la autenticidad de las desmovilizaciones y sus escasos pronunciamientos sobre el incumplimiento al cese de hostilidades y los problemas generados por las reinserciones. En el sexto informe presentado, el Secretario General de la OEA reconoció varios de estos problemas. En la verificación, la MAPP/OEA ha priorizado lo que denomina los hechos más graves, que coinciden con aquellos de más fácil verificación, y aquellos que muestren una tendencia al cese de hostilidades. Dentro de los indicadores de verificación de violencia atribuible a grupos de autodefensa, no se encuentra la violación sexual, no obstante su aumento, como lo han señalado la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Página 19 de 25

Las organizaciones de mujeres de manera autónoma y también a través de la participación en redes mixtas tales como la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia han manifestado a la Mapp-OEA la urgencia de la inclusión de un enfoque de género en su misión, pero durante el tiempo que va corrido de su mandato esto no ha sido posible. La misión aún no se ha hecho la pregunta por lo que pueda pasar a las mujeres cuando a un pueblo pequeño llega una desmovilización masiva, o cuáles son las condiciones diferenciales que requieren mujeres, niñas y niños que hacen parte de los ejércitos desmovilizados. En diversas oportunidades se ha propuesto a la misión la inclusión de indicativos de género en la verificación al cese de hostilidades y la inclusión de criterios de género que orienten el trabajo con víctimas. Estos aspectos no han sido tomados en consideración en ninguno de los informes. Hasta el momento, la Mapp-OEA ha hecho caso omiso a las voces de alerta de la comunidad nacional e internacional sobre las graves deficiencias en el proceso de desmovilización. Según la declaración conjunta sobre la situación de derechos humanos en Colombia para la 62 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- 2006: En 2005 se concretó la más grave operación de impunidad, especialmente frente a miles de graves violaciones cometidas por grupos paramilitares, que comprometen la responsabilidad estatal debido al apoyo, aquiescencia o tolerancia. Junto con la persistencia de violaciones sistemáticas y generalizadas, se han incrementado los casos de participación de la Fuerza Pública directamente en estas violaciones. Persiste un alto nivel de masacres, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas 40. En este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas advierte: Debe destacarse que las desmovilizaciones no parecen haber significado una disminución de la influencia o control de los grupos paramilitares en sus respectivas áreas geográficas. Más bien, a través de estrategias paralelas de presión y de amenazas, se han consolidado y, en algunos casos, fortalecido en los campos económico, social y político 41. El actual proceso de negociación pasa por encima de los derechos de las víctimas, no tiene en cuenta la afectación diferencial para mujeres, niñas y niños ni para grupos étnicos; no contempla medidas que enfrenten la existencia e interrelación de factores estructurales tales como la dinámica ascendente de copamiento de espacios políticos y económicos por parte del binomio narcotráfico y señores de la guerra ni la incidencia de fenómenos como el tráfico de armas. Las medidas de reparación previstas no permiten devolver a campesinos/as ni a comunidades étnicas las grandes extensiones de tierra que les han sido expropiadas. Tampoco se ocupa de las relaciones paramilitares fuerzas 40 Ob. Cit. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. 41 Ob. Cit. Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Página 20 de 25