UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS AL DIÁLOGO En el año 2002, cuando inició la administración del Presidente Álvaro Uribe, se abrieron las puertas al diálogo con los grupos armados organizados al margen de la ley. En diciembre de 2002 los grupos de autodefensas anunciaron un cese unilateral de hostilidades para iniciar un diálogo de paz, cumpliendo así con las condiciones exigidas. Oficina Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración
Oficinal Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración Oficina Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración En respuesta el Gobierno Nacional nombró una Comisión Exploratoria de Paz para adelantar contactos con los miembros representantes de los diferentes bloques y en julio de 2003. En el municipio de Tierralta, Córdoba, el Alto Comisionado para la Paz, algunos miembros de la Comisión Exploratoria y representantes de la Iglesia Católica, se sentaron con un grupo de comandantes de las autodefensas y suscribieron el Acuerdo de Santafé Ralito para contribuir a la Paz de Colombia. Con la firma de este documento se inició el proceso de paz, el cual finaliza en agosto de 2006. Como resultado de estos diálogos se logró la desmovilización de 31.671 hombres y mujeres que estaban en la ilegalidad, y la entrega de 18.051 mil armas entre largas y cortas. Durante este Gobierno, también se desmovilizó colectivamente un total de 139 guerrilleros pertenecientes al frente Milicias Urbanas del Comando Conjunto Central Norma Patricia Galeano, la Compañía Cacica Gaitana, y la Columna Gabriel Galvis Milicias Urbanas de Florida, de las Farc; y el Ejército Revolucionario Guevarista Erg-. De esta forma, 31.810 personas se han desmovilizado colectivamente desde el año 2003. Paralelamente, se han dado las desmovilizaciones individuales, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, con lo cual se ha logrado que 21.942 colombianos abandones las armas de los grupos organizados al margen de la ley.
Oficinal Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración UNA LEY QUE BUSCA EL BALANCE ENTRE LA JUSTICIA Y LA PAZ La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz es una herramienta jurídica cuyo trámite fue liderado por el Gobierno Nacional, con el propósito de buscar mecanismos alternativos de justicia para aplicarlos en los procesos de paz que se adelantan con los grupos armados organizados al margen de la ley. Esta Ley, tiene dos caras, por una parte la que reconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Gracias a esta norma, más de 299 mil víctimas se han registrado en la Fiscalía General de la Nación. Y la otra, la que permite que se otorguen beneficios jurídicos a las personas que hicieron parte de estos grupos y cometieron delitos de lesa huma nidad, siempre que contribuyan a su desmantelamiento, digan toda la verdad, reparen a las víctimas y no vuelvan a delinquir. A la fecha el Gobierno Nacional ha podido postular a 4.346 ex miembros de GAOML, de los cuales 352 pertenecen a grupos guerrilleros. Estas personas ya han enunciado y confesado aproximadamente 70.000 hechos delictivos. Nuestro proceso de Justicia y Paz es uno de los más ambiciosos del mundo, pues contempla el reconoci miento, de manera simultánea, de los derechos de las víctimas y el equilibrio entre la justicia y la consecución de la paz. Es indiscutible que el proceso de Justicia y Paz ha marcado el comienzo de una transición hacia la paz en Colombia.
