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Transcripción:

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO 2012 Voto Nº 1320-12 Comisión Nacional del Consumidor a las doce horas cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre del dos mil doce. Denuncia interpuesta por Randall Esteban Arce Torres, cédula de identidad tres- trescientos cincuenta y ocho- doscientos sesenta y ocho, y Rosario Andrea Navarro Rivas, cédula de identidad uno- mil doscientos cincuenta y cuatro- seiscientos treinta y ocho contra Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA) cédula jurídica tres - ciento uno- trescientos sesenta y dos mil setecientos setenta y dos; por supuesto incumplimiento de contrato, falta de información, incumplimiento al derecho de retracto y falta de autorización para comercializar contratos de ventas a plazo, según lo establecido en los artículos 34 incisos a), b) 40 y 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472, del 20 de diciembre de 1994. http://reventazon.meic.go.cr/informacion/cnc/votos2012-13/voto1320.pdf 1

COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto 1320-12 Comisión Nacional del Consumidor a las doce horas cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre del dos mil doce. Denuncia interpuesta por Randall Esteban Arce Torres, cédula de identidad tres- trescientos cincuenta y ocho- doscientos sesenta y ocho, y Rosario Andrea Navarro Rivas, cédula de identidad uno- mil doscientos cincuenta y cuatro- seiscientos treinta y ocho contra Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA) cédula jurídica tres - ciento uno- trescientos sesenta y dos mil setecientos setenta y dos; por supuesto incumplimiento de contrato, falta de información, incumplimiento al derecho de retracto y falta de autorización para comercializar contratos de ventas a plazo, según lo establecido en los artículos 34 incisos a), b) 40 y 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472, del 20 de diciembre de 1994. RESULTANDO PRIMERO: Que mediante denuncia recibida el siete de octubre del dos mil nueve, los señores Randall Esteban Arce Torres y Rosario Andrea Navarro Rivas, interpusieron formal denuncia contra, Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), argumentando lo siguiente: (...)DEINVASA nos vendió un plan vacacional cuyos términos de ventas y procederes difieren totalmente entre lo expuesto, actuado e indicado en los documentos de afiliación ( )a continuación detallo: 1) Las cuotas serían mensuales por la suma de $40.00 aproximadamente visibles en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito usadas, en reiteradas veces se nos indicó que no se cargaría el importe de la membresía como venta de contado, o sea que nunca se vería afectada la liquidez de cada tarjeta, cuando en realidad se hizo un cargo de contado. Este monto ya contemplaría los intereses del financiamiento, la cuota citada debería ser cancelada por un espacio de 4 años según se nos indicó. En realidad el monto de los intereses de financiamiento de las tarjetas supera contundentemente el interés calculado intrínseco de la cuota mensual. 2) La fecha del primer pago sería en septiembre, y ya para la primera semana del mes de Agosto teníamos al cobro los importes respectivos. 3) El vendedor de nombre Jonathan ( ) se presentó como el asesor bancario, al final resultó que no tenía ningún nexo con las entidades financieras. 4) No se nos dio la oportunidad de verificar bien el contrato ya que constantemente nos indicaron que lo ahí estipulado era lo que verbalmente se nos había explicado, obviamente la documentación reunía términos diferentes. 5) Se nos pidieron las tarjetas de crédito para hacer verificaciones, pero cuando nos fueron devueltas venían ya con los vouchers para que los firmáramos. 6) El contrato se firma no en las oficinas de tal empresa sino en un Bar llamado El Rancho de Tío Pepe en San Antonio de Desamparados. 7) Gracias a que el cobro en el estado de cuenta se dio antes de lo acordado procedí a manifestar mi descontento a DEINVASA. 8) Cuando me presento a la empresa a manifestar mi disconformidad me topo con un directivo de nombre Manuel Paniagua quien se comprometió ha ayudarme y al cabo de más de 15 días al llamarle me indica que no puede brindar alternativa a mi caso, simplemente debemos pagar el contrato. Aunado a ello no me dan la oportunidad de escalar a otra instancia administrativa para continuar con el manifiesto de mi descontento. 9) Al buscar asesoría constato que el contrato firmado no está debidamente avalado por Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Cosa Rica ( ) (folios 1 y 2). En virtud de lo anterior, los consumidores solicitaron en el escrito de denuncia se deje sin efecto el contrato y se le reintegre el dinero pagado. Aporta como prueba documentos visibles a folios 3-7 del expediente administrativo. SEGUNDO: Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de febrero de dos mil doce, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director, se dio inicio al procedimiento administrativo ordinario, por supuesta infracción de los artículos 34 incisos a) y b) 40 y 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472, el cual fue debidamente notificado a todas las partes involucradas. (Folios 32-34). 2

TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la Administración Pública, se realizó a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de abril del año dos mil doce, con la participación la parte denunciada (folio 35, Comparecencia mediante grabación digital) CUARTO: Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Como tales y de importancia para la resolución de este caso, se tiene por demostrado que: 1- El día siete de julio de dos mil nueve los señores Randall Esteban Arce Torres y Rosario Andrea Navarro Rivas, suscribieron, un contrato de afiliación para el uso y disfrute de servicios comercios afiliados y hoteleria a la cadena Deinvasa S.A. (contrato RM 508), con l a empresa Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), por un monto de mil setecientos cincuenta dólares ($1.750), los cuales fueron cancelados por los consumidores al momento de llevarse a cabo el acto de consumo. (Folios 4-7 y min 12:37 y 12:53). 2- La empresa Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), no estaba inscrita y no cuenta con sistemas de planes autorizados por la Dirección de Estudios Económicos (folio 3). SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Como tales y de importancia para la resolución de este caso, se no se tienen. TERCERO: DERECHO APLICABLE: Para esta Comisión Nacional del Consumidor, el hecho denunciado por la parte accionante, se enmarca en lo fundamental y en nuestro medio como un incumplimiento contractual, falta de información y falta de autorización para comercializar contratos de ventas a plazo, en los términos previstos por los artículos 34 incisos a), b) y 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), ley 7472. CUARTO. SOBRE EL FONDO: Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la sana critica racional (artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública), queda debidamente comprobada la existencia de la relación contractual, toda vez que el día siete de julio de dos mil nueve los señores Randall Esteban Arce Torres y Rosario Andrea Navarro Rivas, suscribieron, un contrato de afiliación para el uso y disfrute de servicios comercios afiliados y hoteleria a la cadena Deinvasa S.A. (contrato RM 508), con la empresa Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), por un monto de mil setecientos cincuenta dólares ($1.750), los cuales fueron cancelados por los consumidores al momento de llevarse a cabo el acto de consumo. (Folios 4-7 y min 12:37 y 12:53). Teniendo claro lo anterior y sobre el contrato suscrito entre las partes, debe indicarse que las actividades comerciales realizadas por la empresa denunciada Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), constituyen ventas a plazos. Particularmente, se establece como otra obligación de los comerciantes en sus relaciones con los consumidores la siguiente: Artículo 34 Inciso L): ( ) Cumplir con los artículos ( ) 44 ( ) de esta ley ( ). Por su parte, el ordinal 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor citado señala que: ( ) Las ventas a plazo de bienes, tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en este artículo siempre que concurran las siguientes condiciones: a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los consumidores. b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del proyecto constituya una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté condicionada a un hecho futuro. c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, dependa de la persona física o la entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro. Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de las ventas a plazo, en los términos y condiciones indicados en el 3

párrafo anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la materia de que se trate, por la oficina o entidad competente que se señale en el Reglamento de esta ley, según los usos, las costumbres mercantiles y, en particular, la necesidad de proteger al consumidor. Antes de autorizar la ejecución del plan, en los términos expresados en este artículo, aquél debe inscribirse ante las oficinas o las entidades competentes cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los plazos de cumplimiento, la naturaleza, la extensión y los beneficios, todo en los términos que se definan en el Reglamento de esta ley, según los bienes y servicios de que se trate. b) Comprobación fehaciente de los responsables del cumplimiento de lo ofrecido y lo pactado. c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si no se comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución suficiente para responder, si se incumplen los términos que se expresen en el Reglamento de esta ley, a juicio de la oficina o ente que inscriba el plan. Las oficinas o los entes mencionados en los párrafos