LA REINTEGRACIÓN NOS TRANSFORMA LA VIDA A la fecha, más de 45.000 desmovilizados han sido beneficiarios del Proceso de Reintegración que coordina la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración - ACR. Este es un Proceso integral y completo que busca el desarrollo de las competencias, las capacidades y oportunidades, para que las personas que dejaron las armas desarrollen un proyecto de vida autónomo en el marco de la legalidad. Cobertura y sostenibilidad del proceso de reintegración Con el objetivo de lograr la sostenibilidad en el tiempo del Proceso de Reintegración, se han desarrollado tres estrategias: La regionalización de la Política Nacional de Reintegración mediante la participación activa y corresponsable de los gobiernos departamentales y municipales, el sector privado y la comunidad La institucionalización de la Política con las entidades públicas nacionales y El respaldo de la comunidad internacional en materia de DDR - Desarme, Desmovilización y Reintegración y la consolidación de la paz. La ACR tiene cobertura nacional a través de 29 Centros de Servicio localizados a lo largo del territorio nacional. Se ha logrado la inclusión de la Política Nacional de Reintegración en los planes de desarrollo de 17 departamentos y 132 municipios del país, así como la asignación de recursos de las administraciones departamentales y municipales para la población desmovilizada. Adicionalmente, la ACR coordina con más de 13 entidades nacionales y locales, la definición de estrategias que faciliten la generación de un sistema nacional para la reintegración. También se ha realizado un trabajo de presentación del proceso a la comunidad internacional que ha resultado en más de U$69 mil millones de cooperación en los últimos 5 años y en el reconocimiento del Proceso de Reintegración de Colombia como uno de los más completos y mejores del mundo. Colombia se ha convertido en referente a nivel mundial compartiendo el programa con más de 70 países, 28 organismos intergubernamentales y 37 organismos internacionales. El Proceso de Reintegración Atención Psicosocial: La ACR ha diseñado una estrategia de atención psicosocial que busca el desarrollo de cuatro competencias: orientación al logro, establecimiento de relaciones asertivas, la solución no violenta de conflictos y la responsabilidad, en los contextos educativo, productivo, comunitario y familiar. El Proceso de Reintegración brinda atención personalizada, que incluye acompañamiento psicosocial, educación, salud, formación para el trabajo, asesoría para la inclusión en el mercado laboral, y/o desarrollo de planes de negocios, entre otros, junto con un apoyo económico, condicionado a su esfuerzo y compromiso. Para tal fin, se presta acompañamiento psicosocial directo a través de profesionales de campo, realizando además actividades familiares y comunitarias para el fortalecimiento del Proceso. Más de 39 mil personas que dejaron las armas han recibido atención psicosocial especializada, diseñada de acuerdo con sus perfiles e intereses, junto con sus núcleos familiares. Salud: Las personas que dejaron las armas ingresan al proceso desconociendo sus derechos y deberes en salud. Mediante la gestión y coordinación realizada por la ACR con las secretarias distritales de salud los participantes del proceso son vinculados al régimen subsidiado. 44 mil desmovilizados han sido afiliados al régimen subsidiado, con su respectivo seguimiento y capacitación en promoción y prevención; junto con cerca de 96,000 familiares.
Educación: La ACR también gestiona y coordina con las secretarias municipales de educación, el ingreso y permanencia de los desmovilizados en la educación formal, para que desarrollen capacidades y comportamientos que le faciliten su proceso de reintegración. Más de 28 mil participantes del proceso se han vinculado al sistema educativo. De esta población 60% cursan bachillerato, 36% primaria y 4% universitaria. Adicionalmente, 51.000 familiares han sido vinculados. Para mejorar la pertinencia de la educación se ha creado con cooperación internacional un modelo especializado de educación para adultos en situación de violencia que integra educación académica y formación para el trabajo. A la fecha se cuenta con la participación de 996 personas en proceso de reintegración, 10 Regionales del SENA, 13 Entidades Educativas y 60 docentes formados. Finalmente, con el objetivo de facilitar el acceso de la población desmovilizada a estudios de nivel educativo superior, se crearon dos fondos de becas por más de 4 mil millones de pesos del sector privado, cooperación internacional y la ACR. A la fecha, más de 200 personas que dejaron las armas han sido beneficiadas. Oportunidades de Generación de Ingresos Una reintegración económica exitosa de las personas que dejaron las armas es crucial para asegurar la paz y promover el desarrollo sostenible. Para que los desmovilizados puedan acceder al mercado laboral hemos desarrollado cuatro mecanismos que permitan la generación de ingresos: Formación para el trabajo, Servicio Social, Empleabilidad y Planes de Negocio. Formación para el trabajo: Para lograr una formación con calidad y pertinencia, se tiene en cuenta las aspiraciones individuales, agendas regionales, dinámicas económicas, entre otras y se gestiona con el SENA su ingreso. Más de 13 mil personas que dejaron las armas han seguido su ruta de formación para el trabajo a la fecha. Adicionalmente, se ha logrado tan sólo en el último año un aumento en la participación de cursos técnico y tecnológico del 34% al 46% y una reducción en los índice de deserción al 2%. Servicio Social: Es una alternativa desarrollada para la ocupación temporal en las zonas con pocas oportunidades económicas, se realiza mediante dos tipos de prácticas que generan beneficios a las comunidades e incluyen formación en habilidades ciudadanas y capacitación especifica de acuerdo al tipo de trabajo. A la fecha 7.710 personas que dejaron las armas han participado en estos programas en 92 municipios del país. El primero es el Programa Salvavías, que se ejecuta en coordinación con la Policía Nacional, apoyando la labor de la Policía de Carreteras en las vías del país. El segundo, es el Programa Social Comunitario, el cual se desarrolla mediante alianzas con las alcaldías y donde se desarrollan actividades en beneficio de las comunidades tales como arreglo de parques y escuelas, guardabosques, ornato, entre otras. Planes de Negocio: Otra opción de generación de ingresos se ofrece mediante el capital semilla para el desarrollo de planes de negocios presentados por desmovilizados. A la fecha se han desembolsado 2.914 planes de negocio. Adicionalmente, se brinda asesoría al desarrollo de los mismos a través del Banco de Tiempo, por medio de la vinculación de profesionales, universidades y empresas especializados se apoya el fortalecimiento de las diversas áreas del negocio. Empleabilidad: A la fecha, más de 19.000 desmovilizados se encuentran trabajando. La ACR trabaja con los sectores público y privado a nivel nacional, para la detección y generación de oportunidades de empleo y la vinculación de las personas que dejaron las armas. A la fecha se han sensibilizado más de 2.180 empresas con el fin de generar oportunidades y se han vinculado más de 600 empresas para el apoyo del proceso de reintegración. Mecanismos del sector privado Existen diversos mecanismos de vinculación del sector privado al proceso de reintegración, adicionales a la generación de oportunidades de ingresos, que incluyen Banco de Tiempo, Fondos de Becas, Iniciativas de Responsabilidad Social, Contratos de Aprendizajes, Practicas laborales, Fondos de Inversión, y el Fondo Regional de Empleo - FRE. A la fecha se ha logrado resultados a través del Banco de Tiempo de más de 13.732 horas donadas por más de 1.500 personas y empresas; dos fondos de becas por más de $4,000 millones; la vinculación de 79 empresas con iniciativas de responsabilidad social para el fortalecimiento del proceso; se han vinculado más de o 3 mil desmovilizados en contratos de aprendizajes y practica laborales; se han conseguido $1,500 millones del sector privado destinados a dos fondos de capital privado para el fortalecimiento de
proyectos que vinculen a población vulnerable; y por último la vinculación de 17 empresas a través del FRE que han contratado a 53 desmovilizados. Seguridad: El bienestar de las personas que dejaron las armas y la buena relación con su entorno, familia y comunidad facilitan el proceso de reintegración. En parte, el bienestar es alcanzado cuando se logra la confianza en el entorno en el que las personas que dejaron las armas desarrollan su vida diaria. La ACR desarrolla en coordinación con la fuerza pública y las demás entidades responsables, estrategias de prevención, protección y atención de esta población en riesgo. Desde 2007 se han atendido 2.021 casos de riesgo y se ha tenido una siniestralidad del 2%. Proyectos para la paz e intervenciones comunitarias La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR) han venido apoyando la construcción de paz con metodologías de intervención comunitaria y social, que buscan llegar a las comunidades que tradicionalmente son afectadas por la violencia, a territorios receptores de población desmovilizada y a zonas en donde existe un deterioro del tejido social. QUE DEJAMOS? Después de estos ocho años de trabajo entregamos un país que hace visible a las víctimas y trabaja por restablecer sus derechos. Entregamos un país donde cada vez más ciudadanos dejan las armas para construir una vida en la legalidad y un proceso de reintegración que lo facilita y lo evidencia, evitando así la repetición de actos violentos. Un proceso que es modelo en el mundo y que ha demostrado que la reconciliación es posible; que todos podemos trabajar juntos para transformar el país. Entregamos un camino trazado para lograr la paz. Invitamos a todos los sectores de la sociedad para que continúen vinculándose a esta causa común. La OACP ha desarrollado, con el apoyo de Acción Social, proyectos en ocho regiones estratégicas: Cordillera Central Valle del Cauca y Tolima, la Macarena, el Caguán, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, Catatumbo, Putumayo y Bajo Atrato - 159 proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y sanitaria, que han beneficiado a 77 mil familias, es decir, a 395 mil personas, distribuidas en 1.614 veredas de 54 municipios y 18 departamentos de todo el país. Paralelamente a esta estrategia, la ACR ha desarrollado 98 intervenciones comunitarias, que han beneficiado a más de 3.7 millones de colombianos. Dichas intervenciones se realizan en las comunidades receptoras de población desmovilizada donde se encuentran también víctimas de la violencia- para fortalecer las bases sociales, culturales y promover la convivencia y la reconciliación nacional. Para ello, los participantes del proceso de reintegración, junto a sus familias y las comunidades, reciben formación en convivencia y liderazgo, donde aprenden el ejercicio de la ciudadanía dentro del marco de la legalidad, la resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos humanos. Adicionalmente diagnostican sus comunidades y desarrollan proyectos participativos y acciones simbólicas de convivencia y de reconciliación. La reintegración nos transforma la vida