anteriores deben enviar una copia de los planes autorizados a la Comisión Nacional del Consumidor. Las personas o las entidades que se dedican habitualmente a las actividades indicadas en el primer párrafo de este artículo, quedan facultadas para inscribirse por una sola vez, ante la oficina o la entidad competente. En este caso, deben describir su giro y los planes de venta generales que ejecutan, además cumplir con lo estipulado en el párrafo tercero de este artículo. La Administración Pública puede acreditar a organismos privados para inscribir y autorizar diferentes planes futuros, de conformidad con el artículo 8 de esta Ley y las disposiciones que establezca su Reglamento (el resaltado no es del original) ( ). En síntesis, debe indicarse que en el presente caso la empresa denunciada Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), no se encontraba inscrita por la autoridad competente, así como tampoco contaba con contratos autorizados para llevar a cabo ventas a plazo y planes compartidos. Al respecto, debe observarse la prueba documental visible a folio 3 del expediente administrativo, la cual consta de una certificación emitida por la Dirección de Estudios Económicos, en la cual se indica que la accionada no se encuentra inscrita ante tal dependencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como que el contrato ofrecido por la denunciada no está autorizado para la comercialización, veamos: ( ) Que consultado el archivo del expediente de empresas autorizadas para comercializar contratos de ventas a plazos y tiempos compartidos, la siguiente firma no se encuentra registrada ni su contrato ha sido autorizado por este Ministerio: Empresa Denunciada: Desarrollos e Inversiones Vacacionales 1981 S.A. conocida como DEINVASA, Cédula Jurídica: 3-101- 362772, ( ), Contrato denunciado: El contrato RM 508, vendido al señor Randall Arce Torres, cédula 3-0358-0268 y a la señora Andrea Navarro Rivas, cédula 1-1254-0638 ( ) (folio 3). De lo anterior, se observa que ciertamente la empresa denunciada realizó una contratación con el denunciante a pesar de no estar debidamente inscritos en la Dirección de Estudios Económicos, siendo por lo anterior que el contrato firmado, no se encontraba debidamente autorizado. Por consiguiente al no estar inscrito el contrato ofrecido al consumidor resulta ser un contrato sin validez, y por consiguiente, la empresa denunciada está incurriendo en un claro incumplimiento contractual. QUINTO. SOBRE LA FALTA DE INFORMACIÓN: Con respecto a la falta de información se indica que al momento de la contratación, se indujo a error al denunciante, por cuanto se le omitió información sobre la falta de autorización por parte de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para comercializar el contrato suscrito entre las partes, configurándose de esta forma la falta de información. SEXTO. Así las cosas, y de acuerdo a lo mencionado, la denuncia debe declararse con lugar contra Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), ordenándose en consecuencia de conformidad con el artículo 50 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que la empresa aquí denunciada, deberá suspender definitivamente la venta de contratos de planes de venta a plazo o de prestación futura de servicios no autorizados. Además, se le impone a la denunciada Desarrollos e Inversiones Mil Novecientos Ochenta y Uno S.A. (DEINVASA), la sanción de pagar la multa de tres millones seiscientos cuarenta y siete mil colones ( 3.647.000.00), que corresponde a veinte veces el menor salario mínimo mensual contenido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, que a la fecha que se dieron 4

los hechos era de ciento ochenta y dos mil trescientos cincuenta colones ( 182.350). Tal sanción, se impone tomando en cuenta la gravedad del daño, así como la participación de la accionada en el marcado de ventas a plazo, así como la reincidencia de la misma en este tipo de infracciones, ello de conformidad con lo establecido por los artículos 57 y 59 de la Ley 7472, Asimismo se ordena a la empresa denunciada, devolver a los consumidores la suma de mil setecientos cincuenta dólares ($1750), equivalentes al valor del contrato. La entrega deberá llevarse a cabo en el domicilio de los accionantes, situado en el Carmen de Cartago, 75 metros al oeste de la Parroquia San Esteban, casa amarilla de dos plantas con jardín al frente a mano derecha. Todos los gastos que se generen en virtud del cumplimiento de la presente orden deberán se cubiertos en su totalidad por las empresas denunciadas. POR TANTO 1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por RANDALL ESTEBAN ARCE TORRES Y ROSARIO ANDREA NAVARRO RIVAS contra DESARROLLOS E INVERSIONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO S.A. (DEINVASA), por incumplimiento contractual, falta de información y falta de autorización para la comercialización de contratos de ventas a plazo, según lo establecido en los artículos 34 incisos a), b) y 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y, por lo tanto: a) Se ordena a la empresa denunciada, devolver a los consumidores la suma de mil setecientos cincuenta dólares ($1750), equivalentes al valor del contrato. La entrega deberá llevarse a cabo en el domicilio de los accionantes, situado en el Carmen de Cartago, 75 metros al oeste de la Parroquia San Esteban, casa amarilla de dos plantas con jardín al frente a mano derecha. Todos los gastos que se generen en virtud del cumplimiento de la presente orden deberán se cubiertos en su totalidad por las empresas denunciadas. b) Se ordena a la empresa accionada, suspender la comercialización de los contratos que no han sido aprobados para la comercialización por parte de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. c) Remítase copia certificada del expediente al Instituto Costarricense de Turismo para lo que en derecho corresponda. d) Se impone a la accionada, la sanción de pagar la suma de tres millones seiscientos cuarenta y siete mil colones ( 3.647.000.00), mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a esta instancia el recibo original o copia debidamente certificada que acredite el pago de la multa. e) Se ordena remitir el presente expediente al Ministerio Público en aplicación del artículo 63 de la Ley 7472 para lo que en derecho corresponda. Contra esta resolución puede formularse recurso de reposición, que deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Lo anterior de conformidad con los artículos 64 de la Ley 7472 y 343, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. 2-En este acto y con fundamento en los artículos 68 de la Ley 7472 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, se efectúa primera intimación al representante legal de la empresa DESARROLLOS E INVERSIONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO S.A. (DEINVASA), cédula de jurídica tres- ciento uno- trescientos sesenta y dos mil setecientos setenta y dos, el señor JOSE ANTONIO VARGAS CHACÓN, cédula de identidad uno- cuatrocientos diez- mil cuatrocientos veintitrés, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta notificación, cumplan con lo aquí dispuesto o POR TANTO: ( ) a) Se ordena a la empresa denunciada, devolver a los consumidores la suma de mil setecientos cincuenta dólares ($1750), equivalentes al valor del contrato. La entrega deberá llevarse a cabo en el domicilio de los accionantes, situado en el Carmen de Cartago, 75 metros al oeste de la Parroquia San Esteban, casa amarilla de dos plantas con jardín al frente a mano derecha. Todos los gastos que se generen en virtud del cumplimiento de la presente orden deberán se cubiertos en su totalidad por las empresas denunciadas. b) Se ordena a la empresa accionada, suspender la comercialización de los contratos que no han sido aprobados para la comercialización por parte de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ( ) d) Se impone a la accionada, la sanción de pagar la suma de tres millones seiscientos cuarenta y siete mil colones ( 3.647.000.00), mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a esta instancia el recibo original o copia debidamente certificada que acredite el pago de la multa. ( ). Habiendo 5

cumplido con lo ordenado, debe remitir documento que lo acredite a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en la ciudad de San José, Sabana Sur, cuatrocientos metros oeste de la Contraloría General de la Republica, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en la presente intimación y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. En ese mismo sentido y de verificarse el incumplimiento de lo ordenado, procederá testimoniar piezas al Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 y sus reformas, que establece: ( ) Constituyen el delito de desobediencia previsto en el Código Penal las resoluciones o las órdenes dictadas por la Comisión para promover la competencia y por la Comisión Nacional del Consumidor, en el ámbito de sus competencias, que no sean observadas ni cumplidas en los plazos correspondientes establecidos por esos órganos. En tales circunstancias, los órganos citados deben proceder a testimoniar piezas, con el propósito de sustentar la denuncia ante el Ministerio Público, para los fines correspondientes. (Así reformado por el artículo 1 parte d) de la ley N 7854 del 14 de diciembre de 1998) (Así corrida su numeración po r el artículo 80 de la ley de Contingencia Fiscal, N 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 65 al 68 actual) ( ). Según lo expuesto, se le podría seguir al representante legal de la empresa sancionada, causa penal por el delito de desobediencia según lo establecido en el artículo 307 del Código Penal, que dispone: ( ) Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención. (Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N 8720 de 4 de marzo de 2009.) (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No. 7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 305 al 307 ( ). Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE 1991-09. 6